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Moderadora: | Milagros Barahona, Asociación de Mujeres Profesionales por la Paz |
Gorostiaga comenzó su exposición resaltando la iniciativa del Diálogo Centroamericano como una propuesta regional y que surge desde la sociedad civil, que además intenta responder con una propuesta de seguridad humana, a una que surgió de la guerra fría, basada en aspectos exclusivamente militares.
Se trata de una feliz iniciativa que intenta redefinir la seguridad, post conflicto bélico, post guerra fría y definir la defensa, no desde el Estado, sino desde la sociedad civil, desde abajo. "Cómo democratizar la seguridad" es el gran desafío, apuntó.
Al caracterizar la situación actual en la región y en Nicaragua, Gorostiaga afirmó que se vive una transición de la guerra hacia la inseguridad ciudadana, en un marco de desempleo, como la manifestación más grave de la pobreza, las presiones fronterizas, las migraciones, tanto hacia otros países como al interior de las naciones.
Destacó que las "remesas" de los centroamericanos que debieron emigrar y viven en el exterior representan unos $US1.500 millones anuales, un capital centroamericano que no se está usando para el desarrollo ni para crear empleo o inversiones productivas.
Dijo que el monto de esas remesas es un "potencial" de desarrollo en la región, que no ha sido debidamente estudiado o analizado.
Gorostiaga dijo que la región afronta desafíos en la debilidad del sistema de justicia y por el fortalecimiento del Estaado de Derecho, que garantice la seguridad ciudadana. Advirtió que la atención de los problemas de seguridad ciudadana ha comenzado a representar una cantidad de recursos mucho más elevados que lo que en el pasado significó el gasto militar, y señaló que la seguridad ciudadana se "ha empezado a privatizar," y alertó sobre la compra de armas, las fortalezas que se levantan alrededor de viviendas, industrias, instituciones bancarias. "Se está gastando más en seguridad fondos que deberían servir para la inversión productiva," advirtió Gorostiaga.
Llamó la atención de que se dan vínculos inconvenientes entre los cuerpos nacionales de policías y la seguridad privada, descuidando la "seguridad popular."
El rector de la UCA se refirió también al impacto de los programas de ajuste estructural aplicados por los gobiernos de la región, y que según dijo, ha profundizado la pobreza.
Se ha ganado en un mejor balance de los indicadores macroeconómicos, pero "ha sido un ajuste a nivel micro, un compromiso con la reactivación económica."
También dijo que la deuda exterior, por casi US$4.000 millones, sigue agobiando a los países en vías de desarrollo. Aseguró que esa deuda es una "amenaza" contra la seguridad de los países pobres.
Gorostiaga dijo que en Centroamérica se da un proceso que profundiza la desigualdad y la exclusión social, y que definió como de "somaliziación y taiwanización."
La "somalización" fue definida como la paralización de las economías, el agravamiento de los problemas sociales, mientras, por otra parte, se da un proceso de "taiwanización," que definió como "enclaves modernizantes" que se perciben en ciertos sectores como la banca, los servicios y la apertura de supermercados enormes.
"Estructuralmente, la principal amenaza para la seguridad de Centroamérica es la inequitativa distribución del ingreso,"puntualizó Gorostiaga.
Explicó esa inadecuada distribución de los ingresos y la concentración de la riqueza en pocas manos plantea el riesgo de una polarización social, que debilita las instituciones democráticas.
Aunque admitió que debe darse un sometimiento de las fuerzas armadas al poder civil, dijo que la disminución de los gastos militares no debe descuidar que la amenaza mayor es la polarización social.
En el caso de Nicaragua, afirmó que "ante el riesgo de esa polarización y la debilidad de las instituciones democráticas, se debe contar una institución fuerte (el ejército) que sometido al poder civil, garantice el proceso de transición."
También dijo que la no atención de las demandas y promesas ofrecidas a los desmovilizados, plantea un riesgo para la seguridad de Nicaragua.
Destacó como avances, la organización de una asociación de Madres Víctimas de la Guerra, que auspicia la UCA, donde se da la reconciliación desde la propia sociedad civil, y el anuncio de una alianza entre antiguos combatientes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y la Resistencia Nicaragüense ("contras").
Sergio Ortega Guillén, de la Fundación de Excombatientes de la Guerra, por su parte, señaló que "vivimos la violencia, sufrimos sus consecuencias directas, pero somos la parte oculta de la desmilitarización," y añadió que los antiguos enemigos buscan ahora contribuir una vocación de paz.
La lección de la guerra es que los pueblos no toman la decisión final de ir a una confrontación, sino que son las cúpulas políticas. "Estábamos cruzados por esquemas," dijo Ortega, quen señaló que ahora buscan superar una confrontaciónn ideológica, pues se reconoce que de ambos bandos existían razones para luchar.
Advirtió, sin embargo, que al finalizar el conflicto, esos sectores que lucharon y expusieron sus vidas por las razones en que creyeron, "no se nos dio el tratamiento necesario."
El conflicto bélico dio una identidad a los combatientes de ambos bandos, algunos llamados "combatientes de la libertad" o "luchadores por la revolución," que de alguna manera, representaba "un reconocimiento por parte de la sociedad," pero tras la desmovilización, los antiguos combatientes ven que "esa identidad está en un proceso de desvalorización" y los combatientes dejan de ser reconocidos socialmente.
"Ahora, los combatientes somos rechazados," dijo Ortega, quien lamentó que muchas víctimas, como lisiados, no encuentran oportunidades, tras su desmovilización.
Otro problema que se agrega a la negativa percepción de la sociedad hacia los desmovilizados de guerra, han sido los brotes de violencia con que han planteado sus reclamos grupos de ex combatientes.
"No hubo planes ni estrategias de reinserción a la vida civil" para los ex combatientes de ambos bandos, ni para las víctimas de la guerra, "pues no hubo atención mental, programas integrados de reinserción, que permitiera a los ex combatientes adquirir habilidades técnicas, laborales que perdimos por la guerra," señaló.
Agregó que por medio de la Fundación de Ex Combatientes de la Guerra promueven nuevos valores que apuntan a una legítima reconciliación, como el respeto mutuo, la tolerancia, la búsqueda de consensos y diversas actividades como reuniones familiares, encuentros deportivos y sociales, que tienden al "reencuentro de la familia nicaragüense y crear un clima de paz, que surge desde la base y de los sectores que estuvieron involucrados en la guerra."
Dijo que esas actividades las desarrollan basada en recursos propias, sin gran acomañamiento de distintos sectores de la sociedad, de la sociedad civil, autoridades u organismos de cooperación.
Ortega señaló que la principal causa de la violencia en Nicaragua es "la falta de consenso sobre un modelo económico, social y político," que además se ha agravado por la aplicación de medidas de ajuste, que han aumentado la pobreza.
Advirtió que la "principal amenaza a la seguridad de Nicaragua y a la paz, es la pobreza" en que viven miles de ciudadanos.
Señaló que las demandas de los desmovilizados son la reinserción socioeconómica, programas educativos que ayuden a superar los conceptos de violencia y promover una cultura de paz, y promover una campaña en los medios de comunicación de esos valores.
Por su parte, el coronel Atenor Rosales, representante del Ejército de Nicaragua, destacó la participación en la reunión de distintos representantes de la sociedad civil quienes promueven una discusión sobre seguridad que trasciende la concepción clásica militar.
Indicó que si bien en Centroamérica la sociedad civil ha dado muestras de participación y de luchar por distintas metas, pero advirtió que "en este tema (seguridad) va atrás del Estado en la búsqueda de nuevos conceptos."
Afirmó que en los últimos cinco años se ha dado una "elaboración del pensamiento doctrinario sobre seguridad," que dio lugar a la suscripción, en diciembre de 1995 del Tratado Centroamericano de Seguridad Democrática, por parte de los gobiernos de la región, aunque con reservas en algunos aspectos de Costa Rica y Panamá, países que no tienen fuerzas armadas.
Afirmó que "desde la perspectiva de la sociedad civil no ha habido una respuesta a la propuesta estatal de seguridad, pues no se dominan esos conceptos."
Según dijo, foros como el auspiciado por la Fundación Arias, como el de Nicaragua por medio del Diálogo Centroamericano, deben estimular una discusión del Tratado e impulsar con vehemencia que los órganos encargados de ratificación del Tratado, como los congresos, ratifiquen ese documento.
Según dijo, Nicaragua es el único país en le que la Asamblea ha ratificado el Tratado, y señaló que la sociedad civil debe conocer de las obligaciones y compromisos asumidos por sus Estados.
"La seguridad (en ese tratado) se concibe como parte del Estado de Derecho, la supremacia de la ley, en un marco de seguridad jurídica y el ejercicio pleno de las libertades, la subordinación de las fuerzas armadas a las autoridades civiles, democráticamente constituidas," dijo Rosales.
Es una nueva concepción, "que no es una seguridad militar, aunque desde luego, forma parte de una nueva doctrina militar," que prevalece en la región después de la guerra fría, explicó el coronel, para quien el nuevo concepto de seguridad regional se orienta por aspectos como "seguridad humana, democrática y que comprende factores económicos, políticos, sociales, militares y ecológicos."
Sobre las amenazas a la seguridad regional, puntualizó asuntos como la brecha entre los países del norte y del sur, la imposibilidad de acceder a un mundo moderno, el no tener acceso a la información y el conocimiento (en un mundo globalizado).
Recordó que el Tratado, al que hizo mención, establece que ante un aamenaza de agresión externa a algún país de la región, el resto debe responder como si se tratara de una amenaza al propio país.
El Tratado también menciona asuntos como "amenazas a la seguridad," tales como la corrupción pública y privada, la pobreza, las medidas de repatriación de inmigrantes, la delincuencia, el terrorismo, el tráfico ilícito de armas, y la narcoactividad, entre otros.
Respecto a las amenazas internas, el coronel Rosales mencionó "la inseguridad en el campo, especialmente la falta de oportunidades productivas; la falta de respeto a la institucionalidad y los riesgos de la polarización política."
Por su parte, Emilio Alvarez Montalván, de la fundación FUNDEMOS, declaró que la región y Nicaragua necesitan un cambio de mentalidad y de valores, pues muchos de ellos retrazan la modernización.
En Centroamérica "seguimos manteniendo valores culturales obsoletos, como el autoritarismo, el vertricalismo, el personalismo, el cotroplacismo, un sentido mágico de la vida," y el patrimonialismo (manejar los bienes estatales como si fuesen propios).
Advirtió que una de las amenazas es el crecimiento demográfico, pues la población centroamericana se duplicará en los próximos 20 años, mientras el ritmo de la producción y de la distribución de los excedentes "es lento."
Afirmó que pese a los avances en la democratización y la paz, todavía prevalecen "remanentes de la guerra fría, en que, si bien los ejércitos ya no eligen presidentes, no se ha podido realizar una democratización más profunda."
"Los ejércitos siguen representando un régimen de privilegios, especialmente por el mantenimiento de presupuestos, que siguen siendo elevados, y que representan más de 300 millones de dólares en la región."
Indicó que parte del proceso de integracion regional debe abocarse a someter a los ejércitos, como institución, bajo el control civil, y también expresó preocupación por el crecimiento de la delincuencia, que según dijo, "ha adquirido un carácter regional."
Sostuvo que existen dos tipos de seguridad, la institucional o estatal, y la privada. En el primer caso, el Estado debe contar con leyes, instrumentos o fuerzas para brindar seguridad; y en la segunda, depende del grado de organización social, por ejemplo, iniciativas de grupos de vecinos para asegurarse su protección.
Destacó que en Nicaragua se han dado "pasos positivos" para una mayor seguridad, como el proceso de conciliación de fuerzas que permitió el fin de la guerra civil, el hecho de contar con una economía más confiable.
Sin embargo, entre los aspectos "pesimistas," citó la existencia de bandas armadas, el alto índice de criminalidad, que consideró "síntomas" de un problema mayor, como lo es "la impunidad," pues no se cuentan con mecanismos de justicia para desafiar a la delincuencia.
Denunció que esiste un "doble standar" pues se castiga a muchos delincuentes comunes, pero no se lleva ante la justicia a políticos, y a los defraudadores fiscales.
Luego de las exposiciones de los panelistas se producjo un enjundioso debate, cuyos principales aspectos se mencionan a continuación.
Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) defendió la participación de las mujeres, y denunció que durante el proceso regional de integración no se les ha tomado en cuenta, pese a que representan casi el 50 por ciento de la población. Denunció además la relación entre corrupción e impunidad, lo cual, dijo, también afecta la seguridad.
Respondió al coronel Atenor Rosales, aceptando que la sociedad civil ha tenido una poca participación en la construcción de los nuevos conceptos de seguridad regional, pero advirtió que ello ha sido así, pues los "Estados no han permitido esa participación."
Marco Antonio Valle, representante por Nicaragua del Instituto Centroamericano de Estudios Legislativos, señaló que deben atenderse los problemas relacionados con la pobreza, el desempleo, y señaló que todavía debe trabajarse por consolidar el Estado de Derecho. También se refirió a la corrupción, como un fenómeno extendido y que amenaza a la seguridad.
Entre las amenazas externas mencionó la deuda externa y el narcotráfico. También se refirió a las declaraciones del coronel Rosales, y aunque aceptó que el tratado de Seguridad Democrático fue firmado por los gobiernos de la región, señaló que "el problema es que no se cumple."
Carlos Pacheco abogó por profundizar y extender los valores de la paz, la democracia, y advirtió que "es necesario un compromiso ético y moral en favor de la paz."
Roberto Cajina recordó que el concepto de seguridad no solo debe ser militar, sino "multidimensional," que trasciende los aspectos propiamente militares. Recordó que en la firma del Tratado de Seguridad Democrática, hubo reservas por parte de Costa Rica y Panamá. Dijo que en el caso de Nicaragua, las autoridades no propiciaron un amplio debate sobre la ratificación de ese Tratado, y por el contrario, afirmó, "se pasó en el más estricto sigilo" en la Asamblea Nacional (Congreso).
El embajador de Costa Rica en Managua, Edgar Ugalde, presente en el foro, llamó la atención de las sociedades centroamericanas sobre la existencia de "sistemas judiciales imperfectos e inoperantes," que según dijo pueden retrasar los avances de integración, paz y desarrollo.
Fáctor Méndez, guatemalteco, y presidente de la Comisión Centroamericana para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEHUCA), dijo que coincidió en las apreciones sobre la falta de una promoción de la participación de la sociedad civil en la región.
El Tratado de Seguridad Democrática es una declaración de prinicipios, a veces lírico, pero "ha habido una ausencia de espacios para el debate y la participación de la sociedad civil," afirmó.
Vladimir Varela de INIES se refirió a la necesidad de crear instrumentos alternativos para preservar la paz y evitar los conflictos, y denunció que una de las principales causas de la inseguridad se deriva de "un modelo económico -neoliberal- que proicia la exclusión social, y consecuentemente, agrava la inseguridad."
Xabier Gorostiaga opinó que uno de los principales retos es "superar la polarización social," aunque aceptó cierta "desconexión" entre la retórica de los presidentes centroamericanos, que ha elaborado una propuesta muy avanzada, como la Alianza para el Desarrollo Sostenible (ALIDES), y la sociedad civil.
Alina Guerrero también se refirió a las desigualdades entre hombres y mujeres, y llamó la atención de que la violencia se presenta desde el hoger, contra niños y mujeres.
"La paz, la modernización debe obligar a una modernización del pensamiento," que todavía mantiene un predomino "machista" en la sociedad, señaló.
Rudy Mairena, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Nicaragua, dijo que en ese país la falta de seguridad está relacionada con la experiencia de violencia física, social, económica, cultural y de género.
Uno de los mayores problemas es la pobreza, advirtió, pues los problemas "de inseguridad y gobernabilidad tienen ese origen."
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