Panel III:

Análisis y Perspectivas de la Seguridad Pública en Costa Rica

Participaron el diputado Constantino Urcuyo; Johnny Echeverría, ex ministro de Seguridad ; Manuel Mora Salas, experto independiente, y moderó el magistrado Daniel González.

Derechos Humanos y Policía

Según Constantino Urcuyo, Diputado del Partido Unidad Social Cristiana, durante la década de los años cincuenta, el aparato de Seguridad Pública se vio permeado por la problemática de la Guerra Civil del 48, con gran inestabilidad laboral para sus miembros y en consecuencia con un pobre desempeño en su labores mixtas de tipo paramilitar y policial. Durante la década de los años sesenta, la preocupación continental con el comunismo no se presentó con tanta intensidad en Costa Rica, pero aún así las fuerzas de seguridad sufrieron una especie de "esquizofrenia organizacional", en la cual se les decía que era policías pero se les entrenaba en tareas militares. En su opinión todavía quedan rasgos de esto, por ejemplo, en el uniforme y los grados.

Así, la tarea que tiene el país de continuar especializando y transformando sus fuerzas de seguridad fue el sentido de la nueva Ley General de Policía, aprobada en 1994. Con esa ley y su estatuto, se pretende profesionalizar y dar estabilidad laboral a los policías, "y que dejen de ser un botín político de los partidos", explicó Urcuyo.

El legislador explicó que se deben hacer una serie de reformas internas en la policía en cuanto a descentralización y operatividad de los cuerpos policiales, pues el esquema centralizado es malo. Urcuyo presentó al Congreso un proyecto de ley "De Promoción de Respeto a los Derechos Humanos por Cuerpos de Policía Nacionales", que busca la protección de los derechos humanos de la ciudadanía, pero también de los policías.

En primer lugar, se propone el mejoramiento de las condiciones laborales de los efectivos de la Fuerza Pública. "Yo parto de que la disciplina tiene un componente importante de interiorización de los valores por parte de los miembros de la organización, y toda disciplina que se basa únicamente en la amenaza en el factor externo es mala disciplina. Si no hay condiciones adecuadas no hay identificación". Señaló que el informe PP211-96 de la Defensoría de los Habitantes detectó en los cuerpos de policía la falta constante de alimentos, instalaciones de alojamiento insalubres, jornadas excesivas, roles de trabajo indefinidos y antojadizos para cada unidad policial, inadecuado contacto familiar, carencia de uniformes y exigencia de adquirirlos con recursos propios, inexistencia de botiquín de primeros auxilios y medicamentos básicos, concentración de los efectivos por períodos de hasta tres meses sin días libres.

Por lo tanto, la eficiencia de los cuerpos policiales dependerá de que se mejoren estas situaciones. Esto incluye eliminar una práctica que se utiliza frecuentemente para lograr que los efectivos salgan de la policía, que es transferirlos lejos de sus zonas de residencia.

También propone la eliminación del acuartelamiento de los miembros de la Policía, de manera que puedan vivir en sus casas, gozar de un horario definido y de esta forma estar en contacto con la comunidad. "Yo estoy de acuerdo que si estamos frente a una misión militar tiene que haber acuartelamiento, pero ustedes no verán a la policía de los grandes países acuartelada, cumplen con un horario y van a sus casas". Propone asimismo la abolición de los rangos militares en las fuerzas policiales costarricenses. Recordó que durante la Administración del ex presidente Oscar Arias (1986-1990) cuando se eliminaron esos rangos "hubo algún éxito, pero después volvimos atrás".

La iniciativa incluye, además, la prohibición de las redadas ilegales y los arrestos preventivos, así como el uso de trajes de fatiga en zonas urbanas, los cuales podrán ser utilizados exclusivamente en entrenamientos o en zonas montañosas.

Otro aspecto es la elevación a rango legal del Departamento de Inspección Policial que hoy funciona al amparo de un decreto Ejecutivo.

Por último, propone la creación de Comités de Resolución de Conflictos Laborales en todas las comisarías, comandancias y subcomandancias, para facilitar el entendimiento entre los efectivos y sus superiores y beneficiar el equipo de trabajo.

Formación militar

Para el ex-ministro de Seguridad Johnny Echeverría (1978-1982), desde la abolición del ejército hasta la aprobación de la Ley General de Policía, se funcionó más por impulso de los Ministros de Seguridad o Gobernación y por las presiones internacionales. "Costa Rica que no ha tenido ejército desde 1949, hasta 1978 era el país que tenía más graduados de la Escuela de las Américas, en la zona del Canal de Panamá, más que los otros países centroamericanos que sí tenían ejército", expresó.

Afirmó que la confusión entre las labores propiamente policiales y el entrenamiento militar, llevó a legislaciones y soluciones casuísticas, totalmente desarticuladas y sin ninguna visión de conjunto. "La existencia de dos ministerios encargados de la función policial, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Gobernación, llevaron a desperdicio de recursos, a la falta de políticas unitarias e incluso a conflictos entre cuerpos policiales."

Señaló que la permanente resistencia de los costarricenses a tecnificar los cuerpos policiales, por el temor a la militarización, llevó a cierta inercia. Consideró, sin embargo, "ya no están tan en contra de que profesionalicemos nuestra Fuerza Pública, ya sienten la amenaza de la tecnificación de la delincuencia".

Echeverría consideró un avance el que la nueva ley de Policía asegurara estabilidad a sus miembros. Sin embargo, considera que se deben dar algunas reformas. "Por ejemplo, resulta absurdo que los miembros del profesorado de la Escuela Nacional de Policía no puedan formar parte de la Fuerza Pública. ¿Cómo queremos capacitar profesionales si ni siquiera tenemos la estabilidad y la profesionalización de los que los van a formar?

También consideró importante revisar quienes van a estar cubiertos por la estabilidad laboral y quienes no. Al redactarse la Ley de Policía, se acordó que los delegados cantonales y sus superiores jerárquicos no estarían cubiertos por la estabilidad laboral, pero esto ahora debe cambiarse en aras de estimular la carrera policial. Para Echeverría, lo optimo sería que, con excepción del director y subdirector de la Escuela de Policía y de la Fuerza Pública, todos los demás estén cubiertos por la carrera..

Para concluir, Echeverría dijo que no cree en las Policías Especiales, que tienden a convertirse en islas de poder, pero sí en las policías especializadas, pues los miembros de la Fuerza Pública deben de tener una formación básica absolutamente igual en donde se resalten los valores cívicos, morales, éticos, los derechos humanos, los principios de legalidad, y que después se puedan especializar en razón de sus funciones.

"Al no haber ejército, hay funciones que tradicionalmente corresponde al ejército, que en Costa Rica tienen que ser de la policía: el cuidar nuestras costas, nuestras fronteras, y ahí habrá que entrenar a la gente con formación especial. Un policía guardafronteras tiene que saber distinguir el contrabando, tiene que saber lo que es un formulario aduanero, el que está en San José no necesita saber esas cosas. Los policías que trabajan en las áreas rurales tienen que saber qué hacer con un incendio forestal, con un mordido de culebra, y posiblemente no tengan nunca un embotellamiento de tránsito. Estas especialidades deben lograrse, igual que ocurre con la Policía Antidrogas, con la Policía Penitenciaria, con la Policía de Migración, con la DITA. Lo importante es que estas son especialidades de trabajo, no cuerpos aislados."

También propuso que a los policías privados se les exija recibir entrenamiento en la Escuela Nacional de Policía, llevando el mismo curso básico que los policías, de manera que la licencia que se les otorgue le garantice al Estado y a los ciudadanos la idoneidad para desempeñar esa labor. Además, esto permitiría que la policía privada trabaje mejor en asocio con la Policía.

Ausencia de doctrina nacional

Manuel Mora Salas, experto independiente, explicó que la crisis de la policía tiene varias causas, entre ellas,

1. La ausencia de una doctrina nacional de seguridad propia y coherente; un vació que condujo a "la aplicación parcial de la doctrina estadounidense de contrainsurgencia, mezclada con el aporte del ministro de turno".
2. La ambigüedad y confusión entre lo militar y lo policial.
3. La inexistencia de una carrera policial y profesional, y la falta de estímulos para los funcionarios.
4. La ausencia de preparación de cuadros para el nivel superior de la seguridad ciudadana, los que, por lo general, han sido ocupados por políticos no bien capacitados para la función.
5. La existencia de una oficialidad subordinada a los intereses del partido ganador de las elecciones, y de una policía a disposición de los políticos para pagar favores de campaña (favores políticos).
6. La "subvaloración de la función policial" en Costa Rica, que siempre ha sido vista peyorativamente, sobre todo por las capas altas y medias de la población y desde luego por la intelectualidad.

Explicó que la inexistencia de un ejército durante la mayor parte de la historia, "ha influido para que nuestro pueblo asocie todo lo relativo a seguridad con lo militar", haciendo una confusión de enormes repercusiones prácticas. El justificado rechazo del pueblo al militarismo se ha proyectado en la realidad social como un repudio automático hacia la seguridad.

Un elemento que contribuyó de manera decisiva a consolidar esta confusión entre lo militar y lo policial fue la ayuda extranjera en el campo de la seguridad, casi toda proveniente de los Estados Unidos. Recordó que Washington concedía una gran importancia al desarrollo de los ejércitos de América Latina, en función de sus propios intereses militares estratégicos. La Escuela de las Américas preparó militarmente la oficialidad de casi todos los países, incluyendo policías costarricenses.

"Al triunfar en Cuba la revolución, Estados Unidos adoptó la doctrina de la "Reacción Flexible", que establecía la necesidad de que las Fuerzas Armadas Norteamericanas y sus aliados estuvieran capacitados, no solo para librar una guerra atómica con la ex-Unión Soviética, sino para ganar guerras irregulares contra los movimientos de Liberación Nacional."

Explicó que bajo el impulso estadounidense de la "Doctrina de la Seguridad Nacional", la cual orientaba la estructura y adiestramiento de las tropas para la lucha contra un enemigo interno, parte de su propio pueblo y no tanto contra enemigos externos, se creó el Consejo de Defensa Centroamericano (CONDECA), y pese a que Costa Rica mantuvo su resistencia a integrarse a él, "toda la ayuda que se siguió recibiendo en capacitación a la Fuerza Pública tuvo un carácter casi totalmente militar y además contrainsurgente".

Salas dijo que durante la década de los años 80, con la guerra en Centroamérica, "la preparación militar de la Fuerza Pública se intensificó, tanto en el exterior como en el interior, por ejemplo en la base de adiestramiento militar en Murciélago, Guanacaste (fronterizo con Nicaragua)".

El experto señaló que al derrumbarse el socialismo en Europa y finalizar la guerra en Centroamérica, en un mundo cualitativamente transformado, la policía costarricense "ha enfrentado una crisis de identidad". Una oficialidad preparada esencialmente para la lucha contrainsurgente debe ubicarse en una nueva realidad nacional, que rebasa la capacidad operativa de la policía.

Tal crisis no se refiere únicamente a los cuadros especializados, a los mandos medios y altos de la Fuerza Pública, sino que incluye también a los cuadros superiores de dirección y a los políticos en funciones dentro de la estructura de seguridad, declaró Salas.

El experto reconoció que en los últimos años se ha realizado un esfuerzo importante para cambiar la situación crítica de la Fuerza Pública. La nueva Ley de Policía, representa un avance serio hacia la profesionalización. Desde la administración de Oscar Arias se dieron pasos para cambiar el énfasis militar en la preparación de la Fuerza Pública, hacia una formación puramente policial, recordó.

Algunos elementos necesarios para superar la crisis de la policía, a juicio de Mora, son los siguientes:

1. Elaborar la doctrina costarricense de seguridad, que debe ser de consenso de todos los partidos políticos.
2. Acelerar el proceso de profesionalización del policía y mejorar su situación salarial. En medio de los peligros que representa la corrupción, es indispensable tener a la policía lo mejor pagada que se pueda.
3. Deben escalonarse y darse a conocer los perfiles de la Fuerza Pública y de sus oficiales, con parámetros más avanzados en cuanto a tecnología y ciencia policial y de seguridad, y la selección de personal debe darse de acuerdo a esos perfiles. En una época de corrupción, debe prestarse especial atención a la formación ética de la Fuerza Pública, junto a la formación humanista y espiritual.
4. Debe buscarse la excelencia académica de los oficiales de la Fuerza Pública, incluyendo los programas de estudio con las metodologías pedagógicas más modernas e idóneas, con la base material y técnica necesaria. En el Programa de Policía Comunitaria, el sistema de comunicación a distancia puede jugar un gran papel.
5. Deben establecerse cursos especiales para preparar los cuadros superiores de mando.
6. Debe planificarse la capacitación cada día más elevada de los cuadros no profesionales de seguridad, que se están organizando en el programa de Seguridad Comunitaria y de los que pertenecen a la reserva de la Fuerza Pública.
7. Desarrollar una campaña de publicidad hacia la población con el propósito de dar a conocer los planes de formación de la policía y los contenidos de la moderna "doctrina costarricense de seguridad". Se debe atraer a la carrera policial a jóvenes de elevada capacidad académica y con sólidos principios morales.

Mora Salas resumió su exposición con la advertencia de su preocupación de que, dada la relación directa entre los delitos a la propiedad y la pobreza, si el país sigue el curso neoliberal de desarrollo, es previsible que a corto plazo se produzcan explosiones sociales de gran magnitud. "Siento que el país está en rumbo de colisión y si no hay cambios reales en la política social injusta que ha prevalecido, la policía se convertirá cada vez más en un ente represivo, defensor de los intereses de las minorías", afirmó.

Criminalidad y corrupción

El magistrado Daniel González, moderador del panel, consideró que el tema de la criminalidad es bastante más complejo, pues no debe limitarse a la criminalidad común, sino también a otras manifestaciones, como el abuso del poder económico, sobrefacturación, y la evasión de impuestos que, desde el punto de vista económico, puede incluso traer consecuencias agresivas más grandes para la ciudadanía que todos los asaltos callejeros juntos, por ejemplo, disminuyendo la posibilidad de construir carreteras, reduciendo las oportunidades de trabajo, etc.

Afirmó que otro tipo de criminalidad es el abuso de poder público, la corrupción, que no se resuelve con las medidas que normalmente tiende la ciudadanía a adoptar, de aumentar el número de policías, aumentar las penas o el número de personas detenidas en los centros penitenciarios.

"Por más policías que pongamos en las calles, muchos de los tipos de criminalidad no van a ser prevenidos, por ejemplo, los delitos sexuales o los homicidios, que generalmente se cometen por conocidos de las víctimas".

En lugar de invertir más recursos en la represión se hace indispensable prevenir los hechos delictivos en todos los campos. Tal es el caso por ejemplo de la contaminación ambiental, el abuso de menores que tiene que ver con las agresiones domésticas, los delitos de carácter fiscal, y muchos otros.

Diálogo Centroamericano es producido por el Centro para la Paz y la Reconciliación de la Fundación Arias para la Paz y e1 Progreso Humano con el apoyo de la Fundación Ford.

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