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PANAMA La Democracia y las Relaciones Civiles-Militares Ricardo Arias Calderón Ex Primer Vicepresidente y Ex Ministro de Gobierno y Justicia En 1994 se aprobó el texto constitucional que proscribe el ejército en Panamá. Fue aprobado por dos asambleas diferentes: la primera con mayoría de los partidos que conformaron el movimiento civilista que luchó y derrotó políticamente a la dictadura militar y la segunda con mayoría encabezada por el PRD, el partido instrumento de los militares que volvió al gobierno con las elecciones de 1994. El texto expresa, por lo tanto, un consenso nacional muy amplio y profundo, fruto del trauma de una dictadura militar de 21 años. Los resultados de la desmilitarización El resultado positivo más incuestionable de la desmilitarización en Panamá ha sido el cese de la injerencia en la política partidista por parte de los cuerpos de seguridad. Desde el establecimiento de la democracia y la desmilitarización se han celebrado dos procesos electorales, uno parcial en 1991 y otro general en 1994, y dos referéndos constitucionales, uno en 1992 y otro en 1998 y los servicios de policía se han mantenido neutrales. Otros logros producto de la desmilitarización incluyen:
El reto principal ahora es lograr un nivel satisfactorio de efectividad policial en la lucha contra la delincuencia, que ha recrudecido como resultado de una serie de factores, que se derivan en parte de la transición de la dictadura a la democracia y el consiguiente debilitamiento de los organismos de seguridad pública, la pobreza y el desempleo acumulados, y el creciente tráfico y consumo de drogas. Para lograr esta efectividad policial es necesaria su auto-identificación como policías y no como militares venidos a menos, así como el reconocimiento de esto por parte de la sociedad civil y de las fuerzas políticas. Legitimidad democrática Sin duda, el resultado más beneficioso de la desmilitarización de la seguridad pública en Panamá es el grado de legitimación de la democracia en tan corto tiempo, desde su establecimiento a fines de 1989. La militarización panameña desde mediados de 1930 hasta 1989 se acompañó de una débil legitimidad de la democracia, y finalmente su sustitución por una dictadura militar de 1968 en adelante. No sólo porque la organización militar intervenía y falseaba los procesos democráticos, sino además porque en términos generales jugó un papel de correa de transmisión del poderío estadounidense y sus intervenciones en la vida nacional. Con la desmilitarización en los últimos nueve años la democracia panameña ha logrado consolidarse, abarcando en su seno a todas las fuerzas sociales, políticas, económicas y culturales. Los retos de la seguridad Aunque en Panamá ya no quedan militares en activo –sino únicamente policías—el tema de las relaciones civiles-militares no ha desaparecido. La reciente discusión de la Ley Orgánica de la Policía Nacional (PN) originó un debate sobre si el director debía ser un civil o un uniformado, miembro de la carrera policial. Si se aceptaba esta última posición, se habría podido nombrar como Director General a oficiales con experiencia en las antiguas Fuerzas de Defensa del tiempo de Noriega. Pero más en el fondo se perdía para la policía el beneficio de tener un jerarca que mantenga la institución abierta a la mentalidad de la sociedad civil, impidiendo que la institución se cerrara sobre sí misma con un espíritu de cuerpo militar y desligado de la sociedad civil. Finalmente prevaleció la tendencia hacia la desmilitarización. La Ley Orgánica de la PN, aprobada en diciembre de 1997, establece que el director debe ser un civil que no pertenezca a la carrera policial. Además, la PN se ratificó en como "un cuerpo armado, permanente y de naturaleza civil". El desborde de la situación de violencia en la vecina Colombia, particularmente en la fronteriza región del Darién también ha alentado algunos resabios militaristas. Algunas personalidades han sugerido crear una unidad militar para resguardar la frontera. Ante esa propuesta, otros hemos recomendado el recurso de métodos políticos, la capacitación de policías de frontera o, a lo sumo, una misión de observadores de las Naciones Unidas. Además, la pacificación de la región depende mucho más de lo que se haga en Colombia que lo que intentemos en Panamá. Otro problema actual es que pocos panameños tienen competencia en el tema de la seguridad nacional, interna o externa. En ausencia de los militares que se obsesionaron con el tema y en gran medida lo utilizaron como pretexto para su usurpación del poder público y su ejercicio perverso del mismo, no ha habido civiles que lo hayan asumido por cuenta propia y en su propia perspectiva. Nadie ha desmilitarizado el tema de la seguridad y el tema conexo de la inteligencia. Seguridad nacional versus seguridad humana Cuando se habla de seguridad nacional en Panamá, se sigue entendiendo como seguridad del Estado, por preocupación de su soberanía e integridad territorial. Se piensa entonces en respuestas basadas en fuerza armada. Si se proyecta este concepto hacia la dimensión económica y psico-social, se tiende hacia una ideología de la seguridad nacional que estatiza y militariza la vida de la sociedad, y termina por asignarle a las fuerzas de seguridad un papel de tutores del desarrollo de la nación. En esta perspectiva la desmilitarización no sólo se hace difícil, sino impensable. No obstante, las condiciones son apropiadas para que los panameños asuman el concepto de seguridad humana en vez del de seguridad nacional:
Amenazas a la seguridad ciudadana primaria A pesar de estas circunstancias favorables, persisten amenazas a la seguridad ciudadana primaria, y sobre ellas se deben enfocar las políticas de seguridad:
La estrategia de prevención y represión de la delincuencia no se puede reducir a su componente policial. Se necesita además un componente cultural, por el cual los medios de comunicación tienen una grave responsabilidad que no están ejerciendo; un componente legal; y un componente de la administración de justicia, incluyendo el sistema penitenciario. Protección de las fronteras A otro nivel, existe el problema de la permeabilidad de las fronteras, que facilita el contrabando de mercancías, el ingreso ilegal de personas, el narcotráfico y el lavado de dinero. La corrupción, que implica funcionarios corruptos pero también implica individuos y empresas corruptores, propicia estos males. En este sentido, hay que destacar la necesidad de reestructurar y fortalecer la Comisión Bancaria Nacional, que hasta la fecha no ha estado en capacidad de contrarrestar el flujo del lavado de dinero. Para enfrentar las crecientes amenazas que provienen de la frontera con Colombia, incluyendo las guerrillas, el narcotráfico y la inmigración ilegal, se debe fortalecer la capacidad del Servicio Aéreo Nacional y del Servicio Marítimo Nacional, así como un entrenamiento de las unidades de la Policía Nacional que eventualmente pueda conducir a la creación de una Policía de Fronteras como cuerpo de policía civil especializada. Pero lo más importante reside en superar la situación de ‘mundo aparte’ que aún tiene el Darién, mediante su integración efectiva por mejores vías de comunicación y transporte. Canal La mejor defensa de la seguridad del Canal de Panamá se basa en la desmilitarización completa y la neutralidad activa, junto con un país de paz y una democracia consolidada, antes que en la defensa armada. Las amenazas contra el Canal más bien son de otra índole y la clave está en la responsabilidad con la que se integre a la Junta Directiva de la Autoridad del Canal y se nombre el personal. No se necesitan bases militares en nuestro territorio para la protección del Canal; menos aún bases que tengan por misión asegurar una presencia militar delantera dentro de la estrategia estadounidense en América Latina. Muchos otros países atraen importantes inversiones sin contar con bases norteamericanas, a la vez que la presencia en Panamá de numerosas bases y de diez mil efectivos militares estadounidenses no impidieron que el país cayera en manos de una narcodictadura. Por el contrario, se debe fortalecer la neutralidad del Canal y perfeccionarla incluso con una posible neutralidad del país, creando junto con Costa Rica un oasis de desmilitarización completa y de neutralidad activa. Asimismo, se debe desarrollar una estrecha colaboración con Estados Unidos y cultivar las relaciones económicas y políticas con otros grandes usuarios del Canal, como Japón, China y la Unión Europea. Si la propuesta de establecer un Centro Multilateral Antidrogas (CMA) en la actual base aérea de Howard fracasó fue porque en su concepción real, no en la publicitaria, encubría un residuo de propósitos militaristas tradicionales. Falta una política nacional de seguridad democrática Otro reto es que el Consejo Asesor sobre Seguridad Pública y Defensa Nacional, creado en febrero de 1990, nunca llegó a cumplir bien su labor de desarrollar una política de seguridad democrática y civilista, y actualmente se corre el riesgo de que por falta de una visión panameña de una seguridad pública desmilitarizada se desarrolle un organismo de inteligencia con un concepto de seguridad e inteligencia de corte militar. Es por lo tanto importante que los panameños –Gobierno, partidos políticos y sociedad civil—emprendamos la tarea de formular esta nueva visión de seguridad humana. En el tanto que la seguridad y bienestar de Panamá dependen del bienestar de toda la región centroamericana, los gobiernos centroamericanos deberán hacer de la desmilitarización de su seguridad un tema explícito y de consideración y decisión, no sólo entre sus Ejecutivos y sus Ejércitos, sino también con la participación de representantes de sus respectivas sociedades civiles. A punta de tropezones Centroamérica, con Panamá incluida, podría llegar a ser una comunidad de democracias completamente desmilitarizadas y, por ello, con creciente seguridad humana.
Diálogo Centroamericano es producido por el Centro para la Paz y la Reconciliación de la Fundación Arias para la Paz y e1 Progreso Humano con el apoyo de la Fundación Ford. Apartado 8-6410-1000, San José,
Costa Rica. |