Panel VI:

Nuevas Áreas de Proyección de la Seguridad en Costa Rica

Participaron : Ovidio Paniagua, Director de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) ; Erick Koberg, Presidente de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad ; Mario Zamora Director de la Policía Comunitaria del MSP, y Fernando Zeledón, Director de la Maestría de Ciencias Políticas de la UCR. Moderó Arnoldo Brenes, Coodinador del Diálogo Centroamericano.

Seguridad Privada

Paniagua explicó que el ordenamiento jurídico que regula la seguridad privada incluye tanto el derecho público como el derecho privado. Las normas del derecho privado se encargan de regular la relación laboral entre los patronos y los vigilantes, la contratación de servicios del usuario y el empresario de seguridad. Por otra parte, están las normas del derecho público, que son las establecidas por el estado para regular el funcionamiento de las fuerzas de seguridad.

En 1994, a raíz del gran desarrollo que tiene la seguridad privada y con la publicación de la Ley General de Policía, en la que se regula con rango de ley a la seguridad privada, en el cuarto capítulo se establecen los requisitos para las empresas de seguridad y para los vigilantes. Entre ellos se encuentran: a) pólizas del Instituto Nacional de Seguros (INS), tanto en riesgos procesarios como la responsabilidad de seguir aportando los documentos; b) en cuanto a su debida legitimación de registro de la propiedad; y c) en cuanto a los vigilantes se exige lo básico, como los cursos básicos policiales, un examen psicológico y escolaridad mínima.

La legislación, sin embargo, tiene una insuficiencia. "Se establecen sanciones para las empresas de seguridad que no están inscritas, pero no se establecen sanciones a las empresas de seguridad que llegan al Ministerio de Seguridad Pública a inscribirse", explicó el funcionario

Tampoco existe una norma que permita revocar la autorización a una vigilancia privada que deje de cumplir con los requisitos básicos; solamente se puede revocar si esta incurre en una falta grave, sin determinar qué es falta grave, agregó.

También citó el inconveniente de que la Constitución Política tiene, por herencia, principios que dan derechos para el costarricense y no se establecen límites. "Por ejemplo, han habido casos ante mi oficina de vigilantes que han sido pasados 36 veces por hurto, o robo, y sin embargo llegan a solicitar el carné y no hay ninguna norma que a mí me faculte a denegar este carné, porque estaría violando principios constitucionales de esa persona", dijo.

Explicó que la Dirección de Seguridad Privada ha establecido una serie de controles cruzados administrativos. "El más importante consiste en que la Dirección del Control de Armas no extiende un permiso de portación de armas si el vigilante no está inscrito en nuestra dirección, en donde llevamos un padrón fotográfico, fotocopia de la cédula, y demás datos personales. También hemos establecido comunicaciones con otras instituciones, como la CCSS, el INS, y el Departamento de Inspectores del Ministerio de Trabajo". La otra parte de estos controles han sido los operativos policiales de inspección, que consisten en revisar la documentación, revisar los permisos y la identificación de los vigilantes --muchos de ellos indocumentados. Con esto se ha conseguido decomisar más armas. Sin embargo, Paniagua considera que se debe modificar la Constitución Política, pues presentaron un recurso de amparo contra las inspecciones, y estas se han detenido.

Detalló que se encuentran registrados alrededor de 5,170 agentes de seguridad, y un total de 204 empresas de seguridad, algunas pequeñas y otras medianas. También hay registrados 4.371 vigilantes que pertenecen a las empresas comerciales, a consecuencia de algunas innovaciones que presentó la nueva Ley General de Policía, que cambió el concepto que existía. Antes se le llamaba a la vigilancia privada "policía auxiliar", y entonces se registraba solamente aquellas personas que se dedicaban a vender el servicio, ahora registramos a toda persona que realice la labor de vigilancia privada. Posiblemente el número de vigilantes privados se aumente un poco por los vigilantes que no han sido inscritos, pero hemos establecido un margen, y no puede haber más allá de un medio por ciento más del que tenemos", afirmó.

Sin embargo, la Dirección de la Seguridad Privada cuenta con muchas limitaciones. Sólo tienen 8 funcionarios para todo el país, de los cuales 4 son operativos y 4 administrativos. Además actualmente carecen de vehículos pues están en reparación. Esta limitación de recursos se debe a falta de presupuesto. A pesar de que se cuenta con la ayuda de la Fuerza Pública, se trata de una materia que requiere cierta especialización y además poder de movilización, pues se deben visitar áreas rurales. Hay muchas fincas en la zona de San Julián, Zapote, El Achiote y Sarapiquí, en donde los finqueros, para protegerse de las maniobras de algunos dirigentes que andan "precarizando" fincas (invasiones de tierras), se han visto obligados a contratar seguridad privada.

Paniagua dijo "no nos asustemos por la existencia de las empresas de seguridad, porque los empresarios responsables nos están ayudando". Destacó el alto porcentaje de cuido por la seguridad privada en las ciudades, instituciones públicas, y bancos. La seguridad privada no puede dejar de existir en un estado moderno, pero debe trabajar junto con el Ministerio de Seguridad Pública. También expresó la necesidad "urgente" de realizar reformas a la Constitución que permitan, además de respetar la libertad individual, controlar mejor a los cuerpos de seguridad privada.

Negocio privado

Erick Koberg explicó que la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad fue integrada hace poco más de dos años, con el objetivo de velar por los intereses comunes de la seguridad privada en una forma gremial y representativa. Dijo que la seguridad privada no es nueva, pues hay empresas de seguridad que tienen más de 25 años de trabajar en Costa Rica. "Las compañías de seguridad no son ejércitos pequeños, pues un ejército son 25.000 hombres, 100.000 hombres, pero el MSP registra 5.000 oficiales en el servicio de seguridad privada y 4.000 de empresas privadas que se dan su propia seguridad, con un promedio de unas 200 empresas, por lo que llegamos a 9.000 hombres prestando seguridad... eso está lejísimos de ser un ejército", afirmó Koberg. Además, en las compañías grandes, con 300 oficiales, estos rara vez se ven, a lo mucho a la hora de pago pueden coincidir 25 o 50 a la vez, el resto llega disperso a recoger su pago. Muchos de los 300 oficiales no saben quienes son los otros 100-150 que laboran en la misma empresa.

Reconoció que se ha dado una proliferación en los últimos diez años, y las empresas son integradas en gran parte por ex-policías que salieron del MSP o del OIJ y vieron una oportunidad interesante de entrar en un negocio. Los usuarios son pequeños empresarios que se dan su propia seguridad, finqueros que se han visto en necesidad de proteger sus fincas, ante precaristas que quieren invadirlas.

Según dijo, de las 200 compañías registradas ante el MSP, si acaso existen de 15 a 20 compañías grandes, es decir, con más de 300 oficiales, con una oficina instalada con central de comunicaciones, con supervisión, y con monitoreo. Explicó que la Asociación invitó a esas 200 empresas a afiliarse, pero sólo 15 lo hicieron, y las otras 185 no quisieron o no pudieron, pues consideraron que la membresía mensual de 15.000 colones era muy elevada.

Detalló que de las 185, unas 25 son compañías medianas, de 50 a 100 oficiales, que trabajan posiblemente en la casa del dueño con una estructura semi-organizada. De las restantes 160 que quedan, 155 son compañías desorganizadas. "Lo que pasa es que alguien dice que va formar una compañía, se va al Ministerio de Seguridad Pública, junta cinco personas y registra una empresa. Eso no es una compañía de seguridad, no tiene oficina, no tiene fax, con costo tiene teléfono, simplemente es el dueño que cobra a unos poquitos y está haciendo el negocio", afirmó.

También mencionó el caso de los "Guachimanes" (vigilante que realiza su labor en los barrios residenciales), de las organizaciones de barrios donde se han unido 10-15 personas que deciden darle servicio de policía al barrio y forman una pequeña compañía de seguridad. Entonces de esas 200 empresas, 150 no se pueden ubicar, muchas no tiene teléfono, no tienen fax y no hay forma de llegarles.

Koberg sostuvo que "el servicio de seguridad privado es un aliado de las fuerzas policiales del país, pero también es un negocio profesional y los que estamos en este servicio, estamos para hacer plata".

Explicó que el servicio de seguridad privado es una necesidad para el país; empresas, comercios, casas, bancos privados, bancos del estado, instituciones del estado contratan el servicio de seguridad privada. Ni el Ministerio de Seguridad Pública ni el OIJ pueden dar servicio de seguridad privada, porque con dificultad tienen recursos y gente para poder brindar el servicio que está exigiendo la comunidad.

El empresario rechazó que el servicio sea " peligroso" pues, según dijo, en una compañía profesional los oficiales que se reclutan pasan por un procedimiento riguroso de selección y análisis. Coincidió con Paniagua en la importancia de que a los que solicitan trabajar como guardas privados se les pueda exigir una constancia de que no tienen antecedentes personales, algo que conforme a las leyes actuales no es posible, por lo que estas deben modificarse. .

Mencionó que también se desarrollan procesos de capacitación, aunque no tendría sentido que se les exija el mismo curso básico policial de la Escuela de Policía del Ministerio de Seguridad, pues es un tipo de preparación diferente. "No los podemos mandar a llevar un curso de tres meses, ni que aprendan a disparar con M-16, pues esas cosas no se aplican en seguridad privada.

"Este es un negocio competitivo, estamos para dar calidad de servicio y hay mucha competencia. Todo eso nos obliga a ser eficientes en el servicio y tratar de no ser un obstáculo. Lejos de ser peligrosos, la seguridad privada es una necesidad, existe una gran demanda, y es una fuente de empleo muy importante,", explicó Koberg.

"Para tranquilidad de quienes consideran peligrosa la seguridad privada, les diría que a futuro, 15 ó 20 años, la seguridad va a cambiar y no vamos a ver compañías con 500 o 300 oficiales, sino seguridad electrónica donde se utilicen circuitos cerrados de televisión, mecanismos electrónicos de seguridad y más bien esa gran cantidad de gente va ir disminuyendo". Recordó que los oficiales de seguridad privados lo más que portan es una arma calibre 38 o una escopeta 12, pues la Ley de Control de Armas los regula para que ninguna persona privada que no sea del cuerpo de seguridad use armas de más grueso calibre.

Policía Comunitaria

Mario Zamora Director de la unidad de Policía Comunitaria del Ministerio de Seguridad Pública, señaló el ámbito en que se da la relación policía- población. En 1983 se contaba con 8.573 efectivos policiales frente a una población de 2.495.000 habitantes, lo que da una relación de un policía por cada 291 habitantes. En 1997, se contaba con 7.453 efectivos reales para una población de 3.510.000, resultando una relación de un policía por cada 471 habitantes." Si además agregamos que el servicio policial es un servicio permanente las 24 horas, que se tiene que subdividir en 3 turnos de 8 horas cada uno, todavía la cifra es más alarmante". En 1983 estos 8.573 efectivos de policía tenían que atender 23.291 denuncias, por cada efectivo existía 2.7 denuncias; mientras, en 1994, 8.587 efectivos atendían casi el doble de denuncias, 50.218, es decir, un efectivo frente a 5.8 denuncias.

En conclusión, hay una relación de déficit entre la oferta de servicio policial y las necesidades por parte de la sociedad. Es en ese contexto que se ha intentado incorporar al ciudadano a la materia de seguridad.

Recordó que a inicios de 1997 se establece en el MSP la Unidad de Seguridad o Policía Comunitaria que ha venido trabajando desde entonces. En este momento, 200 comunidades se están atendiendo a través de este programa, que promueve la prevención y la amplia participación ciudadana.

(Una amplia explicación sobre el proyecto de Policía Comunitaria fue ofrecida en la edición 27 del boletín del Diálogo Centromericano).

El proyecto se aplicó inicialmente en Hatillo (populoso barrio del sur de la capital), donde en 1996 el 65.4 por ciento de los ciudadanos dijo ser víctima de delito en los últimos 12 meses. En 1997 se muestra un sensible decrecimiento a 56.5, igual en relación a los robos y robos de vehículos, dijo Zamora al resumir los resultados del programa.

Sobre la percepción del delito que tiene la ciudadanía, explicó que en 1996 el 53.7 por ciento de la ciudadanía decía tener miedo de ser robado en la casa, pero en 1997 esa sensación decreció a un 21.6 por ciento. También, ante la pregunta de si "evita salir de noche, ya que no siente seguridad", en 1996 el 49.2 por ciento de la ciudadanía manifestaba esta sensación de inseguridad; en 1997 decreció a un 21.6. Es decir, hay una reducción sensible en lo que los ciudadanos sienten y piensan en cuanto al fenómeno de la seguridad, que esencialmente tiene que ver con su incorporación activa, su cercanía a una unidad policial y la acción recíproca de esta unidad policial, afirmó Zamora.

Mejorar relación

Por su parte, Fernando Zeledón, director de la maestría en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica , se refirió a algunos aspectos que limitan la participación ciudadana en el campo de la seguridad pública.

Citó una "paradójica relación entre una cultura individualista poco solidaria y una cultura paternalista", pues al costarricense cuesta organizarlo y comprometerlo para la acción comunal voluntaria.

Agregó que el Estado benefactor fomentó el paternalismo y se incubaron los sentimientos pasivos ante el poco o ningún esfuerzo que se tenía que hacer para acceder a la educación, salud, vivienda y otros servicios.

Mencionó la indefinición histórica de los cuerpos de seguridad, en especial de la Guardia Civil con una policía profesional de servicio.

Explicó que "en Costa Rica el policía no refleja la imagen de un líder comunal al servicio de los habitantes... en la población se mantiene la imagen del policía como un funcionario de baja o ninguna escolaridad, que viene del partido del gobierno, mal pagado, susceptible a la corrupción e impunidad, agresor y represor, un servidor que no sabe hacer su trabajo". Consideró que el MSP tiene que seguir esforzándose para mejorar la imagen del policía.

En el marco jurídico también se debe trabajar, sobre todo en la Ley General de Policía, donde los artículos que hacen referencia a las posibilidades de la comunidad de interactuar con la policía le dan a ésta un papel pasivo, indicó Zeledón.

Calificó como "gratificantes" los resultados del programa de la Policía Comunitaria, como un ejemplo de relación sociedad civil-policía.

Sin embargo, dijo que debía ponerse atención al hecho de que el ciudadano no percibe una cercanía con el policía de su vecindario. Zeledón afirmó que para que la participación ciudadana sea efectiva en la acción conjunta de lucha contra la delincuencia, es necesario al menos desarrollar tres políticas.

"En el plano educativo, mejorar el módulo de ayuda comunitaria en el plan de estudios de la Escuela de Policía, sobre todo lo relacionado con el liderazgo comunal. Desarrollar un plan educativo en las escuelas, colegios y grupos de interés comunal para inculcar una cultura participativa en materia de delincuencia. Realizar actividades de acercamiento del policía con el ciudadano como las que se han experimentado en la comunidad de Hatillo. En cuanto a política de seguridad, reiteró la necesidad de mejorar la capacidad operativa de los cuerpos de seguridad en lo que se refiere a transporte, radio comunicación, uniforme, etc. Y en el plano de la sociedad civil, generar vinculaciones más planificadas entre la policía y las organizaciones de desarrollo comunal.

Diálogo Centroamericano es producido por el Centro para la Paz y la Reconciliación de la Fundación Arias para la Paz y e1 Progreso Humano con el apoyo de la Fundación Ford.

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