Dos Iniciativas, Dos Espíritus

Oscar Arias. Premio Nobel de la Paz

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha recomendado que el Congreso levante la prohibición de suministrar armas de alta tecnología a los países de América Latina. Es lamentable que, mientras se hacen esfuerzos para reducir el gasto militar en nuestro hemisferio, surja en la alta jerarquía del gobierno estadounidense un verdadero agente de ventas de los fabricantes y exportadores de armas más sofisticadas y costosas.

En nuestro caso, esta iniciativa nos produce repugnancia y desazón porque con ella se corre el riesgo de echar por tierra los limitados logros que hemos alcanzado en el ámbito de la desmilitarización y la estabilización democrática en nuestros países. ¿Cómo no expresar frustración si, tras haber conseguido que dos países -- Haití y Panamá -- eliminaran sus fuerzas armadas como ya lo había hecho Costa Rica en 1948, y en algunos otros se produjeran disminuciones importantes en los tamaños de los ejércitos, un alto funcionario del país más obligado de velar por la paz en la región invita a los países latinoamericanos a emprender una nueva carrera armamentista?

Golpe a la democracia

Es enorme el daño qu se infligirá a la democracia y a los pueblos latinoamericanos si esta iniciativa Perry llegara a prosperar. En primer lugar, vendría a reanimar la compleja pugna entre el poder civil, empeñado en dedicar la mayor cantidad posible de recursos del Estado a mejoramiento de la infraestructura y a la atención de las obligaciones sociales del gobierno -- principalmente en educación y salud -- y los militares, siempre deseoso de conseguir que se les asigne un mayor porcentaje de los presupuestos nacionales. Si ya la compra de armas más convencionales significa una carga presupuestaria excesiva, no hay duda de que el armamento de alta tecnología exigirá un gasto mucho mayor.

Por otra parte, bastante triste es el hecho de que, aun cuando en los últimos años ha disminuido sustancialmente el gasto militar global, los dividendos de la paz generados por esa disminución no hayan sido aprovechados, en los países en vías de desarrollo ni en los países industrializados, para disminuir la pobreza. De acuerdo con el Banco Mundial, en los próximos diez años América Latina y el Caribe necesitarán una inversión en infraestructura del orden de los 60 billones de dólares anuales. La atención de este costo está totalmente fuera del alcance del Estado, por lo que será necesario estimular la inversión privada, tanto nacional como extranjera. Esto sólo se puede lograr si se garantiza la estabilidad democrática de la región, la cual depende en mucho de que los militares se subordinen efectivamente al poder civil y de que se reduzca el grado de pobreza o, por lo menos, ésta deje de crecer. Una carrera armamentista, como la que viene a estimularse con esta inciativa conspiraría contra ambas metas.

Armas y drogas

Entre los argumentos que hemos escuchado en defensa de la venta de armas estadounidenses de alta tecnología a los países latinoamericanos, figuran dos que pueden ser rebatidos con argumentos de índole ética, por mucho que se pretenda alegar que la política debe ser pragmática y ajena a las razones de la moral.

Se dice que un incremento de las compras de armas significará la creación de nuevos puestos de trabajo en Estados Unidos, y que, de todas maneras, si EEUU no vende las armas, lo harán otros países.

Tomando en cuenta que las armas que se pongan en manos de los países pobres solo podrán servier para pelear eventuales guerras fronterizas y para provocar más pobreza, es inmoral admitir que ese sea el origen eventual de unos cuantos miles de puestos de trabajo.

De aceptar semejante argumento, no debería soprendernos si un día un colombiano o un boliviano arguye que el envía de drogas estupefacientes a Estados Unidos se justifica porque la producción de cocaína y marihuana crean fuentes de empleo en la agricultura, la industria y el comercio de esos países y, de toda forma, si la exportación no parte de Colombia o Bolivia, partirá de otro país.

La anterior comparación puede resultar chocante para muchos, pero no hay duda de que se trata de dos formas de exportación de muerte y miseria. Que una sea legal y la otra ilegal, no significa que la primera se moralmente defendible. Después de todo, la compra y venta de armas es una de las fuentes de corrupción más grandes, como ha quedado demostrado a raíz de los múltiples escándalos que han estallado tanto en las naciones industrializadas como en los países en vías de desarrollo.

Si nos asusta la magnitud del trasiego de drogas del Sur hacia el Norte, deben escandalizarnos la magnitud y grado de indiscriminación del trasiego de armas en sentido inverso. Es vergonzoso que sean los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU los responsalbes de la mayor parte de las exportaciones de armas destinadas específicamente al mundo en vías de desarrollo. De este modo, las naciones que, por definición, deberían ser garantes de la paz y la seguridad del mundo son las que, mediante la producción y venta de armas, más promueven la guerra y la inseguridad.

Diálogo Centroamericano es producido por el Centro para la Paz y la Reconciliación de la Fundación Arias para la Paz y e1 Progreso Humano con el apoyo de la Fundación Ford.

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