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ACUERDOS DE PAZ: OMISION Y COMPROMISO Carlos P. Lecaros Zavala* Al cumplirse siete años de la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, vale la pena hacer una reflexión en torno al impacto que los diferentes temas comprendidos en el citado documento han tenido en el seno de la sociedad salvadoreña. Son varios los logros a través de los cuales se han medido los cambios producidos en la vida política de El Salvador desde 1992. En este sentido, si los resultados alcanzados se miden en función de la violencia política –sobre todo en sus formas de manifestarse- no cabe duda que el pais ha experimentado una transformación sustantiva. La tolerancia política actual es también un buen indicador de los espacios democráticos que la firma de la paz hizo posible. Asimismo, las reformas constitucionales importantes constituyen otro argumento a favor de este nuevo escenario. Es cierto que los Acuerdos fueron claros en su intención de pretender crear o transformar radicalmente instituciones que anteriormente se habían constituido en serias violadoras de los derechos de las personas, dejando de lado la función tutelar que la sociedad les había conferido. Han sido resultados políticos que han respondido positivamente a una de las expresiones (también política) de la violencia. Sin embargo, también hay que reconocer que los avances en materia de pacificación no llegaron a la raíz misma del problema; al origen de cuantas manifestaciones de violencia, equivocadas o no en el método, reflejan el rechazo a estructuras injustas que subyacen en el seno mismo de la sociedad: la pobreza y sus formas de exclusión -económica, política, social y cultural- que genera. Y es esto es importante reconocerlo y repetirlo hasta el cansancio porque la pobreza es indudablemente la primera y la más cruel expresión de violencia. Esto lo decía hace ya muchos años Monseñor Helder Cámara. Pasados los años y observando con mayor calma –o menor euforia, si se prefiere- que el énfasis y el interés por el cambio se puso en las expresiones políticas del conflicto, pareciera descubrirse que el tema de la pobreza no hubiera encajado o encontrado el espacio y la relevancia adecuados en la agenda de los Acuerdos. Todo el esfuerzo posible por darle fin al conflicto fue puesto en cuanto representaba lo más externo de la institucionalidad que había sido quebrada; esto es, en la creación de los instrumentos o mecanismos para recomponerla. Se crearon y cambiaron –o quizás mejor, se modificaron- marcos legales para adaptar lo viejo a lo nuevo, sin que ello implicara la transformación de las estructuras mismas; o dicho de mejor manera, no se procuró crear una cultura diferente que rompiera con viejos patrones de conducta. Y así, mientras que los años han permitido observar con relativo asombro cambios importantes en el plano político, contrariamente, con preocupación, se observa que nuevas formas de violencia han aparecido; o, quien sabe, reaparecido. De todo ello una cosa sí es cierta: que la pobreza ha continuado siendo el caldo de cultivo, la constante presente en estas formas de violencia frente a las cuales las instituciones creadas o "transformadas" pareciera que poco pueden hacer. Tema Económico En realidad, el tema económico, más allá de algunas expresiones referenciales, no fue abordado en el texto de los Acuerdos con la profundidad que merecía: como una agenda largamente esperada por la que se jugaron hasta la vida miles de personas. Ni por la vía de las realizaciones materiales, llámense plan de reconstrucción (PRN) o programas de reinserción, ni por la vía del diálogo y la concertación –léase Foro de Concertación- se hicieron esfuerzos para transformar las estructuras de una sociedad que sigue sosteniéndose en indicadores de extrema pobreza. No debe extrañar por ello, lo poco que se haya podido lograr o avanzar en materia económica y social: el PRN se orientó a rehabilitar la gran infraestructura destruida durante la guerra, complementado con algunas obras de compensación social, más que mejorar por lo menos, las condiciones de vida en las zonas ex-conflictivas. Por su parte, los programas de reinserción se implementaron en función de compromisos formales, con sus respectivos sesgos políticos, e indiferentes al hecho de que se trataba de apoyar el proceso de pacificación en el seno mismo de aquel sector de la población políticamente vulnerable (ex-combatientes, desmovilizados, tenedores), que no por ello dejaban de pertencer a las mayorías pobres del pais. La indiferencia y la lejanía de una realidad paradójicamente cercana, hace que para muchos la pobreza haya devenido en un cierto tipo de paisaje en "estado natural". Y como si fuera poco, las instituciones democráticas parecieran no entender todavía que ellas no son ajenas al problema, toda vez que la justicia social en su dimensión económica tiene que sostenerse en un estado de derecho en el que se garantice a las personas igualdad de oportunidades de acceso a una vida digna, conforme a su condición humana. La posibilidad de una nueva lectura del desarrollo que hubiese permitido no sólo intentar cerrar la brecha del crecimiento perdido, sino apostar por un nuevo modelo que hiciera posible erradicar la pobreza en sus estructuras mismas, fue la gran omisión en los Acuerdos. Pobreza Desde esta perspectiva de oportunidades perdidas por omisión, la intuición histórica y la evidencia de los años transcurridos se conjugan para develar nuevamente las causas del conflicto: la pobreza. El problema de la pobreza no fue abordado como un tema central en los Acuerdos; tal vez implícita en la letra, pero distante en su espíritu y abiertamente ausente en las realizaciones (respuestas) concretas. El llamado "tema económico y social" (Capítulo V) se diluye en el conjunto de los asuntos políticos cuya relevancia –indudable, por cierto- atrajeron la atención y los esfuerzos de quienes apoyaron y acompañaron el proceso. Es más, resulta difícil hallar en los Acuerdos nexos entre los mandatos políticos y los mandatos de alcance económico-social; y más difícil aún es encontrarlos entre la nueva institucionalidad que se ha estado creando y en los impactos de la reconstrucción y reinserción económica. Hubiera bastado solamente claridad en establecer las vinculaciones entre la pobreza tratada desde la perspectiva del desarrollo, con el conjunto de reformas políticas tendentes a construir un pais que demandaba sostenerse en principios y realizaciones de gobernabilidad democrática. Esta omisión le restó al compromiso por erradicar la pobreza -causa última del conflicto- la fuerza de constituirse en el imperativo categórico de la única paz posible y duradera; es decir, aquélla fundada en la justicia y la equidad. En síntesis, este balance de los Acuerdos permite traer hasta nuestros días aquella omisión que años después está resurgiendo con mayor fuerza: los vínculos entre la pobreza y las reformas políticas. Y ello porque si existe una razón fundamental para encontrar estos vínculos, dicha razón es la que sitúa los derechos económicos, sociales y culturales en el mismo nivel y dimensión de los derechos políticos, todos ellos, como derechos humanos. El derecho a un empleo, a un ingreso; el derecho a un medio ambiente sano; el derecho a no ser excluido de las oportunidades de acceso a la educación, la salud, la vivienda; el derecho a una identidad cultural; todos ellos son tan derechos humanos, como el derecho a elegir a los gobernantes o de participar en las decisiones de grupos. Esta omisión exige, pues, una renovación del compromiso con el proceso de pacificación asumiendo como tarea prioritaria traducir en respuestas concretas aquellos derechos humanos que estuvieron ausentes en los Acuerdos –los económicos, sociales y culturales-…; que, dicho sea de paso, el huracánMitch, dolorosamente, los ha hecho recordar. ¿Qué ha cambiado esencialmente en el pais?, parece interrogarnos el post-conflicto, y al que se ha sumado recientemente el post-desastre (Mitch). ¿Qué y cómo hacer para que aquella paz que puso fin al conflicto armado no revierta bajo otras expresiones de violencia, de estallido social; pero violencia, al fin y al cabo?. Son preguntas que pretenden optimismo dentro de un realismo inocultable; y que por ello pueden expresarse de esta otra manera: retomar el proceso de pacificación promoviendo e impulsando, más allá de los Acuerdos de Chapultepec -pero reasumiendo sus logros-, un compromiso que enrumbe al pais hacia un desarrollo de auténtica dimensión humana; esto es, económicamente equitativo; ambientalmente sustentable; políticamente gobernable; socialmente solidario; y culturalmente identificado con un imaginario colectivo propio, pero abierto a la vez a una mundialización creciente. Diálogo Centroamericano es producido por el Centro para la Paz y la Reconciliación de la Fundación Arias para la Paz y e1 Progreso Humano con el apoyo de la Fundación Ford. Apartado 8-6410-1000, San José,
Costa Rica. |