Diálogo Centroamericano para la Paz y la Desmilitarización

Diálogo Centro-
americano

San José, Costa Rica
No. 29
Abril 1998

Honduras:

Congreso inicia análisis de Ley de Policía


El Congreso Nacional de Honduras comenzó a estudiar el 4 de marzo el proyecto de la ley orgánica de la Policía Nacional civil que, con la Dirección de Investigación Criminal (DIC), dependerán de un Ministerio de Seguridad. La posible fusión de estas dos policías es cuestionada por sectores sociales, por temor a que se politicen.

El proyecto fue entregado un día antes a los diputados, quienes escucharon la exposición de motivos del presidente del Congreso, Rafael Pineda Ponce, en la que remarcó que la Policía Nacional y la DIC no serán fusionadas, sino que trabajarán por separado.

Sin embargo, dijo que ambas estarán bajo un mando único del Ministerio de Seguridad, cuyo titular será nombrado por el presidente de la República.

El Foro Ciudadano Sobre Seguridad Pública, que aglutina a más de 25 organizaciones sociales, se opone a que la DIC y la Policía Nacional estén bajo un mismo mando, porque la seguridad podría ser politizada, como ocurrió con las policías pasadas.

Conceptos similares han expresado las bancadas de los partidos minoritarios Innovación y Unidad, Democracia Cristiana y Unificación Democrática, que en conjunto suman seis diputados, contra 67 del gobernante Partido Liberal y 55 del Nacional.

Pineda Ponce expresó que el proyecto de ley será aprobado en tres debates, que tendrá la suficiente discusión y que, incluso, serán escuchados los sectores que cuestionan la iniciativa y se oponen a que la DIC sea separada del Ministerio Público.

Añadió que el proyecto define a la Policía Nacional como "una institución permanente del Estado, apolítica y de naturaleza puramente civil".

Según el proyecto de la Policía Nacional, se creará el

Ministerio de Seguridad con una Subsecretaría de Investigación, de la que dependerá la Dirección de Investigación Criminal, y una Subsecretaría de Policía, que estará a cargo de la Dirección y adiestramiento de los policías.

El poder legislativo también propone la creación de una

Inspectoría de Policía, dependiente del Ministerio Público, que vigilará el funcionamiento de las dos policías, y de un Consejo Nacional de Policía, que presidirá el ministro de Seguridad.

El Consejo Nacional de Policía estará integrado por representantes del Ministerio de Gobernación, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Comisionado de Derechos Humanos y dos miembros de la sociedad civil representando al Consejo Ciudadano.

Otro de los puntos que cuestiona el Foro Ciudadano es el nombramiento de las personas que ejercerán los mandos intermedios.

El proyecto señala que los directores y subdirectores generales serán nombrados por el presidente de la nación y que los cargos recaerán en oficiales de policía de alto grado o bien en profesionales con grado académico y de reconocida honorabilidad.

Añade que no podrán desempeñar esos cargos miembros de las Fuerzas Armadas, los que tengan cuentas pendientes con el Estado, los vinculados a partidos políticos o quienes sean concesionarios del Estado y parientes cercanos a los altos cargos en la administración pública y jefes de las Fuerzas Armadas.

El Consejo Ciudadano considera que una policía con mando único reproduciría el estilo vertical y centralizado que ha imperado en las Fuerzas Armadas, que están interesadas en dirigir los mandos intermedios con oficiales de policía formados en una academia local por oficiales militares.

Si se sustrae la Dirección de Investigación Criminal del Ministerio Público, la sociedad civil sufrirá un retroceso político, porque la nueva tendencia en el mundo es la de separar la investigación del poder ejecutivo, advirtió el Foro Ciudadano.

Un ejemplo claro sobre el particular lo tiene Costa Rica, donde el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) depende de la Corte Suprema de Justicia, mientras que la policía preventiva está bajo el mando del poder ejecutivo.

El Consejo Ciudadano teme que los diputados creen una policía sin la credibilidad necesaria para promover el acercamiento con la comunidad. Eso supone que se reproducirá el mismo esquema de impunidad con que funcionó la policía bajo el control militar.


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