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Apuntes acerca de la seguridad privada en Costa Rica Vernor Muñoz (*) Los cambios que la sociedad costarricense ha experimentado con el tiempo la enfrentan a un panorama en el que convergue la liberalización de los mercados y los procesos de exclusión social -desempleo y desposesión- con las cada vez más notoras manifestaciones de inseguridad social.
Es así como la escalada de la violencia no ha encontrado respuesta en la actuación de la policía administrativa y el temor que ello provoca se refleja en las diferentes reacciones sociales. Una de ellas es el auge en la contratación de servicios privados de seguridad, cuya desordenada irrupción en el ambiente general tiende a acentuar la sensación de inseguridad entre los y las habitantes. Además, los procesos de exclusión social y de criminalización provocaron el incremento de los delitos contra la propiedad y la integridad personal (un 36 por ciento desde 1987 hasta 1995, según cifras de ILANUD), los cuales se relacionan estrechamente con las expectativas de una sociedad de consumo cada vez más amplia y diversificada. El auge en la contratación de servicios privados de seguridad es una situación que indica que la labor que realizan los cuerpos de la policía nacional no es suficiente ni conveniente para garantizar la seguridad de las personas y de los bienes. Este fenómeno surge en un contexto en el que las fuerzas de policía no alcanzan a satisfacer las demandas de seguridad ciudadana, por un lado, y por otro, se trata de un fenómeno alimentado por los graves problemas de desempleo y contracción económica del país, que obliga a muchas personas a laborar en nuevos oficios y ocupaciones, entre las cuales se encuentra el de guarda o vigilante. Efectivamente, se presume que la finalización de los conflictos bélicos centroamericanos hizo que ex combatientes se integraran en empresas privadas de seguridad que funcionan especialmente en la zona norte del país. Seguridad Rural y Urbana El funcionamiento de grupos privados de seguridad es diferente, por las actividades que realizan en las zonas rurales respecto de las zonas urbanas. En las primeras tiene relevancia el hecho de que estos grupos son muchas veces responsalbes de efectuar o coadyuvar en la realización de desalojos en fincas agrícolas, que en incontables oportunidades tienen como resultado agresiones contra campesinos poseedores en precario de tierras dedicadas al cultivo de subsistencia. 30.000 personas laboran en funciones privadas de seguridad en Costa Rica, cifra que triplica el total de efectivos de la policía nacional En otras palabras, los conflictos agrarios que se han empezado a resolver mediante recursos bélicos particulares, ante lo cual la intervención de la Fuerza Pública costarricense resulta muchas veces extemporánea y limitada. En las zonas rurales, por lo tanto, el funcionamiento de los cuerpos privados de seguridad guarda como fin primordial afianzar, por la fuerza, el régimen de propiedad agropecuaria, que tiene como correlato la presión social sobre los bienes de producción, y simultáneamente, pretende ofrecer una respuesta privada a la "amenaza delictiva", que paradójicamente algunas veces se plantea mediante acciones también contrarias a la ley. El funcionamiento de estos cuerpos de seguridad en zonas urbanas se dirige a la protección de edificios, vehículos y personas. Además, los cuerpos de seguridad urbanos -algunos de los cuales han contratado a ex policías expulsados de la Fuerza Pública- definen una intereseante presión en lo imaginario social, que acreciente los sentimientos de inseguridad e intolerancia y las acciones de discriminación. Esta caracterización de las personas que se dedican a los servicios de seguridad y vigilancia particulares, apunta a la necesidad de capacitarlos en el conocimiento y la aplicación de los derechos humanos, en el contexto de los procedimientos operativos que deben desarrollar en su trabajo. Tres veces mayor De acuerdo con la Dirección de Servicios Privados de Seguridad del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), más de cien empresas que brindan el servicio privado de seguridad y vigilancia se encuentran inscritas ante el MSP. Sin embargo, se calcula que el número de grupos o empresas no registradas que se dedican a ese servicio, es por lo menos tres veces mayor al de las empresas inscritas (no se consideran las personas físicas que laboran de manera independiente). Fuentes del MSP y de la Defensoría de los Habitantes (Ombudsman) calculan que aproximadamente 30.000 personas laboran en funciones privadas de seguridad en Costa Rica, cifra que triplica el total de efectivos de la policía nacional (unos 7.500, según cifras oficiales). Por otro lado, el control sobre la actividad de los grupos y personas dedicadas a la seguridad privada es muy limitado, pues en la práctica, el MSP únicamente tiene potestad para inscribir las empresas dedicadas a ese servicio, pero no para establecer sanciones a aquellas que no se inscriban. Este panorama de la "informalidad paramilitar" obliga a las sociedades centroamericanas, especialmente a sus gobiernos, a plantearse la necesidad de establecer mecanismos de control sobre el funcionamiento de las empresas y personas que se dedican a los servicios privados de seguridad y vigilancia, de modo que se garantice que sus funciones se realicen con responsabilidad y con estricto apego a los derechos de los y las habitantes. (*) Abogado y actualmente laboro para la Defensoría de los Habitantes, donde tiene a su cargo la temática policial y criminológica. Diálogo Centroamericano es producido por el Centro para la Paz y la Reconciliación de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano con el apoyo de la Fundación Ford. Apartado 8-6410-1000, San José,
Costa Rica. |
El oficio del
policía, otrora resevado al funcionario público, se ha
extendido a la esfera de trabajo de los particulares,
convirtiéndose en una actividad que se alimenta de las
necesidades insatisfechas de la población en materia de
seguridad y vigilancia.