Resoluciones y recomendaciones

Al finalizar la jornada, cuatro grupos de trabajo, integrados por los participantes, debatieron sobre los principales desafíos para las relaciones cívico-militares y formularon una serie de recomendaciones.


  1. Para hacer posible una subordinación genuina, estable y transparente de las fuerzas armadas a las autoridades civiles en pequeñas democracias, se requiere la legitimidad democrática del régimen gubernamental en un Estado de Derecho. Ello conlleva a una división de Poderes, mayores funciones al Poder legislativo y la elección de líderes civiles en elecciones libres y democráticas.
  2. La eliminación del "fuero militar." La posible supervisión civil de las decisiones militares en apelación, y dentro del principio de igualdad ante la ley, la delimitación del "fuero militar" a asuntos netamente militares, lo que implica que los delitos de función sean estudiados por el fuero militar, y los delitos comunes sean parte del fuero civil, de la justicia ordinaria. Debe incluirse, dentro de este punto, la posibilidad de revisión de decisioines dadas en el marco del fuero militar, de parte de instancias judiciales superiores. Es decir, una instancia de Apelación civil, aunque las decisiones anteriores se han dado en el fuero militar.
  3. La necesidad de disposiciones constitucionales y legales claras sobre las funciones de las fuerzas armadas, que delimiten las funciones de la policía y del ejército. Se mencionó que en nalgunos países, los textos constitucionales dejan abierto un portillo para la acción militar del ejército cuando se establecen "las demás funciones que el jefe de Estado determine...," que debe tratar de eliminarse, por ser tan amplio y ambiguo respecto a las funciones de las fuerzas armadas. En las constituciones debe expresarse claramente que las fuerzas armadas tienen una función de protección de la seguridad externa, y corresponde a la policía los asuntos de seguridad interna.
  4. Instrumentar canales jurídico-administrativos para el control militar de gastos, y dentro de ello, hacer público estos gastos. Control del presupuesto para los temas militares, y la creación de mecanismos idóneos para aprobar gastos cuando excedan de cierto monto. Es decir, que la sociedad civil participe de la aprobación o no de esos montos.
  5. Debe eliminarse el secreto militar absoluto, por cuanto los gastos presupuestarios y de compra de armas, se considera deben pasar por una revisión jurídica y de información a la opinión pública.
  6. Las funciones del ejército post-conflicto deberían prever:
  7. Debe fortalecerse la participación de las mujeres en la sociedad civil, de programas educativos, académicos, tanto para los militares como para la sociedad civil, de la educación cívica, en especial en los niveles primarios y secundarios.
  8. Debe existir un Consejo de Defensa Nacional, encargado de la definición de las políticas de seguridad de los Estados.
  9. El fortalecimiento de programas educativos, académicos, tanto para los militares como para la sociedad civil, el fortalecimiento de la educación cívica, tanto para los militares como para la sociedad civil, en todos los niveles, en especial, en los niveles de educación primaria y secundaria.
  10. Deben promoverse campañas para restablecer y fortalecer la credibilidad de las instituciones (democráticas), que permitan la legitimidad y para creer en las reglas democráticas.
  11. El fortalecimiento de los mecanismos regionales y subregionales, de derechos humanos y otros idóneos, tanto de la Organización de Estados Americanos y de instituciones regionales centroamericanas.
  12. La necesidad del fortalecimiento de los programas de prevención y defensa de los derechos humanos y la eliminación de los tribunales o fueros especiales.
  13. Se propuso dar mayor énfasis en los recursos constitucionales, el respeto a los principios de igualdad, no discriminación y no impunidad. Asimismo el control del presupuesto para los temas militares y la creación de mecanismos idóneos para aprobar los gastos cuando estos excedan de cierto monto. En otras palabras, que la sociedad civil participe de la aprobación o no de esos montos mediante mecanismos como el plebiscito o referéndum.
  14. El control civil sobre los aparatos de inteligencia y contrainteligencia militar y el desarrollo de fuentes de información y análisis de carácter civil.
  15. La participación civil y democrática en la elaboración de la doctrina y políticas de seguridad y de Defensa.
  16. La participación hegenónica de gobiernos civiles y democráticos en la política de personal, ascensos, perfiles y currícula de las instituciones de capacitación militar.
  17. La existencia de mecanismos multilaterales de control en la producción directa de armas.
  18. La promoción de una cultura generalizada en la sociedad de renuncia al uso de la fuerza para obtener objetivos políticos.
  19. No participación institucional de las fuerzas armadas en actividades empresariales.
  20. Cumplimiento estricto de los Acuerdos de Paz ya logrados y de sus mecanismos de verificación.
  21. Debe establecerse una relación formal entre política exterior y de Defensa a fin de generar una doctrina nacional.
  22. Incentivar al participación de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en el proceso de vigilancia y fiscalización sobre las instituciones públicas, en especial sobre seguridad.

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