Panel V:

La Profesionalización de la Policía en Costa Rica

Participaron : Kenya Alvarado, Directora Nacional de la Escuela de Policía Penitenciaria y Subdirectora del Instituto Nacional de Criminología ; Vernor Muñoz, de la Defensoría de los Habitantes; Wilberth Arroyo, Director de la Escuela Judicial ; Colón Bermúdez, Director de Escuela Nacional de Policía, y Domingo Abarca, Director de la Carrera de Investigación Criminal y Seguridad Organizacional del Colegio Universitario de Cartago. Moderó Roberto Salom, profesor de la Universidad de Costa Rica.

Seguridad Carcelaria

Kenya Alvarado llamó la atención sobre la importancia de la seguridad carcelaria, un tema poco conocido pero importante, pues una crisis en un sistema penitenciario acarrearía una crisis de orden público, incidiendo directamente en la seguridad nacional. "La sociedad nuestra ve que el sujeto ya está en prisión, y se desentiende de él. Pero el hecho es que ese sujeto regresa a la sociedad a mediano o largo plazo, 5, 15 ó 20 años después. El sujeto llega a la sociedad, una sociedad que ya lo desconoce, una sociedad que él desconoce. "Hemos tenido casos de personas que después de 15 años se les da la libertad, y hay que describirles cómo montarse a un bus y cómo llegar a su provincia".

El engranaje penitenciario inicia cuando una resolución judicial pone a un sujeto bajo la custodia de adaptación social. Una responsabilidad enorme que corresponde a la policía penitenciaria, estipulada por la ley 47-62 que crea la Dirección General de Adaptación Social y más recientemente en la ley 7410, la Ley General de Policía, pues se establece la custodia y seguridad de todas las cárceles nacionales, bajo el respeto de los derechos fundamentales.

Es importante dejar claro que la función de la policía penitenciaria va más allá de la simple custodia y seguridad de los sujetos que ingresan al sistema penitenciario, de sus visitantes y los funcionarios que laboramos en él, pues implica reconocerle los derechos fundamentales a los encarcelados, en hacerlos valer dentro de prisión. Ya la Sala Constitucional muy claramente ha establecido que el único derecho que el sujeto que ingresa a la prisión ve limitado es el de su libertad, y cualquier otro inherente a él. Por lo tanto, los demás derechos del sujeto deben ser respetados dentro y fuera del sistema penitenciario.

Es en este esfuerzo por brindarle la atención requerida al sujeto privado de libertad, que hace aproximadamente 4 años, con el Reglamento Orgánico de la Dirección General de Adaptación Social, los miembros de la policía penitenciaria integran el aparato técnico para la atención del privado de libertad. No se queda simplemente en una función policial, sino que forman parte de la atención técnica que se le da al privado de libertad. De hecho, forman parte del Consejo de Valoración del Instituto Nacional de Criminología, y su criterio policial y técnico debe tomarse en cuenta a la hora de valorar al privado de libertad.

Este esfuerzo que ha hecho la policía penitenciaria con los efectivos de seguridad, que son aproximadamente 1400 agentes, se ha visto reflejado en la dotación de otras áreas para la reclusión de privados de libertad. Un ejemplo de ellos es la Reforma, donde se han abierto dos ámbitos más: el llamado puesto 10 o unidad de ingreso, donde se tiene una capacidad aproximada de 400 privados de libertad, y los talleres industrializados, en donde se tiene una capacidad para 210 personas. El centro "El adulto mayor" que tiene una capacidad para 100 personas y el centro "La Leticia" ubicado en Limón, Guápiles, con una capacidad para 80 privados de libertad, son espacios nuevos que se han creado, con el mismo número de efectivos de seguridad, y la dotación de estas nuevas áreas no habría sido posible jamás sin la ayuda de la policía penitenciaria.

Indicó que la policía penitenciaria debe custodiar los 365 días del año, 24 horas del día, y el personal es insuficiente. Recordó que los miembros de esa policía no tienen fines de semana libres, no hay feriados, no se computan asuetos, y laboran con roles de siete días adentro, en los centros carcelarios, y otros siete días con su familia, a veces con roles de 12, 16 ó 18 horas, con una disponibilidad absoluta por alguna emergencia que se presente en los centros.

Ante ello, la profesionalización de la policía ha sido una de las metas fundamentales del Ministerio de Justicia, para prepararlos para el nuevo Código Procesal Penal, y la Ley de Justicia Penal Juvenil, señaló Alvarado.

Denuncias de los policías

Vernor Muñoz, de la Defensoría de los Habitantes, se refirió a las quejas presentadas por efectivos de los cuerpos policiales por violación de sus derechos. "Algunas se tramitaron de manera confidencial, por temor a represalias, según nos han manifestado", dijo.

Afirmó que la profesionalización de la policía no se reduce necesariamente a la formación y capacitación, sino que también debe considerar las "condiciones de trabajo en que tienen que desarrollarse estos dignos funcionarios públicos, y el régimen de derechos y responsabilidades que atañen a la fuerza pública específicamente".

Recordó que de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política, la Fuerza Pública tiene un régimen de excepción laboraria. "Es decir, sus miembros no están contemplados en el régimen del Estatuto Civil y, como consecuencia, tradicionalmente los puestos de la fuerza pública se conviertan en una especie de botín político", por lo cual la estabilidad en estos puestos ha sido precaria, dijo Muñoz.

Sin embargo, en los últimos tiempos esta situación se ha revertido, precisamente porque las condiciones de trabajo de la fuerza pública son muy difíciles. Existen plazas vacantes en la fuerza pública, porque resulta poco atractivo para muchos sectores de la población, ingresar en una organización estatal donde las condiciones de trabajo son precarias. Muchas personas que ingresan a la Fuerza Pública no tienen la preparación académica que sería deseable.

El régimen laboral de los efectivos de la fuerza pública, muchas veces se ha establecido en contra de los mismos intereses de los funcionarios policiales. Una queja de un agente de policía resulta reveladora de lo anterior, dijo Muñoz. El policía, destacado en la zona norte (fronteriza con Nicaragua) denunció que no les dan vacaciones, que la alimentación es inadecuada, que los roles de servicio son terribles, que no hay contacto familiar, etc.

La Defensoría mandó a pedir un informe al comandante, y éste lo que hizo fue reunir a la tropa para regañar a los efectivos, diciéndoles que el primero que se volviera a quejar con la Defensoría sería trasladado. La Defensoría mandó a traer al comandante, quien dio una explicación, no aceptable pero razonable, de cada uno de los problemas que expuso el policía. Se le preguntó que entonces porqué no le explicó eso a los funcionarios policiales, en lugar de amenazarlos. "Nos damos cuenta entonces que el policía por lo general reproduce al habitante la manera como a él se le trata. No se está hablando de objetar una orden, sino de manifestar su opinión acerca de un determinado problema".

Dijo que esto se agudiza por la dificultad que tienen los mismos policías para organizarse. "El derecho a la sindicalización es un derecho humano fundamental que le ha sido negado a la fuerza pública tradicionalmente". Muñoz consideró que la participación democrática de los policías en los asuntos que competen a su trabajo debería ser una cuestión fundamental y urgente para el Ministerio de Seguridad Pública.

Muñoz explicó que las detenciones y retenciones arbitrarias, una de las quejas principales que son presentadas ante la Defensoría, se dan más por ignorancia que por mala fe. Es decir, el policía no sabe cuándo puede detener una persona. La Defensoría ve con preocupación que están deteniendo arbitrariamente a más personas de las que se están juzgando en los tribunales de justicia. "Según una investigación de la Defensoría, únicamente un 10 por ciento de las personas detenidas administrativamente tenían porqué ser detenidas. Esta situación merece la atención urgente de todos los operadores jurídicos, porque se están lesionando derechos fundamentales de las personas en este país", advirtió.

Opinó que debe dignificarse a la policía, no solo en lo que toca a su formación y capacitación, sino en sus condiciones. Los horarios de trabajo de los policías son sumamente inadecuados, el acuartelamiento de las fuerzas de policía persiste como una práctica normal, se tienen quejas de que los policías tienen que comprarse hasta sus zapatos, el suministro de alimentos si bien no es trágico, tampoco es el más adecuado. Además, es preocupante si se pretende que la policía cumpla un rol fundamental en la inserción comunitaria, que los policías no puedan tener ni siquiera contacto con sus familias normalmente, ya que son muchas veces asignados a comunidades sumamente lejanas de sus propias familias, explicó.

Afirmó que la Defensoría de los Habitantes hizo un llamado a que se considerara la constitución de Comités Internos de Reconciliación en el Ministerio de Seguridad, como una manera de facilitar la comunicación y la democratización dentro de las fuerzas de policía.

Capacitación de la Policía Judicial

Wilberth Arroyo, Director de la Escuela Judicial, dijo que la eficiencia de una institución está íntimamente ligada a la excelencia en la capacitación y el recurso humano con que se cuenta. Desde esta perspectiva, las instituciones deben mantener programas de capacitación continua para que sus funcionarios de primer ingreso tengan la capacidad de hacer frente con eficiencia y eficacia a esa experiencia laboral. Por otro lado, la capacitación es un instrumento motivador para que los funcionarios sean más productivos, tanto en cantidad como en calidad, creando en esto un sentimiento de compromiso de servicio. Esos principios, vigentes en las organizaciones modernas de éxito, son los que deben prevalecer en las instituciones de nuestro país.

Los primeros intentos costarricenses por profesionalizar la policía se vislumbran en algunas leyes de principio de siglo. El Código de Procedimientos Penales de 1910 ya hablaba de una policía judicial, con la obligación de realizar diligencias técnicas. Más adelante, con la atención del cuerpo de policías para la investigación, se estipuló que "los agentes de investigación usaran de todos los procesos científicos adoptados por las naciones civilizadas para el esclarecimiento y persecución de los hechos delictuosos y de sus autores".

En el proyecto de la Ley orgánica del OIJ de 1971, se constituyó un avance sustancial, dijo el funcionario, pues se busca garantizar "una investigación científica, objetiva e imparcial, efectuada por profesionales en la materia, sean estos científicos, técnicos o simplemente funcionarios de amplia experiencia y reconocida y aprobada honestidad".

Recordó que el OIJ inicia su proceso de capacitación en 1973, enviando subdirectores, y un pequeño grupo de investigadores del área forense a capacitarse a los Estados Unidos, México y Venezuela. Al regreso de estos se organizó un curso en 1975, con el objetivo de preparar a los investigadores recién ingresados.

Sin embargo, no es hasta el 16 de marzo de 1978 que se llevó a cabo el primer Curso Básico de Investigación Criminal, en lo que se denominó Escuela de Capacitación Judicial, hoy día Sección de Capacitación del OIJ en la Escuela Judicial, así establecido por mandato de la Ley de la Escuela Judicial de 1981. Ese proceso de capacitación continua se inicia a partir de la fecha antes anotada, y hasta la época se han realizado 36 cursos básicos de investigación criminal, con un promedio de 35 participantes por curso.

A los investigadores judiciales les es requisito imprescindible someterse a este proceso de capacitación, establecido a través del Programa Básico de Investigación Criminal, que contempla cinco áreas fundamentales: jurídica, social, forense, investigación criminal propiamente, y en un área de habilidades y destrezas. Dentro del convenio Corte- UNED, los que hayan aprobado el programa básico de investigación criminal, tienen la opción de seguir la carrera de ciencias criminológicas, a nivel de bachillerato profesional y hasta obtener la maestría, ya que este programa cuenta con crédito académico, después de un estudio de criterios realizado por expertos de la UNED.

Dentro de este programa se ha incluido el Curso sobre Delitos Básicos de Unificación Criminal Académica, dirigida al Ministerio Público y que tiene como meta preparar al fiscal en el campo de la investigación criminal y gestión administrativa. Con estos cursos se pretende que haya una interacción de conocimientos por vía de reproducción, en que participan los distintos actores en el proceso penal, tanto jueces, fiscal y defensores públicos.

También existen otros programas llamados de refrescamiento, los cuales son obligatorios para quienes han obtenido la aprobación del curso básico de investigación criminal, y si no los aprueban no pueden continuar laborando para en el Poder Judicial. Existe otro tipo de programa de especialización que incluye cursos como el de baleo y traslado de detenidos, robo de vehículos, administración y supervisión policial, cursos de locución, cursos de pistola semiautomática, escopeta de goma, cursos sobre técnicas de entrevista, maniobras de idioma, documentos dudosos, detención de vehículo. Son cursos en una etapa avanzada, que se da a los profesionales de vasta experiencia.

Hay un programa avanzado para los agentes de mucha más experiencia y que se da en áreas como la administración avanzada de la escena del crimen, investigación avanzada de homicidios, procedimientos avanzados de la investigación criminal. En estos también participan otros agentes del proceso penal, especialmente jueces, fiscales, defensores, siendo un proceso de retroalimentación importante.

El funcionario explicó que se trata de mantener al menos el 10 por ciento de la población del OIJ en entrenamiento diario, sin contar fiscales, defensores, jueces y personal administrativo incluso, que también reciben capacitación.

Profesión y vocación

Colón Bermúdez, Director de Escuela Nacional de Policía, dijo que el ser policía no es una profesión o un trabajo como cualquier otro, pues requiere de una cuota muy grande de vocación y de identificación con la tarea que se propone.

Formar policías no es únicamente dar instrucción, llenar los cerebros de información, sino que es una ciencia interdisciplinaria; la policía del garrote ya pasó, ahora hay que estudiar para ser policía, y no basta estudiar psicología y derecho, hay que saber de administración, de sociología, de solución de conflictos, indicó Bermúdez. Además, es de vital importancia desarrollar la capacidad para tomar decisiones, sobre todo en países que se encuentran en proceso de cambio acelerado. Por otro lado, los policías requieren de destrezas para expresarse, sobre todo en su relación con la población.

"El policía es un maestro", afirmó, y consideró que profesionalizar significa formar gente para asumir funciones de maestro dentro de la sociedad, pero no puede servirle a la sociedad eficientemente si no desarrolla valores y los transmite a sus estudiantes, a su familia, en el ejercicio de su función.

Entre esos valores se encuentran la honestidad, disciplina, lealtad al país, a la sociedad; otro valor es la objetividad, la tolerancia, y además, la capacidad de manejar la dialéctica del cambio. Otro rubro es el de imagen, y la dignidad del policía. "Nos pueden faltar recursos, pero la pobreza no implica desorden ni indisciplina. Es falso que todo lo que es disciplina es militar, pero nuestra sociedad todavía no ha podido comprenderlo", dijo Bermúdez.

Ser policía es una tarea y una profesión muy difícil, solo puede ingresar gente que realmente tenga vocación. El cumplimiento de la acción de policía absorbe totalmente a quien se dedica a ella, lo que quiere decir que el ciudadano tiene que estar dispuesto a los mayores sacrificios.

Indicó que el proceso de profesionalización tiene contradicciones grandes, como que la base se profesionaliza pero la cabeza (cuadros de jefatura) continúa empírica.

Insistió en que mientras el estatuto policial no incluya a todos los niveles de oficiales de la fuerza pública, el proceso de profesionalización no podrá darse en Costa Rica, y consideró que ello es un problema de responsabilidad política.

Para ingresar a la Fuerza Pública ya no es suficiente tener el tercer año de Colegio, y en la Escuela Nacional de Policía, el 90 por ciento son bachilleres (conclusión de educación secundaria), el otro 10 por ciento son gente que está estudiando en la universidad o tienen ya bachillerato universitario.

Para Bermúdez, estamos viviendo en un mundo de modernización y competitividad por lo que la educación es esencial dentro de la fuerza policial.

Educación policial

Domingo Abarca, Director de la Carrera de Investigación Criminal y Seguridad Organizacional del Colegio Universitario de Cartago, explicó que los colegios universitarios como el de Cartago, (hay 2 más en Costa Rica: el de Puntarenas y el de Alajuela), aparecen en el contexto de la educación superior costarricense en la década de los 70, concretamente en 1976; y la carrera de Investigación Criminal y Seguridad Organizacional, en aquel momento la carrera de Investigación Profesional Criminológica, aparece en 1977 en el contexto de reformas en la administración de justicia que se suscitaron en la década de los 70, y ante lo imperioso de la profesionalización de efectivos en el campo de investigación criminal.

Detalló que a finales de los años 80 iniciaron un importante proceso de revisión, reestructuración y actualización del plan de estudios, y a partir de 1992 queda definida como la carrera de Investigación Criminal y Seguridad Organizada. Cuatro áreas específicas de formación son las que prevalecen en la actualidad: el área de formación en criminología, formación en criminalística, formación jurídica, un área de formación en seguridad propiamente dicha (seguridad empresarial, seguridad organizacional) y un área de formación complementaria. La carrera tiene una duración de 2 años y está estructurada en 4 niveles. En lo que a criminología se refiere, hay algunas asignaturas especiales: criminología propiamente, sociología criminal, psicología criminal, y medicina legal, entre otras.

En el campo de la criminalística se retoma la orientación de política de capacitación, propia del OIJ y se están formando especialistas en el campo de la investigación criminal. Se imparten procedimientos de investigación, dactiloscopia, grafoscopía, balística, entre otros. En el área de formación jurídica, se imparte derecho penal, procesal penal, derechos humanos, derecho en materia penal juvenil y otros cursos complementarios. Hay algunas otras asignaturas que van a permitir la adquisición de habilidades y destrezas en el tema de la comunicación y aspectos específicos de la táctica operativa de la función policial.

Abarca dijo que el Colegio de Cartago es la única institución de estudios superiores que se especializa en la formación de profesionales que puedan dirimir el problema de la criminalidad desde la perspectiva de la prevención del delito, atención al delincuente y represión a la criminalidad.

"Nuestra orientación, como estoy seguro que es para las diferentes fuerzas de seguridad pública, es una visión eminentemente preventiva, que discrepa con la ideología y la filosofía operativa de cuerpos policiales como el Organismo de Investigación Judicial, que de por sí y por ley es represiva", dijo el funcionario. Se busca, sin embargo, una mayor cooperación con el OIJ, de manera que los funcionarios del OIJ puedan participar en los procesos de capacitación del Colegio, a la vez que los graduados del Curso puedan ingresar al organismo.

En la historia de la institución han tenido 450 graduados, que se han insertado en los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad pública, y más recientemente en el sector privado.

Diálogo Centroamericano es producido por el Centro para la Paz y la Reconciliación de la Fundación Arias para la Paz y e1 Progreso Humano con el apoyo de la Fundación Ford.

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