Panel II:

La Policía Desde La Visión de la Sociedad Costarricense

Participaron Kattia Rodríguez representante de la Defensoría de los Habitantes, Fernando Cruz de la Asociación Costarricense de Ciencias Penales, Daniel Camacho de CODEHUCA y el Juez Penal José Manuel Arroyo de la Corte Suprema de Justicia.

¿Policía o Ejército?

José Manuel Arroyo, quien fue asesor de la comisión de la Asamblea Legislativa que redactó la nueva Ley General de Policía, de 1994, señaló que la situación de la "Fuerza Pública" en Costa Rica es un fenómeno de estructuración política muy particular en América Latina y en el mundo.

Esto por cuanto tras la abolición del ejército como institución permanente (en 1949), "emergen unas fuerzas de policía, con características muy particulares, alimentada tanto en su jerarquía como en sus bases, por las fuerzas vencedoras del conflicto", y que tendrán una pauta de carácter bélico- militar.

Esa fuerza "cumplirá una función sui generis, a mitad entre ejército y policía", al asumir el resguardo de las fronteras y la soberanía de un pueblo, concebidas como una actividad de un ejército, teniendo también a su cargo en los últimos 50 años el orden y la seguridad interna del país.

"Al no tener ejército, los conflictos regionales que se han dado en Centroamérica desde los años 50 han hecho que nuestra fuerza pública tenga esa doble función", explicó el funcionario. Señaló que "conforme los conflictos bélicos armados de la región han amenazado con exacerbarse, nuestra Fuerza Pública se ha acercado a un papel que no es propiamente policiaco sino más bien militar". Arroyo destacó la importancia histórica de la abolición del ejército, y además consideró que se debe contar "con una policía profesional y alejarnos de las tentaciones militares".

El funcionario explicó que a raíz de un incidente con un operativo policial a comienzos de esta década, en el cual murió el niño Wagner Segura, se llevó a cabo una investigación en la Asamblea Legislativa (expediente legislativo 10943), que culminó en un proyecto legislativo, y que detectó varios de los vicios de la fuerza pública costarricense:

1. Falta de planificación a mediano y largo plazo.
2. Desorden estructural en el tanto hay gran proliferación de cuerpos de policía, la mayoría creados por decreto ejecutivo y no por ley, atendiendo muchas veces varios cuerpos de policía un mismo problema. Aclaró que no está mal que hayan varios cuerpos policiales, siempre que estén divididos bajo distintas concepciones y ocupaciones, y que sus jerarcas sean de formación civil.
3. Desorden funcional en los mandos, que resultan en confusión sobre quién es el jerarca.
4. Insuficiencia de recursos técnicos, de equipo, de uniformes y de recursos humanos.
5. A nivel laboral es lamentable que cada cuatro años se renueven los cuadros policiales, lo cual resulta en inestabilidad laboral y profesional. A pesar de que se ha tratado de resolver esto creando el estatuto policial que garantizara un mínimo de condiciones laborales, todavía el problema no se ha resuelto plenamente.
6. Falta de profesionalización, la cual debe darse con una mentalidad civilista democrática, respetuosa de los derechos humanos en el marco de un estado de derecho.
7. Ausencia de un marco jurídico adecuado que resolviera estos problemas, y esto dio origen a la Ley General de Policía de 1994.

El funcionario expresó preocupación por el "aceleradísimo" proceso de privatización de la seguridad. Sostuvo que "la seguridad pública es una función fundamentalmente estatal, y el Estado y el gobierno no pueden delegar en manos particulares esta delicada función. El control y la contención de la proliferación de estos cuerpos privados de seguridad es una tarea urgente si queremos preservar la democracia en este país".

Denuncias

Kathia Rodríguez, de la Defensoría de los Habitantes (DH), concibe a este ente, junto con la Sala Constitucional y demás órganos de control, como un bloque de garantía de los derechos fundamentales, la participación ciudadana en la defensa de sus derechos y en el proceso de toma de decisiones.

Afirmó que "son múltiples y constantes las denuncias" que "giran alrededor de un ejercicio autoritario y abusivo de los agentes policiales, sobre derechos fundamentales como son la libertad, la integridad personal, la protección de bienes y que significan un abierto enfrentamiento al mandato al cual se deben".

Rodríguez explicó que en las denuncias incluyen tanto las actuaciones de la policía administrativa, de la policía judicial y de la policía privada. La mayoría de ellas comprenden acciones como: detenciones arbitrarias, agresiones físicas y verbales, redadas, detenciones por negativa a no identificarse, por contrariar o discutir con la autoridad, por resistirse al arresto, por sospechas, por preferencias sexuales, por omisiones de actuación, por la no identificación de los agentes durante las actuaciones, por irrespeto a la intimidad personal, por allanamientos ilegales y violentos, incluyendo los excesos de violencia en las acciones administrativas de desalojo, detalló.

Sostuvo que "la actuación arbitraria e ilegal" de los agentes policiales agrava el sentimiento generalizado de inseguridad ciudadana.

Manifestó que si bien la Sala Constitucional, retomando los principios que rigen la materia, afirma la potestad de investigación policial, que constantemente se arguye como justificación ante las denuncias, claramente ha dicho que esta potestad ha de ejercerse dentro del marco de la proporcionalidad y de la razonabilidad.

Agregó que la Defensoría conoce también de las denuncias por malas condiciones laborales que presentan los miembros de la Fuerza Pública.

Expresó, además, preocupación por la proliferación de fuerzas policiales privadas. Dijo que han recibido muchas denuncias, sobre todo por la falta de controles y registros de quienes integran esas empresas.

Armas y delitos

El Dr. Fernando Cruz dijo que la sensación de seguridad es uno de los parámetros fundamentales para medir el desempeño de la acción policial.

Consideró que los medios de prensa no tienen forzosamente la culpa respecto a la percepción sobre la inseguridad, pero criticó que muchas veces ayudan a generar "soluciones políticas incorrectas", por ejemplo, el aumento de la pena máxima de prisión a 50 años. Dijo que esa fue "una solución irracional que en realidad no resuelve el problema de seguridad".

También expresó preocupación por la gran cantidad de armas en manos de la gente, y afirmó que "ni el aumento de las penas, ni la proliferación de armas en manos de los particulares, son soluciones satisfactorias para el problema de seguridad".

Quizá el problema más grave, se refiere a la pequeña y mediana delincuencia, por el abandono de la vigilancia preventiva, explicó.

Cruz también citó "el colapso del sistema contravencional", tras un fallo de la Sala Constitucional que determinó que las multas no significan prisión, pues según dijo, "se perdió el sentido coercitivo, y ello produce mayor sensación de inseguridad".

Por otro lado, dijo que la relación entre población y número de policías, "parece ser razonable y aceptable", pero se cuestionó de si todas las plazas están efectivamente ocupadas por un policía o si se destinan a otras labores.

"Por supuesto, la respuesta no es aumentar forzosamente el número de policías, pero es un elemento a valorar", expresó.

También criticó la existencia de policías privadas, y según dijo, "El paso en el que se convierte en extorsionadora, y en crimen organizado bien remunerado, es muy sutil, y debe meditarse". Afirmó que una alternativa en este sentido es la de la Policía Municipal, y opina que para San José podría ser una buena respuesta.

Cruz expresó que también debe considerarse la diferencia entre los distintos tipos de criminalidad, que requieren estrategias diferentes. Afirmó que la policía tiene un gran reto frente a la pequeña y mediana criminalidad cuando es preventiva y especialmente en delitos contra la propiedad, que estadísticamente han aumentado exorbitantemente en los últimos cinco años. Pero ese aumento no obedece sólo a un problema de deficiencia preventiva, "sino que obedece a algo que soslayamos mucho y es el deterioro en las condiciones sociales", expresó.

Causas sociales

Daniel Camacho, coordinador de CODEHUCA, afirmó que los policías se encuentran en una situación muy difícil, pues son la vanguardia de la lucha contra la delincuencia y eso entraña grandes riesgos, pero además hay una especie de riesgo profesional en el tanto que la policía puede cruzar el límite y cometer delitos. Sostuvo que las causas del aumento de la violencia y la delincuencia, y del riesgo policial por sobrepasar los límites, tiene que ver con el deterioro de las condiciones económicas del país. Consideró que otra causa importante es esa tensión que se genera entre la incitación al consumo, de parte de un agresivo mercado, "una sociedad que empuja a tener (consumir) y por otro lado disminuye el poder adquisitivo" de la población.

Para Camacho, la seguridad ciudadana no es una cuestión de reprimir más o de aumentar las penas ---"es una barbaridad haber aumentado la pena máxima a 50 años"-- pues los estudios de sociología criminal han demostrado que penas más severas no disminuyen la delincuencia, ya que las causas son otras. Según dijo, es necesario tener claro que el problema de la seguridad tiene que ver con problemas económicos, sociales, culturales, y con todas las transformaciones que hay en la sociedad, ese "sálvese el que pueda", resultado del neoliberalismo. Se ha pasado de la solidaridad a la individualidad, afirmó.

Hay dos respuestas estatales, dijo Camacho, que desde la sociedad civil se ven con precaución: la privatización de la seguridad y la militarización de la seguridad. Relató que en El Salvador y Honduras a veces el ejército actúa contra la delincuencia, pero eso es una amenaza para la sociedad civil. En Costa Rica eso no pasa, pero en cierta forma la Guardia Civil se parece a un ejército por sus funciones, su jerarquía, etc.

Diálogo Centroamericano es producido por el Centro para la Paz y la Reconciliación de la Fundación Arias para la Paz y e1 Progreso Humano con el apoyo de la Fundación Ford.

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