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ESPECIAL EL SALVADOR FORO - LA SEGURIDAD COMUNITARIA: Proyecto alternativo a la seguridad y participación ciudadana en El Salvador Como parte de las actividades de
apoyo en la formulación de políticas de seguridad
ciudadana en Centroamérica, el 20 de noviembre de 1998
se realizó en el Hotel Terraza en San Salvador el foro La
Seguridad Comunitaria: Proyecto alternativo a la
seguridad y participación ciudadana en El Salvador,
organizado por el Instituto Superior de Estudios
Nacionales (ISEN) con el apoyo del Diálogo
Centroamericano para la Seguridad y la
Desmilitarización. Este foro fue realizado a raíz del interés que despertó el proyecto de Seguridad Comunitaria aplicado en Costa Rica (ver Boletín Diálogo Centroamericano Nº 27, enero 1998) y tenía como propósito crear un espacio para que representantes de los diversos sectores sociales, incluyendo el gobierno, la empresa privada, la academia y en general la sociedad civil, pudieran informarse mejor sobre el tema. Para tal fin, se invitó a Laura Chinchilla, ex Ministra de Seguridad de Costa Rica para que explicara el modelo. Se contó también con exposiciones magistrales del diputado Juan Ramón Medrano, miembro de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa de El Salvador; del Ing. Rodrigo Ávila, Director de la Policía Nacional Civil (PNC), y del Lic. Jaime Martínez, Director del Centro de Estudios Penales (CEPES) de FESPAD. Las ponencias se ofrecen en detalle en las siguientes páginas. Posteriormente, los participantes –alrededor de 180 personas—se agruparon en seis mesas de trabajo, con el fin de integrar las ideas e identificar la viabilidad de poner en práctica este tipo de programas en El Salvador, identificando los pasos necesarios, obstáculos potenciales y posibles comunidades para hacerlo. Las conclusiones fueron presentadas en la sesión plenaria de clausura. En la inauguración, Andrés Balmore Cháves del ISEN, explicó que el proyecto de la Seguridad Comunitaria es una opción para incorporar la participación ciudadana en el tema de la seguridad. Por lo tanto, el foro tenía como principal objetivo contribuir a la promoción del proyecto como una alternativa a la consolidación de una cultura de seguridad y participación ciudadana en El Salvador, intentando lograr además un consenso con los diferentes sectores de la sociedad sobre la conveniencia de dicho proyecto. Arnoldo Brenes del Diálogo Centroamericano resaltó la importancia de que la preocupación por la inseguridad ciudadana no hiciera a los países centroamericanos caer en la tentación de recurrir nuevamente a estrategias militaristas, como podrían ser la participación de los ejércitos en labores de policía. Tampoco es conveniente concentrarse en las soluciones meramente represivas, como son el endurecimiento de las penas, sin contemplar las dimensiones más profundas del fenómeno de la delincuencia y de la violencia. Por el contrario, es necesario desarrollar enfoques integrales de la problemática, y dentro de esto involucrar a la ciudadanía al máximo. En este sentido, el programa de Seguridad Comunitaria es un enfoque novedoso que, en el caso de Costa Rica, ha servido para hacer a las comunidades copartícipes de las estrategias de seguridad ciudadana, teniendo resultados positivos a corto plazo. Si bien cada país presenta circunstancias diferentes, la experiencia de Costa Rica podría ser útil para que El Salvador desarrolle su propia estrategia. Rafael Ernesto Olivares, Presidente del ISEN, hizo hincapié en que el fenómeno de la inseguridad y la violencia es uno de los factores que más afectan a El Salvador actualmente. Mencionó que entre 1994 y 1995, El Salvador tuvo índices de alrededor de 140 muertos por cada 100 mil habitantes, con una leve disminución de 120 en 1995, para volver a incrementarse en 1997. Sólo en el primer trimestre de 1998 se registraron aproximadamente 1.600 actos delincuenciales que conllevaron acciones de muerte. Olivares ilustró sobre las pérdidas millonarias por robo de mercaderías a empresas de carga, que según datos de la Asociación de Transporte de Carga, suman los 72 millones de colones (unos 8.1 millones de dólares), además de la alarmante cifra de vehículos robados y la actividad de las "maras" (delincuentes juveniles). Por otro lado, Olivares afirmó que en respuesta a la inseguridad ciudadana, desde 1994 hasta mediados de 1998 se encuentran registradas en el Ministerio de la Defensa Nacional un total de 125.463 armas que están en poder de la población civil. Si se asume que existe otro tanto igual sin registrar, se podría pensar que El Salvador es uno de los países con mayor riesgo en América Latina, afirmó. Ante esto, dijo Olivares, la sociedad civil ha desarrollado iniciativas, pero no han sido suficientes. Por lo tanto, el ISEN y el Diálogo Centroamericano consideraron importante realizar este foro con la esperanza de que sus conclusiones eventualmente tengan eco ante las instancias pertinentes. El diputado Juan Ramón Medrano, miembro de la Comisión de Defensa y Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa de El Salvador, consideró que dentro de la transición democrática que se inició a partir de los acuerdos de Paz de 1992 y la finalización del conflicto armado, se ha dado no sólo el paso de la guerra a la paz, sino también la desmilitarización del país. Actualmente se está intentando pasar de un poder político, económico y social excluyente a uno más participativo, así como pasar de la confrontación a la concertación, tal vez la parte más complicada de este proceso. Sin embargo, Medrano consideró que si bien han habido muchos avances en la construcción de un Estado de Derecho en el que se respetan las libertades democráticas, todavía se debe lograr una mayor equidad económica y social. El nivel de vida de la ciudadanía en general no llega ni siquiera a aceptable, en el tanto que se considera que cerca del 50 por ciento de la población está en condiciones de extrema pobreza. Pero también la pobreza cultural es importante, en la medida que esa pobreza se siente como una marginación sociocultural y que es resultado histórico de una tradicional política excluyente, donde pocos sectores sociales son los que tienen la capacidad económica y el acceso al poder político. Para enfrentar este problema, Medrano sugirió un plan de concertación con todos los sectores económicos, políticos y sociales, donde se piense en el bien común antes que en el bien de un sector social o de algunos beneficiarios. Otras medidas necesarias propuestas por el diputado Medrano incluyen:
Medrano lamentó que instituciones como la Asamblea Legislativa o la Corte Suprema de Justicia, que pueden ayudar a mejorar la administración de justicia, estén siendo duramente cuestionadas por la opinión pública, al igual que los partidos políticos o incluso la Policía Nacional Civil (PNC). Según recientes encuestas, alrededor del 50 por ciento de la población no tiene confianza en la Corte o en los partidos políticos. Aún la popularidad de la PNC ha bajado peligrosamente y esto es delicado en el tanto que la policía civil es la encargada de mantener el orden dentro de la sociedad. Un problema concreto es la percepción de que los jueces no colaboran con la PNC, o como dicen, "la policía los captura y los jueces los liberan". Es necesario variar algunos tecnicismos que permiten poner en libertad a peligrosos delincuentes. En el caso de la Asamblea Legislativa, un problema grave por el cual se ha perdido credibilidad es porque se hace más política partidaria que política nacional. Los aspectos fundamentales para la vida del país como la seguridad pública, la administración de justicia, o la educación del medio ambiente, no deben ser objeto de políticas partidarias sino de una política responsable a nivel nacional. En relación a la PNC, según el diputado Medrano, no hay duda de que hay problemas graves con su tecnificación y hay que dotarlos del equipo necesario. Debe haber una mejor relación con la Academia de Seguridad Pública, porque en este momento son dos cuerpos extraños. Se debe determinar si la academia debe tener la función de dirección de la policía o si sólo es fábrica de policías; no tiene sentido que esté la academia decidiendo cómo formar los policías si es la PNC la que sabe los tipos de policías que necesita. Se necesita también una inspectoría que no dependa del ministro, que tenga real independencia y que trabaje con los organismos de control interno. También considera que es necesario crear una unidad de asuntos internos, para que se investigue y se sancione a los malos policías. Otro problema grave es el de la deserción estudiantil y el analfabetismo: Uno de cada tres adultos no sabe leer. Todo esto perjudica las oportunidades de trabajo para la gente y genera también desintegración familiar, que deriva en delincuencia juvenil, en prostitución y en maras. La solución por tanto implica un mayor presupuesto e inversión para la educación. Señaló también el problema de la violencia en las noticias o en los programas de televisión, que influyen sobre la educación de los niños. Este problema debe ser enfrentado por todos aquellos que están directamente vinculados con niños, desde los padres de familia, los maestros y los religiosos hasta el Ministerio de Educación. También corresponde a los medios de difusión masiva tomar medidas al respecto. Se necesita además un esfuerzo fundamental en las medidas preventivas y las medidas de educación o de recuperación de los criminales. La pena de muerte no es la solución, y se necesita un programa de reeducación de los reos y de modernización del sistema penitenciario. El diputado Medrano concluyó haciendo un llamado al trabajo conjunto por parte de la Policía Nacional Civil, la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa, la empresa privada y toda la sociedad, como una forma de atacar en forma integral el problema de la inseguridad ciudadana. Diálogo Centroamericano es producido por el Centro para la Paz y la Reconciliación de la Fundación Arias para la Paz y e1 Progreso Humano con el apoyo de la Fundación Ford. Apartado 8-6410-1000, San José,
Costa Rica. |