Carta de Manuel Marulanda de las FARC, 29 de enero de 2000

Carta de Manuel Marulanda de las FARC, 29 de enero de 2000

Carta Abierta al Señor Presidente de la República

Doctor
Andrés Pastrana Arango.

Señores:
Alto Comisionado para la Paz, negociadores del gobierno y de las FARC-EP., temáticos, personalidades de la vida política, industriales, iglesias, gobernadores, alcaldes, invitados internacionales, sindicalistas, campesinos y Colombia en general: Reciban un efusivo saludo bolivariano acompañando de un fuerte apretón de manos y por que el encuentro de hoy, en los Pozos, sirva como señal de lo que podemos hacer todos unidos, para encontrar la paz y el bienestar social, cuando hay voluntad política en la parte oficial; en el entendido que estamos inaugurando las instalaciones oficiales que servirán de oficinas especiales para los negociadores y temáticos y así, dar comienzo en próximos días, al debate sobre los 12 Puntos de la Agenda Común, en los cuales hay gran expectativa de los colombianos y la comunidad internacional, interesados en ayudar con sus aportes a erradicar de raíz los males que han originado el conflicto social y armado, declarado el 27 de mayo de 1964, por el Estado al pueblo, en cabeza de los 48 hombres marquetalianos. Siendo hoy lo prioritario para analizar en la mesa, la búsqueda de la solución inmediata a la problemática del desempleo en ciudades y campos, en ruina unos y otros, producido por la quiebra de más de 20 mil empresas, en diversas ramas de la producción nacional, por la competencia desleal, producto de la Política Neoliberal de anteriores gobiernos, la que tendrá que ser modificada por el señor Presidente Andrés Pastrana, a través de la mesa de negociaciones, para volver a restablecer las empresas con nuevos criterios en la producción económica, con desarrollo sostenido, mercadeo planificado nacional e internacional, garantizando el bienestar social. Los propietarios de las empresas beneficiadas, en contraprestación deberán comprometerse a generar empleo con garantías sociales, estabilidad laboral, y el consumo interno con precios justos y salarios dignos, en las diversas profesiones, para poder sobrevivir al hambre. En este empeño las FARC-EP estaremos presentes hasta lograr la solución a corto y largo plazo para terminar con el desempleo en sus diversas manifestaciones exigiendo del Estado y los industriales, grandes inversiones en nuevos frentes de trabajo; en el entendido que es mas rentable invertir para la paz, que en la guerra como política de Estado, para defender sus privilegios de clase y someter a los trabajadores a salarios de hambre y explotación. El Estado y los industriales deberán invertir en lo inmediato en la solución de los graves problemas sociales: la salud, la vivienda, la educación, los servicios públicos etc., para evitar movimientos sociales que por falta de atención oficial, generen confrontación entre la fuerza pública y la población civil, víctima de las injusticias sociales; y para completar el cuadro, después los dirigentes son asesinados por el paramilitarismo expresión de la Política Oficial del Estado. La opinión pública y los medios de comunicación han sido testigos de permanentes visitas de altos funcionarios norteamericanos a Colombia y de Colombianos encabeza del señor Presidente Andrés Pastrana, a Estados Unidos, para gestionar una donación de 1.600 millones de dólares, cuya cuantía todavía no sabemos cómo va ha ser distribuida en los ministerios para "El Plan Colombia", por no tener información y claridad sobre el particular. El pueblo con su malicia indígena habla, que la mayor parte va ha ser invertida en la guerra y de ser así, las FARC-EP nos manifestamos en desacuerdo con esta ayuda de los Estados Unidos; porque ante todo se requiere de la ayuda para la inversión social y la paz, y no para incrementar mas la confrontación con el beneplácito de unos pocos, directos beneficiarios de la guerra. Por eso estamos haciendo lo posible y hasta lo imposible, buscando salidas políticas para acabar con el conflicto social y armado, por medio de las negociaciones en la mesa. El paramilitarismo de Estado ha sido y sigue siendo uno de los grandes obstáculos para lograr la paz y la reconciliación nacional, por los permanentes asesinatos indiscriminados de la población civil, sindicándola de ser amiga o simpatizante de la guerrilla; por lo cual exigimos del gobierno nacional, garantías para proteger la ciudadanía víctima de este flagelo, en cumplimiento del compromiso adquirido por el Presidente con el Comandante de las FARC-EP, Manuel Marulanda Vélez, de combatir el paramilitarismo con los instrumentos del Estado, para poder sentarnos a hablar en medio de la confrontación armada entre las dos fuerzas: Estado e Insurgencia, en los 5 municipios despejados de Fuerza Pública. No es posible que transcurrido mas de un año, el paramilitarismo siga el baño de sangre contra la población indefensa, sin que el Estado haya mostrado resultados concretos; antes por el contrario, la actitud asumida recientemente por el Señor Presidente, cuando veto la Ley que tipificaba como delitos el genocidio político, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la tortura, argumentando "vicios de fondo" e "inconveniencia para el país", muestra que no es cierto que el señor Pastrana quiera al igual que sus antecesores Gaviria y Samper, poner fin a este aberrante y criminal comportamiento de la Fuerza Publica. Situación que no podrá continuar indefinidamente para bien de Colombia.

En este aspecto creemos conveniente que el Señor Presidente de la República, tal como lo señalo en su discurso de posesión, deberá liderar personalmente el Proceso de Paz como fundamento filosófico, para evitar malas interpretaciones e inconvenientes en sus lineamientos políticos, por parte de algunas personas y autoridades, como es el caso concreto de los generales Fernando Tapias y Jorge Mora Rangel, cuyas apreciaciones no expresan la realidad objetiva del país, cuando formulan críticas y cuestionamientos incausa justificada, contra el proceso paz, emprendido entre el gobierno y las FARC-EP, cuando los resultados están a la vista de Colombia y el mundo ahora lo importante es que sobre la mesa tenemos "La Agenda Común", para analizarla y discutirla por ambas partes, sobre la base de tener en cuenta los intereses del conjunto de colombianos, para lograr la Nueva Colombia, con justicia social y soberanía, con la compresión de la comunidad internacional, para que logremos el objetivo final: La Paz.

La propuesta de las FARC-EP a los tres poderes para convertir a Cartagena del Chaira (Caquetá), en un municipio piloto para la erradicación de la coca, por medios pacíficos, extensivo a otros municipios al cabo de 5 años del experimento, con inversión social, con la ayuda de la comunidad internacional. Hasta el momento no hemos recibido respuesta favorable. En cambio, el gobierno nacional, con la asesoría y ayuda de Estados Unidos, sigue fraguando planes de fumigación y la aplicación de métodos violentos para la erradicación de la coca, sin inversión social, utilizando la Fuerza Pública; para lo que invertirán 1.600 millones de dólares, con consecuencias imprevisibles, prolongando mas las dificultades económicas, tanto de los campesinos cultivadores de coca como medio de subsistencia, como de la población colombiana en general.

La concepción política y estratégica del gobierno en cabeza de los generales para combatir la guerrilla, con el sofisma de la coca, no es acertada. Al igual que el análisis por los expertos nacionales y extranjeros sobre el tema, porque nosotros no dependemos de este elemento. Nosotros podemos ser atacados por la Fuerza Pública cuando el señor Presidente lo estime conveniente, por ser una organización alzada en armas contra el Estado, pero es injusto que lo traten de hacer con la participación de Estados Unidos, utilizando el calumnioso pretexto, que tenemos vínculos con el narcotráfico.

La propuesta de las FARC-EP a los tres poderes para que en sus sesiones ordinarias discutieran y aprobaran una Ley de Canje, para lograr la liberación de soldados y policías por guerrilleros presos, no encontró mayor receptividad. En esta dirección los poderes fueron incapaces de encontrar salidas justas y adecuadas y esgrimieron argumentos sin validez, de acuerdo con la situación de confrontación que estamos viviendo hace mas 35 años.

Con argumentos como estos: que la Ley de Canje permitiría a la insurgencia el Status de Beligerancia en el campo internacional, sin analizar, que de hecho el conflicto esta internacionalizado y que el enfrentamiento existe entre dos fuerzas y por tal motivo, somos atendidos por gobiernos, parlamentos, personalidades de la vida política y económica de algunos países; dicen, que nos permitiría comprar armas en el exterior, sin darse cuenta que sin el Status de Beligerancia las hemos comprado hasta hoy; que nos permitiría quedarnos con un municipio o parte de un departamento, cuando nuestro proyecto político-militar, es para gobernar a toda Colombia, produciendo cambios en las estructuras del Estado y ampliar la democracia; que los generales no estarían dispuestos a darles cuartel a los guerrilleros capturados en combate para después canjearlos, cuando siempre lo han hecho; que las leyes colombianas no contemplan la figura del Canje, como si las leyes fueran inmodificables y eternas; que todas sus deliberaciones tienen que ser para la paz, cuando tenemos un país sumido en guerra; que los guerrilleros están clasificados en tres categorías por la justicia ordinaria, como: secuestradores, terroristas y delincuentes comunes, porque desapareció de la constitución colombiana el delito político en los gobiernos de Gaviria y Samper, y por ello, no son presos políticos o prisioneros de guerra, sino tratados como delincuentes comunes; afirman, que las leyes internacionales impiden liberar terroristas, cuando todo esto son hechos conexos con la rebelión. Para terminar diciendo que soldados y policías deberán quedarse olvidados en el cuarto de san alejo y los guerrilleros en la cárcel de manera indefinida. Desconociendo que la confrontación política y armada, es una forma de rebelión popular por el cambio.

Por el Secretariado Nacional de las FARC-EP
Manuel Marulanda Vélez.

Montañas de Colombia, enero 29 del 2000