La Policía Nacional: "Su papel actual, fortalezas, debilidades y retos"

Primer Comisionado Franco Montealegre, Director de Policía Nacional de Nicaragua:

Las democracias emergentes, por su propia naturaleza, requieren de mucha atención y esfuerzo ya que son altamente susceptibles y vulnerables a todo tipo de riesgo. Entre ellos los ataques de la delincuencia nacional e internacional. Una de las razones de esta vulnerabilidad es la débil e incipiente institucionalización, razón que contribuye a incrementar los riesgos para la precaria estabilidad, característica de los regímenes en transición.

Estos riesgos se incrementan, en el caso de nuestro país, debido a la situación de postguerra que vivimos, con todas sus secuelas. De ahí nuestra firme convicción de la imperiosa necesidad de consolidar el proceso democrático, en el que no bastan los procesos electorales transparentes, la independencia de los poderes, la plena vigencia del Estado de Derecho y el estricto apoyo a la legalidad. Además, es indispensable fortalecer las instituciones y alcanzar un alto grado de legitimación social.

Es decir, la democracia debe combinar la legalidad de su origen y la legalidad de su actuación. La policía nacional, precisamente, es la institución del Estado que se ubica en el límite mismo entre el sistema político y el sistema social. Esta posición la hace muy suceptible a las contradicciones que le

llegan entre las demandas de la sociedad y la capacidad del sistema para negociar o satisfacer estas demandas.

Cuando las demandas sociales exceden la capacidad de procesamiento o respuesta del Estado ante los retos planteados, pueden generarse situaciones que atentan contra el orden público y afectan los derechos de un sec- tor de la ciudadanía. En tales situaciones, el Estado recurre a la facultad de uso de la fuerza que le confieren las leyes, principalmente mediante la acción policial. Obviamente cuando las instituciones de un país están fortalecidas y gozan de una adecuada legitimación social, serán más capaces de procesar y dar respuesta a las demandas y expectativas de la sociedad.

Por el contrario, instituciones débiles y además poco articuladas a la sociedad civil, serán menos efectivas para procesar e intentar resolver los conflictos y problemas sociales. En definitiva, cuanto mayor sea la fortaleza y legitimación de un sistema político y de sus instituciones, es decir, su desarrollo democrático, mejor serán sus medidas y decisiones espontáneas, y será menos frecuente el uso del recurso de la fuerza pública para controlar eventuales alteraciones al orden, o para hacer cumplir sus disposiciones.

Adicionalmente, existe otro gran riesgo, que afortunadamente no se ha materializado en nuestro país, y es que debido a la notoria debilidad de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, pueden surgir mecanismos arbitrarios basados en nociones desvíadas de la justicia, que promueven la impunidad, o lo que es peor, fomentan las acciones de grupos que hacen alianzas con la delincuencia o les sirven como instrumento.

Seguridad Ciudadana

Respecto a la seguridad ciudadana, esta es una de las grandes prioridades del país, porque se relaciona íntimamente con la posibilidad de desarrollar procesos que conduzcan a la consolidación de la democracia. El bajo nivel de seguridad ciudadana impacta de una manera directa, sumamente negativa, y está en contraposición con el propósito de alcanzar niveles adecuados de estabilidad y desarrollo. El desarrollo sostenible, meta principal de todo gobierno democrático, solo será posible con paz, estabilidad y niveles adecuados de seguridad ciudadana, garantizados por las sólidas instituciones que actúan en estrecha vinculación con la comunidad a la cual se dirigen.

El deterioro de la seguridad ciudadana afecta intereses fundamentales a nivel individual, familiar y social; no sólo afecta la seguridad de las personas y los bienes sino también incide negativamente en la calidad de vida, ya de por si deteriorada por las crisis econónica.

En efecto, una de las más serias amenazas a la seguridad ciudadana es el avance del deterioro social y econ6mico en amplias capas de la población. Este no solamente propicia el auge delictivo nacional, sino que crea condiciones atractivas para la creciente operación de la delincuencia transnacional organizada.

Los bajos niveles de seguridad ciudadana implican un costo jurídico, económico y social muy alto para el país. Entre los costos políticos se destacan la pérdida de confianza de la población en la fortaleza del estado y en sus instituciones; se corre el riesgo de una imagen negativa del país a nivel nacional e internacional y hay un incremento de los riesgos de violación de los derechos humanos de la ciudadanía.

Los principales costos económicos incluyen cuantiosos daños y pérdidas materiales producto de la incidencia delictiva, los accidentes de tránsito, etc. También se da la pérdida de confianza del sector privado, nacional e internacional, para la realización de inversiones así como el incremento de la necesidad de recursos presupuestarios para el reforzamiento de los órganos que integran el sistema de justicia penal.

Los costos sociales más relevantes derivados de la inseguridad ciudadana se relacionan con la pérdida de la vida humana, su incapacidad permanente y temporal, y el deterioro de la calidad de vida de la población, que incluye el temor y la intranquilidad producto de la inseguridad, y el impacto negativo sobre la integridad de la familia, debido al involucramiento de sus miembros en actividades delictivas, ya sea como víctimas o como autores.

Fortalezas y debilidades

En la actualidad el papel de la policía nacional de Nicaragua está claramente definido, explicado y delimitado a nivel constitucional y de ley de la República como nunca antes en la historia.

La Constitución Política, reformada en 1995, incluye artículos específicos que definen nuestra naturaleza, misión, descripción, tipo de desarrollo y aplicación posterior. La Ley 228 y sus reglamentos proporcionan una sólida base de nuestra institucionalidad, y ha sido fundamental para el desarrollo de nuestro sentido de identidad.

El reconocimiento de nuestro irre- versible carácter no partidista por parte de los sectores políticos e industriales del país, así como el incremento de la confianza sobre nuestra actuación, constituyen importantes avances en nuestra evolución como institución.

A pesar del significativo incremento de la actividad delictiva, hemos logrado mantener alrededor del 70% del esclarecimiento de los delitos denunciados o no; con menos recursos que en 1990 y 1996, logramos esclarecer 19.573 delitos más que en ese año, lo que representa un 107% de incremento. Asimismo, otro aspecto importante es la experiencia variada y positiva que hemos acumulado en las relaciones con la sociedad civil.

También contamos con un alto nivel de profesionalización si capacitación policial, alcanzado por nuestros mandos superiores y por una parte de los mandos intermedios. Otra fortaleza es la calidad moral de nuestra fuerza, que hasta ahora no ha permitido que la corrupción se convierta en una práctica institucionalizada. Entre nuestras debilidades institucionales se destaca la baja presencia judicial que se expresa en el ámbito urbano, en el patrullaje insuficiente y, en el rural, en la ausencia de estructuras policiales en una importante proporción de cabeceras municipales.

La sociedad nicaragüense únicamente dispone, para la satisfacción de todas sus necesidades de servicios policiales, de 15 policías por cada 10.000 habitantes, muy por debajo de la media de los países desarrollados, que reportan alrededor de 35 policías por cada 10.000 habitantes.

La cobertura policial con unidades permanentes es del 79% en los municipios del país, si en el restante 21% únicamente se hace presente mediante planes especiales o de acuerdo a la ley. Adicionalmente a este problema, debemos reconocer que la calidad de atención de los servicios policiales aún está por debajo de lo que debemos ofrecer a la ciudadanía. También reconocemos que esta baja calidad de atención tiene que ver con las conocidas limitaciones técnicas si materiales.

Otra de nuestras mayores debilidades institucionales es la insuficiente capacitación policial para las fuerzas de niveles intermedios si las de base. No obstante hemos logrado avanzar en la sistematización de la capacitación, sobre todo de los nuevos ingresos, y de una parte de nuestra fuerza, a partir de la reactivación de la Academia de Policía en 1993.

Otra debilidad sigue siendo nuestra orientación hacia un modelo de actuación más reactivo que preventivo. Esto se debe, más que a una disposición institucional, al volumen si la presión creciente por las denuncias que recibimos. Es evidente que estas debilidades se originan en el problema presupuestario. Por eso consideramos que la limitación de recursos es la princi- pal amenaza que enfrentamos como institución. Otros factores que amenazan el desempeño institucional de la policía son las siguientes: la debilidad del Estado de Derecho Si de las instituciones por falta de solidez democrática; escaso o nulo avance en materia de seguridad humana de acuerdo al concepto de Naciones Unidas (la seguridad individual si de la comunidad, inclusiendo seguridad alimenticia, económica, de salud, ambiental y política); existencia de la polarización política si creciente polarización social que, aunada a los efectos de la aguda la crisis económica en amplias capas de la sociedad, apuntan a la manifestación, en el corto o mediano plazo, de brotes de violencia social; incremento acelerado de la delincuencia nacional si de la delincuencia internacional organizada, en parücular del narcotráfico; ausencia de políticas oficiales explícitas en materia criminal, de seguridad ciudadana y de prevención del delito.

La visión estratégica de nuestra institución define la voluntad firme de proteger la vida si seguridad de los nicaragüenses, sin distinción de ninguna naturaleza. Somos un aparato judicial al servicio de la sociedad entera, e instrumento indispensable para garantizar la armonía social si la gobernabilidad, condiciones imprescindibles para desarrollar las aspiraciones de paz, progreso y bienestar del pueblo nicaragüense. Por lo tanto, nuestro principal reto es orientar todos nuestros esfuerzos y capacidades para llegar a ser una policía plenamente institucionalizada, en permanente transformación, moderna, eficiente si profesional, con fuerte liderazgo, si con un reconocimiento social basado en su íntima-vinculación con la soc!edad si la comunidad, si en su clara dotación de servicio de acuerdo a la legalidad si al Estado de Derecho.

La Policía Nacional reconoce la validez e importancia de los mecanismos de control social a partir de la sociedad civil, por ello considera uno de sus retos darles continuidad.

Diálogo Centroamericano es producido por el Centro para la Paz y la Reconciliación de la Fundación Arias para la Paz y e1 Progreso Humano con el apoyo de la Fundación Ford.

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