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GuatemalaEl Mandato de la ONU sobre Seguridad Humana en GuatemalaPor Christopher Louis*El 29 de diciembre de 1996 el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) firmaron el acuerdo de paz que puso fin a una guerra civil de 36 años. A pesar de que la paz ha sido acordada en el papel, la sociedad guatemalteca se enfrenta a los mismos retos impuestos a otros países que emergieron de años de conflictos internos: traducir un acuerdo político en una paz y reconciliación nacional. Las circunstancias de los acuerdos de Guatemala podrían sembrar más hondo los semillas de la reconstrucción post-conflicto, debido al trabajo de la Misión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (MINUGUA). Establecida en 1994, la Misión ayudó a facilitar el proceso de negociación que se inició en 1991, y además está contribuyendo a fundar los cimientos para la reconciliación social en un país traumatizado por una generación de brutalidad y abusos a los derechos humanos. Organismos humanitarios calculan en 150.000 las muertes derivadas del conflicto, 45.000 desaparecidos y más de medio millón de desplazados internos. La labor de MINUGUA se ubica bajo el amplio remitente de la construcción de la paz post-conflicto. Su mandato que consta de dos partes, concebido para la verificación de los derechos humanos y el fortalecimiento de las instituciones responsables de la protección de esos derechos, es consistente con los diversos instrumentos disponibles al sistema de la ONU para mantener la paz y la seguridad. Varios documentos de la ONU emitidos desde 1992 han desarrollado el concepto de construcción de la paz post-conflicto en términos del fortalecimiento de las estructuras de paz y de las estructuras civiles transparentes, con el fin de evitar una regresión del conflicto. Entre esas opciones se encuentran la desmilitarización, control de armas pequeñas, reforma institucional, mejoras en los sistemas policiales y judiciales, monitoreo de los derechos humanos, reforma electoral y desarrollo socioeconómico. De esa manera, MINUGUA empezó a ayudar a establecer una noción concreta de sociedad civil y a fortalecer las estructuras que podrían promover un concepto de seguridad humana. El mandato para la Misión se ubica en un contexto mucho más amplio: en esas garantías a la seguridad humana y centradas en la persona, dentro de una sociedad que tiene la capacidad institucional de proteger los derechos de los individuos. Este concepto de seguridad no está basado en la fuerza coercitiva del Estado, sino en la libertad do oportunidades y en la accesibilidad de cada ciudadano al sistema de gobierno, justicia, educación, salud y a la actividad económica, social y política de la nación. Dicho concepto le da fuerza a la construcción de la sociedad y a la magnitud que las relaciones equitativas Estado/sociedad puedan alcanzar. El rol de MINUGUA ha sido el de iniciar este proceso en Guatemala. Con ocho oficinas regionales y cinco subregionales, la Misión emprendió un vigoroso monitoreo sobre los compromisos suscritos por las partes en materia de derechos humanos, y que en su primer año de labor, recibió 7.700 denuncias, de las cuáles solo 1.567 fueron consideradas válidas sujetas a verificación. Según la identificación de abusos, el Estado y agentes del Estado (policía, fuerzas armadas, sistema judicial, patrullas civiles) fueron los mayores responsables en el mantenimiento de los derechos y libertades individuales. MINUGUA también coordinó varios proyectos que contribuyeron al incremento de la capacidad del sistema judicial (incluyendo a la policía, las cortes, oficina del Defensor Público, y la Oficina del Fiscal) e impulsó la divulgación de material educativo sobre los acuerdos en materia de derechos humanos. La Misión también apoyó el compromiso para asegurar que el sistema judicial institucionalice traductores legales y de la comunidad para que trabajen en zonas indígenas, donde el 70 por ciento de la población habla en su propio idioma y no en español. La presencia de MINUGUA es una de las más claras expresiones de un acercamiento integral hacia el fin del conflicto interno y del ciclo de violencia en Guatemala. Refleja un interés de tratar los problemas sociales que dieron origen al conflicto. El despliegue temprano de MINUGUA resultó ser consistente con el proceso de negociación y el proceso de reconciliación nacional. La duración de su despliegue reflejó el reconocimiento de la comunidad internacional de la necesidad de incluir, en el esfuerzo por llevar la paz y la seguridad en Guatemala, un fuerte elemento de construcción de la paz, así como la necesidad de crear un espacio para la capacidad, la cual sería autosostenible después de que la ONU se retirara del país. En el largo plazo, el mandato de construcción de la paz de MINUGUA ha tenido éxito en ofrecer la expresión tangible de un paradigma de seguridad basado en lo humano y centrado en la gente, confirmando de esta manera el lugar central que tienen ahora tales conceptos en la compleja agenda de paz y seguridad internacionales. *Christopher Louis. Investigador y escritor "freelance." Escribe artículos para el grupo BASIC de Washington, EEUU. Diálogo Centroamericano es producido por el Centro para la Paz y la Reconciliación de la Fundación Arias para la Paz y e1 Progreso Humano con el apoyo de la Fundación Ford. Apartado 8-6410-1000, San José, Costa Rica. |