El semanario internacional formó parte de las actividades permanentes de la Fundación por profundizar en el análisis del fortalecimiento de las sociedades democráticas y del ejercicio por un mayor control del poder civil frente a los institutos armados.
Luego de tres días de reunión en San José, más de medio centenar de expertos, jefes militares e investigadores sobre asuntos de seguridad y destacadas personalidades mundiales abogaron por una disminución constitucional de los aparatos militares, la limitación del gasto militar, la eliminación del "fuero militar" y por la promoción de un diálogo entre civiles y militares.
Durante la actividad se realizan varios "análisis de casos" de países tan distintos como Suecia, Suiza, Holanda, Zimbabwe, Ghana, Uganda, Taiwán, Trinidad y Tobago, varias naciones centroamericanaas, lo mismo que un análisis comparativo de varios modelos internacionales de relaciones exitosas entre civiles y militares.
Al inaugurar el encuentro, el director del Centro para la Paz y la Reconciliación (CPR) de la Fundación Arias, Joaquín Tacsan, expresó que las relaciones entre civiles y militares en Centroamérica se han visto distorsionadas por un militarismo acérrimo y el virtual debilitamiento de las instituciones civiles.
Tacsan dijo que los centroamericanos han "fracasado en administrar y controlar el debido balance" de las relaciones cívico-militares, por lo que expresó su esperanza de que el seminario sirviera para "re-evaluar" esas relaciones, como un reciclaje no de cosas habladas, sino de proyecciones futuras que permitan a los centroamericanos definir mejor su destino y consolidar la democracia.
Tacsan expresó que el seminario permitiría "compartir experiencias sobre las relaciones entre civiles y militares en pequeñas democracias" y planteó la necesidad de conocer sobre las funciones actuales de los ejércitos tras el fin de la guerra fría.
Insistió en la necesidad de transparencia en el manejo de los asuntos internos de los institutos armados y sus relaciones con el mundo de los negocios privados, y sobre la subordinación al poder civil.
En la inauguración también participó el vice canciller de Costa Rica, Rodrigo Carreras, quien dijo que tras el fin de la guerra fría, los ejércitos buscan nuevas funciones, pero se interrogó sobre si pretende "justificar tareas que ya no tienen razón de ser," respecto a amenazas que ya no existen.
La exposición sobre estas naciones condujo a la interrogante de si será posible "exportar" sus modelos de sociedades desarrolladas, estables políticamente, con importantes grados de desarrollo social y económico y con fuerzas armadas profesionales, sometidas al control civil.
El análisis de casos comenzó sobre las experiencias de Holanda, Suecia y Suiza, naciones caracterizadas por su significativo desarrollo económico y social, y por su centenaria estabilidad política.
Los expertos, Gert de Nooy (Holanda), Björn Hagelin (Suecia) y Jorge Rhenán Segura (Costa Rica) expusieron sobre las características de esas naciones europeas que les ha permitido "grados importantes de desarrollo, bienestar y estabilidad política."
En el caso de Holanda, se destacó su historia basada en el comercio marítimo, el respeto mutuo, el idealismo internacionalista, el pacifismo y los valores culturales de su población, como el moralismo y el antimilitarismo.
Se destacó el control parlamentario sobre las fuerzas armadas, tanto en aspectos financieros como en la definición de políticas.
En el caso de Suecia, se mencionó que pasó de ser un Estado guerrero, en sus inicios, para convertirse en un "Estado de Bienestar," y su tradicional neutralidad, que se considera un aspecto clave para las relaciones entre civiles y militares.
El experto costarricense, quien ha vivido varios años en Suiza, destacó los antecedentes que dieron lugar a la formación de la sociedad suiza.
La exposición de Gert de Nooy llevó a un debate sobre temas, como la "sindicalización" de los efectivos militares, y sobre cómo responder a los nuevos desafíos post guerra fría, con fuerzas voluntarias o cuerpos profesionalizados.
El especialista detalló que para el control civil sobre los militares deben cumplirse requisitos como: una estricta división de funciones; control financiero y presupuestario por parte del Parlamento; y tener ministerios civiles y ministros civiles que hagan el trabajo en sentido político y de control democrático.
El suizo Hagelin, por su parte, postuló que en América Latina, los civiles no deben "persuadir" a los militares para que respalden la democracia, pues ello responde a una decisión política. "No se les pregunta si aceptan, sino que las decisiones deben tomarse," declaró el experto, quien señaló que la manera en como se hará prevalecer el poder civil es "el gran desafío" de los latinoamericanos.
Hagelin señaló que en América Latina cada Estado debe definir cuáles son sus intereses de seguridad del pueblo y preguntarse si el aparato militar encaja o no en la defensa de esos intereses.
Cuando se analizó los procesos de Chile y Uruguay, que buscan establecer un balance de poder entre civiles y militares en procesos de transición a la democracia, el chileno Francisco Rojas afirmó que en su país se vive una "transición no acabada," pero que muestra importantes avances hacia la democracia. Dijo que "pese a los enclaves autoritarios" (dejados por el dictador Augusto Pinochet) en Chile, la subordinación militar al poder civil "es creciente" y opinó que las relaciones cívico-militares se caracterizan por "una fuerte institucionalidad militar" y "un alto grado de 'profesionalismo.'"
Rojas también resaltó un "creciente liderazgo civil" en materias de seguridad y defensa, que a su juicio, han permitido fortalecer los consensos nacionales.
El experto resumió esos consensos respecto a: sistema democrático, sistema económico de apertura comercial (que también procura la equidad) y la construcción de una nueva relación entre civiles y militares.
Destacó que las fuerzas armadas no responden a un proyecto político partidista, tienen respeto por las jerarquías, mientras los civiles han asumido su responsabilidad en el ámbito de la defensa.
Por su parte, Claudio Fuentes, quien expuso sobre Uruguay, dijo que la democracia, pese a ser el mejor sistema, no resuelve, por sí misma, los conflictos, incluidas las relaciones entre civiles y militares.
Destacó que la subordinación, formal, del poder militar al civil, es una condición necesaria para la vida en democracia, pero insuficiente, y agregó que así como en la actualidad se impulsan reformas económicas, políticas, al Estado, debe producirse una reforma y revisión de las políticas de defensa.
Fuentes consideró clave "un liderazgo civil" en asuntos de defensa y para la construcción de nuevas relaciones entre civiles y militares en la región.
Propuso que incluso los civiles deberían ser educados o tener conocimientos sobre asuntos de defensa, y consideró fundamental la participación en la definición de una política de defansa de carácter nacional.
Subrayó que "debe darse una cultura democrática real," e insistió en que "la subordinación de los militares no solo debe ser formal, sino también sustantiva."
La subordinación de los militares al poder civil no garantiza que se evite el ejercicio de una de dominación, dijo el experto costarricense Kevin Casas, al resumir los casos de Taiwán, Ghana y Zimbabwe, sometidos a análisis.
Casas explicó que en esos países se da una relación "partido-ejército," más que una relación institucional, Gobierno-fuerzas armadas, lo cual vincula los supuestos controles a decisiones partidarias.
Cheng Hsiao-Shih dijo que en Taiwán las relaciones cívico-militares históricamente han sido regidas por un Estado-partido, que atraviesa todas las relaciones, entre ejército, políticos y Gobierno.
Explicó que las relaciones cívico-militares se manejaron por las élites políticas, que a su vez constituían las élites militares y comparten ideología e intereses.
Las relaciones entre civiles y militares están marcadas por las amenazas militares provenientes de China continental, dijo el experto taiwanés, quien advirtió que la democracia es todavía incipiente, y no percibe relaciones armoniosas (entre civiles y militares de esa nación) hacia el futuro.
Eldred Masunungure, de Zimbabwe, dijo que en su país las fuerzas armadas no fueron heredados de la etapa colonial, sino que surgieron como el resultado de una relación "partido-militares." Explicó que el ejército se integró con tres brazos armados, que eran hostiles, y con experiencia en golpes militares y forjadas en luchas guerrilleras.
El parlamento es débil y tiene poco control sobre los militares y existe un poder muy personalizado en la figura del Presidente. El marco democrático es débil, el Estado es de un solo partido, sin participación de la sociedad y sin oposición política. "Se trata de una semidemocracia," afirmó.
Indicó que el hecho de que líderes políticos y militares compartieran la lucha por la independencia favorece las relaciones entre ambos sectores, pero advirtió que el futuro de esas relaciones dependerá de cómo se resuelvan las relaciones internas de liderazgo entre el partido en el poder y la inevitable sucesión de los líderes actuales, por razones de edad.
Eboe Hutchful, de Ghana, dijo que los regímenes civiles tuvieron capacidad institucional para ejercer un control de los militares, pero esa "ventana de oportunidad" fue desaprovechada. Dijo que las fuerzas armadas no disponen de profesionalismo, lo cual dificulta el control civil, y en general, las relaciones entre ambos sectores. Hutchful criticó los efectos perversos del militarismo.
El expositor de Belice, Assad Shoman, analizó la situación actual de las fuerzas armadas en su país y los aspectos de seguridad, para señalar que no afronta ninguna amenaza externa, tampoco riesgos internos a la seguridad.
Shoman dijo que el supuesto conflicto con Guatemala no representa un riesgo de amenaza externa.
Sostuvo que los militares siempre constituirán una amenaza para la democracia, por el riesgo y tentación permanente de recurrir a la fuerza y el autoritarismo.
El experto concluyó que en Belice, las reducidad fuerzas armadas no son necesarias y por lo tanto debe pensarse en prescindir de ellas.
Por su parte, Bishnu Ragoonath, de Trinidad y Tobago, explicó que las fuerzas armadas de su país, de unos 2.000 hombres, fueron creadas por civiles, bajo el modelo de Gran Bretaña y los Estados Unidos, y son subordinadas al poder civil.
Dijo que no tienen amenazas internas ni externas, pero, defendió la existencia del ejército, al considerar que deben contar con un instrumento de Defensa y para garantizar su seguridad.
El embajador de Costa Rica para Centroamérica, Luis Guillermo Solís, comentó las exposiciones y concluyó, que al no existir graves amenazas a la seguridad de Belice y Trinidad y Tobaago se debería de prescindir de los ejércitos.
Leticia Salomón dijo que en su país se vive un proceso de transición a la democracia, en el que las Fuerzas Armadas han transitado de la impunidad más descarada hasta un lento pero efectivo sometimiento al Estado de Derecho.
Señaló que existen grupos al interior de las fuerzas armadas que aceptan la necesidad de los cambios, pero otros se resisten a ellos. Explicó que "hay un sector que considera que los cambios deben obligar a repensar a la institución al margen de los conflictos políticos e ideológicos de antaño, y hacerlo con un sentido de eficiencia y profesionalismo que la salve de su actual crisis."
En la actualidad, afirmó, los militares manejan una "doble estrategia" hacia los civiles, en un intento de obtener un margen de regateo en el espacio político.
Los militares culpan a los civiles de su actual "situación precaria," mientras crece la participación de la sociedad civil que de manera incipiente exige el rendimiento de cuentas.
Salomón dijo que la principal amenaza para el proceso democrático es el desafío de contar con una policía civil, o el riesgo de una militarización de los cuerpos policiales.
Ello en el marco de una inseguridad ciudadana, que ha llevado el ejército a las calles, que es aceptada y tolerada por la gente, mientras el ejército recupera espacios de legitimidad.
Indicó que los hondureños deben ir hacia la consolidación de una cultura democrática, que sustituya la de violencia, mintras las fuerzas armadas deben encarar el desafío del cambio.
Gabriel Aguilera, vice canciller guatemalteco, señaló que el país ha pasado de un sistema autoritario, de predominio militar, a un proceso de transición democrática, que pasa en estods momentos por la negociación.
Sostuvo que el proceso de transición democrática ha logrado cambios en el Estado y con ello en las relaciones cívico-militares.
Sobre el proceso de negociación, que discute en los actuales momentos el papel del ejército en una sociedad democrática, Aguilera dijo que "ningún actor ha planteado la abolición del ejército."
Destacó que lo que se plantea es una redefinición de las funciones y el papel de las fuerzas armadas en democracia.
Afirmó que Guatemala no percibe amenazas externas en el plano interno, la preocupación es por el creciente aumento del crimen y la inseguridad ciudadana.
Tras la firma de la papz, afirmó, el ejército está llamado a reducirse, y detalló que ese proceso ya comenzó. Anunció que para el futuro próximo serán desarticuladas las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), como ya ocurrió con los puestod de Comisionados Militares.
Las relaciones civiles-militeres se definirán por la reducción del numero de efectivos del ejército y su readecuación de funciones en paz y en democracia.
"Estamos llegando al fin de un proceso de transición democrática, con un proceso de negociación, cuyo desafío es consolidar la democracia y las relaciones cívico-militares," afirmó.
Alejandro Bendaña, de Nicaragua, dijo que las relaciones cívico-militares se enmarcan en el proceso de pasar de una democracia formal a una sustantiva, del papel de los Estados Unidos, que ha creado distorsiones en esas relaciones, y por la relación del Estado con el Ejército.
Señaló que junto con el proceso de transición democrática, los nicaragüenses han avanzado a construir un ejército nacional," por encima de intereses políticos e ideológicos y preocupados por la democracia. Según dijo, el ejército podría jugar un papel "despolarizante" que ayude a la consolidación democrática.
Llamó la atención que ya no se teme a golpes militares, sino a los golpes de la policía, en alusión a la represión que se generen por los reclamos sociales. Alertó de que el sistema "neoliberal" puede conducir a cuerpos policiales más represivos.
Bendaña resaltó que uno de las principales preocupaciones deben ser los "ex militares," por el desafío que representa su desmovilización y su efectiva reincorporación a la sociedad. Advirtió que "no existe una estrategia de reinserción" de los ex militares, lo cual plantea procupaciones por el eventual reclamo de demandas por la vía violenta.
Los experto costarricenses, Rodolfo Cerdas y Carlos Sojo, presentaron un análisis regional sobre el momento actual de las relaciones cívico-militares.
Cerdas dijo que debe haber un desarrollo institucional moderno y democrático, que consagre el principio de subordinación del poder militar al civil. Mencionó la necesidad de manejos transparentes en los presupuestos y la financión de las Fuerzas Armadas, y alertó sobre la incursión de los militares en actividades empresariales.
Insistió en la necesidad de construir una cultura política democrática y un régimen responsable de opinión pública y de rendición de cuentas. Destacó la necesidad de la disminución del "fuero militar," que lleve a eliminar la impunidad.
Sostuvo que debe definirse un proyecto coherente de las necesidades estratégicas del desarrollo nacional, en el que se definan las funciones de las Fuerzas Armadas.
Dijo que deben producirse nuevos enfoques para las relaciones cívico-militares, susceptibles de capitalizar las nuevas condiciones favorables que actualmente permean los sistemas políticos y sociales en la región.
Añadió que debe abordarse la cuestión de una nueva doctrina militar.
Por su parte, Carlos Sojo destacó que en general, la región avanzó hacia un afianzamiento de la democracia y la desmilitarización, pues qunque los militares conservan grados de influencia, hay una tendencia de retirarse de los ámbitos del control político.
Mencionó la necesidad de superar la cultura militarizada o paramilitar, por una cultura política democrática. Insistió en la necesidad de transparencia en los presupuestos de las fuerzas armadas y de las inversiones.
Dijo que debe delimitarse la función de las fuerzas armadas a la defensa nacional, eliminar el fuero militar, de haber transparencia presupuestaria y económica y sugirió que los civiles deben ampliar los conocimientos en asuntos de Defensa.
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