Reportaje Especial - Narcotráfico en Costa Rica

Drogas Versus Democracia

Por Mercedes Muñoz G. y Rodia Romero

Los nombres de Ricardo Alem y Leonel Villalobos -- jóvenes y ambiciosos políticos de uno de los partidos mayoritarios de Costa Rica -- han estado en el centro del escándalo durante los últimos diez años, primero como "lavadores" de dólares y luego como traficantes de cocaína.

Entre 1987 y 1997, ambos son una manifestación evidente de que también la narcopolítica se ha instalado en Costa Rica. (Ver artículo "Emergencia por Narcotráfico")

La DEA y otros servicios de inteligencia estadounidenses se han empeñado en reconstituir las conexiones del narcotráfico con cada uno de los tres Poderes del Estado nacional. Como resultado de sus "hallazgos" y de la forma y oportunidad de presentarlos, cada uno de esos Poderes pierde credibilidad a los ojos de los costarricenses, al mismo tiempo que debilita la confianza en los partidos políticos, en la clase política y en la misma democracia.

La constatación de que ésta no es una situación exclusiva de Costa Rica es en verdad un pobre consuelo. El narcotráfico está, según círculos oficiales de Washington, socavando las bases morales de la democracia en América Latina. De acuerdo con la percepción del gobierno estadounidense existe una incompatibilidad esencial entre democracia y drogas. Por eso los certificados de buena conducta emitidos anualmente por Washington en materia de drogas ilícitas constituyen para los países que los reciben un juicio inapelable sobre la naturaleza de su régimen político. Un descertificación de Washington implica lisa y llanamente desaparecer del conjunto de naciones democráticas.

Legalidad - ilegalidad

La incompatibilidad entre democracia y drogas no es absoluta ni ha existido siempre. En el caso de Costa Rica, y también de los Estados Unidos, parece útil recordar que a fines de siglo pasado y aún a comienzos de éste, las drogas -- ahora consideradas ilícitas -- no constituían problema. Prueba de ello es que la empresa creada por el norteamericano Minor Keith para construir el ferrocarril al Atlántico costarricense, aunque castigaba físicamente a los trabajadores traídos de China, nunca dejó de pagarles puntualmente parte de su salario en opio, tal y como estaba contractualmente pactado.

Un aviso económico publicado hace más de cien años en el diario La Prensa Libre es otra prueba. El 11 de septiembre de 1890 ese periódico incluye un aviso publicitario de la "Botica la Violeta," en que pone a disposición de la distinguida clientela de la capital la siguiente lista de fármacos: morfina, cocaína y opio suave; así como las agujas hipodérmicas, que una de estas drogas requiere para ser inyectada. El propietario de la botica era don Pánfilo Valverde, el recién electo Primer Designado a la Presidencia de la República en la Administración del presidente José Joaquín Rodríguez.

Resulta curioso y hasta sorprendente lo anterior, sobre todo, si se recuerda que las elecciones de 1889 son utilizadas por la historia oficial, para fechar los inicios del sistema democrático costarricense. Claro está, esos eran otros tiempos, otras percepciones, otros discursos: la narcoactividad no había sido criminalizada, ni mucho menos convertida en un problema central de seguridad nacional por Estados Unidos; y por si mismi, tampoco constituía a juicio de sus gobernantes un obstáculo para la democracia.

Estrategia de EEUU

La narcoactividad era en Estados Unidos a fines del siglo pasado y principios del actual, la fuente de una industria farmaceútica rentable y respetada, y bien publicitada en los periódicos de la época. Así, en las primeras campañas publicitarias de la popular "Coca Cola" se presenta a esta bebida como un tónico y estimulante del sistema nervioso, y a la vez se destaca su contenido de coca.

Estados Unidos penaliza la narcoactividad y la convierte en delito a partir de 1914. La aprobación en ese año de la "Federal Harrison Act" prohibe el uso no médico de opio, la morfina y la cocaína. En otras palabras, se pasa de un negocio honesto y rentable, al delito, al crimen. Por otra parte, la introducción en las últimas décadas del término "narcotráfico," además de dar énfasis al carácter transnacional de este crimen del siglo XX, implica no sólo una condena legal sino también moral del fenómeno de la narcoactividad.

Desde entonces, en correspondencia con este radical cambio de percepción, el Gobierno de EEUU ha impreso a la lucha antidrogas un carácter de cruzada.

El tema del narcotráfico ha estado presente en la política exterior estadounidense con singular fuerza durante las últimas décadas. Bajo las administraciones de Reagan y Bush, tanto el narcotráfico como las acciones emprendidas para combatirlo aparecieron subordinadas a los objetivos geopolíticos de Washington en la región. El "Irán-Contras" no fue casual La prioridad dada a la lucha contra el "peligro comunista" no sólo hizo pasar a segundo plano el combate contra las drogas, sino que promovió y potenció la narcoactividad en Centroamérica. Esto obedeció, sin duda, a la ambigüedad de los conductores políticos de EEUU, empeñados en una lucha frontal contra el narcotráfico, pero mucho más interesados en ese momento en la contención del comunismo.

Narcotráfico y política

Desorientados por esta doble moral de las agencias de seguridad estadounidenses -- pero al mismo tiempo estimulados por ella -- algunos políticos costarricenses entraron en el juego del narcotráfico durante la década de las ochentas. Desde entonces los costarricenses ven suscitarse agrios debates en la Asamblea Legislativa, y están pendientes de los encabezados periodísticos. Así, estupefactos, pueden constatar la manera en que antiguas y nuevas estrellas del firmamento político nacional pierden luminosidad y aplomo ante cargos terribles que son respaldados por algunos de sus propios correligionarios.

Tanto en las denuncias dirigidas contra personalidades del Partido Liberación Nacional (PLN, social-democrática, en el poder), como aquellas otras lanzadas contra miembros destacados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC, principal de la oposición), existe un patrón común: el escándalo estalla en el preciso momento en que la información que se filtra hacia la prensa puede incidir en el balance político-electoral. Por lo demás, el uso de la lucha contra el narcotráfico como arma política no se restringe a los ataques mutuos entre el PLN y el PUSC, partidos mayoritarios en Costa Rica. En el caso del PLN, se convierte en us estilo de luch interna, regida probablemente por aquel aforismo inglés que dice que "hasta en las mejores familias existe un esqueleto escondido en el armario."

Si se aplica el caso costarricense el esquema de tres estadios ideados por Stier y Richards, par describir la evolución del crimen organizado, debe admitirse que el narcotráfico ya ha superado la etapa "predatoria," caracterizada por una violencia sólo circunscrita al bajo mundo del hampa. Hoy el fenómeno de la narcoactividad ha alcanzado la fase "parasitaria,"que se distingue por una notable influencia política y económica, combinada con una enorme capacidad corruptiva de segmentos públicos y privados.

Acontecimientos recientes hacen temer un avance hacia la tercera etapa, "simbiótica." En ella, el sistema político y económico se ha tan dependiente de la narcoactividad ("parásito") que termina siendo percibida como fenómeno normal. Cuando esto ocurre se habla de "narcodemocracia."

A la luz de todo lo expuesto, y a partir del carácter embrionario de los servicios de inteligencia del país, cabe preguntarse lo siguiente: ¿Quién decide cuándo el narcotráfico no debe ser denunciado? Y cuando efectivamente se formulan las denuncias: ¿Quién proporciona la información sobre las actividades y conexiones del narcotráfico en Costa Rica? Y, sobre todo, ¿quién decide cuándo es oportuno hacer estallar el correspondiente escándalo?

Es claro que desde la perspectiva de Washington la guerra contra las drogas supone el trabajo combinado y complementario de los "empresarios" de la moral, de la represión y de la comunicación. Lo que no es claro es si esa combinación de esfuerzos contribuye, necesariamente al desarollo de la democracia fuera de las fronteras de los Estados Unidos, porque -- como bien dice la Comisión Andina de Juristas -- "el narcotráfico, pues, es un problema, pero también lo son ciertas respuestas a él."

Diálogo Centroamericano es producido por el Centro para la Paz y la Reconciliación de la Fundación Arias para la Paz y e1 Progreso Humano con el apoyo de la Fundación Ford.

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