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Puerto Rico:Temen contaminación por instalación Comando Sur de EE.UU.Tania García RamosEl traslado a Puerto Rico del Ejército Sur de los Estados Unidos y la instalación de un radar, pueden convertir a este país latinoamericano en un eje de las estrategias militares estadounidenses disfrazadas bajo el discurso de una "guerra contra las drogas." Además de la contaminación ambiental, con grave impacto para la salud de las personas, ambas iniciativas constituyen una estrategia para militarizar a Puerto Rico. Comando SurEl bilingüismo y el ser un modelo de cómo los ejércitos pueden sustentar las democracias, fueron los argumentos principales expresados por el portavoz del Ejército de EEUU, Joe Curtin, para escoger a Puerto Rico como futura sede del Ejército Sur. Ese traslado tiene un evidente propósito de expansión militar en América Latina pues, así como en el pasado diversas bases militares enclavadas en la región sirvieron como trampolín para intervenciones armadas estadounidenses, en el presente tambíen podrán ser. Tal presencia militar en las bases de Buchanan, Roosevelt Roads en Ceiba-Vieques, el Campamento de Santiago de Salinas y la base de Isla Grande servirán como puntos estratégicos que se fortalecerán con las fuerzas militares del Ejército Sur. El Radar y las DrogasEn sus esfuerzos de lucha contra el narcotráfico, Estados Unidos insiste en que la instalación de un radar situado en Vieques-Juana Díaz, es eficiente para interceptar aviones pequeños que transportan drogas. Sin embargo, dos elementos cuestionan tal eficacia. En primer lugar, la baja en las intercepciones de droga entre 1992 y 1995, período que conicide con la instalación de sendos radares en Texas y Virginia. En segundo lugar, si como Washington reconoce, México es el principal punto de entrada del 70 por ciento de la droga proveniente de Bolivia y Perú, lo lógico será instalar uno de esos aparatos en la frontera mexicana. Por otro lado, si el éxito de la "guerra contra las drogas" se mide también por la habilidad de controlar el tráfico dentro del país, el Congreso estadounidense debería descertificar primero a Estados Unidos, donde el "espectacular" aumento de la drogadicción muestra que existen 30 millones de adictos, una octava parte de su población. El secretario general de la ONU, Kofi Annan, señaló recientemente que "la lucha contra el narcotráfico no tendrá éxito sin un esfuerzo más categórico de los principales países consumidores," y ello implica que Estados Unidos debería tomar medidas para acabar con la demanda interna. Dichas medidas internas deberían descartar el carácter prohibicionista y punitivo que ha prevalecido en las últimas décadas en Estados Unidos, para también presentar alternativas a la adicción de las drogas. Grupos de investigadores científicos estadounidenses has señalado que es once veces más efectivo intervenir en programas de tratamiento, para reducir el consumo de cocaína, por ejemplo, que en programas de intercepción de la frontera, como el radar. En ese sentido, Washington construye una política errónea para lidiar con el abuso de drogas dirigiendo sus esfuerzos hacia la interceptación de drogas, como son sus proyectos de instalar un radar en Puerto Rico o un Centro Multinacional Antidrogas en Panamá, iniciativa del gobierno de ese país ante la reversión de las bases militares estadounidenses, por los Tratados Torrijos-Carter. Por otra parte, la construcción por Estados Unidos de una nueva arma nuclear ("B-61"), hecha de uranio y diseñada para detonar hasta 150 metros bajo tierra y con la potencia para destruir estructuras subterráneas como fábricas o laboratorios, representaría un nuevo riesgo si se produce la instalación del Ejército Sur en Puerto Rico. Efectos en Salud y AmbienteEl Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP), señaló que en el caso de las bases militares estadounidenses en Panamá se produjo una grave contaminación del ambiente, especialmente del agua, y con presencia de sustancias químicas en el aire, que producen efectos nocivos irreparables sobre la salud, incluyendo la muerte. El jefe del Comando Sur, general Wesley Clark reconoció que "las autoridades estadounidenses no terminarán jamás de limpiar las bases militares de artefactos que representen un peligro para la vida." La "herencia" de la presencia militar en Panamá, especialmente los problemas ambientales, son muy similares a los de Vieques, donde las fuentes de agua han sido contaminadas, se ha señalado que los militares han experimentado con armas químicas y radioactivas como el "napalm" y balas de uranio, entre otras, y las pobladoras han tenido que soportar décadas de contaminación por ruido y tensión debido a las continuas prácticas militares. Los viequenses tienen las más elevadas tasas de mortalidad general y de cáncer de la región noreste de Puerto Rico, como lo demuestran distintos estudios de especialistas y expertos, como Cruz Pérez, que encontró restos de algunos explosivos como TNT, RDX y Tetryl, además de nitratos y nitritos en las fuentes de agua de los pueblos de Isabel Segunda y Esperanza, localizados a más de 14 kilómetros hacia el oeste de un área de tiro, que podrían correlacionarse con distintos tipos de cáncer. Por otra parte, la instalación del radar aumentaría la contaminación electromagnética en Vieques, situación que fue demostrada en estudios realizados en Lualuale, Hawai, donde Estados Unidos instaló bases con torres de telecomunicaciones. Puerto Rico debe mirarse en el espejo de Panamá, Vieques y Hawai, pues la instalación del Ejército Sur y la instalación de un radar forman parte de un montaje sigiloso en función de estrategias militares y políticas de Washington hacia Latinoamérica. Dentro de esa estrategia, que se disfraza bajo el discurso de una guerra antidrogas, Puerto Rico sería un Estado colonial militar, que evidencia el interés por militarizar esta nación. Más grave aún, si las bases militares estadounidenses se llegaran a privatizar, como se ha rumorado, ¿en manos de quién irán a parar los recursos naturales y la supuesta "seguridad" de nuestros países?
Diálogo Centroamericano es producido por el Centro para la Paz y la Reconciliación de la Fundación Arias para la Paz y e1 Progreso Humano con el apoyo de la Fundación Ford. Apartado 8-6410-1000, San José,
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