GUATEMALA

La Construcción de las Relaciones Cívico-militares en Sociedades Post-conflicto

Carmen Rosa de León-Escribano

Directora Ejecutiva del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible

La construcción de la democracia en un país pasa necesariamente por la estructuración democrática de la sociedad, y demanda la transición de una cultura de conflicto, exclusión y polarización hacia una cultura de reconciliación, cimentada en principios de justicia, equidad y pluralismo. La reconciliación y la paz firme y duradera pasan por la concertación y realización de un proyecto de nueva nación, que incluya y desarrolle armónicamente los intereses de todos los sectores de la sociedad, acorde a principios de justicia, equidad y respeto a los derechos humanos.

Para alcanzar el objetivo de la reconciliación nacional es necesario profundizar en esta etapa de transición, con todos los actores involucrados, y emprender el análisis y discusión de las tensiones más visibles identificadas por la sociedad, entre ellas, la justicia y el perdón. La discusión sobre las relaciones civiles-militares es parte de este proceso de construcción de paz y de reconciliación.

Relaciones cívico-militares

Es imprescindible continuar la discusión sobre el contenido de las relaciones civiles-militares en una sociedad democrática, buscando resolver positivamente las tensiones existentes entre amplios sectores de la sociedad y la institución armada, especialmente por los efectos sociales y políticos que generó el papel del ejército en la década pasada. Fue precisamente el protagonismo militar en la función del Estado la que ha ocupado, y aún ocupa, un punto medular en el cumplimiento de la agenda regional de democratización.

La construcción democrática en una sociedad post-conflicto requiere un cambio de paradigma, pasando del autoritarismo a la democracia. Este cambio de paradigma tiene mucho que ver con la concepción acerca del poder que tiene la sociedad en su conjunto. Los conflictos armados transmiten una percepción del ejercicio del poder en forma vertical, autoritaria, centralizadora y excluyente. Pasar a una concepción del poder basado en la legitimidad de la inclusión de todas y todos en la toma de decisiones –un poder compartido por una sociedad participativa—requiere de un proceso de transición, en donde el cambio de actitud de los miembros de la sociedad es lo más importante.

Es necesaria una etapa de transición para que las organizaciones y sectores de la sociedad civil y de gobierno puedan transformarse y adaptarse a los nuevos requerimientos del proceso de construcción y consolidación de la paz. Los actores sociales y el Estado tienen la necesidad de ajustarse y transformarse para responder al nuevo paradigma. Para esto se necesita una visión descentralizadora, con la búsqueda del poder basado en la legitimidad y no en la fuerza, y con actitudes incluyentes hacia los grupos históricamente marginados como las mujeres y grupos étnicos. Sobre todo, aprender a participar, buscando actuar positivamente en la toma de decisiones y construyendo, junto con otros sectores, la nueva sociedad.

El Proceso de las relaciones cívico-militares

Las relaciones cívico-militares han pasado por diferentes estadios, reflejo de la transición que han sufrido las mismas relaciones entre la sociedad y el Estado durante la etapa de confrontación y su tránsito hacia la paz. De acuerdo a la experiencia guatemalteca, se pueden distinguir tres etapas o niveles:

Nivel reactivo: En este nivel subsiste la visión confrontativa entre la sociedad civil y el Estado. Como mecanismo de participación se utiliza la protesta como primer –y en muchos casos único—canal de expresión, estando secundado por la tendencia a la represión por parte del Estado. Es una visión que da por sentado que sólo por la demostración de fuerza puede influenciarse un cambio en las políticas gubernamentales por unos, y acabar con la protesta, por otros. Este tipo de participación no crea mecanismos de diálogo entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil. En los procesos de diálogo cívico-militar se inicia por esta etapa. Se parte de una desconfianza profunda de ambos grupos, moviéndose por posicionamiento más que por un verdadero interés en escuchar y entender al otro.

Aprender a tolerarse y respetarse es el inicio. Pero la búsqueda de una interpretación común sobre el pasado es fundamental para la reconciliación y perdón, necesarios en la reconstrucción de la confianza.

En esta etapa ayuda aprender a visualizarse como actores de un mismo proceso, eliminar los prejuicios de las respectivas percepciones, distensionar el relacionamiento y el incentivo para la búsqueda de la información mutua, así como la aceptación de nuevas funciones por parte de la institución armada. Sin embargo, a pesar de ser la primera etapa, aún son muy pocas las organizaciones de la sociedad civil que incursionan en la experiencia de las relaciones y diálogo con las fuerzas armadas.

• Nivel proactivo: En este nivel se privilegian los mecanismos de diálogo, de búsqueda de consensos con base en propuestas y de creación de canales de comunicación y negociación con otros sectores y con el Estado. No quiere decir que los sectores populares abandonen el mecanismo de la protesta, pero ésta queda como último recurso, o como un recurso a ser utilizado dentro de una estrategia de plazo medio y/o largo. En este punto, quizá uno de los problemas más grandes que encuentren las organizaciones es la transición del Estado hacia una visión incluyente y participativa, para la cual es necesaria la creación de vías y mecanismos permanentes de diálogo y consulta con la sociedad civil.

En el aspecto específico de las relaciones cívico-militares, aflora en esta etapa uno de los principales impedimentos para establecer un diálogo paritario por parte de los civiles: la ausencia de capacitación sobre las temáticas de defensa y seguridad, debido, sobre todo, a la centralización y control ejercido sobre estos temas por parte de las fuerzas armadas de la región.

Es en esta etapa en la que se encuentran actualmente las relaciones entre algunos civiles expertos, tanto en lo individual como institucionalmente, con las fuerzas armadas. Esta etapa privilegia círculos conjuntos de diálogo, acercamiento e intercambio sobre las realidades nacionales. A pesar de que las fuerzas armadas comienzan a aceptar paulatinamente su papel como un actor más del Estado (al menos formalmente y enmarcado dentro de un discurso más político que real), los Ministerios de la Defensa siguen elaborando en forma aislada sus contenidos doctrinarios, sus pensa educativos y sus presupuestos. Es inexistente el monitoreo efectivo de las Comisiones de Defensa y Relaciones Exteriores de los Congresos, y las Cancillerías no juegan su papel principal en la elaboración de las políticas de defensa.

Si a nivel de los propios gobiernos no se ejerce la autoridad civil sobre las fuerzas armadas, la incidencia que puedan desarrollar las organizaciones de sociedad civil en la formulación, monitoreo, fiscalización y control sobre las políticas de defensa y seguridad, así como sobre la actuación de las fuerzas armadas, es prácticamente inexistente.

En este sentido se tiende a caer en la trampa derivada del pasado de establecer diálogos bilaterales, olvidándose que debe fortalecerse precisamente el papel de los civiles dentro del gobierno, como únicos canales legítimos de poder.

• Nivel interactivo: Este es el nivel de la concreción de agendas y consensos. Las organizaciones e instituciones gubernamentales que participan en las diferentes etapas y espacios de concertación, que tienen una práctica básica en el diálogo, y que ya han desarrollado la tolerancia y respeto por los diferentes puntos de vista, deben pasar ahora a establecer agendas comunes y consensos básicos en torno al proyecto de nación.

Este es el nivel que aún falta por desarrollar entre sociedad civil y Estado. Los sectores y organizaciones han establecido en la mayor parte de casos mecanismos de comunicación bilaterales con el gobierno y otros organismos del Estado. Sin embargo, aún no se han podido estructurar mecanismos de concertación intrasocietales que permitan la creación de grandes consensos nacionales.

Esta etapa se constituye en el gran reto de los civiles de la región: la aspiración de establecer una agenda común con gobiernos que ejercen efectivamente su poder sobre las fuerzas tanto militares como policiales y que definen participativamente los grandes objetivos nacionales, acordando consensualmente las funciones de los diferentes actores. Es aquí donde las universidades y los centros de investigación juegan un papel primordial en la consolidación de esta etapa, a través de la capacitación, investigación y propuesta.

 

Requisitos para la consolidación de las relaciones cívico-militares

Los conflictos armados polarizan y centralizan acciones y actitudes. En los procesos de reconstrucción de la paz es necesario, por ende, reconformar también las percepciones y los tipos de relacionamiento entre los actores sociales. El fenómeno de la guerra interna provoca, por una lado, el debilitamiento y la deslegitimización de las instituciones del Estado y, por otro, la destrucción del tejido social y de las organizaciones. En ese proceso de deslegitimización del poder civil se tiene como contrapeso la supra-institucionalización del ejército durante la guerra, mediante la cual utiliza (en algunos casos infiltrándose) al resto del gobierno para las finalidades de la lucha contrainsurgente y, después de cierto tiempo, incluso sustituyendo el papel de la mayor parte de las instancias civiles gubernamentales.

Por otro lado, el debilitamiento institucional afecta también a la sociedad política, reduciendo el espacio real de poder de los partidos políticos, quienes frente a la polarización quedan dentro de los que deben alinearse a la política contrainsurgente o verse atacados y destruidos por el Estado en el proceso de polarización. La consecuencia es la pérdida del papel representativo y fiscalizador del Congreso, debilitándose cualquier posibilidad de incidencia real del poder civil en el aparato del Estado.

Prioridades

Al plantear la redefinición de las relaciones cívico-militares debe hablarse necesariamente de procesos paralelos y confluyentes, que son ineludibles en la consolidación de la preeminencia del poder civil:

1. El fortalecimiento de la institucionalidad civil del Estado. Debe recuperarse el marco de actuación de la parte civil del gobierno y, para ello, readecuar el presupuesto nacional en función del desarrollo y bien común. Implica la plena vigencia del marco jurídico y normativo que garantiza una correcta aplicación de la justicia y la ruptura con la impunidad surgida al amparo de la potestad suprema de la fuerzas armadas, quienes amparaban las transgresiones con la excusa de la destrucción del enemigo ideológico. Principalmente significa asumir, por parte de las instituciones civiles del gobierno, el papel correspondiente en la elaboración y formulación de las políticas públicas, especialmente aquellas relacionados con la defensa y seguridad.

2. La destrucción del aparato de supra-institucionalidad creado por el ejército. Implica que los ejércitos se ajusten a su papel dentro del Estado, acatando la autoridad civil y reduciendo los ámbitos de actuación detentados hasta ahora. También significa desmontar el discurso ideológico que los presenta como garantes de la estabilidad nacional.

3. El fortalecimiento de las fuerzas policiales civiles. La policía se vio cooptada para apoyar las tareas de contrainsurgencia bajo la directriz del ejército. Este último ejercía por derecho (constitucionalmente), o de hecho, la doble función de defensa y seguridad interna. El desligar las funciones entre fuerza armada y policía civil refuerza el papel civil en la seguridad, entendida esta en su dimensión integral, como seguridad humana. También diferencia los procedimientos y métodos de actuación, siendo el principal, en el caso de la policía, la defensa de los derechos ciudadanos frente a la práctica de desconfianza hacia la población con que se movieron las fuerzas armadas en el pasado. La separación de funciones implica la desmilitarización de la seguridad, no sólo en cuanto a la creación y fortalecimiento de nuevos cuerpos policiales, sino en lo relativo a las funciones de inteligencia, investigación, control de narcotráfico, de policías privadas y armamento. Esto plantea la definición de una agenda de seguridad propia y no la implementación de la visión de amenazas a la seguridad planteada por el gobierno de Estados Unidos.

4. La recuperación del papel de intermediación de los partidos políticos, (tarea asumida a veces por las fuerzas armadas) y, sobre todo, el fortalecimiento de un parlamento que ejerza la función de control objetivo y fiscalizador del ejecutivo en todas sus actuaciones. El movimiento social no puede sustituir a los partidos políticos. Es necesario el fortalecimiento de los partidos para que se constituyan en verdaderos intermediarios frente al Estado.

5. El fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo en sus formas de actuación y relacionamiento con las instituciones del Estado, así como en la transformación de espacios, mecanismos y métodos de actuación. La sociedad civil no puede entenderse como un grupo limitado de personas, sino como la comunidad en su conjunto, y supone la existencia de una red funcional que permita el desarrollo y la participación de la misma. Implica, igualmente, que existan mecanismos claros y legítimos para resolver los conflictos que necesariamente surgen entre los sectores, las personas y entre éstas y el Estado. De no ser así, la tendencia entre el ámbito estatal y el civil será hacia la destrucción del uno por el otro, frente a la frustración de la falta de diálogo, de comunicación y de tolerancia.

Diálogo Centroamericano es producido por el Centro para la Paz y la Reconciliación de la Fundación Arias para la Paz y e1 Progreso Humano con el apoyo de la Fundación Ford.

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