La confirmación de que militares Guatemaltecos actuaron como agentes pagados de la CIA agregó un nuevo ingrediente al delicado momento que experimentan las relaciones entre Estados Unidos y Guatemala. Un informe publicado en junio por la Casa Blanca y elaborado por la Oficina de Supervisión de Información (IOB), acsua a los agentes de la CIA (Servicio Central de Inteligencia de los EEUU) de haber ordenado, planificado o participado en la violación de los derechos humanos en Guatemala en los último siete años. Los hechos forman parte de la cadena de "atropellos" atribuidos a la CIA, que tienen como punto de partida la invasión armada contra Guatemala perpetrada en 1954 por mercenarios entrenados y pagados por EEUU.
El canciller guatemalteco, Eduardo Stein informó el 1 de junio de que recibió el informe, que consta de 67 páginas y que espera otros 600 anexos que contienen "temas sumamente delicados" para las relaciones entre ambos países.
Stein dijo que su Gobierno está alarmado por la forma "tan natural" con que el informe aborda los contacos que se dieron entre agentes de espoinaje de EEUU y oficiales del ejécito guatemalteco.
El presidente de Guatemala, Alvaro Arzú, retiró del ejércitode a seis coroneles y un general, en una acción considerada como la segunda etapa de depuración de las Fuerzas Armadas de ese país. La orden de retiro, anunciada el 4 de julio, afecta al general de brigada José Vidal Campos y alos coroneles Mario Salvador López Serrano, Juan José Chajón Pérez, Rolando Arturo Lazo Azurdia, Julio Enrique Sánchez Samayoa, Rodrigo Arnoldo Leal Cruz y marco Antonio Matta Polanco.
Al asumir el mando, el 14 de enero, Arzú renovó al alto mando castrense, conlo que más de 30 oficiales fueron destituidos o puestos en sistuación de disponibilidad.
Por su parte, organismos humanitarios calificaron como"positiva" la depuración militar, mientras, el portavoz del Ejército, Otto Noack afirmó que se trató de cambios "normales y rutinarios."
El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), que reune a familares de 34.000 desaparecidos en Guatemala, propondrá que dos galardonados con el Premio Nobel de la Paz y un escritor integren una comisión que investigue a militares guatemaltecos implicados en vilaciones de los derechos humanos.
Según la propuesta, la Comisión la integrarían el argentino Adolfo Pérez Esquivel y el costarricense, Oscar Arias, además del escritor Ernesto Sábado, de Argentina.
Portavoces del GAM dijeron que esas tres personalidades poseen gran reconocimiento y consciencia acerca de la paz, y por eso serán propuestos cuando el Gobierno y la guerilla discutan la función del ejército en una sociedad democrática.
El Gobierno de Guatemala invertirá entre 13 y 20 millones de dólares para lograr el reasentamiento definitivo de unas 3.400 familias desarraigadas por el conflicto bélico, anunció el presidente Alvaro Arzú.
Parte de esas familias, integradas por más de 16.000 indígenas, viven ahora en las montañas de Chajul, en el deaprmento noroccidental del Quiché, una de las zonas más afectadas por la guerra.
"Mi Gobeirno, como un hecho insólito en los procesos sociales, está ejecutando obras y no hemos esperado a la firma de la paz para trabajar en beneficio de las poblaciones desarraigadas," afirmó Arzú.
como parte de las negociaciones para lograr la paz, el Gobierno y la guerrilla de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) firmaron un acuerdo denominado "Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas," que debe entrar en vijor cuando se firme el acuerdo de paz, que según Arzú, podría alcanzarse en septiembre próximo.
La aplicación de la pena de muerte contra los secuestradores en guatemala ha creado una polémica entre organismos de derechos humanos y sectores que ven con buenos ojos el fusilamiento, como la "panacea" para detener ese crimen.
El presidente Arzú dijo que está dispuesto a aplicar la pena capital, tal y como lo establezcan los tribunales de justicia en su momento y ha descartado el indulto a los que sean sentenciados a enfrentar el patíbulo.
Rodolfo Mendoza, ministro del Interior, dijo que la pena de muerte sería un disuasivo al crimen, dijo ser partidario de que se aplique a los secuestradores que las fuerzas de seguridad han capturado (cerca de 100 en lo que va del año).
El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge Mario Laguardia recordó que Guatemala suscribió la Convención Americana de Derechos Humanos, que rechaza la pena de muerte, mientras el director de MINUGUA, el británico David Stephen, dijo que la ley debe ser "enérgica," pero recordó que se debe tener respeto a la vida.
Carlos Aldana, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, dijo que hay una "doble moral," pues mientras se plantea la pena de muerte para los delincuentes, se habla de una amnistía para quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad (ejérctio y guerrilleros).
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