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NicaraguaPropiedad y Gobernabilidad
Por Walter Lacayo Guerra* La Constitución Política nicaragüense establece que la propiedad debe cumplir una función social. El esfuerzo político y jurídico más serio que se realizó durante el gobierno de la presidenta Violeta Chamorro (Abril 1990-Enero 1997) para resolver el problema de la propiedad fue la aprobación en el Parlamento de la "Ley de la estabilidad de la propiedad" (ley No. 209, de noviembre 1995), la cual asegura gratuitamente títulos de propiedad a los miles de beneficiarios de las leyes dictadas en los últimos días del gobierno sandinista (1979-1990), sobre asignación de casas, lotes y a los sujetos legítimos de la reforma agraria avalados por el Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria (INRA). La ley obliga a pagar por las propiedades que ocupan o devolverlas al Estado a quienes abusaron de la misma, es decir, a los que sin ser sujeto de reforma agraria urbana, resultaron beneficiados. También autoriza al Ministerio de Finanzas a indemnizar a los reclamantes que según resolución de la Comisión Nacional de Confiscaciones, son sujetos de devolución. La ley 209 está vigente y ha sido un aporte significativo a la solución del problema de la propiedad. Muchos involucrados (ocupantes y reclamantes) han resuelto su caso a través de la misma, no obstante, su eficacia no puede rebasar las dificultades políticas que el tema transporta. El sistema jurídico nicaragüense cuenta con suficientes bases legales para la solución al problema de la propiedad, empero, el conflicto no se resolverá si continúa siendo utilizado irresponsable y demagógicamente como bandera política, tanto por el gobierno del liberal Arnoldo Alemán, como por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que dirige el ex presidente Daniel Ortega. La politización del conflicto de la propiedad ha resultado ser no solo el principal obstáculo para encontrar una solución definitiva y justa al problema, sino que ha sido un elemento destructor de los posibles salidas. Por ello, cualquier iniciativa de acuerdo político entre el Gobierno y el FSLN, lo primero que tiene que incluir es el compromiso de ambos de no valerse del problema para intentar atraer adeptos. Es sumamente peligroso que la sangre continúe corriendo a cuenta de la propiedad, como también el intentar imponer un criterio unilateral, por razonable que sea para una parte de la sociedad. Mientras no sea aceptado por el resto, solamente generará controversias que puededn llegar con facilidad, tal como está demostrado, y llegará a tomar ribetes de violencia. Y la violencia conspira contra la gobernabilidad democrática que requiere el país para enrumbarse hacia un desarrollo sostenible. La alternativa de solución más viable es un arreglo político que traiga paz y gobernabilidad, no obstante, nunca un pacto -- por conveniente que parezca ser -- puede suplantar al Estado de Derecho, y éste, a su vez, no debe aplicarse sin una fuerte dosis de justicia social. Lo justo es que el Estado emprenda una campaña que agilice la titulación a los sectores populares beneficiados con la reforma social. Esa sería una acción que gozaría de consenso aunque, lamentablemente, estos sectores son presa fácil de los políticos que manipulan sus sentimientos. Sin embargo, también los confiscados deben ser compensados o devolverle sus bienes, tal como la ley la dicta. En la solución del conflicto también está el despegue económico del país, por eso el tema debe abordarse más allá de los intereses personales o de grupo. Los involucrados tienen que abrirse a las diferentes posibilidades de solución. La devolución total no puede ser la única vía de solución. La permuta, la indemnización, la devolución parcial, la negociación directa son también puertas de salida. La Carta Pastoral de la Conferencia Episcopal, emitida en mayo pasado, ofrece una guía válida, cuando llama a quienes se apropiaron indebidamente de lo ajeno, a honrar la justicia devolviendo o pagando lo mal habido. A los injustamente confiscados durante el gobierno sandinista los insta a saber perder algo material cuando sea para favorecer a los más necesitados, como un acto de misericordia con un pueblo tan sufrido. Respecto a la privatización de 351 empresas estatales (durante el Gobierno de Chamorro) que constituían las Corporaciones Nacionales del Sector Público (CORNAP), más que transparencia y legalidad, lo que hubo fue una excesiva discrecionalidad administrativa, que dio lugar a abusos. Las denuncias sobre irregularidades y supuesta corrupción en la privatización de nueve empresas del azúcar, tienen que ser aclaradas y dilucidadas en los tribunales de justicia. Sin embargo, el hecho de que se comprueben casos de corrupción de ninguna manera significa que la privatización fue incorrecta y que debe ser completamente anulada. Quienes estimulan tal anulación, además de tener intereses económicos ocultos, estimulan las causas de la violencia, razón que se contradice con las primordiales necesidades de Nicargua, que son paz con justicia, estabilidad y gobernabilidad democrática. *Sociólogo, director del periódico "El Semanario" de Nicaragua. Diálogo Centroamericano es producido por el Centro para la Paz y la Reconciliación de la Fundación Arias para la Paz y e1 Progreso Humano con el apoyo de la Fundación Ford. Apartado 8-6410-1000, San José, Costa Rica. |