 |
|
|
POLITICA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN NICARAGUA Primer Comisionado
Franco Montealegre Callejas EL CONTEXTO HONDUREÑO Los Cuerpos Policiales representados en la Asociación de Jefes de Policía de Centroamérica, hemos seguido con gran interés la rápida sucesión de decisiones políticas de la Presidencia de la República de Honduras y de acciones estatales y de la sociedad civil hondureña, que no solo han transformado radicalmente la situación policial del país desde el punto de vista institucional, sino también han logrado movilizar a la opinión pública alrededor del tema de la Seguridad Ciudadana. A partir de que el Congreso Nacional decidió en septiembre de 1997 asignar facultades especiales de Junta Interventora a la Junta creada por el Ejecutivo en mayo de 1996, para el traspaso de bienes, presupuesto y recursos humanos a la Policía Nacional, se aceleraron eventos históricos que han llenado de bien fundadas esperanzas a toda la ciudadanía. La transferencia al poder civil en octubre de 1997 de la Fuerza de Seguridad Pública, rama policial de las Fuerzas Armadas, fue un hecho transcendental en consonancia con los procesos de modernización democrática, y acorde a la conveniencia de la explícita diferenciación de ámbitos de competencia, misiones y funciones entre Ejército y Policía. Hay que remarcar el espíritu de alta responsabilidad patriótica y madurez democrática que han demostrado los altos mandos de las Fuerzas Armadas de Honduras, en especial de las Fuerzas de Seguridad Pública, así como las autoridades civiles, para que esta transición se haya producido de forma ordenada y totalmente apegada a las leyes. En este sentido, la Asociación de Jefes de Policía de Centroamérica se siente orgullosa y complacida de que este proceso se haya efectuado en plena consonancia con el compromiso asumido por todos sus miembros en el I Foro Regional celebrado en Managua en agosto de 1997, de trabajar por el fortalecimiento de nuestras instituciones policiales, teniendo como principios fundamentales: la sujeción al estado de derecho, la subordinación a la autoridad civil, el respeto y promoción de los derechos humanos, las relaciones con la comunidad, la profesionalización y la modernización. Otro paso muy importante en este proceso, que implica modernizar también la institucionalidad policial, fue la aprobación y puesta en vigor de la Ley Orgánica de la Policía Nacional por la Cámara Legislativa, que además de brindarle un sólido sustento legal a su organización y funciones, ha permitido la unificación de los Cuerpos Policiales existentes bajo un solo mando civil institucionalizado en un nuevo Ministerio de Estado, el Ministerio de Seguridad, que dirige la Lic. Elizabeth Chiuz Sierra. Pero más allá de los cambios estructurales tan necesarios, y de la designación de capaces y experimentados funcionarios públicos, hemos observado con satisfacción los avances que Gobierno y pueblo hondureños han estado realizando mediante la definición de acciones concretas que constituyen aportes substanciales a una Política Nacional de Seguridad Ciudadana que ya se vislumbra. Así, la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana presentada el pasado 30 de agosto por el Señor Presidente de la República, Ingeniero Carlos Flores Facussé, iniciativa que ha tenido buena acogida de parte de la sociedad hondureña, contiene elementos muy importantes para la futura Política que ya se está perfilando, cada vez con mayor nitidez. La receptividad de la sociedad civil y su disposición a participar en la formulación de esta Política nacional, ha quedado de manifiesto por una serie de señales positivas desde diversas entidades. Un ejemplo de ello ha sido la rápida reacción del Foro Nacional de Convergencia (FONAC), al presentar el pasado 8 de septiembre una Propuesta Estratégica para la Seguridad de las Personas y de sus Bienes, que amplía y complementa, ubicándola en un contexto integral, la Estrategia presentada por el Señor Presidente de la República. Hemos conocido también de los esfuerzos y aportes del FORO CIUDADANO, instancia que aglutina importantes organizaciones de la sociedad civil hondureña, en momentos cruciales a lo largo de este proceso, como la transición policial del ámbito militar al civil. Ha sido notable también el empeño del FORO CIUDADANO en lograr una alta incidencia de la sociedad civil en la gestación de la Ley Orgánica de la Policía, su papel catalizador en el debate público sobre las relaciones Policía - Comunidad, y ahora la realización de este importante evento, que constituye un paso más hacia la meta común que Gobierno y sociedad civil comparten. Me parece, pues, que el Consejo Nacional de Seguridad Interior previsto en la Ley Orgánica de la Policía Nacional, -- en el cual se integran representantes estatales y miembros destacados de la sociedad civil -- dispondrá de una buena cantidad de insumos de calidad para su delicada tarea de formular y proponer la Política de Seguridad Pública al Poder Ejecutivo. NECESIDAD DE UNA POLITICA DE SEGURIDAD CIUDADANA Las políticas de desarrollo aplicadas en los últimos años en América Latina, aunque han producido mejoría en los indicadores macroeconómicos, en general han tendido a ampliar y profundizar las desigualdades, incrementando así la exclusión social de grandes sectores de población, que al menos en el corto plazo, resultan cada vez más empobrecidos. Ambientes urbanos y rurales en estado de deterioro, donde los pobres de siempre y los nuevos pobres tienen poco acceso a servicios básicos y con frecuencia carecen de garantías en torno a la tenencia de la tierra o de su vivienda, conducen fácilmente a la frustración social y predisponen a una cultura de violencia o la retroalimentan donde ya existe. A ello se adicionan los efectos de una generalizada pérdida de valores morales en todos los estratos de la sociedad, que al afectar su tejido fundamental, la hace más vulnerable a toda suerte de conductas desviadas. En consecuencia, nos encontramos ante ciertos elementos que ponen en evidencia la urgencia de asumir posiciones integrales respecto a la seguridad ciudadana, o bien constituyen premisas importantes para la acción: 1) La persistencia de ciertas condiciones generadores de grandes convulsiones sociales en varios países de la región en el pasado reciente, que siguen presentes aún cuando el contexto se ha diferenciado notablemente. 2) Perspectiva integral en la visualización y operacionalización de la lucha contra la delincuencia, que considere acciones preventivas y represivas pero también contemple acciones estatales y sociales de restauración del tejido social comunitario, que muestra severos daños. 3) Voluntad política del más alto nivel y buena disposición de toda la sociedad civil en la lucha contra la delincuencia. 4) Firme y decidido liderazgo estatal y una amplia participación social en las acciones, consensuadas con la sociedad civil y plasmadas en una Política de Estado para garantizar un abordaje estratégico que trascienda los sucesivos gobiernos y asegure la continuidad de acciones inter e intrasectoriales ante la delincuencia. 5) Involucramiento máximo de las organizaciones de la sociedad civil, no solo en el proceso de formulación sino también y sobre todo en la ejecución y evaluación de políticas. El involucramiento de la sociedad civil organizada reviste gran importancia debido a que, en términos generales, no se ve tan afectada por los cambios de gobierno como las instituciones estatales. Y esta particularidad puede ser especialmente valiosa en países con una institucionalidad frágil o aún en construcción. Las organizaciones de la sociedad civil también tienen claras ventajas comparativas que hay que aprovechar, tales como su mayor flexibilidad operativa, su más rápida adaptabilidad ante los cambios y sus fuertes nexos naturales y cultivados con la comunidad. Por otra parte, existe multiplicidad de razones políticas, económicas y sociales, que justifican plenamente el esfuerzo de estructurar una Política Nacional de Seguridad Ciudadana. Voy a citar brevemente algunas razones que me parecen de particular relevancia. l) Es irrenunciable la obligación de intervención del Estado para garantizar la tranquilidad social e individual y buscar un clima adecuado para la realización de las actividades económicas y políticas. 2) La inseguridad creciente pone en riesgo la gobernabilidad y los avances en la democratización de nuestras sociedades, que han sido conquistados a un alto costo. Y aquí hay que considerar las aplicaciones de la delincuencia nacional e internacional organizada, que cada vez tiene un peso relativo mayor en la incidencia delictiva de la región. La peligrosidad de estos modernos sindicatos criminales se ve incrementada por su capacidad de involucramiento en negocios legítimos, infiltración de instituciones gubernamentales y privadas y de todo el tejido social, llegando a socavar los cimientos mismos de las sociedades e incluso la estabilidad y gobernabilidad de las naciones. 3) La inseguridad creciente también atenta contra los esfuerzos nacionales para lograr un crecimiento económico y social sostenido y sostenible, reto de por sí complejo, que enfrentamos no solo con rezago sino también con grandes desventajas comparativas entre nuestros países y los demás de la región y fuera de ella. Estamos constatando cada día que ciertas desventajas de la globalización, -- por ejemplo, una mayor vulnerabilidad a la acción de la delincuencia internacional, -- nos están llegando con más rapidez que sus beneficios. 4) Otra razón poderosa para establecer una política nacional de seguridad, son las altas tasas de rentabilidad social que podrían evidenciarse al evaluar el costo-beneficio de la inversión pública en seguridad. Entonces, dado el auge de la actividad delictiva en los últimos años, garantizar la Seguridad Ciudadana debe constituir una de las principales preocupaciones de los gobiernos de la región en respuesta a una de las demandas más sentidas por la población. CARACTERISTICAS DE UNA POLITICA DE SEGURIDAD CIUDADANA Por otra parte, hay que decir que siempre existen políticas de seguridad ciudadana y de tratamiento a la criminalidad, sean éstas implícitas o explícitas. Obviamente, es mejor que sean explícitas. Una de las ventajas es que bajo esta modalidad todos los actores involucrados tienen un claro referente común respecto al problema y a su participación estratégica en las soluciones planteadas. Cuando las políticas son implícitas, hay grandes riesgos de interpretación, y de coherencia en la acción, entre otras características que restringen su efectividad como instrumentos especializados de alta dirección. Creo que lo primero en el proceso de formulación de la Política Nacional de Seguridad Ciudadana es tener muy claramente definida la imagen-objetivo que se desea alcanzar y en qué plazo. Y esta imagen-objetivo debe referirse a: l) la delincuencia, y 2) a los principales actores estatales y sociales involucrados en su prevención y enfrentamiento. La imagen-objetivo de la delincuencia debe describir el nivel y estructura delictiva que se desea tener a mediano y largo plazo, sin obviar la factibilidad y realismo en su logro, considerando sus características actuales y sus tendencias. La imagen-objetivo de los actores estatales y sociales debe definir con la mayor precisión las características que deben asumir en esos mismos plazos la Policía, las demás instituciones que integran el sistema de justicia penal, y otras instituciones del Estado que ofrecen servicios sociales básicos a la población y cuya cobertura y calidad inciden en el perfil delictivo. Desde luego hay que incluir también a la sociedad civil y sus expresiones más representativas. Pero sobre todo hay que tener una imagen-objetivo clara de las instituciones que juegan un papel fundamental en los procesos de socialización del individuo, esto es, la familia, la escuela, los centros laborales y otros espacios, cuyas características y funcionabilidad son determinantes en la génesis del delito y en su acelerado incremento. Una vez que se ha definido con meridiana claridad esta doble imagen-objetivo deseada, -- de la delincuencia e instituciones -- pueden plantearse con una mejor perspectiva de éxito: l) los mecanismos a establecer; 2) las acciones a realizar; y 3) las situaciones a crear, para poder alcanzarla. Sin imagen-objetivo clara, en el mejor de los casos, se obtendrían resultados incompletos. En síntesis, las Políticas son instrumentos muy potentes orientados a movilizar voluntades, esfuerzos y recursos múltiples en una sola dirección, a partir de un punto dado y hacia una meta común deseable, realista y factible a ser alcanzada en un cierto plazo. El realismo y la factibilidad de una política de seguridad ciudadana en gran medida está en función de la distancia existente y que hay que recorrer, entre la situación actual de la que se parte, esto es, tanto los niveles de delincuencia y su perfil, como las características de las instituciones que intervienen en su génesis, prevención y control, y la imagen-objetivo que se desea alcanzar en cada componente. Desde luego, es vital la máxima voluntad política del más alto nivel y la disponibilidad de los recursos necesarios, para que la elaboración de la política no se reduzca a un ejercicio estéril. La fase de implementación adecuada de las políticas de Estado, y por tanto su éxito, en general dependen de la institucionalidad democrática que un país haya alcanzado. En el peor de los casos, es decir, donde esta institucionalidad sea sumamente débil, ninguna política, por muy bien formulada que esté, tiene futuro promisorio. Todo lo anterior nos ayuda a visualizar la complejidad que implica el tema que hoy nos ocupa. Queda claro entonces, que la formulación de políticas y estrategias de prevención y control de la delincuencia, principal amenaza a la seguridad ciudadana, no se trata de una tarea meramente policial, ni tan siquiera del sistema de justicia penal en su conjunto, aunque su participación es muy importante. Más aún, es evidente que las soluciones excesivamente centradas en medidas policiales y punitivas tienen por necesidad un pronóstico negativo ya que dejan por fuera otros importantes elementos que juegan un papel determinante en el problema de la inseguridad ciudadana. Una última reflexión sobre este tema. La ubicación de la Política Nacional de Seguridad Ciudadana en el contexto de los Planes y Políticas públicas, es un aspecto que puede contribuir desde un inicio a su mayor o menor éxito. Creo que por la relevancia del problema de la inseguridad, la multiplicidad de actores políticos y sociales implicados, así como por los nexos entre delincuencia, pobreza y calidad de vida, la Política Nacional de Seguridad Ciudadana idealmente debiera ubicarse en el marco de las Políticas estatales de más alto rango orientadas al logro del Desarrollo Humano Sostenible. ENTRE LA TEORIA Y LA PRACTICA Entre estos elementos teórico-conceptuales que brevemente he citado para la formulación de una Política Nacional de Seguridad Ciudadana y su aplicación a las realidades políticas, económicas y sociales de cada país, existe un amplio trecho. En tanto que en Honduras parece que se ha avanzado con rapidez en la creación de condiciones para la formulación y puesta en práctica de una política nacional discutida y consensuada entre instituciones del Estado y la sociedad civil, en Nicaragua sentimos que aún le falta maduración a este proceso, que ha transitado por una ruta bastante diferente. La evolución de la situación sociopolitica del país y las sucesivas recomposiciones que el Estado nicaragüense ha venido experimentando a partir de 1979, han incidido al menos en tres aspectos relativos a la Seguridad Ciudadana: l) en la conformación de la institucionalidad de la Policía Nacional; 2) en la visión del rol de esta institución en el control del delito; y 3) en la percepción estatal y social de la importancia de la Seguridad Ciudadana. lnstitucionalidad de la Policía Nacional El ascenso de la Unión Nacional Opositora en 1990 al Gobierno de la República, se tradujo en una alta desconfianza política hacia instituciones del Estado, en particular Ejército y Policía, nacidas del proceso revolucionario que llegó al poder en la década anterior. De ahí que la atención del nuevo Gobierno, en cuanto al tema que nos concierne, se centrara en un primer momento no en la preocupación por el incremento del delito que ya empezaba a ser notorio y cuyo aceleramiento era previsible, sino en el cuestionamiento a la institucionalidad y legitimidad de la Policía, y posteriormente en la adecuación de su marco de actuación. Por su parte, después de 1990 la Policía entró en un período de reflexión acerca de su propia identidad institucional, hasta entonces atrofiada, y se empeñó en un progresivo proceso de legitimación y reafirmación ante el Estado, Gobierno y algunos sectores sociales, llevando a cabo acciones orientadas a la separación de la influencia partidista, la profesionalización de las fuerzas y el reforzamiento de su marco jurídico, entre otras medidas. La visión estatal acerca de la Policía Nacional basada en preocupaciones derivadas de su origen, se fue materializando gradualmente de manera concreta durante el Gobierno de la Sra. Violeta Barrios de Chamorro, en la promulgación de Decretos que promueven un proceso de transición favorable a la concertación buscada por la Policía con el fin de lograr su institucionalidad y legitimación social. Así, la emisión en 1990 del Decreto 64-90, Ley Orgánica del Ministerio de Gobernación, restablece el nombre de Policía Nacional para el Organo policial e identifica en forma específica a este Cuerpo y sus Especialidades. La Ley 144, de Febrero de 1992, además de especificar las funciones policiales en auxilio del Poder Judicial, establece en su Art.l algunos rasgos de identidad de nuestra institución. Pero es en el Decreto 45-92, de septiembre de 1992, Ley Orgánica de la Policía Nacional, donde por primera vez en la historia del Orden Público en Nicaragua se establece la organización, funcionamiento y campo de actuación policial. Se sientan las bases para adquirir una identidad propia, diferenciada, se reafirma la naturaleza civil de la institución y se declara su carácter apartidista. Posteriormente, la Constitución reformada de 1995 por vez primera en la historia del país explícita a este máximo nivel la naturaleza y funciones de la Policía Nacional, diferenciándola de la naturaleza y funciones del Ejército. Como acto culminante, en 1996, es decir hace apenas dos años, se logra tras un largo proceso de concertación, en un contexto todavía de gran polarización política, la aprobación altamente consensuada de la Ley 228, Ley de la Policía Nacional, que precisa y desarrolla a nivel de Ley de la República, las disposiciones constitucionales referentes a nuestra institución y define la carrera policial y otros importantes aspectos. En otras palabras, la puesta en vigencia de la Ley 228 significó la definición y aceptación definitiva de la Policía que el Estado y la sociedad requieren para garantizar la seguridad de las personas y de sus bienes. Hay que decir que, sobre todo en la última fase de este proceso, es decir, la elaboración, discusión y aprobación de la Ley, ha sido la propia Policía Nacional quien logró movilizar a la opinión pública y a los principales actores políticos y sociales. Visión del rol de la Policía Nacional en el control del delito Podemos afirmar que el rol actual de la Policía Nacional en la sociedad nicaragüense está firmemente avalado, por fin, en base al reconocimiento del Estado y de la sociedad civil del balance positivo de su actuación. En el breve lapso histórico de sus 19 años de existencia, a pesar de los drásticos cambios ocurridos en el país y de las múltiples y graves dificultades propias de los periodos transicionales, la institución policial ha logrado avances notables en su desarrollo y se ha ganado una amplia aceptación social de su actuación. Pero al margen de lo anterior, yo diría que en Nicaragua, al igual que en la mayoría de países, la visión estatal y social del rol de la Policía respecto al delito ha estado y sigue estando sesgada hacia las funciones investigativas y represivas ante hechos consumados, y que la prevención del delito no recibe en la práctica la atención prioritaria que merece. En la base de esta situación tan extendida hay generalmente una incompleta o confusa percepción acerca de la naturaleza y causas de la delincuencia, y derivada de ella, una equivocada concepción del verdadero papel de los Cuerpos Policiales respecto a la prevención y enfrentamiento a la ocurrencia delictiva. Por ello, no es extraño que incluso al interior de la propia Policía Nacional, por razones de limitaciones de recursos y de prioridades impuestas por las demandas de la población, el peso relativo de la prevención es menor del deseable. No obstante, es justo reconocer que la respuesta policial ante hechos delictivos consumados es alta en Nicaragua, a pesar de las restricciones presupuestarias y del fuerte incremento de la ocurrencia de delitos, 12-15% por año, manteniendo el índice de esclarecimiento arriba de 70%.
Percepción de la Seguridad Ciudadana El incremento de la ocurrencia delictiva a niveles alarmantes y de alta sensibilidad para la opinión pública de Nicaragua es un fenómeno relativamente reciente que data de pocos años atrás. Mientras mantuvo un bajo perfil, excepto para la Policía, los índices delincuenciales no representaban una alta prioridad para los principales actores involucrados en su prevención y control. POLITICA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN NICARAGUA De lo expuesto hasta aquí, se infiere entonces que en Nicaragua, las circunstancias sociopolíticas impuestas por un proceso casi permanente de adecuación del Estado y de sus instituciones principales en las últimas dos décadas, han impedido un proceso ordenado de formulación de políticas de Seguridad Ciudadana. Tengo que decir, pues, que la prevención y el enfrentamiento a la delincuencia, en términos generales, han recibido principalmente una respuesta contestataria y casi exclusivamente desde la Policía Nacional. No ha existido una visión promovida o liderada desde las más altas autoridades del Estado, ni menos aún consensuada con la sociedad civil y otros actores, acerca de la imagen-objetivo del perfil delictivo que se esperaría tener en el mediano y largo plazo, esto es, su magnitud y su estructura. En cambio, como hemos visto, si ha habido un acercamiento a una visión explícita respecto a las características deseables del Organo policial, aunque concebido como entidad individual más que como parte del sistema de justicia penal. Los avances logrados también han sido producto, en gran medida de iniciativas de la propia Policía. Estamos convencidos de que a medida que se consolide y profundice la institucionalidad del país, debe reducirse el coyunturalismo propio de los periodos transicionales. Simultáneamente, debe ir aumentando el enfoque estratégico de los problemas a enfrentar y de las características de organización y funcionamiento institucionales para implementar soluciones adecuadas. Mientras tanto, en sustitución de una política explícita que enmarque las acciones estratégicas del aparato estatal y social ante las amenazas a la seguridad ciudadana, a la vez que impulsamos la percepción pública y de grupos clave acerca de la necesidad de formular tal política, adoptamos en 1997 un Plan a mediano plazo como guía para la acción de la Policía Nacional. Buscamos con este Plan ir modelando una institución con pleno dominio de la técnica policial moderna, y en la que sus Jefes, Oficiales, Sub-Oficiales y Policías estén dotados de una formación profesional, técnica y ética que les permita un mejor cumplimiento de sus misiones. Una institución cuyos miembros actúen con energía y firmeza ante la comisión de un hecho que afecte el Orden Público y la Seguridad de la población, con el mas irrestricto apego a la Constitución Política y a las leyes del país. Una institución cuyos miembros demuestren esa misma energía y firmeza en la defensa de la vida y de los derechos humanos, actuando con prudencia, con control y sin abuso de la fuerza. Una institución cada vez mas comprometida con la lucha frontal y decidida contra cualquier modalidad de corrupción que se detecte en nuestras filas, a cualquier nivel. Nuestro Plan se sustenta en tres ejes que son los pilares fundamentales del trabajo de la Policía Nacional en los próximos años: 1) abordaje de nuestras misiones con Visión Estratégica; 2) consolidación y fortalecimiento del proceso de legitimación e institucionalización a lo externo e interno; y 3) fortalecimiento de nuestras Relaciones lnterinstitucionales, Internacionales y especialmente con la comunidad. El primer eje de nuestra actuación es el planteamiento de una visión estratégica del trabajo policial en el abordaje de antiguos y nuevos problemas, especialmente en la prevención y enfrentamiento a la delincuencia. Somos conscientes de que en ocasiones no hemos sido capaces de anticiparnos a los problemas y a las necesidades de la población en materia policial. La respuesta policial no siempre ha sido integral ni coherente. A veces hemos sido sorprendidos o sobrepasados por problemas que eran previsibles antes de su aparición o agudización. Tal es el caso, para citar un ejemplo, del auge de las pandillas delincuenciales. Para ello, será necesario revisar y adecuar el funcionamiento institucional, sus recursos y sus mecanismos operativos para, en la medida de lo posible, estar mejor preparados para prevenir y dar respuesta oportuna a la problemática que atente contra la seguridad y tranquilidad de la población. En segundo lugar, es preciso consolidar y fortalecer el proceso de institucionalización de la Policía Nacional. Para ello, continuaremos reforzando el marco jurídico de actuación policial. En este sentido, sumaremos a la Ley 228 varias propuestas de creación de nuevas Leyes, entre ellas, la Ley de Tránsito y la Ley de Seguridad Pública. Se busca también incrementar la identificación de nuestras fuerzas con los objetivos estratégicos de la institución, y en consecuencia, su nivel de desempeño, adhesión y permanencia en ella. En tercer lugar, estamos fortaleciendo nuestras Relaciones en tres ámbitos: con otras instituciones del Estado y de la sociedad, con la comunidad, y a nivel internacional. En el ámbito interinstitucional, especial atención merecen las relaciones con los integrantes del Sistema de Justicia Penal, el Ejército y las Municipalidades. Las relaciones armónicas entre las instituciones integrantes del sistema de justicia penal son esenciales. Los resultados de una de ellas son insumos para las otras. Asimismo, como institución debemos contribuir a reducir dos factores de gran sensibilidad social que afectan a la totalidad del sistema de justicia y a cada uno de sus integrantes: la impunidad y la retardación de justicia. En nuestra relación con el Ejército Nacional, a pesar de que existe claridad en la Constitución y las leyes respecto a la diferenciación de funciones, en la práctica aún debemos esforzarnos por mejorar los mecanismos existentes a varios niveles, por medio de los cuales se expresa el apoyo del Ejército en áreas propias del trabajo policial. Estas áreas son principalmente el combate al delito en zonas rurales, donde la presencia policial es débil o inexistente, y el combate al narcotráfico. Por otra parte, las relaciones Internacionales son elemento importante del esfuerzo de inserción en el quehacer policial de la región y del mundo. A nivel de la región, continuaremos nuestra firme y decidida participación en la Asociación de Jefes de Policía de Centroamérica, que ha demostrado ser una de las instancias mas beligerantes en la búsqueda de soluciones a los problemas principales de seguridad que afectan a nuestros países. En el plano bilateral, continuaremos ampliando nuestras relaciones con cuerpos policiales de países amigos. Asimismo, mantendremos la estrecha relación que hemos establecido con la Comisión de Seguridad de Centroamérica, a través de su Subcomisión de Seguridad Pública y de los diferentes grupos de trabajo que se han ido creando sobre temas específicos. Interdependencia Policía - Comunidad Mención especial merece en nuestro Plan estratégico la interdependencia Policía - Sociedad Civil, basada en la conciencia de servicio público de sus miembros y en la necesidad y conveniencia de la participación de la sociedad civil en diferentes ámbitos del quehacer policial, ya que, como hemos visto, las funciones relativas a la Seguridad Ciudadana no son patrimonio exclusivo de una determinada Institución, ni siquiera del Estado en su conjunto. La interdependencia Policía - Sociedad Civil se expresa a través de la relación de las diferentes formas y actividades del quehacer policial con las distintas expresiones de la sociedad. Organizaciones políticas, religiosas, gremiales, comunitarias, sindicales, de género, juveniles, estudiantiles, de defensa y promoción de los Derechos Humanos, Centros de Estudios Superiores, ONG y otras, deben participar en la identificación conjunta de problemas comunes relativos a la seguridad ciudadana y otros temas de mutuo interés, y de analizar opciones de solución, desde la perspectiva de su prevención y control. En Nicaragua hemos promovido con sectores organizados de la sociedad acciones que implican nuestra aceptación del control social, renovando así nuestro acercamiento a la Sociedad Civil y a la comunidad para coordinar el enfrentamiento al delito y el mejoramiento de la Seguridad Ciudadana, a través de la ejecución de Cabildos abiertos, Planes Especiales, creación de Consejos y Comisiones que integran a civiles, y otros esfuerzos, entre los que se incluye el reclutamiento de un amplio Cuerpo de Policías Voluntarios. Y para sistematizar y ampliar estas experiencias Policía-Comunidad que históricamente hemos cultivado, estamos desarrollando proyectos que nos van a permitir aplicar nuevas formas de cooperación y relaciones con diferentes sectores de la sociedad civil y al mismo tiempo, reforzar los mecanismos de retroalimentación y regulación social de la acción policial. Por otra parte, en tanto el país avanza hacia una eventual política nacional de seguridad ciudadana, la organización y funcionamiento de la Policía Nacional, sus sistemas de dirección e información deberán progresivamente disponerse en función de fortalecer la acción preventiva policial pública y secreta en todas las Especialidades Nacionales y facilitar la prevención social con la participación de la comunidad entera. Hasta aquí una breve reseña de nuestros planteamientos estratégicos actualmente en proceso. Obviamente este enfoque desde la perspectiva policial tiene limitaciones en cuanto a la seguridad ciudadana si se compara con la visión integral que hemos señalado en la parte teórica sobre formulación de políticas. En primer lugar, la incidencia policial en la adecuación del sistema de justicia penal es casi nula y más aún en la articulación coherente de la participación en la prevención por parte de otras instituciones del Estado. Para concluir mi intervención, quiero decirles que la voluntad política de la Policía Nacional no ha sido suficiente para que la alta prioridad que amerita la seguridad ciudadana por parte del Gobierno sea reconocida en una Política Nacional. No obstante, hay signos alentadores que se están generando desde diversos sectores de la sociedad. En este sentido, los partidos políticos participantes en la segunda fase del Diálogo Nacional acordaron el 25 de septiembre de 1998 la creación y reglamentación de una Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana y la elaboración de un Proyecto de Ley General de Seguridad de los Ciudadanos. Esta Comisión elaborará y propondrá políticas públicas e impulsará campañas para fortalecer la seguridad de los nicaragüenses. Les deseo éxito en la continuidad del proceso de formulación de la Política Nacional de Seguridad Ciudadana, que marcha con paso firme. Estoy seguro que esta experiencia tan rica y participativa que están ustedes construyendo tendrá una positiva repercusión no solo en Honduras sino en los países hermanos que por diferentes caminos estamos buscando soluciones a la grave situación de inseguridad ciudadana que padecemos. Diálogo Centroamericano es producido por el Centro para la Paz y la Reconciliación de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano con el apoyo de la Fundación Ford. Apartado 8-6410-1000, San José,
Costa Rica. |