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EL COMERCIO DE ARMAS Y LOS DERECHOS HUMANOS Arnoldo Brenes* Necesidad de controlar el trafico de armas Dentro de lo posible, siempre es mejor prevenir que lamentar. Si se considera que el comercio indiscriminado de armas es un factor que incide directa o indirectamente sobre las violaciones de derechos humanos, se impone un imperativo moral muy poderoso de hacer algo al respecto. Antes que esperar que se desate un conflicto armado, o bien un patron sistemático de violaciones a los derechos humanos, desde todo punto de vista es preferible realizar labor preventiva, procurando eliminar aquellos factores que pueden incidir en estas situaciones. Sobre todo, generalmente es difícil para la comunidad de estados intervenir directamente dentro de un país donde se están violando sistemáticamente los derechos humanos de sus ciudadanos –a menos, claro está, que tales violaciones estén ligadas a conflictos armados internos de tal crueldad que la comunidad internacional se vea obligada a tomar acción según los lineamientos del Capítulo VII de la Carta de la O.N.U, o bien según mandatos regionales, como fueron las operaciones ECOMOG I y II en Africa Occidental. Sin embargo, lo que los estados si pueden y deben hacer es dejar de proveer instrumentos que contribuyen con esas violaciones de derechos humanos. Esta debería ser la política de todo estado verdaderamente consecuente con el discurso de derechos humanos. Momento favorable Las circumstancias actuales presentan condiciones favorables para aspirar a un comercio de armas más responsable. Entre las razones, desde luego, está el fin de la Guerra Fria y la desaparición de las aparentes motivaciones ideológicas o estratégicas que estimularon gran cantidad de las transferencias de armas en los años anteriores, armas que todavía siguen alimentando conflictos armados. El fin de la confrontación Este-Oeste también ha significado una mayor apertura hacia la cooperación entre antiguos rivales. A partir del fin de la guerra fria y sobre todo de la guerra de Iraq de 1991, ha habido una tendencia creciente hacia el desarrollo de iniciativas regionales y mulitilaterales para el control del trafico de armas convencionales. Entre ellas destacan la creación del Registro de Armas Convencionales de la ONU y el recientemente aprobado Código Europeo sobre Transferencia de Armas. Por otro lado, la multiplicación de organizaciones no-gubernamentales (ONGs) es un factor que puede efectivamente influir sobre las políticas estatales. A través de estas organizaciones y con la ayuda de los avances en telecomunicaciones, como el fax, el correo electrónico y la internet, miles de personas pueden unirse para presionar a los políticos para que se adhieran a principios éticos más estrictos. El proceso de Otawa, que concluyó con la firma por 122 países de la Convención sobre la Prohibición del Uso, Acumulación, Producción y Transferencias de Minas Terrestres Anti-personales y su Destrucción, el 3 de diciembre de 1997, es un excelente ejemplo del creciente poder de las ONGs –un poder que se incrementa con los avances en las telecomunicaciones. Un caso similar, aunque no tan exitoso, se dio también en 1997, en EE.UU., cuando la Cámara de Representantes del Congreso aprobó una moción para incluir un Código de Conducta sobre la Transferencia de Armas como parte del "Foreign Relations Authorization Act". Aunque finalmente la aprobación de este Código de Conducta estadounidense no se dio, pues se excluyó de la discusión posterior por el Senado, se debe reconocer que este logro inicial fue producto en gran medida del trabajo de cientos de activistas, tanto dentro de EE.UU. como en otros países que, con la ayuda principalmente del correo electrónico, lograron trabajar en forma coordinada, y a la vez difundir información valiosa al público mientras ejercían un intenso cabildeo sobre los políticos estadounidenses. Razones éticas Conforme los ciudadanos tienen mayor acceso a la información, y conforme aumenta su capacidad de cabildeo, las consideraciones éticas podrían y deberían llegar a jugar un papel más importante en la política y en las relaciones internacionales. Precisamente, la doctrina de los derechos humanos ha permeado el globo. Es difícil para la gente no commoverse ante las escenas de violencia y pobreza que los medios de comunicación nos transmiten a diario. Por lo tanto, parece apropiado reflexionar sobre la relación entre el comercio de armas y las violaciones a los derechos humanos como un tema que puede sugerir direcciones importantes para la labor preventiva de violaciones a los derechos humanos. Razones prácticas Desde luego, hay otra serie de razones no-eticas o pragmáticas que indican que es estratégicamente conveniente controlar el tráfico de armas. El llamado "efecto boomerang" demuestra el costo de armar a gobiernos represivos e inestables. El caso clásico es Irak, donde países como EE.UU., el Reino Unido y Francia tuvieron que enfrentarse luego a un dictador que ellos armaron, llegando sus soldados a enfrentarse contra las armas y tecnología que sus propios gobiernos suplieron. En el caso particular de EE.UU., las últimas cinco veces que ha enviado soldados para intervenir en situaciones de conflicto armado en Panamá, Iraq, Somalia, Haití y Bosnia, sus tropas se ha tenido que enfrentar a fuerzas que han sido armadas y entrenadas por los mismos estadounidenses. Todo esto sin mencionar los enormes costos económicos que significan las operaciones de mantenimiento de paz. Por otro lado, cuando los países productores de armas de alta tecnología, como son los aviones de combate o misiles "inteligentes", las transfieren a otros estados, se ven obligados a gastar miles de millones de dólares sólo para desarrollar armas más sofisticadas en su afán por mantenerse a la delantera. Esto desde luego significa un gran costo económico para estos países exportadores de armas, mientras que son las industrias fabricantes de estas armas las que generalmente se benefician. Comercio de armas y derechos humanos En cuanto a la relación entre las transferencias de armas y las violaciones a derechos humanos, hay por lo menos tres maneras como estas transferencias pueden contribuir con las violaciones. Me concentraré en armas convencionales y armas livianas, pues son estas las más frecuentemente usadas. 1.- Las compras de armas consumen escasos recursos La primera forma en que el comercio de armas contribuye a violar derechos humanos es una relación económica: el dinero y recursos usados por paises pobres para adquirir armas, que en la mayoría de los casos son más bien usadas para oprimir a la gente, pudieron haber sido empleados para satisfacer necesidades básicas de los ciudadanos. Esta relación indirecta contribuye a violar sobre todo derechos economicos y sociales como son el derecho a un nivel de vida decente, incluyendo alimentación, vestido y vivienda (art 25 Declaración Universal --DU-- y 11 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales --PDESC--), a la educación (art 26 DU y 13 PDESC), al trabajo (art 5 DU y 6 PDESC) y así sucesivamente. Este argumento tiene dos puntos delicados. a) El primero es que estos derechos de segunda generación no son tan facilmente reclamables como sí lo son la mayoria de los derechos civiles y políticos, puesto que su realización depende de los recursos económicos de un estado, por lo que la doctrina tiende a considerarlos más bien como derechos programáticos o aspiraciones. Si los estados no tienen recursos suficientes para construir escuelas, hospitales o darle empleo a sus ciudadanos –se argumenta—no se les puede obligar a lo imposible. En parte por esto es que los derechos economicos, sociales y culturales se enunciaron en un pacto separado a los derechos civiles y políticos, los que usualmente se considera que se deberían poder cumplir en cualquier momento y lugar. A pesar de esto, los estados que han suscrito la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adquirieron un compromiso moral de hacer lo posible por proveer a sus ciudadanos con las circumstancias para que puedan disfrutar de estos derechos. Destinar recursos a la guerra o a la opresión en ultima instancia es una forma de negarle educación y oportunidades a la gente. Precisamente, si el argumento que se invoca para desconocer la existencia de estos derechos de segunda generación es la falta de recursos, esta justificación pierde validez desde el momento en que los escasos recursos de una nación se gastan en la compra de armas. b) Precisamente, otro aspecto delicado de este argumento es lograr establecer la causalidad entre el gasto en armas y la pobreza, y más específicamente la falta de satisfacción de necesidades básicas de la gente. Esto sobre todo por la cantidad de variables que pueden estar presentes. Sin embargo, el mero sentido común indica que una cantidad de dinero específica que se emplea en armas igualmente se pudo haber utilizado en otros fines de mayor utilidad social. Por ejemplo, el Informe del PNUD de 1994 muestra algunos cálculos del costo de oportunidad que la adquisión de armas podría haber significado para algunos países:
Pero los efectos de las compras de armas no se limitan a los países en vías de desarrollo. Se requería solamente de una fracción de los $272 mil millones gastados por EE.UU en sus Fuerzas Armadas en 1997 para eliminar la falta de vivienda o el analafabetismo en ese país. Estos son solo unos ejemplos entre varios. Si hay algo claro es que, en general, la adquision de armas es la peor inversión que un país puede hacer, porque idealmente no se deberían utilizar, por lo que el dinero se pierde y, si se utilizan, son fuente de sufrimiento humano. 2.- Las armas contribuyen a iniciar y perpetuar conflictos armados La segunda forma en que el comercio de armas puede servir para violar derechos humanos es aumentando la posibilidad de que surja un conflicto armado o bien prolongando innecesariamente aquellos que ya han estallado. La guerra y los conflictos armados, tanto entre estados como dentro de los estados, pueden constituir la mayor violación a toda la gama de derechos humanos, comenzando por el derecho a la vida misma. Esta relación entre las transferencias de armas y el potencial para el conflicto se puede analizar en tres niveles: el regional, el estatal y el personal. a) A nivel regional o interstatal, a pesar de que las transferencias de armas por sí solas no son causa directa de la guerras, sí aumentan el potencial de conflictos armados a nivel regional. El patrocinio militar externo –incluyendo las tranferencias de armas—de parte de algunas potencias a países del tercer mundo, ha hecho que paises relativamente pobres como Nicaragua, Etiopia o Siria pudieran llegar a desarrollar modernos aparatos militares, desproporcionados a las posibilidades reales de estos países. Esto a su vez incide en las posibilidades de desestabilidad regional, o bien hace que las soluciones cooperativas a los conflictos sean menos probables. Por otro lado, estos aparatos militares hipertrofiados y todopoderosos sirven para marginar a aquellos grupos dentro de un estado que intentarían lograr soluciones pacíficas a conflictos regionales. En Centroamérica, el ejemplo de Nicaragua es particularmente claro. Con la ayuda soviética y cubana, Nicaragua logró armar un ejército de más de 80,000 hombres durante los primeros años de la decada de los años 80, con el pretexto de defenderse ante una invasión por parte de EE.UU. Esto, a su vez, fue percibido por los países vecinos como una amenaza a su seguridad, contribuyendo a la crisis de seguridad regional. Aún en Costa Rica, ante el temor al poderío militar del vecino del norte y de una inminente amenaza –sentimientos exacerbados por los medios de comunicación—algunas personas incluso comenzaron a abogar por la reinstauración del ejército. b) A nivel estatal, el apoyo externo para el desarrollo de fuertes aparatos militares en países en desarrollo también es una fuente de conflictos potenciales, pues la balanza de poder social se inclina desfavorablemente hacia estos sectores militares, los cuales en algunas ocasiones son las primeras instituciones sociales modernas que aparecen en estas sociedades. Estos aparatos militares, al tener el monopolio de la violencia, ejercen el poder político, ya sea directamente, sirviendo como intermediarios entre diferentes élites, o bien controlando a los gobernantes civiles, y frecuentemente impidiendo el surgimiento de formas de gobierno democráticas. Bajo estas condiciones, el potencial para conflicto armado está siempre presente, así como la consiguiente fragilidad del estado y sus insituciones. En el continente africano abundan exemplos de este fenómeno. La proliferación de armas, en general, contribuye a crear y perpeturar "culturas de violencia", con secuelas que van desde la concepción de las armas como un símbolo de "masculinidad" hasta la legitimación de violaciones de las derechos humanos como una forma válida de gobierno. Además, las transferencias masivas de armas, en especial de armas livianas, pueden contribuir a prolongar innecesariamente aquellos conflictos armados existentes o latentes. Un ejemplo entre muchos es el caso de Angola. Durante la decada de los años 80, la Unión Sovietica abasteció al Movimiento para la Liberación Popular de Angola (MPLA) con alrededor de $2 mil millones anuales en armas, mientras que EE.UU. y Sudafrica conjuntamente aportaron alrededor de $500 millones en armas livianas y medianas a los rebeldes de la Union Nacional para la Liberación Total de Angola (UNITA). Luego de las elecciones de 1992, en las cuales gano el MPLA, UNITA tenía tal cantidad de armas almacenadas que facilmente pudo ignorar estas elecciones y reasumir el conflicto armado, el cual dejó unos 500 mil muertos más hasta el nuevo cese al fuego en 1994. c) Finalmente, a nivel individual, las condiciones descritas anteriormente claramente contribuyen a violar los derechos de los ciudadanos, en especial los derechos civiles y políticos. Aquellos que se atreven a clamar por espacios de mayor apertura democrática dentro de algunos regimenes dictatoriales arriesgan la muerte, el encarcelamiento o la tortura. Y esto se refiere principalmente a la tercera forma como el comercio de armas contribuye a las violaciones a los derechos humanos. 3.- Las armas son usadas en contra de las personas Por último, la tercera forma como las transferencias de armas pueden afectar los derechos humanos es la más directa, y se refiere al uso que los gobiernos o bien fuerzas insurgentes pueden darle a esas armas para emplearlas en contra de la población. Existen varios estudios que claramente señalan este vínculo. Por ejemplo, en 1992 Human Rights Watch estableció el Proyecto sobre Armas, el cual busca monitorear casos documentados de violaciones de derechos humanos, trazando las armas utilizadas hasta sus fuentes. Esto con el fin de estimular a los gobiernos a cesar transferencias de armas a fuerzas abusivas. Este proyecto ha presentado estudios sobre Turquía, Angola y Rwanda, entre otros, y la información relevante se encuentra disponible en su página web. El principio que motiva este trabajo de Human Rights Watch es que el exponer a los proveedores de armas ante la opinión pública es un medio eficaz para ayudar a controlar el tráfico de armas. En el caso de Turquía, por ejemplo, el informe presenta los resultados de 29 casos individuales de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario por las fuerzas de seguridad turcas durante los años 1992-95, ubicando las fuentes de las armas utilizadas. El conflicto con los Kurdos ha resultado a la fecha en más de 19.000 muertos, incluyendo alrededor de 2.000 ejecuciones sumarias de supuestos simpatizantes de los Kurdos, 2 millones de desplazados internos y más 2.200 pueblos destruídos. Siendo miembro de la OTAN y un aliado estratégico para la política exterior de EE.UU. hacia el Medio Oriente, Turquía se ha visto beneficiada por varios programas de transferencias de armas. Los miembros de la OTAN le han vendido y donado a Turquía grandes cantidades de armas, incluyendo más de 500 aviones de combate, 500 helicópteros de combate, 5.000 tanques y miles de armas livianas. Estados Unidos ha proveído alrededor del 80% de estas armas. El estudio de Human Rights Watch determina claramente que los aviones de combate suministrados por EE.UU. fueron utilizados para atacar y destruir poblaciones civiles y que los helicopteros fueron usados para destruir pueblos, realizar ejecuciones sumarias, tortura y fuego indiscriminado. También se determinó que otras armas convencionales y livianas provenientes de EE.UU. y otros miembros de la OTAN fueron utilizadas en otros incidentes de violaciones a los derechos humanos. El gobierno de Estados Unidos estaba al tanto de esto, según consta en un reporte del Departamento de Estado de 1995. Por su parte, el estudio también determinó que las fuerzas Kurdas también cometen serias violaciones a los derechos humanos, tales como ejecuciones sumarias y fuego indiscriminado e intencional contra civiles. Mientras que algunas de las armas del Partido Kurdo probablemente fueron suministradas por Irán, Armenia y Siria, la gran mayoría probablemente fueron obtenidas en mercados negros a través de Europa, el Oriente Medio y Asia central. Vale la pena señalar que Gran Bretaña y Finlandia han continuado transfiriendo armas y municiones a Turquía a pesar de la puesta en práctica del Código Europeo sobre Transferencias de Armas en mayo de 1998. Turquía también se encuentra envuelta en una disputa territorial con Chipre, lo cual técnicamente la debería rendir no-apta para recibir transferencias de armas, según los lineamientos del Código Europeo. Como EE.UU. y los países de la OTAN tienen en Turquía un importante aliado ante eventuales conflictos en el Medio Oriente, las consideraciones estratégicas y económicas parecieran en este caso ser más fuertes que las morales. En el caso de Angola, Human Rights Watch ha presentado dos informes. El primero se refiere al periodo entre las elecciones de 1992 y 1994, en el cual han muerto alrededor de 100,000 civiles, determinando que tanto el gobierno como las fuerzas rebeldes de UNITA fueron responsables de violaciones al derecho humanitario. Entre 1993 y 1994, el gobierno de Angola compró alrededor de $3.5 billones en armas a Rusia, Brazil, Corea del Norte, España, Portugal, Bulgaria, la República Checa, Ucrania y Uzbekistan. UNITA también compró grandes cantidades de armas a vendedores privados y a gobiernos como Sudafrica, Zaire y Namibia. El segundo estudio determinó que a pesar de los acuerdos de paz y las prohibiciones para que se les vendieran armas, el gobierno siguió recibiendo armas de Rusia y Ucrania, y UNITA trajo nuevas armas desde Zaire y Congo. Otro caso bastante publicitado es el de Indonesia y la invasión de Timor Oriental. Por su anticomunismo, el antiguo regimen del General Suharto recibió amplio apoyo de los países occidentales. El gobierno de EE.UU. le facilitó a los militares Indonesios alrededor del 90% de las armas que necesitaron en las campañas claves contra Timor Oriental, y el apoyo militar se incrementó de $83 millones en 1975 a $131 millones en 1978 y $146 millones en 1982. Como es bien sabido, la invasión de Timor Oriental ha resultado en genocidio y otras violaciones masivas de derechos humanos. De una población de 650,000 personas, se estima que 210,000 personas murieron. Luego de la invasión, los indonesios mataron a todos los maestros que habían establecido el sistema educativo. Otros patrones de violaciones a los derechos humanos incluyen torturas, tratos excesivamente crueles a prisioneros políticos, desapariciones, entre otros. Sin embargo, el conflicto también ha tenido costos para Indonesia. Alrededor de 20,000 soldados indonesios han muerto, y los calculos del costo economico del conflicto oscilan entre $1millon al día según el Instituto Católico para las Relaciones Internacionales y $100 millones al mes, según José Ramos Horta. El congreso estadounidense, nuevamente como reacción a la presión popular, aprobó recientemente una ley para prohibir transferencias de armas a Indonesia, aunque otros países como Francia y el Reino Unido lo continúan haciendo. La salida del General Suharto no parece haber mejorado la situación del Timor Oriental. Estos casos presentados muestran como los tres posibles vinculos causales entre las transferencias de armas y violaciones a los derechos humanos usualmente se combinan, resultando en situaciones de violencia prolongada, deterioro de las economías y los consiguientes aumentos de la pobreza. En particular las armas livianas obtenidas durante la guerra fria siguen siendo fuente de inseguridad y violaciones a los derechos humanos al ser utilizadas para transformar el desacuerdo político en conflicto armado, o bien siendo usadas por delincuentes comunes o narcotraficantes organizados. Necesidad de un Código Internacional de Conducta sobre Transferencias de Armas Todo esto sugiere la importancia de que se desarrollen criterios para el control del tráfico de armas como una forma de prevenir estas posibles violaciones de derechos humanos. En la década de los años 90 se ha avanzado bastante en este sentido, aunque todavía falta mucho por hacer. Definitivamente, un control efectivo de las transferencias de armas requiere un acuerdo global, pues de lo contrario el argumento de que "si nosotros no vendemos otros lo harán" continuará dándole primacía a lo económico sobre lo moral. La iniciativa, por lo tanto, debe venir del nivel más alto y universal posible, por lo que el mecanismo ideal sería un Codigo Internacional de Conducta sobre Transferencias de Armas adoptado a nivel de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Otra alternativa sería que fuera aceptado y firmado fuera de la ONU, como fue el caso de la Convención de Otawa sobre Minas Terrestres. Desde luego, ambas posibilidades no son excluyentes por lo que, sin dejar de aspirar a que eventualmente se apruebe un texto similar en la ONU, los esfuerzos iniciales podrían concentrarse en lograr el apoyo político y de base para lograr una convención internacional para un comercio responsable de armas. Este Código Internacional, que serviría para armonizar diferentes políticas nacionales y regionales, basaría la autorizaciones de las exportaciones de armas convencionales y livianas en los antecedentes en el respeto de los derechos humanos y derecho internacional humanitario por parte de los gobiernos receptores, entre otros criterios. Con el fin de evitar el derroche de escasos recursos en compras de armas en detrimento de la satisfacción de necesidades básicas de los ciudadanos, el Código podría establecer como criterio que el gasto militar total del gobierno receptor no exceda su presupuesto combinado para salud y educación Además, debería estar fundamentado en el Registro de Armas Convencionales de la ONU, aumentado para que incluya los depósitos y abastecimientos domésticos así como una categoría adicional de armas livianas. Así, el Código Internacional de Conducta establecería como requisito para legitimar una transferencia de armas que el país receptor participe plenamente en el Registro, por lo que el Codigo y el Registro se complementarían mutuamente como mecanismos de transparencia y promoción de transferencias responsables de armas. Al igual que el Registro, idealmente la participación en el Código debe ser voluntaria, y sería un gran aporte en la construcción de confianza entre países. El Código Internacional de Conducta sobre Transferencias de Armas actualmente propuesto por la Comisión de Premios Nobel se basa en estos y otros principios. Respaldado hasta la fecha por 16 Premios Nobel, y numerosas organizaciones dedicadas a la paz y la desmilitarización, este Código respresenta el principal esfuerzo a nivel global por lograr un comercio de armas más responsable. Sin embargo, si se considera el consenso necesario para que la iniciativa del Codigo Internacional sea aprobada en el seno de la ONU, parece poco probable que se convierta en realidad a muy corto plazo. Por lo tanto, acciones intermedias y preparatorias para la adopción de un futuro Código Internacional podrían incluir el desarrollo de esquemas regionales para controlar las transferencias de armas, utilizando la experiencia de la Union Europea. De esta forma se podrían establecer mecanismos parecidos en América, Africa y Asia. Al fin y al cabo, si bien los países productores tienen el deber moral de participar, también lo tienen otros países que si bien no son productores igual exportan armas, e incluso los países compradores. En última instancia, el control responsable del comercio de armas depende tanto de los vendedores como de los compradores. Después de todo, en general los países pueden escoger si adquieren o no armas. Sin embargo, en gran parte de los países del tercer mundo que compran armas no existen las condiciones para que la opinión pública se manifieste en contra de dichas compras, o en contra de cualquier otra decisión de sus gobiernos para ese caso. Recordemos que alrededor del 85 por ciento de los gobiernos a los que EE.UU. le transfiere armas son calificados por el mismo Departamento de Estado como violadores sistemáticos de derechos humanos. Por el contrario, en muchos de los países vendedores, que son las principales democracias del mundo, sí hay mayor posibilidad de que las personas puedan ejercer influencia sobre sus políticos. Por consiguiente, en estos países las personas pueden y deben jugar un papel muy importante para que sus gobiernos se adhieran a principios éticos a la hora de exportar armas. Los derechos humanos no existen sin sus correspondientes deberes humanos, siendo el principal no realizar acciones conscientes que contribuyan a violar los derechos humanos de los demás. Si el vínculo entre el comercio de armas y las violaciones a los derechos humanos queda establecido, directa o indirectamente, se impone el deber moral de cesar estas acciones a aquellos que predican el discurso de los derechos humanos. Diálogo Centroamericano es producido por el Centro para la Paz y la Reconciliación de la Fundación Arias para la Paz y e1 Progreso Humano con el apoyo de la Fundación Ford. Apartado 8-6410-1000, San José,
Costa Rica. |