Los planteamientos respecto del futuro de la institución se enmarcan dentro de cuatro visiones: mantener el status quo; propiciar cambios formales; realizar cambios de forma y contenido en un proceso paulatino; y un cambio radical, incluyendo la desapariciación del ejército.
La opción acerca de un proceso de reducción cuantitativa, pero readecuando las funciones se los militares, parece contar con un mayor respaldo, aunque en el caso de Guatemala, la reconversión debe implicar la desmovilización y reincorporación civil y política de organizaciones y personas que se alzaron en armas. También debe procurar la reinserción civil y productiva de las fuerzas de apoyo irregular del ejército (Patrullas de Autodefensa Civil- PAC-).
Ese proceso deberá tomar en cuenta la influencia del ejército en la vida social, política y económica, la militarización creciente de la sociedad guatemalteca, y, los excesos y abusos cometidos por las partes en conflicto, especialmente del ejército en contra de la población civil.
Las propuestas de la Asamblea de la Sociedad Civil (ASC), instancia reconocida por las partes negociadoras, señalan que, por el momento, no se pide la disolución definitiva de las fuerzas armadas, sino que su readecuación debe responder más a la función que deben cumplir, que en su reducción.
La disolución del ejército como resultado de las negociaciones de paz es muy remota, aunque, ello no quiere decir, que en un mayor avance de la paz, la reconciliación y el fortalecimiento pleno de una democracia funcional y participativa, esa posibilidad no sólo llegue a plantearse, sino que pueda darse.
Para el ejército, la mayor parte de los cambios, sugeridos por la ASC y otros grupos vinculados al proceso de paz, son atribuciones que la Constitución confiere a las fuerzas armadas, por lo que deben plantearse las reformas pertinentes para hacer posible esas reformas.
En el debate sobre el nuevo rol del ejército deberá aclararse suficientemente los conceptos referidos a "doctrina militar," ya que inexactitudes y deficiencias conceptuales pueden llevar a graces riesgos para la seguridad del país.
Las conversaciones entre el gobierno y la guerrilla sobre el papel del ejército deben tomar en cuenta los recientes acuerdos regionales en materia de Tratado de Seguridad Democrática.
En los debates de la sociedad civil y las posiciones del ejército se observan algunas coincidencias, que constituyen "pequeños pasos," pero fundamantales. Este es el caso de las definiciones respecto a Seguridad y Defensa.
Se considera que la "defensa nacional" corresponde a las fuerzas armadas, que deben garantizar la soberanía y la integridad territorial de la Nación en relación con el ambiente externo. Mientras, la "seguridad" hace referencia a las necesidiades más importantes del ser humano: proteger su vida, salud, bienes y su entorno familiar y social. En esta concepción, "lo militar" es tan sólo uno de sus múltiples componentes, y desde una perspectiva de "seguridad nacional," en tiempos de paz, su elaboración deberá ser conjunta entre civiles y militares.
Es este último marco conceptual que deberán inscribirse ls nievas funciones de un ejército en tiempos de paz y en un contexto de una democracia funcional y parcipativa.
Pese a las dudas o desconfianzas, en los últimos tiempos se han registrado en Guatemala cambios en las relaciones civiles-militares, algunos de ellos casi imperceptibles, pero se acepta que las negociaciones desembocarán en un proceso de desmovilización de efectivos de ambos bandos.
La desmovilización e incorporación a la vida civil de los insurgentes se da por un hecho, pero la reestructuración e institucionalización del ejército dependerá de que la sociedad civil pueda fortalecerse y asumir las funciones que tiene encomendadas en un régimen democrátrico.
En democracia, la dimensión del ejército debe ser redefinida desde factores como, extensión territorial, tamaño y composición de la población, equilibrio general de fuerzas en la región, dimensión de las fuerzas armadas de los países vecinos, análisis sobre amenazas reales y potenciales, política y agenda de seguridad nacional para definir la estrategia y acciones para enfrentar las amenazas, definir las funciones de los aparatos de seguridad, sean civiles o militares, y la base jurídica de su funcionamiento, incluyendo los mecanismos civiles de control de sus funciones, entre otros.
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