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EL SALVADOR Más de 35.000 hombres armados No logran detener criminalidad
Más de 35.000 hombres armados, entre agentes de la Policía Nacional Civil y de empresas privadas de seguridad, no dan abasto para detener la ola de criminalidad y delincuencia que vive El Salvador. En tanto, distintas voces, como los principales gremios empresariales y los miembros de la antigua guerrilla del FMLN, coinciden en señalar la gravedad de la situación y formulan distintas propuestas. La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) convocó a una manifestación pacífica en contra de la delincuencia, fenómeno que, según la Fiscalía General salvadoreña, se cobra un promedio diario de 17 vidas, cifra mayor a la registrada durante la pasada guerra civil que duró doce años. El diputado Manuel Melgar, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Parlamento, dijo que en la actualidad existen en el país 85 empresas privadas de seguridad, con un total de 17.500 agentes, de las cuales ninguna funciona con autorización legal. Melgar explicó que las empresas dedicadas a esta actividad proliferaron a partir de la aprobación, en 1994, de la "Ley de los servicios privados de seguridad", creada con el fin de coadyuvar a contener la delincuencia que se desató tras la firma, dos años antes, de los acuerdos de paz entre el Gobierno y la guerrilla. Dichos pactos ordenaron la desmovilización de la mitad de los efectivos del Ejército, unos 35.000 hombres, y de los 9.000 guerrilleros, quienes en su mayoría aún no cuentan con empleos permanentes y aceptablemente remunerados, según asociaciones que han conformado. Además, 20.000 ex patrulleros (paramilitares) aún reclaman indemnizaciones al Gobierno bajo el argumento de que, si bien nunca se les reconoció oficialmente como miembros del Ejército, fueron utilizados por éste en la lucha contrainsurgente. Los acuerdos de paz también establecieron la disolución de la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda y la Policía Nacional. Sólo un 20 por ciento de los efectivos de la Policía Nacional podrían por ley ingresar en la Policía Nacional Civil (PNC), creada en los acuerdos de paz como única institución para velar por el orden público. En la actualidad, la PNC cuenta con unos 17.000 agentes que se forman en la Academia Nacional de Seguridad Pública, que también tiene la responsabilidad de ofrecer cursos obligatorios a los agentes privados de seguridad. Los acuerdos de paz establecieron la recolección de las armas privativas de la Fuerza Armada que estaban en manos de civiles, pero fuentes diplomáticas insisten en que muchas pueden estar en poder de bandas organizadas de delincuentes. Empresarios proponen reformas La cúpula de la empresa privada salvadoreña entregó el 29 de octubre una amplia propuesta de reformas de los códigos Penal y Procesal Penal al presidente de la República, Armando Calderón Sol, destinada a reducir la delincuencia. El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Ricardo Simán, dijo durante un discurso en la Casa Presidencial que la iniciativa pretende "simbolizar la preocupación de la sociedad ante la creciente ola de criminalidad". Agregó que la delincuencia común, herencia de la pasada guerra civil que vivió El Salvador entre 1980 y 1992, pone "a prueba nuestra voluntad para trabajar honradamente en un medio hostil y a nuestras autoridades su capacidad para brindar a todos los ciudadanos la seguridad a la que constitucionalmente tenemos derecho". Los empresarios salvadoreños, que han creado el Movimiento Unidos contra la Delincuencia, incluyen en el documento entregado al Gobierno 61 reformas al Código Penal y 30 al Código Procesal Penal, ambos vigentes desde el pasado 20 de abril. "No es necesario hacer un recuento pormenorizado de los horrendos crímenes de que han sido víctimas niños, mujeres, ancianos y familias enteras", indicó Simán, quien añadió que la empresa privada sufre "grandes pérdidas por asaltos y robos; por los cobardes actos de secuestro, asesinatos y extorsión de pequeños y grandes empresarios". Causas El dirigente empresarial dijo que los orígenes de la violencia y de la delincuencia común son producto "del tránsito de la guerra a la paz, la gran cantidad de armas que quedaron dispersas y sin control al concluir las hostilidades, la supresión de los antiguos cuerpos de seguridad y la situación económica". Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Luis Cardenal, dijo que la propuesta general del sector empresarial para erradicar la delincuencia y el crimen organizado en el país tiene cinco componentes. Precisó que pretende, en primer lugar, crear conciencia en la ciudadanía sobre la necesidad de que denuncie todo acto de delincuencia; la organización y participación de los ciudadanos en "comités de vecinos" para la autodefensa; apoyo y fortalecimiento del Estado de Derecho y apoyo al fortalecimiento de las instituciones del Estado. Además, se incluye la exigencia del fiel cumplimiento de sus obligaciones a los funcionarios gubernamentales y la vigilancia del cumplimiento de las leyes. FMLN : "guerra sin tregua a la delincuencia" El candidato presidencial del ex guerrillero FMLN, Facundo Guardado, anunció el 21 de octubre, la decisión de su partido, el principal de oposición, de "declarar una guerra sin tregua a la delincuencia" y propuso al Parlamento salvadoreño que apruebe un refuerzo presupuestario para la policía. "Compartimos el clamor y la angustia de la ciudadanía; hasta ahora el gobierno no ha tenido la voluntad política ni la decisión de enfrentar la delincuencia y más bien ha sido tolerante con la anarquía y el desorden", afirmó Guardado. El líder del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional consideró que la Policía Nacional Civil (PNC) necesita disponer urgentemente de al menos 500 vehículos más para movilizar a sus agentes y contar con un millar de radios de comunicación. Guardado dijo que la PNC necesita también mayor capacidad investigativa y el fortalecimiento de sus grupos especializados de choque contra las bandas organizadas, y consideró necesario que esa policía depure sus filas y actúe acorde a las leyes para aumentar la confianza de la población que, a su criterio, se encuentra "en silencio, amedrentada, sin que pueda contarse con testigos de los hechos delincuenciales". Diálogo Centroamericano es producido por el Centro para la Paz y la Reconciliación de la Fundación Arias para la Paz y e1 Progreso Humano con el apoyo de la Fundación Ford. Apartado 8-6410-1000, San José,
Costa Rica. |