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Códigos de Conducta y el Comercio Legal de Armas Livianas Segundo de una serie que examina la proliferación de armas livianas Por Greg Puley La adopción a principios de este año del Código de Conducta europeo sobre comercio de armas y la consideración de una legislación similar en los Estados Unidos, son signos alentadores para aquellos que se preocupan por la devastación social causada por la violencia de las armas pequeñas. Aunque definitivamente no proveen una solución completa, los códigos de conducta debidamente cumplidos sin duda contribuirían a asegurar que las armas letales no lleguen a manos de aquellos que las podrían usar para la agresión o para abusar de los derechos humanos. A medida que una coalición de organizaciones no gubernamentales ha comenzado a formarse alrededor del tema de las armas livianas, los códigos de conducta siguen estando al centro de la discusión. Sin embargo, está claro que la campaña para un comercio de armas más ético será larga y difícil. Desde la firma del tratado de minas en 1997, mucha de la atención internacional se ha centrado en aprovechar el impulso generado por el "Proceso de Ottawa", a través de un movimiento internacional concertado para combatir la proliferación de armas livianas. Una forma de resaltar las dificultades que enfrentan quienes buscan el avance de este movimiento es comparando este proceso con el anterior. El problema que presenta la proliferación de armas livianas es mucho más complejo que el que se dio con las minas antipersonales. Afecta más regiones del mundo y se sostiene por intereses políticos y económicos. Además, mientras que había consenso internacional en cuanto a que el uso de las minas era ilegítimo, y que por lo tanto debía buscarse una prohibición categórica, no existe tal acuerdo con el uso de armamento liviano. Cada estado en el mundo lo utiliza para su defensa externa y su labor de policía. Comercio de muerte Los actores involucrados en el comercio de armas livianas son también más numerosos y difíciles de controlar que los que están involucrados en la fabricación y venta de minas. Se calcula que actualmente existen cerca de 300 firmas que producen pistolas de mano y otras armas de fuego portátiles que operan en más de 50 diferentes países. Y aunque en términos financieros el comercio de armas livianas es una fracción relativamente pequeña del comercio de armas en general, en términos humanos los efectos son enormes. Se calcula que las armas pequeñas y el armamento liviano suman el ochenta o noventa por ciento de las muertes en conflictos violentos hoy en día. La gran mayoría de sus víctimas son civiles y un número creciente de éstas son niños. Por eso, controlar el comercio de armas livianas debe ser una parte indispensable de cualquier esfuerzo concertado para avanzar en las metas de seguridad humana alrededor del mundo. Sin embargo, los intentos internacionales de controlar las armas tienen importantes obstáculos económicos, políticos y estructurales que superar. Entre éstos sobresalen los intereses económicos involucrados en lo que se ha convertido en uno de los sectores más importantes de comercio internacional. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, una estrategia económica común de los principales estados industriales, es financiar sus industrias de armas locales vendiendo en el exterior tantas armas como sea posible. Esta explotación tan vigorosa de mercados externos, se pensó, podría dar apoyo a la investigación interna y a los programas de producción, así como dar trabajo e inversión en la economía nacional. También podría ayudar a estimular regímenes más amigables durante los largos años de la Guerra Fría. Aún si los gobiernos o grupos receptores no podían pagar la transferencia propuesta, la ayuda financiera y los programas de crédito generosos se mantuvieron con el fin de sostener una sólida base industrial local. En términos prácticos, esta estimulación artificial del mercado internacional de armas llevó a un subsidio masivo de la industria de armas local y de la transferencia internacional de armas. Esta agresiva estrategia de ventas de armas ha tenido consecuencias desastrosas para la seguridad y bienestar de millones de personas en el planeta. Un problema ha sido la creación de economías de guerra permanentes en las naciones más poderosas de occidente, que gastan cantidades enormes de fondos públicos en la producción de bienes militares extravagantes y socialmente improductivos. Otro factor ha sido el enorme flujo de armas desde los países desarrollados hacia los subdesarrollados, acompañado de un flujo enorme de deuda en la dirección contraria. En 1995, las transferencias de armas al Tercer Mundo sumaron más de $21 mil millones, 85% de las cuales se originaron en los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La tendencia hacia la militarización a través del comercio se ha ido empeorando desde el final de la Guerra Fría. En los últimos 10 años, el gasto militar en naciones del grupo de más bajos recursos a nivel internacional ha aumentado en un 19%. En el mismo período, sólo los Estados Unidos han incrementado en más de la mitad su tasa de transferencias a los países del tercer mundo. Tampoco han habido restricciones basadas en las condiciones políticas o civiles del país receptor. Con base en los propios cálculos del Departamento de Estado, el 84% de las transferencias de armas de los Estados Unidos al tercer mundo van a regímenes no democráticos. La mayoría de las más importantes naciones exportadoras no presentan un mejor panorama. El costo directo en sufrimiento humano de esta cascada indiscriminada de armamentos es obvio. Solamente deben considerarse las más de cuarenta millones de personas alrededor del mundo que han muerto a manos de armas convencionales en los últimos cincuenta años. O hacer una lista de los abusadores de derechos humanos (incluyendo a Saddam Hussein, Mobutu Sese Seko y el Gen. Suharto) armados a través de transferencias provenientes de naciones industrializadas en el mismo período. O reflexionar acerca de la ironía de las incursiones recientes en Haití, Somalia, Irak y Panamá en donde las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos enfrentaron a tropas enemigas con armas provistas o financiadas por su propio gobierno. A pesar de esto, lo que recibe considerablemente menos atención son las consecuencias indirectas de la desviación masiva de recursos causada por programas de compras de armas a gran escala en las naciones más pobres del mundo. Los $191 mil millones de dólares gastados cada año por los países en desarrollo en sus fuerzas armadas, exceden su total de gastos en salud y educación combinados. Esto suma cuatro veces el total de la asistencia bilateral y multilateral que ellos reciben anualmente. Entonces, en sus efectos directos e indirectos, el comercio mundial y la proliferación de armas convencionales y armamento liviano representa no menos que una crisis humanitaria. A pesar de la abundante evidencia de la crisis y del sentimiento generalizado de la sociedad civil de que hay algo seriamente erróneo en el comercio de armas, la lógica hipnotizante de la producción militar basada en las exportaciones, le da a este sistema una estructura extremadamente resistente al cambio. Cualquier intento de control del comercio de armas, y de limitar los receptores de exportaciones potenciales, es inevitablemente atacado por clamores de protección al trabajo y la promoción de investigación local y el desarrollo. "Cuando se me critica por ser un comerciante de armas" dice el Ministro francés de Armamento Hughes de lEstoile, "siempre pienso que cuando firmo un contrato puedo garantizar por ejemplo 10000 trabajos durante tres años". Los franceses no están solos en su razonamiento; el mismo argumento se aplica en casi todos los países que exportan armas para justificar la transferencia que por cualquier estándar ético sería impensable. Alemania lo ha usado para proveer al gobierno de Indonesia en su represión del Timor Oriental; los Estados Unidos para ayudar a Turquía en su brutal campaña contra los separatistas kurdos; Holanda para ayudar a prolongar un conflicto extendido en el Chad. La tragedia de este frenesí de exportaciones es que esas transferencias grandes e incontrolables no son consecuencia de alguna circunstancia desafortunada o una situación de emergencia. Son el resultado inevitable de una industria de armas adicta a la exportación y manejada por las ganancias. Con tales sumas de dinero de por medio, y tantos proveedores deseosos, los gobiernos pueden con frecuencia volver al cómodo argumento que si ellos no suplen de armas a un receptor cuestionable, alguien más lo va a hacer. Además, debido a que las armas extranjeras se consideran cruciales para la protección de la producción y del trabajo a nivel local, este sistema de exportaciones casi indiscriminadas se presenta con frecuencia como algo necesario para el mantenimiento de la salud económica y la fortaleza política. Por estos extraños giros de la lógica, la participación en el comercio de armas unido a la economía de mercado y separado de cualquier limitación moral ha sido entendido como vital para los intereses nacionales de muchos de los países más ricos en el planeta. En forma conveniente, las consecuencias de la miseria humana acarreadas por este comercio se viven casi exclusivamente en las naciones más pobres. Control y sanciones El propósito central del código de conducta para el comercio de armas es aliviar esta miseria, al establecer los puntos de referencia morales que están tan claramente ausentes del sistema actual. Al requerir que cualquier receptor de armas propuesto cumpla estándares humanitarios claros, los códigos de conducta se hacen para evitar la transferencia de armas a conocidos agresores y violadores de los derechos humanos. A pesar de que el código propuesto a los Estados Unidos por Cynthia McKinney y Mark Hatfield en 1995 fue el primero en presentarse en un foro democrático importante, la Unión Europea fue la primera en adoptar uno como ley cuando se ratificó su Código de Conducta en Armamento en mayo de este año. El Código de Conducta europeo está diseñado como un régimen regulatorio más comprensivo, que reemplaza el débil "criterio de exportación común" establecido en 1991 y 1992. El Código estipula que una transferencia de armas propuesta no debería ocurrir si puede provocar o prolongar tensiones en el país receptor o si existe un riesgo claro que las armas se vayan a utilizar para un acto de agresión internacional. También prohibe la transferencia en situaciones donde haya un riesgo claro de que se van a usar para la represión interna, y especifica ciertos criterios como causales automáticas para el rechazo de una licencia de exportación, como abusos a los derechos humanos tales como tortura, detención prolongada y arbitraria y ejecuciones sumarias. Debido a que el Código ha sido de adopción relativamente reciente, queda por verse su efectividad para limitar las exportaciones de armas europeas a zonas de conflicto o regímenes con antecedentes cuestionables en derechos humanos. A pesar de que el Código de Conducta europeo generalmente ha contado con el respaldo de la comunidad internacional de ONGs, muchos de los interesados han apuntado que este contiene deficiencias críticas. En primer lugar, el Código no requiere que los estados que reciben las armas respeten por completo la ley humanitaria internacional, tal como se establece en las Convenciones de Ginebra. Tampoco requiere que permitan elecciones libres y justas o que participen en el Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas. Finalmente, el Código europeo no menciona los derechos civiles y políticos que deben disfrutar los ciudadanos del estado receptor propuesto, permitiendo por lo tanto la transferencia de armas a países donde no se puede expresar una oposición popular al régimen ni a las transferencias mismas. Estas debilidades del Código europeo son en particular notorias cuando se compara con la versión propuesta en los Estados Unidos por McKinney y Hatfield a la Cámara de Representantes. Su código contiene un criterio humanitario fuerte, y además requiere que el estado receptor sea una democracia, que participe en el Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas y que garantice los derechos civiles y políticos de todos sus ciudadanos. Debe expresarse, sin embargo, una nota de cautela al comparar un acuerdo europeo ratificado y operante con una propuesta en los Estados Unidos que aún tiene que aprobarse como ley. Además, el movimiento por el Código en los Estados Unidos enfrenta sus propios obstáculos importantes. Dentro de éstos cabe mencionar que los líderes del Congreso han insistido en una disposición que permita al Presidente pedir una excepción de "seguridad nacional" que podría anular el criterio del Código y permitir la transferencia de armas a un gobierno que de otra forma no sería elegible. Esta disposición incluso le permite al Presidente llevar a cabo tal transferencia en absoluto secreto si determina que es por el bien de la seguridad del estado. Aún con este enorme vacío, el Código no ha superado hasta ahora la oposición de la industria de armas y de los políticos inescrupulosos. A pesar de haber sido aprobada por mayoría en la Cámara, recientemente se dejó fuera de la Ley de Autorización de Relaciones Externas de 1998-1999 y por lo tanto afuera de la legislación actual en los Estados Unidos. Los argumentos utilizados en los Estados Unidos y en otras partes para la oposición a los códigos nacionales de conducta son los mismos que los que se han usado por décadas para justificar las ventas indiscriminadas de armas. ¿No debería cuidarse la salud de la base de defensa-industrial asegurando tantos mercados foráneos como sea posible? ¿Por qué debe una nación limitar sus actividades de comercio de armas cuando otras se niegan a hacerlo? ¿Por qué las compañías locales deben quedarse en espera mientras que ven jugosos pedidos que van a otros productores menos escrupulosos?. La gastada afirmación de que las transferencias inmorales se van a hacer de todos modos, no es excusa para que los estados tomen acciones unilaterales para limitar sus propias políticas de comercialización cuestionables. Sin embargo, apunta a la necesidad de acción internacional concertada. Debido a la ausencia de medidas multilaterales fuertes, aquellos a los que se les deniegue la transferencia de armas por un estado que opera con fuertes códigos de conducta puede simplemente llevar su negocio a otra parte. En un ambiente de post-Guerra Fría, en el cual hay una cantidad de nuevos estados independientes poseedores de armas y necesitados de efectivo, ellos no van a tener que buscar muy lejos. A pesar de que tal régimen internacional ciertamente está muy lejos de ser realizado, por lo menos una medida concreta se ha tomado hasta el momento que apunta en esta dirección. En mayo de 1997, el Dr. Oscar Arias y siete otros ganadores del Premios Nobel propusieron oficialmente un Código Internacional de Conducta sobre Transferencias de Armas. El Código busca extender al ámbito internacional el criterio de solidez democrática y derechos humanos y humanitarios que la propuesta de McKinney tendría para las transferencias de armas de los Estados Unidos. Demandaría no solo la participación del Registro de las Naciones Unidas de Armas Convencionales, sino también una fuerte oposición al terrorismo y un compromiso con la seguridad y la estabilidad regional. La Comisión de Premios Nobel trabaja en este momento en obtener apoyo internacional a su iniciativa con el objetivo de presentar el Código a la Asamblea General de las Naciones Unidas. A la fecha, diecisiete laureados han endosado el Código, incluyendo al Dalai Lama, Elie Wiesel, Desmond Tutu y la ganadora del año pasado, Jody Williams, quien lideró la campaña contra las minas terrestres. Código de Conducta Además de pretender evitar el mal uso de las armas, el Código Internacional patrocinado por la Comisión de Premios Nobel busca atacar las consecuencias indirectas del comercio de armas, causadas por la desviación masiva de recursos hacia los gastos militares. Muchas disposiciones del Código reflejan este énfasis. Una establece que el gasto militar total de los gobiernos receptores no exceda su presupuesto combinado para salud y educación. Otro, dirigido a prevenir la desastrosa carrera armamentista regional, obliga a que las transferencias no introduzcan significativos nuevos niveles de tecnología en una región, o provean a un gobierno de más armas de lo que razonablemente se podría considerar como necesario para su propia defensa. Este objetivo de limitar los gastos militares tiene, además, una importante función preventiva. Al exigir prioridad a lo social sobre lo militar, el Código de los Premios Nobel se dirige, en primer lugar, a aliviar las condiciones de exclusión y privación social que con frecuencia originan conflictos violentos. Más allá de simplemente obligar a que no se vendan armas a los dictadores, tiene la visión de un nuevo enfoque de seguridad internacional que pone al desarrollo humano antes que el poderío militar. Los códigos de conducta debidamente cumplidos prometen controles morales efectivos en una industria que hasta ahora ha operado primordialmente bajo los dictados de las ganancias y del realce del poder nacional. Pueden ayudar a asegurar que la búsqueda sin control de estas metas en el mundo desarrollado no resulte más en el encausamiento de armas mortales a regiones pobres e inestables. En este punto, los códigos de conducta representan un aspecto importante del movimiento internacional sobre las armas livianas. Sin embargo, la complejidad y dimensión masiva del problema de las armas pequeñas y el armamento liviano implica que los códigos por sí mismos no son suficientes. De hecho, estos solo se relacionan con el comercio de armas legales, mientras se sabe que una proporción considerable de la transferencia de armas livianas se lleva a cabo fuera de la ley. Un problema relacionado es el que se presenta por el arsenal masivo de armas livianas que existe actualmente. Los códigos de conducta necesitan complementarse con una vigorosa recolección posterior a los conflictos y con los esquemas de recompra diseñados para recoger las armas fuera de circulación, antes de que puedan ser recicladas y usadas de nuevo para ocasionar más caos. Finalmente y lo más importante, los códigos de conducta lidian solamente con el lado de la oferta en el tema de las armas livianas. A pesar de que el Código de los Premios Nobel ha dado algunos pasos importantes hacia la redefinición de la seguridad en cuanto al desarrollo humano, el simple hecho de restringir el comercio de armas no es un medio suficiente para aliviar la crisis humanitaria causada por la violencia con armas pequeñas. Para poder enfrentar el problema, la atención debe centrarse en terminar con la sistémica privación de las necesidades humanas básicas, que provocan que se recurra a la violencia para que sean tomadas en cuenta. Por lo tanto, aunque los códigos de conducta sostienen la promesa de un comercio de armas más ético, deberían considerarse sólo como un elemento de una estrategia más ambiciosa para combatir la plaga planetaria de la violencia con armas livianas. Diálogo Centroamericano es producido por el Centro para la Paz y la Reconciliación de la Fundación Arias para la Paz y e1 Progreso Humano con el apoyo de la Fundación Ford. Apartado 8-6410-1000, San José,
Costa Rica. |