Resoluciones y recomendaciones
Al finalizar la jornada, cuatro grupos de trabajo, integrados
por los participantes, debatieron sobre los principales desafíos
para las relaciones cívico-militares y formularon una serie
de recomendaciones.
- Para hacer posible una subordinación genuina, estable
y transparente de las fuerzas armadas a las autoridades civiles
en pequeñas democracias, se requiere la legitimidad democrática
del régimen gubernamental en un Estado de Derecho. Ello
conlleva a una división de Poderes, mayores funciones al
Poder legislativo y la elección de líderes civiles
en elecciones libres y democráticas.
- La eliminación del "fuero militar." La posible
supervisión civil de las decisiones militares en apelación,
y dentro del principio de igualdad ante la ley, la delimitación
del "fuero militar" a asuntos netamente militares,
lo que implica que los delitos de función sean estudiados
por el fuero militar, y los delitos comunes sean parte del fuero
civil, de la justicia ordinaria. Debe incluirse, dentro de este
punto, la posibilidad de revisión de decisioines dadas
en el marco del fuero militar, de parte de instancias judiciales
superiores. Es decir, una instancia de Apelación civil,
aunque las decisiones anteriores se han dado en el fuero militar.
- La necesidad de disposiciones constitucionales y legales claras
sobre las funciones de las fuerzas armadas, que delimiten las
funciones de la policía y del ejército. Se mencionó
que en nalgunos países, los textos constitucionales dejan
abierto un portillo para la acción militar del ejército
cuando se establecen "las demás funciones que el jefe
de Estado determine...," que debe tratar de eliminarse, por
ser tan amplio y ambiguo respecto a las funciones de las fuerzas
armadas. En las constituciones debe expresarse claramente que
las fuerzas armadas tienen una función de protección
de la seguridad externa, y corresponde a la policía los
asuntos de seguridad interna.
- Instrumentar canales jurídico-administrativos para
el control militar de gastos, y dentro de ello, hacer público
estos gastos. Control del presupuesto para los temas militares,
y la creación de mecanismos idóneos para aprobar
gastos cuando excedan de cierto monto. Es decir, que la sociedad
civil participe de la aprobación o no de esos montos.
- Debe eliminarse el secreto militar absoluto, por cuanto los
gastos presupuestarios y de compra de armas, se considera deben
pasar por una revisión jurídica y de información
a la opinión pública.
- Las funciones del ejército post-conflicto deberían
prever:
- La reducción del número de miembros de las fuerzas
dentro de un esquema de balance razonable regional de fuerzas.
- La reducción del armamento según la naturaleza
y capacidad letal de esas armas.
- Que la compra de armas sea directamenta relacionadas con las
funciones asignadas a las fuerzas armadas, que hayan sido determinadas
constitucionalmente.
- La cooperación regional, según un modelo centroamericano,
entre militares y la defensa civil ante desastres naturales.
- Una limitación presupuestaria y la creación
de mecanismos especiales para que la sociedad civil tome parte
en las decisiones sobre los asuntos de seguridad y de los ejércitos.
- Debe fortalecerse la participación de las mujeres en
la sociedad civil, de programas educativos, académicos,
tanto para los militares como para la sociedad civil, de la educación
cívica, en especial en los niveles primarios y secundarios.
- Debe existir un Consejo de Defensa Nacional, encargado de
la definición de las políticas de seguridad de los
Estados.
- El fortalecimiento de programas educativos, académicos,
tanto para los militares como para la sociedad civil, el fortalecimiento
de la educación cívica, tanto para los militares
como para la sociedad civil, en todos los niveles, en especial,
en los niveles de educación primaria y secundaria.
- Se propuso diseñar dentro de las carreras militares
cursos en que puedan participar civiles. Establecer un sistema
de becas para civiles, que puedan trabajar en organismos militares,
y de militares que puedan trabajar en organismos civiles, como
por ejemplo, las cancillerías. Se recomendó que
la Fundación Arias y otras organizaciones civiles de la
región promuevan ese tipo de iniciativas.
- También se recomendó el intercambio de oficiales
de los ejércitos de la región con sus contrapartes
de otros países democráticos de la región.
- Debe reforzarse los sistemas de servicio civil y sobre todo,
establecer entrenamiento para civiles en materia de seguridad,
a fin de que se tenga apoyo en todos los ministerios y consolidar
una perspectiva estatal en la seguridad.
- Deben promoverse campañas para restablecer y fortalecer
la credibilidad de las instituciones (democráticas), que
permitan la legitimidad y para creer en las reglas democráticas.
- Debe trabajarse en la gobernabilidad total en las democracias
y en los aspectos puntuales para crear un nuevo orden y una nueva
naturaleza en las relaciones cívico-militares.
- Debe fortalecerse el Estado y la capacidad del Congreso de
ejercer un control real, fiscalizador, sobre todas las instituciones,
y especialmente sobre las fuerzas armadas.
- Se planteó la necesidad de reglamentos en los Congresos,
que le permitan hacer valer sus derechos y la obligación
que tienen en materia de control presupuestario sobre las fuerzas
armadas. Se insistió en los necesarios reportes al Congreso
por parte de los ejércitos de sus presupuestos, temas de
Defensa y Seguridad.
- Debe ser obligatorio para los gobiernos hacer un reporte anual
público, de la doctrina de Defensa del gobierno, con sus
respectivos planes de gastos (presupuesto).
- Modernizar el Estado y fortalecer el Poder Judicial y el aparato
de Administración de Justicia, así como la construcción
de consensos básicos a nivel nacional, para definir los
roles de cada uno de los actores dentro de la sociedad y generar
un proyecto de Nación conjunta.
- El fortalecimiento de los mecanismos regionales y subregionales,
de derechos humanos y otros idóneos, tanto de la Organización
de Estados Americanos y de instituciones regionales centroamericanas.
- La necesidad del fortalecimiento de los programas de prevención
y defensa de los derechos humanos y la eliminación de los
tribunales o fueros especiales.
- Se propuso dar mayor énfasis en los recursos constitucionales,
el respeto a los principios de igualdad, no discriminación
y no impunidad. Asimismo el control del presupuesto para los
temas militares y la creación de mecanismos idóneos
para aprobar los gastos cuando estos excedan de cierto monto.
En otras palabras, que la sociedad civil participe de la aprobación
o no de esos montos mediante mecanismos como el plebiscito o referéndum.
- El control civil sobre los aparatos de inteligencia y contrainteligencia
militar y el desarrollo de fuentes de información y análisis
de carácter civil.
- Debe diferenciarse la inteligencia interna, de la externa,
y que los civiles controles los respectivos organismos.
- Deben crearse instancias de investigación, con financiamiento
propio y cooperación externa, que permitan a los Parlamentos
investigar asuntos sobre seguridad. Se habló también
de la necesidad del entranamiento de civiles en asuntos de seguridad.
- Debe garantizarse constitucionalmente el derecho a la información.
Crear normas o aplicar en las Constituciones en que ya existen,
el acceso a la información en asuntos de seguridad.
- La participación civil y democrática en la elaboración
de la doctrina y políticas de seguridad y de Defensa.
- La participación hegenónica de gobiernos civiles
y democráticos en la política de personal, ascensos,
perfiles y currícula de las instituciones de capacitación
militar.
- La existencia de mecanismos multilaterales de control en la
producción directa de armas.
- La promoción de una cultura generalizada en la sociedad
de renuncia al uso de la fuerza para obtener objetivos políticos.
- No participación institucional de las fuerzas armadas
en actividades empresariales.
- Cumplimiento estricto de los Acuerdos de Paz ya logrados y
de sus mecanismos de verificación.
- Debe establecerse una relación formal entre política
exterior y de Defensa a fin de generar una doctrina nacional.
- Incentivar al participación de las Organizaciones No
Gubernamentales (ONG) en el proceso de vigilancia y fiscalización
sobre las instituciones públicas, en especial sobre seguridad.
Diálogo Centroamericano: dialogo@arias.or.cr