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EL SALVADOR Ex patrulleros demandan asistencia La imposibilidad del gobierno salvadoreño de indemnizar a unos 25.000 ex- patrulleros que demandan una cantidad superior a los 2.000 dólares cada uno, fue reiterada el 5 de octubre por el presidente Armando Calderón Sol, en momentos en que los afectados realizaban una nueva protesta. Varios centenares de ex- paramilitares se concentraron en los alrededores de la casa de gobierno y exigen al mandatario que atienda sus demandas o negocie una salida pacífica a su situación, que calificaron de "precaria". Los ex- patrulleros aseguran que fueron reclutados a la fuerza por el Ejército para colaborar en la lucha antiguerrillera, pero al firmarse los acuerdos de paz entre el Gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en enero de 1992, quedaron al margen de los beneficios que les concedió a los soldados que fueron desmovilizados. Calderón Sol dijo que se procederá a otorgar pensiones, de 34,40 dólares mensuales, a los ex patrulleros que llenen los requisitos de una ley que fue aprobada en 1980 para los colaboradores de la Fuerza Armada, para lo cual ha girado instrucciones a los ministerios correspondientes. Señaló que el conflicto armado, que duró doce años, dañó a muchos grupos sociales no sólo en términos materiales sino de vidas y "si vemos y cuantificamos los destrozos de la guerra no hay recursos en El Salvador para hacerles frente". Calderón insistió en que "no todos los grupos se pueden satisfacer, ni demandar a estas alturas posiciones que son desde todo punto de vista inviables, no porque no se quiera cumplir, sino porque la nación no tiene esos recursos". Advertencia El director de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador, Rodrigo Avila, advirtió el 6 de octubre a los ex patrulleros que "no responderá" por la actuación de los agentes del orden si se producen nuevos incidentes como los del lunes. Agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la PNC dispersaron la noche del 5 de octubre con gases lacrimógenos y balas de goma una manifestación de los ex patrulleros civiles, quienes se mantuvieron durante más de doce horas en las afueras de la Casa Presidencial en espera de ser recibidos por el mandatario Armando Calderón Sol. Los ex- paramilitares, quienes no fueron incluídos en los beneficios sociales que otorgaron a los ex combatientes del Ejército y la entonces guerrilla, exigen al Gobierno una indemnización de 2.064 dólares, pero Calderón Sol ha insistido que no puede cumplir esa demanda por falta de fondos. En los disturbios, que tuvieron lugar frente a la catedral metropolitana, en pleno centro de San Salvador, ocho ex- patrulleros fueron detenidos por agredir a los policías y resistirse al arresto, mientras que dos agentes resultaron heridos y al menos 20 manifestantes sufrieron los efectos de los gases lacrimógenos. Los ocho detenidos fueron enviados por la PNC a la Fiscalía General de la República (FGR) para que les sean abiertos expedientes penales. Avila dijo que los ex- patrulleros agrupados en la Asociación de Productores Agropecuarios (APROAS) pretendían ocupar la catedral, actualmente en construcción, y que "lo que ellos quieren es combatir con la policía, y la policía no está para combatir contra nadie, sino para salvaguardar el orden". El director policial agregó que "estamos haciendo la advertencia y queremos dejar claro que si otra situación se da posterior a la que ha sucedido, no será responsabilidad de la policía (los resultados), porque estamos cumpliendo con la ley". Agregó que la UMO atacó, sin mediar palabra a los ex patrulleros, debido a que infringieron un artículo legal que obliga a las personas que realizan manifestaciones públicas a guardar una distancia de al menos tres metros de los agentes de seguridad. Por su parte, los dirigentes de APROAS exigieron al Gobierno la liberación de los ocho detenidos y que acceda a negociar las indemnizaciones. El dirigente de APROAS, Luis Alonso Molina, dijo que han integrado una comisión de negociación con el Gobierno, la cual esperan que sea recibida por el gobernante salvadoreño. Mientras, el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Eduardo Peñate Polanco, condenó el excesivo uso de la fuerza, en que a su juicio incurrió la PNC, aunque también criticó a los ex- patrulleros por utilizar a mujeres, niños y ancianos en sus manifestaciones. Peñate lamentó la "falta de prudencia, la alta agresividad y la violación de los derechos humanos físicos y morales" de la PNC hacia los ex paramilitares. Diálogo Centroamericano es producido por el Centro para la Paz y la Reconciliación de la Fundación Arias para la Paz y e1 Progreso Humano con el apoyo de la Fundación Ford. Apartado 8-6410-1000, San José,
Costa Rica. |