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INTRODUCCION AL FORO EJES PARA LA FORMULACIÓN DE UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD Lic. Leticia
Salomón La ciudadanía hondureña ha sentido el crecimiento sustancial de la criminalidad, el cual se ha expresado en la realización constante y creciente de delitos que atentan contra la vida y la integridad personal, por un lado, y contra los bienes, por el otro. Al mismo tiempo, se ha producido un desencanto creciente de la ciudadanía ante la ineficiencia del estado y la falta de voluntad política para emprender acciones concretas e integradas para enfrentar la criminalidad. Esta situación ha generado un sentimiento de indefención de la sociedad frente al estado y desarrollado una desconfianza generalizada en las instituciones estatales. Lo anterior ha propiciado en la ciudadanía hondureña una peligrosa inclinación hacia la solución violenta al problema de la criminalidad, expresada en una mayor y creciente tenencia de armas, una mayor inclinacióm a suplir de forma privada el castigo a los criminales y en una mayor presión por la respuesta estatal represiva. Estas respuestas represivas incluyen el endurecimiento de las penas, presencia militar en actividades policiales, fortalecimiento explosivo del equipo policial y un desconocimiento de derechos mínimos en los delincuentes. Esta reacción social violenta, sin embargo, se convierte en una amenaza creciente a la seguridad colectiva, porque convierte en real la posibilidad de: aplicar un castigo extremo a un delito menor, castigar a un inocente sin haberle seguido el debido proceso, aplicar una sanción privada a acciones individuales que requieren una sanción estatal, convertir a la sociedad en juez de las prácticas individuales, convertir al país en una maquinaria violenta, represiva y autoritaria, y estimular el desarrollo de una cultura de la violencia en contraposición a una cultura de paz y no-violencia propias de un país verdaderamente democrático. Es urgente la intervención del estado y la sociedad civil para impedir el fortalecimiento de la reacción social violenta que se ha mencionado, pero esta intervención debe articular 3 necesidades concretas:
Lo anterior significa que los funcionarios de estado deben actuar con la responsabilidad suficiente para adoptar medidas que tiendan a controlar el problema, con base a una adecuada combinación de prevención y combate. Muchas experiencias en otros países han demostrado que el énfasis en el combate, es decir, en la represión --que incluye fortalecimiento policial, intervención militar y endurecimiento de las penas-- no resuelve el problema en el largo plazo, aunque pueda limitarlo o constreñirlo en el corto plazo. Esto significa que el énfasis en las medidas represivas constituye una salida errónea al problema de la criminalidad y que su exclusiva utilización termina provocando deterioro de la imagen policial, en la confianza en las instituciones estatales y, tarde o temprano, en pérdida de la legitimidad gubernamental. Lo expresado aquí plantea algunos retos importantes. Por un lado, la necesidad de un abordaje integral del problema. Por otro, la evidencia de una voluntad política para impulsar esta política de seguridad integral. Asimismo, es indispensable la discusión y el consenso entre los diversos grupos de la sociedad. Una política de seguridad debe ser ampliamente consultada y debatida por diferentes grupos sociales. Finalmente, la urgencia de incorporar a la ciudadanía civil en la toma de decisiones, en la consulta ciudadana, en el trabajo comunitario y en el debate colectivo. Los ciudadanos y los grupos sociales son los llamados a decir lo que está pasando, lo que se puede hacer y lo que se puede esperar del estado. El problema de la criminalidad es grave, pero hay indicios positivos de que se empieza a enfrentar el problema de manera responsable. Esto se aprecia en medidas como la transición policial del control militar al control civil, el funcionamiento de una policía de investigación más profesional y respetuosa de los derechos constitucionales, el fortalecimiento del Ministerio Público, la aprobación de leyes específicas en el congreso, la creación del Ministerio de Seguridad, y la aprobación de la Ley Orgánica de la Policía. A nivel del estado podemos observar que los 3 últimos gobiernos también se han dado iniciativas concretas, desde la creación de la primera comisión ad hoc en 1993, en la época del gobierno del presidente Callejas y la segunda comisión ad hoc en 1995 en la época del presidente Reina; la creación del Ministerio de Seguridad, el nombramiento de su titular, la propuesta del Presidente de la República, la propuesta del Foro Nacional de Convergencia (FONAC) y dentro de poco también el planteamiento del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos sobre el tema. Esto nos permite ver que es un proceso que se inició desde 1993 y que ha sido un esfuerzo sostenido, que promete en determinado momento asegurar que desde el estado se está asumiendo mayor responsabilidad al enfrentar un problema como ese. A nivel de la sociedad civil, podemos observar las iniciativas del Foro Ciudadano a través de foros, debates y planteamientos de todo tipo sobre cuestiones relacionadas con la policía en general, y la Policía Comunitaria en particular. El proceso de consultas que ha iniciado el Foro Ciudadano sobre el planteamiento del FONAC es un interesante proceso que permite recoger las experiencias de varios grupos en diversos puntos del país, arrojando una experiencia sumamente legítima, producto de la consulta popular. Está también una iniciativa del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, que trata de formular un planteamiento sobre la cultura de la violencia y la manera de enfrentarla. Y las experiencias concretas que se han producido en Danlí, en Olancho, la Colonia Villanueva y dentro de poco en Choluteca, nos permite afirmar que también desde la sociedad civil se están haciendo esfuerzos importantes que permiten enfrentar con mayor resposabilidad el problema de la delincuencia. Es importante que este proceso de consulta se amplíe en los diferentes grupos de la sociedad y que se sigan realizando los procesos de consulta e incorporación de la sociedad civil, en los cuales sus miembros pueden dar su opinión y ayudar a formular propuestas concretas. Esta práctica, que dio inicio desde la primera comisión ad hoc, le ha dado gran legitimidad a la acción estatal. Para finalizar, se podría decir que el punto clave de lo que pudiera ser una política estatal para enfrentar el incremento de la criminalidad gira alrededor de la participación de la ciudadanía en la prevención y en una visión integral del problema. Solamente abordándolo de una manera integral, precisando las funciones de las diversas instituciones del estado y de los diversos grupos y asociaciones de la sociedad, se puede garantizar que el esfuerzo para enfrentar la criminalidad puede resultar positivo. El énfasis en uno de estos aspectos, sea el de la policía, el del endurecimiento de las penas, o el del fortalecimiento del sistema penitenciario, por sí solo no va a resolver el problema y, al contrario, estaremos dentro de 5 ó 10 años sentados en foros similares como éste, dándonos cuenta de que la delincuencia habrá incrementado de tal manera que volverá inútiles los esfuerzos que se han realizado hasta ahora. Diálogo Centroamericano es producido por el Centro para la Paz y la Reconciliación de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano con el apoyo de la Fundación Ford. Apartado 8-6410-1000, San José,
Costa Rica. |