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Numero especial: HONDURAS HACIA EL DESARROLLO DE POLITICAS DE SEGURIDAD INTEGRALES Sin duda, la inseguridad ciudadana se ha convertido en una de las principales preocupaciones en la Centroamérica de la post-guerra fría. Este hecho ha quedado patente en las diversas reuniones que el Diálogo Centroamericano ha convocado, tanto en la conformación de los capítulos nacionales como en la ejecución de iniciativas específicas en cada país, así como en las encuestas realizadas por divesos medios. Aumentos en la cantidad e intensidad de los delitos, crimen organizado, proliferación de armas en manos de ciudadanos y delincuentes, y violencia social general son algunos de los síntomas de este problema. Ante esto, la ciudadanía desesperada clama por soluciones. Estas, sin embargo, en muchos casos han tendido a concentrarse en soluciones represivas más que preventivas, ignorando las raíces mismas de los problemas y resultando en improvisaciones peligrosas que en realidad no resuelven la situación. Por ejemplo, si las políticas de seguridad ciudadana se concentran únicamente en el aumento en la duración de las penas privativas de libertad, y estas no tiene el efecto esperado de reducción de los delitos, el próximo paso podría ser la instauración de la pena de muerte, que probablemente tampoco tendría un efecto disuasivo importante como para disminuir la tasa de delitos. Y cuando la pena de muerte falle, ¿que seguirá? En otros casos, la lucha contra la delicuencia y el narcotráfico se han utilizado como justificación para un resurgimiento del militarismo en centroamérica –al igual que en otras partes del mundo. Soldados combatiendo los delicuentes y patrullando las calles nuevamente son síntomas de un retroceso en el largo y delicado proceso de eliminación de las funciones policiales de los ejércitos para trasladárselas a fuerzas de policías civiles bien entrenadas y equipadas. En Centroamérica fue necesario concluir las guerras para que se pudiera llegar a la separación de las funciones de seguridad pública de los ejércitos, un principio fundamental en relaciones civiles-militares sanas: los militares se encargan de proteger al país y sus habitantes frente a amenazas al territorio, la soberanía o la institucionalidad democrática, mientras que la seguridad pública y la lucha contra la delincuencia serán la responsabilidad de los cuerpos de policía civil. La lógica de este principio es evitar la posibilidad de un papel represivo del ejército hacia la población, lo cual ha sido la tradición en regímenes autoritarios o dictatoriales. Esta separación se dio en El Salvador a raiz de los acuerdos de paz de 1992, en Guatemala en 1996, igualmente producto de los acuerdos de paz, y en Honduras a mediados de 1997. Por el contrario, es necesario que nuestros países puedan definir políticas integrales de seguridad pública que, sin descuidar la labor represiva, busquen también eliminar las causas de la delincuencia y la violencia social. Dentro de este proceso, es vital que la ciudadanía pueda participar activamente. En el caso de Honduras, en años recientes se han dado cambios importantes que sugieren una tendencia positiva hacia la búsqueda de una política se seguridad ciudadana integral y participativa. Estos cambios se han producido como parte de un proceso paralelo de desmilitarización. En octubre de 1997, las Fuerzas de Seguridad Pública, una de las ramas de las Fuerzas Armadas de Honduras desde 1963 y creada tras el golpe de estado contra el presidente Ramón Villeda Morales en ese año, fueron sustraídas del control militar y puestas bajo la supervisión de la Junta Interventora. Otro paso importante fue la redacción y aprobación por el congreso, el 20 de mayo de 1998, de la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional, que transformó a las Fuerzas de Seguridad Pública en la nueva Policía Nacional Civil y creó el Ministerio de Seguridad, del que dependerá la Policía Nacional Civil. A fines de agosto de ese año el presidente Carlos Flores nombró a la abogada Elizabeth Chiuz Sierra como Ministra de esta cartera, decisión que gozó de amplio apoyo popular. Otras medidas dentro de este proceso, sin embargo, fueron más controversiales, como fue la separación de la Dirección General de Investigación Criminal (DIC) del Ministerio Público (Poder Judicial) y su adscripción al Ministerio de Seguridad, según lo establecido por la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional. En su momento, esa medida generó preocupación de que la fusión de la policía preventiva y la policía investigativa bajo un solo mando fuera en detrimento del principio de separación de poderes Ejecutivo-Judicial y que influyera en la independencia de la DIC para realizar su trabajo. La DIC fue creada hace pocos años en sustitución de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), la cual dependía de la Fuerza de Seguridad Pública, y por lo tanto de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, en octubre del año pasado comenzaron a darse los patrullajes conjuntos del ejército con la Policía Civil. Inicialmente se movilizarion unos 200 soldados para que acompañaran a policías en sus patrullajes en cuatro ciudades del país: Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca y Comayagua. Se esperaba que a corto plazo se mobilizarían entre 2.000 y 3.000 soldados para que acompañaran a unos 7.000 policías en sus labores de seguridad pública. Otros acontecimientos importantes en este proceso de construcción de una política de seguridad ciudadana hondureña incluyen el anuncio que el presidente Flores hizo el 30 de agosto del año pasado de su Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana Posteriormente, el Foro Nacional de Convergencia (FONAC), una instancia oficial que aglutina representantes gubernamentales de diferentes areas y representantes de la sociedad civil, anunció su Propuesta Estratégica para la Seguridad de las Personas y de sus Bienes. Estas propuestas ayudaron a generar un debate popular sobre el tema de la inseguridad ciudadana y la medidas adecuadas para combatirla. Parte del debate se centró sobre la creación de la figura de la cadena perpetua como sanción para algunos delitos, medida que al final fue aprobada por el congreso a pesar de la oposición de algunos sectores. En los últimos meses de 1998, el Diálogo Centroamericano patrocinó dos actividades en Honduras que pretendían ayudar en este proceso de definición de políticas de seguridad ciudadana integrales y participativas. Este número especial del Diálogo Centroamericano está dedicado a estas dos actividades realizadas en este país, intentando rescatar al máximo la riqueza de la información presentada y producida, compartiéndola de esta manera con todos los lectores de este boletín. Arnoldo Brenes Diálogo Centroamericano es producido por el Centro para la Paz y la Reconciliación de la Fundación Arias para la Paz y e1 Progreso Humano con el apoyo de la Fundación Ford. Apartado 8-6410-1000, San José,
Costa Rica. |