Diálogo Centro-
americano
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| San José, Costa Rica |
| No. 36 |
| Enero 1999 |
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CONSULTA NACIONAL SOBRE SEGURIDAD
PUBLICA, DELINCUENCIA Y DERECHOS HUMANOS:
PROPUESTAS DE ALTERNATIVAS
La segunda actividad patrocinada
por el Diálogo Centroamericano realizada también en
Honduras, fue un proceso de consulta popular ejecutado
por el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en
Honduras (CODEH) y el Foro Nacional de Convergencia
(FONAC), titulado "Consulta Nacional sobre Seguridad
Pública, Delincuencia y Derechos Humanos: Propuestas
Alternativas. El proyecto consistió en una serie de
talleres simultáneos que se llevaron a cabo el 25 de
setiembre de 1998, por medio de los cuales integrantes de
la sociedad civil hondureña tuvieron la oportunidad de
pronunciarse acerca de una serie de medidas propuestas
para el combate de la delincuencia en este país.
El día 30 de Agosto de 1998, el
Presidente de Honduras, Carlos Roberto Flores, presentó
en cadena de radio y televisión una serie de medidas
para combatir la delincuencia. Posteriormente, el 8 de
setiembre, el FONAC presentó en Asamblea ante sus
organizaciones miembros, el documento denominado
"Propuesta de Estrategia para la Seguridad de las
Personas y de sus Bienes en el Marco de la Seguridad
Democrática en Honduras", invitando a sus miembros
a estudiar y pronunciarse sobre el documento. Con esta
motivación, el CODEH identificó la necesidad de hacer
más participativa la invitación del FONAC mediante una
consulta a nivel nacional con amplios sectores de la
sociedad civil. El Diálogo Centroamericano gustosamente
patrocinó dicha consulta como un componente valioso del
proceso de construcción de una política hondureña de
seguridad ciudadana. En esencia, el proyecto consistió
en una consulta a nivel nacional con representantes de
sectores diversos de la sociedad civil tales como
obreros, empresarios, organizaciones de mujeres, de
jóvenes, representantes de diferentes iglesias,
indígenas, ONGs, intelectuales y académicos,
periodistas y representantes de medios de comunicación,
organizaciones del Foro Ciudadano, campesinos y
cooperativas. La consulta se realizó el 25 de setiembre
mediante 8 Talleres regionales en 5 ciudades del país:
San Pedro Sula, Choluteca, Santa Rosa de Copán,
Catacamas y La Ceiba, con un taller, y Tegucigalpa donde
se realizaron 3 talleres.
Los objetivos de la consulta eran
principalmente:
- Realizar un proceso amplio de
discusión con sectores representativos de la
sociedad civil hondureña sobre el fenómeno de
la inseguridad pública y la delincuencia, y sus
propuestas sobre cómo debería ser abordado el
fenómeno desde el Estado y la sociedad civil.
- Obtener propuestas de parte de
los participantes sobre los documentos
presentados por el FONAC y el Presidente de la
República en relación con estrategias para
combatir los problemas de inseguridad y
delincuencia.
- Contribuir con la definición
de una política criminal del Estado hondureño
como respuesta adecuada a tales problemas.
Concretamente, el proyecto
pretendía producir dos documentos. El primero es un
estudio que incluía los siguientes aspectos:
- las características del
fenómeno de la inseguridad pública y la
delincuencia;
- las formas en que ha sido
abordado el fenómeno desde 1992;
- elementos teóricos sobre el
aumento de penas;
- la forma en que se abordó el
problema por parte del FONAC y el Presidente de
la República.
Este estudio (ver cuadro aparte)
sirvió de base para las consultas populares realizadas
mediante los talleres simultáneos. Las conclusiones de
este proceso de consulta se recogieron en un documento,
el segundo producto esperado, que se entregó al FONAC el
13 de octubre, y posteriormente, el 16 de ese mes, se
presentó públicamente a la prensa. Las conclusiones de
la serie de consultas se presentan como un documento
aparte.
La realización de los talleres fue
sumamente exitosa, pues los resultados obtenidos gozan de
gran legitimidad en el tanto que emanan de una amplia
representación social. Por otro lado, este proceso
permitió un fortalecimiento de las organizaciones de la
sociedad civil de Honduras y de su capacidad de propuesta
ante el Estado.
LA
VIOLENCIA Y EL PERFIL DEL DELITO EN HONDURAS
Aunque es prácticamente
imposible cuantificar de manera completa las
cifras de la delincuencia, esta información
aportada por el CODEH es sumamente valiosa. Debe
tomarse en cuenta que muchos delitos que se
cometen a diario, particularmente contra la mujer
y el niño, no se reportan por diferentes
razones.
El clima de inseguridad
pública
- La violencia en los
años 90, particularmente contra la vida,
ha alcanzado niveles alarmantes: se
estima que de enero de 1994 a junio de
1998, murieron violentamente al menos
10.408 personas, o sea unas 8.2 personas
por día. Otras 12.600 resultaron
lesionadas en circunstancias violentas,
unas 9.4 personas por día.
- Se constata una clara
asociación entre el incremento de la
posesión de armas en manos de los
particulares, especialmente armas de
fuego, y el incremento en la violencia.
En el periodo 1994-1996, las armas
desempeñaron un papel clave en las
muertes y lesiones, pues el 66.12% de las
agresiones se cometieron con arma de
fuego, y el 30.3% con arma blanca.
- Existe una asociación
entre el delito y variables tales como el
alcoholismo, el consumo de drogas, y la
prevalencia de una cultura que hace
apología de la violencia, la cual puede
ser estimulada a través de los medios de
comunicación masiva.
- Si bien el clima de
inseguridad pública provocado por la
violencia es un problema nacional, se
manifiesta particularmente en los grandes
centros urbanos como San Pedro Sula y
Tegucigalpa. El cuadro 2 presenta la
distribución de delitos contra la vida
en San Pedro Sula durante 1997,
denunciados ante la Dirección General de
Investigación Criminal. Las cifras
indican que los homicidios simples y los
asesinatos representan el 52.9% de los
delitos contra la vida, lo que demuestra
la cantidad de agresiones que desembocan
en la muerte.
- Dentro de la actividad
criminal, y para el diseño de
políticas, es preciso distinguir el
crimen organizado del que no lo es
(crimen aislado), dado que el primero
constituye un mayor desafío para el
sistema jurídico e instituciones y una
mayor amenaza para el Estado y la
sociedad. Como formas de crimen
organizado se pueden mencionar: el
narcotráfico, el robo de ganado a gran
escala, el lavado de dólares, el asalto
de bancos, los secuestros y el robo de
automóviles, formas que se han
desarrollado en Honduras en los últimos
años.
- En cuanto al robo de
vehículos, durante la administración
Callejas (1990/1993) las bandas robaron
1.878 vehículos (20.26% del total de
vehículos robados en el período 90-98),
lo que da un promedio de 1.29 por día.
En la de Reina (1994/1997) el número fue
de 6592 (71.12%), un promedio de 4.52
robos por día. Desde enero a junio de
1998 con la presente administración,
fueron robados 798 vehículos, es decir
el 8.61% del total de vehículos robados
a nivel nacional desde el principio de la
década, y un promedio de 4.4 vehículos
robados por día (22 cada 5 días).
- En el narcotráfico,
entre 1993 y 1998 se decomisó la
cantidad de 8.100 kilos de cocaína, con
un valor estimado de 640 millones de
lempiras. En cuanto a la marihuana, en el
mismo periodo se decomisaron 3 millones
de plantas.
- El clima de
inseguridad se ve agravado por la poca
confianza de la población en los
órganos de represión del delito
(policía y sistema judicial). A pesar de
la labor de depuración, en 1998 se
presentaron denuncias en contra de
miembros de la policía por actos de
corrupción, que sugieren la
infiltración de grupos criminales en la
institución. Además, en 1998 se puso al
descubierto en el litoral Atlántico, una
conexión entre oficiales de las FF.AA. y
grupos traficantes de coca.
¿Cómo son los
delincuentes?
Los principales delitos:
- Las dos categorías
principales de delito entre los internos
de los centros penitenciarios, son los
delitos contra la propiedad, contra la
vida y el tráfico de drogas. El
robo/asalto representa el 29.4% de todos
los internos, y sumando el hurto, los
delitos contra la propiedad ascienden a
un 34% del total. En segundo lugar se
ubican los delitos contra la vida, que
representan el 24%. El tráfico de drogas
representa cerca del 10% del total.
Características
demográficas:
- En cuanto a la
distribución por género, las cifras
indican que solamente el 4.4% del total
de internos son mujeres, el 95.5% son
hombres y de un 0.1% no se tiene
información.
- Con respecto a la
edad, las cifras para el año 1997
muestran que el 63% de la población
carcelaria no rebasa los 30 años.
Además, el 38% no supera los 24 años de
edad.
- Según el lugar de
nacimiento, se encuentran en primer lugar
los nacidos en el departamento Francisco
Morazán con un 19.8%, en segundo lugar
los nacidos en Cortés con un 14.2%, y
Choluteca en tercer lugar con el 11.9%.
Aspectos culturales:
- Entre los internos,
prevalecen los que se identifican con la
religión católica, con un 53.3% del
total, los que se declaran protestantes
se encuentran en segundo lugar con un
25.1% y los que no tienen ninguna
religión representan el 18.1%.
- Las cifras muestran
además que sólo un 4.4% de los internos
se autoidentifica como miembro de un
grupo étnico minoritario (pueblos
indígena o garífuna).
Situación jurídica:
- Las cifras indican una
elevada mora judicial, pues de un total
de 3.123 expedientes revisados, solamente
en 439 se ha dictado sentencia, lo que
representa sólo un 14% de todos los
internos cuyo expediente fue revisado.
Condiciones de vida:
- La magnitud de la
población carcelaria superaba en 1997 en
alrededor del 300% la capacidad de
alojamiento de que disponen los
establecimientos penales en Honduras,
pues ésta es de apenas 2.536 personas,
lo que indica que había un exceso de
8.488 internos. Este exceso de población
es resultado, al menos en parte, del
crecimiento acelerado experimentado por
la población carcelaria en los últimos
años, pues en un periodo de 11 años se
ha triplicado, pasando de 3.635 en 1986 a
11.024 en 1997.
- Además de la
sobrepoblación, los centros penales
adolecen de problemas como falta de
baños, edificios en mal estado,
insuficiente alimentación. Esto, aunado
a la falta de respeto a las garantías
procesales que se traduce en una alta
cantidad de internos no sentenciados, ha
desembocado en constantes motines, quemas
de presidios y fugas por parte de los
internos.
|
DELITOS
CONTRA LA VIDA EN SAN PEDRO SULA DURANTE 1997
| DELITOS |
CANTIDAD |
PORCENTAJE |
| Homicidios |
509 |
36.8 % |
| Asesinato |
223 |
16.1 % |
| Homicidio culposo |
216 |
15.6 % |
| Tentativa de homicidio |
164 |
11.9 % |
| Muerte accidental |
76 |
5.5 % |
| Muerte indeterminada |
78 |
5.6 % |
| Suicidio |
53 |
3.8 % |
| Muerte natural |
35 |
2.5 % |
| Parricidio |
9 |
0.7 % |
| Aborto |
8 |
0.6 % |
| Tentativa de asesinato |
9 |
0.7 % |
| Lesiones culposas |
1 |
0.1 % |
| Para investigar |
2 |
0.1 % |
| TOTAL |
1383 |
100 % |
| Fuente: Denuncias en la DIC |
CONCLUSIONES
DEL PROCESO DE CONSULTA
I. Problemas relacionados con la
violencia y la delincuencia
De la consulta se concluye que en
todo el país se experimentan altos niveles de violencia,
y que el clima de inseguridad es resultado de:
- Alto índice de criminalidad,
provocado tanto por la delincuencia organizada
como por la no organizada, además de los delitos
cotidianos cometidos por los llamados
"requinteros" o "brujeros".
Se mencionó además la situación fronteriza en
la zona sur del país.
- Violencia doméstica, de la
que son objeto principalmente las mujeres y los
niños.
- El crecimiento de la
delincuencia juvenil, especialmente de las maras,
las cuales son expresión de desajustes de la
sociedad y de la importación de valores y
conductas.
II. Los delitos
Los principales delitos mencionados
son: delitos contra la propiedad, como el robo de
automóviles y los asaltos violentos; los delitos contra
la vida; delitos sexuales; delitos contra la salud como
el tráfico de drogas, y los secuestros.
Se identificaron algunos elementos
que, sin ser causa directa, influyen para que se produzca
o aumente el delito, tales como: el alcoholismo, la
violencia intra-familiar, el analfabetismo, la situación
de riesgo social de muchos niños, la prostitución y el
trasiego de armas.
Además, se señalaron varias
causas estructurales del delito, que son las que se
relacionan en forma directa con la organización
económica y las oportunidades en la sociedad:
- Economía: pobreza, bajos
salarios, desempleo, alza permanente de los
precios y la exclusión.
- Falta de educación, que
disminuye las oportunidades de conocer las leyes
y los derechos humanos. Además, la omisión de
los centros educativos de enseñar actitudes
socialmente adecuadas.
- La violación de los derechos
de los trabajadores, limitadas oportunidades para
la mayoría de la población, especialmente la
juventud; injusta distribución de la tierra y un
sistema jurídico injusto y deficiente.
Como causas institucionales se
señalaron las siguientes:
- Corrupción de las autoridades
y la impunidad en materia criminal, además de la
infiltración del crimen dentro de las
autoridades judiciales y penales y la
politización de los puestos.
- Baja eficiencia de las
instituciones encargadas de la represión del
delito y la protección frente a éste,
señalando principalmente la tolerancia ante el
mismo.
- Debilidad del sistema de
justicia y su aplicación, especialmente la falta
de castigo a los responsables de delitos y la
tardanza en la aplicación de la justicia.
Además, la falta de penas para los delitos
menores.
- Baja eficiencia de las
instituciones que pueden contribuir con la
prevención del delito, de educación, salud, el
IHNFA y los medios de comunicación. Se mencionó
además la falta de control en la venta de
alcohol y drogas, falta de control en la
portación de armas y la ausencia de centros de
reeducación.
- Falta general de capacidad del
Estado para atender las necesidades de la
población.
- Ausencia de una política de
desarrollo para la juventud.
- Falta de coordinación de las
autoridades en la lucha contra el delito.
- Debilidad de las instituciones
policiales, provocada por la poca infraestructura
ante la delincuencia masiva y con muchos recursos
técnicos, lo que conduce a la desprotección de
la policía y su descrédito ante la población.
Por último se hizo referencia a
las causas culturales como la falta de principios morales
y espirituales y culturales y la falta de respeto a la
autoridad, y a los problemas en la familia como la
desintegración familiar, la mala formación que recibe
el individuo en el hogar y la irresponsabilidad dentro de
éste.
III. Alternativas frente al delito
Dentro de la política económica y
social, se presentaron las siguientes alternativas:
- Plan estratégico de
desarrollo a largo plazo con la participación de
todos los sectores.
- Buscar un sistema de justicia
que permita una distribución equitativa de la
riqueza.
- Que el Gobierno ponga en
práctica verdaderas políticas sociales,
evitando por ejemplo el desplazar a personas
pobres de las zonas urbanas al cobrarles
impuestos exagerados.
- Mejoramiento del sistema
educativo mediante un plan estratégico, que la
haga más accesible, además del desarrollo de un
sistema de alfabetización para toda la
población.
- Aplicación de las
disposiciones relativas a control de precios.
- Proporcionar mayores
incentivos al sector agropecuario.
- Una política criminal del
estado hondureño más coherente con los otros
campos de la gestión pública.
- Desarrollo de un programa de
reforma agraria.
- Creación de mejores fuentes
de trabajo.
- Puesta en práctica de
políticas de seguridad ciudadana con verdadera
voluntad política.
Las propuestas en material judicial
fueron las siguientes:
- En cuanto al sistema
propiamente, se propone formular medidas para
eliminar la corrupción y la politización, para
evitar la impunidad al actuar de quienes tienen
considerable poder económico o político. En
materia institucional se propone estimular el
desarrollo de la carrera judicial y fortalecer el
Poder Judicial en su conjunto.
- Modificaciones a la
legislación penal, con una pena mayor para la
corrupción, para que no favorezca la repetición
de conductas criminales. Se propone la revisión
de la inmunidad parlamentaria para evitar que se
convierta en impunidad, y la aprobación del
Código de Procedimientos Penales para
simplificar el procedimiento judicial. Se propone
también crear figuras delictivas contra la
corrupción y la emisión de un nuevo Código
Penal, ya que el actual da mucha discrecionalidad
al juez, lo que permite que se le pueda manipular
para que aplique una pena mínima o que otorgue
la libertad condicional.
- Establecer un sistema de
protección al testigo.
Se propuso además una serie de
medidas que permiten la participación de la sociedad
civil:
1. En materia de prevención:
- Establecer mecanismos de
participación comunitaria en cuanto a la
prevención y rehabilitación del delincuente.
- Establecer en todos los
municipios un patronato y un comité de
vigilancia que trabaje en coordinación con la
municipalidad, Juzgados, Fiscalía, Policía,
empresa privada, etcétera.
- Formación de comités a nivel
de barrios y colonias, pago de vigilancia privada
y formación de patrullas.
- Apoyo a jóvenes con problemas
de conducta para que aprendan a valorarse a sí
mismos.
2. Organización de la sociedad
civil
- Fortalecer los espacios de
participación de la sociedad civil.
- Promover la solidaridad y la
organización en clubes de amas de casa, escuela
para padres, patronatos, fortalecer estas
organizaciones y buscar organismos de
coordinación y apoyo para maximizar los
recursos.
- Crear grupos comunitarios de
acción social.
- Crear comisiones que puedan
abrir espacio de participación de la sociedad
civil en los otros campos de la gestión estatal,
como la Comisión de Seguridad Interior. Estas
comisiones serían mecanismos de prevención de
la delincuencia a nivel de causas
socioeconómicas.
- Fortalecer la Comisión de
Seguridad Interior como espacio de la sociedad
civil en la definición de políticas en materia
de delincuencia.
- Involucrar la Iglesia como un
ente educativo de la sociedad.
3. Con respecto a las relaciones
entre la sociedad civil y el gobierno, se anotó que debe
haber una constante comunicación entre estos sectores y
combinar esfuerzos, además del apoyo que el gobierno
debe brindar a nivel económico. Esto, además de que la
sociedad civil exija el cumplimiento y respeto de las
leyes.
4. La familia tiene que ser
también el centro de la educación. Se propone emitir
una ley especial que obligue a los padres y encargados de
menores de edad a cumplir con su deber, además de
estimular en ellos la responsabilidad. De no ser así, se
propone que el Estado reubique a los menores para
educarlos y formarlos.
5. Con relación a la juventud, el
Gobierno debe tomar la responsabilidad de concentrar a
los niños y jóvenes con problemas de conducta para
educarlos y capacitarlos en carreteras técnicas, oficios
y profesiones. Además, se propone diseñar políticas en
esta materia, y la realización de un estudio para ver
que localidades necesitan un Centro Correccional de
menores. Por último, se propone la creación de centros
de recreación.
6. En cuanto a la Policía se
mencionó:
- Más vigilancia policial.
- Capacitación, equipamiento,
profesionalización y presupuesto para los
cuerpos policiales.
- Desarme general, por medio de
amnistía, de manera que la portación ilegal sea
considerada como un delito.
- Medidas específicas para
atacar la delincuencia en ciertas áreas, como el
sistema de transporte y los servicios privados de
seguridad.
- Cambiar la invitación a los
militares para que elaboren una estrategia de
ayuda a la policía. Que el Ministerio de
Seguridad elabore una política de seguridad con
su correspondiente estrategia, y que precise
además el papel de los militares en la lucha
contra la delincuencia.
7. En cuanto al sistema
penitenciario se propuso: construir granjas penales, que
los centros correccionales presenten verdaderas
alternativas de rehabilitación, acercamiento espiritual
y crear centros de reeducación.
8. Se propone además incluir la
educación en valores dentro del proceso educativo
mediante:
- Campañas educativas para la
familia a través de los medios de comunicación.
- Compromiso de las autoridades
educativas hacia la comunicación con las
familias.
- Clase especial para fortalecer
y recuperar los valores morales, incluyendo a los
padres en actividades determinadas.
- Supervisar la calidad de los
centros educativos.
- Introducir en el sistema
educativo el conocimiento de las leyes.
- Capacitar a los padres de
familia en derechos y deberes humanos.
9. Por último se habló del
fortalecimiento del Estado de Derecho para hacer efectiva
la igualdad ante la Ley.
IV. Posición sobre el
Endurecimiento de las Penas
Con respecto al endurecimiento de
las penas, aunque existe consenso sobre la necesidad de
castigar a los que cometen actos delictuosos, no hay
consenso en torno a la magnitud del castigo a aplicar,
por lo cual se presentan los argumentos a favor y en
contra del aumento en las penas de prisión y la cadena
perpetua:
- Argumentos a favor del aumento
de las penas de prisión:
El temor a la reclusión como
factor de prevención del delito, aislamiento del
delincuente para protección de la sociedad y la
necesidad del interno de ocupar su tiempo en algo
productivo.
- Argumentos en contra del
aumento de las penas:
El costo que implica el
sostenimiento del sistema, mayor hacinamiento por el poco
egreso de las cárceles, ante la certeza de no salir se
pierde la motivación para la rehabilitación, se
requeriría mejorar el sistema penitenciario incluyendo
la aplicación de la ley y la impunidad, se necesitaría
crear cárceles de máxima seguridad. Se argumenta que
esta es sólo la salida más fácil y se proponen algunas
medidas alternativas de prevención, entre otras:
- Educación de los niños,
introduciendo el conocimiento de las leyes.
- Mayor conocimiento de las leyes
por parte de las autoridades.
- Simplificar el proceso judicial.
- Formar conciencia ética
profesional.
- Crear fuentes de trabajo y
mejorar los salarios.
En cuanto a la cadena perpetua,
algunos de los argumentos a favor son:
- Su carácter ejemplarizante.
- Su aplicación a los
reincidentes.
- Se anota que es necesario
reformar la Constitución a este efecto, y
depurar el Poder Judicial para que se
especifiquen los delitos a los que se aplica esta
pena, que sea en casos graves y con la
posibilidad de reducción en caso de buen
comportamiento. Además se propone la
realización de talleres para estos delincuentes.
Algunos de los argumentos que se
emitieron en contra de la cadena perpetua son:
- Que esta no es la solución y
que ya existen penas grandes que no se aplican
justamente.
- El endurecimiento no funciona
sin antes organizar la sociedad y la
transformación del sistema judicial, además de
un cambio de mentalidad en el país.
- No es conveniente ya que no
existe una adecuada aplicación de la ley.
- Es probable que se aplicaría
a los delincuentes menores y no ante los delitos
de cuello blanco.
- Es necesario más bien crear
una ley que castigue al juez que no aplique las
penas, programas de rehabilitación y aplicación
correcta de la justicia.
- Que los jueces y magistrados
son nombrados políticamente por el gobierno de
turno.
- El sistema penitenciario no
está preparado para la cadena perpetua y no
tiene condiciones para prepararse a corto plazo.
- Es un retroceso histórico y
más bien debe pensarse en reducir las cárceles
al mínimo.
Como alternativa se puede aumentar
las penas de reclusión e implantar un sistema de
rehabilitación con el nuevo Código Procesal Penal (el
Juez de Ejecución de Sentencia), introduciendo la rebaja
en las penas por buen comportamiento, alternativamente se
puede establecer un mínimo de años de prisión para
mantener la esperanza en el interno de salir. Otras
estrategias sugeridas son: eliminar el tope acumulando
las penas, sin que se permita la libertad condicional,
además de incluir el trabajo comunitario.
Diálogo Centroamericano es producido
por el Centro para la Paz y la Reconciliación de la
Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano con el
apoyo de la Fundación Ford.
Apartado 8-6410-1000, San José,
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