Defensoría del Pueblo de Colombia: Informe Defensorial No. 1 - Fumigaciones Y Proyectos De Desarrollo Alternativo En El Putumayo, 9 de febrero del 2001

DEFENSORIA DEL PUEBLO

Defensoría Delegada para los Derechos Colectivos y

el Ambiente

INFORME DEFENSORIAL No. 1

FUMIGACIONES Y PROYECTOS DE DESARROLLO ALTERNATIVO EN EL PUTUMAYO

Febrero 9 de 2001

1. HECHOS

El 11 de enero de 2001, representantes de las comunidades indígenas Cofanes, Awa, Paeces y Pastos provenientes del Putumayo denunciaron ante esta Defensoría que, desde el pasado 22 de diciembre del 2000, se han realizado fumigaciones sobre sus territorios, las que han afectado los cabildos y parcialidades de Santa Rosa de Guamuéz, Nueva Isla, Nuevo Horizonte, Tierra Linda, entre otras.

Los indígenas señalaron que las aspersiones aéreas destruyeron sus cultivos de pancoger y yagé, causaron la muerte de animales y problemas en la salud de la población. Se fumigaron 45 hectáreas de bosques de sitios sagrados y cuatro casas ceremoniales. Adicionalmente, afectaron varios de los proyectos, que, previa concertación con el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo – Plante o PNDA - y con recursos de éste, se llevan a cabo en la zona.

Médicos indígenas y aprendices, miembros del Resguardo de Santa Rosa del Guamuéz, en comunicación dirigida a la Defensoría el 25 de enero, solicitan que “ante el grave atropello de la fumigación indiscriminada, y las graves consecuencias que se derivan de estas acciones del Estado, el Cabildo de Santa Rosa del Guamuéz debe recibir una indemnización inmediata, recursos para garantizar nuestra alimentación en los próximos meses, mientras sembramos nuevos cultivos, atención médica, hospitalaria y drogas a los miembros de nuestra comunidad, considerando que también nuestras plantas medicinales fueron destruidas, además del restablecimiento de los proyectos productivos afectados, que se mencionan en el Pacto.” (Resaltado fuera de texto).

Posteriormente, el pasado 26 de enero, representantes de las comunidades indígenas del resguardo de Buenavista manifestaron ante esta Defensoría que, el 2 de enero, varios helicópteros y dos avionetas sobrevolaron sus territorios y los fumigaron de manera indiscriminada.

Al igual que en el caso anterior, informaron sobre los daños ocasionados a sus cultivos de pancoger y a sus plantas medicinales. Se refirieron, también, a las enfermedades producidas en las personas (gripas, fiebres, afecciones cutáneas) y en los animales, los cuales, según señalan los indígenas, “sueltan babasa”.

Según se denunció en esta Defensoría, los días 10 y 18 de enero se efectuaron fumigaciones que afectaron proyectos ubicados en el Resguardo de Santa Rosa, el Resguardo Cofán, la Reserva Yarinal y la comunidad Indígena de Palestina. Se mencionan, también, otros lugares como El Hacha, Santa Helena, Piñuña Blanco, El Tablero, así como varios sectores ubicados sobre el río Putumayo.

En síntesis, las denuncias de los indígenas se referían a los impactos causados por las aspersiones indiscriminadas, las que afectaron tanto los cultivos ilícitos, como los lícitos y otras actividades productivas. Estas últimas, se llevan a cabo, en la mayoría de los casos, como consecuencia de procesos de concertación con entidades del gobierno nacional o regional – Plante, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía – Corpoamazonía, Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria - Umatas, Empresa Colombiana de Petróleos – ECOPETROL, Red de Solidaridad Social, alcaldías, o con organismos internacionales como Naciones Unidas.

2. DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

A continuación se hace una breve descripción del Departamento del Putumayo.

En este departamento, la zona cocalera se diferencia de otras en varios aspectos. Por un lado, se encuentran grandes áreas cultivadas con coca (algunas de los cuales, según cálculos subjetivos, pueden alcanzar de 80 a 100 hectáreas). Por otra parte, la infraestructura existente en la región permite una relativa facilidad de comunicación y acceso a las diferentes veredas de los municipios; además, la vecindad con la frontera ecuatoriana favorece el comercio directo hacia fuera del país.

Estas pueden ser las causas que le permitieron rápidamente al Putumayo pasar a cultivar cerca del 60% o más de la coca del país. Pero, al igual que se incrementan los cultivos de coca, crecen los problemas sociales.

Repitiéndose la historia de otras zonas cocaleras, el Medio y Bajo Putumayo es un rincón olvidado por el país, con poca o nula presencia estatal y con inmensas riquezas naturales. Cuando se registra un “boom” originado en alguna actividad extractiva, desordenadamente aparecen diversos actores que afectan las situaciones precedentes y trastornan el medio natural. El caucho, el petróleo y ahora la coca, han dejando al Putumayo con menos de la mitad de sus bosques y recursos naturales y con un grave déficit social.

Los territorios han sido ocupados y colonizados por personas provenientes de otras regiones, quienes buscan opciones de vida no encontradas en su lugar de origen. En la actualidad, estas diferentes culturas se mezclan y conviven, extrayendo lo poco que se puede y viviendo casi en su totalidad de los cultivos de coca.

De las etnias que habitan tradicionalmente el territorio del Putumayo, sólo quedan algunos grupos, con una población reducida. Por eso aquéllas corren el riesgo de desaparecer.

Como lo ha indicado la Defensoría del Pueblo, la lucha feroz entre los diferentes grupos armados por el dominio territorial en esta parte del departamento del Putumayo, ha alcanzado niveles críticos: la población se encuentra aislada y librada a su propia suerte en medio de esa lucha.

En el Bajo Putumayo, la disputa por el dominio territorial entre la guerrilla y los grupos paramilitares y la presencia del ejército nacional que trata de mantener el orden público en la zona, es más intensa y se caracteriza por combates más frecuentes, los que involucran a la población indígena. En particular, las consecuencias del recrudecimiento del conflicto para el pueblo Cofán y demás pueblos indígenas se expresan en la imposibilidad de realizar las actividades tradicionales de supervivencia, lo cual los podría llevar a su extinción física.

3. DESARROLLO ALTERNATIVO Y PACTOS DE ERRADICACIÓN VOLUNTARIA

3.1. Desarrollo alternativo y proyectos productivos con recursos nacionales e internacionales

El Plante, desde 1994, viene impulsando actividades de desarrollo alternativo, tanto con campesinos y colonos como con indígenas. Actividades que están enmarcadas dentro de los lineamientos de varios documentos Conpes [1] , la Ley 368 de 1997 y el Decreto 2586 de 1997.

La Defensoría, con base en la documentación recibida de los representantes de las comunidades indígenas, así como de la remitida por las entidades del Estado, analizó el Programa Indígena del Plante en el Putumayo.

Se observó que existen antecedentes de inversiones, trabajo y esfuerzos del Programa Presidencial Plante en el Putumayo que han estado dirigidos a las comunidades indígenas y que no pueden ser desconocidos en el momento de evaluar y determinar la gravedad de los impactos producidos por las recientes fumigaciones en esta región del país.

En efecto, a partir de mayo de 1.998, la Oficina de la Subdirección Indígena del Plante inició actividades en el Departamento del Putumayo con un estudio sobre la situación de las comunidades indígenas del Medio Putumayo.

Este y otros estudios demostraron la urgencia de que el Estado interviniera para velar por la supervivencia de los grupos étnicos de la región, los cuales se encontraban fuertemente amenazados, entre otras razones, por la siembra de cultivos con fines ilícitos.

Los primeros esfuerzos se concentraron en cinco comunidades: dos en el municipio de Puerto Asís (Buena Vista – Siona, La Libertad – Páez), dos en Orito (Villa Nueva y Bocana del Luzón – Cofán) y una en el Valle del Guamuéz (Nueva Isla – Cofán). Los proyectos se orientaron en tres direcciones: apoyo socioeconómico (seguridad alimentaria y salud), fortalecimiento territorial-cultural (creación y ampliación de resguardos) y conservación y protección ambiental (establecimiento de jardines medicinales y chagras tradicionales).

Además, durante el año 1.998, se desarrolló el proyecto “Capacitación a líderes y autoridades de los Cabildos de veinticuatro comunidades del municipio de Puerto Leguízamo” para la identificación de problemas y priorización de proyectos para el desarrollo alternativo indígena.

En el año 1.999 se extendió la ejecución de proyectos basados en los tres enfoques antes mencionados a 23 comunidades, a saber: seis en el Alto Putumayo (San Andrés, Santiago, Colón, San Pedro, Sibundoy y San Francisco); siete comunidades en el Medio Putumayo (Afilador–Campo Alegre, Santa Rosa del Guamuéz, Villa Rica, El Espingo, Santa Helena, Villa Catalina y Floresta–La Española) y diez comunidades en el Bajo Putumayo (Inga–Quechua, El Tablero, El Hacha, La Quebradita, Santa Rita, El Progreso, Jiri Jiri, Tucunare, Lagarto Cocha y Cecilia Cocha).

A finales del mismo año se presentó y aprobó el proyecto de “Estudios para el apoyo a la integralidad de los territorios indígenas Kamentza e Inga en el Valle del Sibundoy” que busca conocer la situación territorial, ambiental, económica, cultural y social que permita planificar el desarrollo alternativo, cultural y sostenible del territorio con estrategias que logren disminuir los cultivos ilícitos.

En marzo de 2000, los ciento veinte cabildos indígenas de los doce grupos étnicos del Putumayo, que cobijan a una población de aproximadamente 22.000 personas, pertenecientes a la Organización Zonal Indígena del Putumayo (OZIP), presentaron al gobierno nacional una propuesta denominada “Iniciativa Indígena Raíz por Raíz”, que consiste en adelantar programas integrales de desarrollo alternativo, los cuales contemplan la erradicación de cultivos de forma manual, la seguridad alimentaria de la población, la protección del medio ambiente, la legalidad de los territorios y el fortalecimiento y recuperación de prácticas culturales.

La selección de zonas para la puesta en marcha, inicialmente, de esta propuesta se hizo teniendo en cuenta a las comunidades más afectadas por los cultivos y las fumigaciones. En virtud de lo anterior, se suscribieron 5 convenios que benefician a 15 comunidades: nueve en Puerto Guzmán (Aguaditas, Barrialosa, Cerro Guadua, Descanso Alpamanga, Alto Mango, Calenturas, Huasipanga y Playa Rica), cuatro en Villa Garzón (Albania, Jerusalén, San Luis Alto Picudito y Santa Rosa de Juanambú), una en Puerto Caicedo (Alpes Orientales) y una en Puerto Asís (Santa Cruz de Piñuña).

Dentro del Plan de Trabajo de la iniciativa “Raíz por Raíz”, se han venido realizando talleres con las comunidades indígenas de Puerto Asís con miras a evaluar su situación actual, formular proyectos de desarrollo alternativo y extenderlos a ocho comunidades más.

Los representantes de las comunidades indígenas presentaron el proyecto “Plan Chagras y Territorios” que contempla, para los pueblos indígenas del Medio y Bajo Putumayo, la instalación de cultivos lícitos sostenibles, cría y fomento de especies menores, sistemas agroforestales y aprovechamiento sostenible del bosque con productos medicinales. Para fortalecer estas acciones, se adelantarán programas de capacitación en producción, comercialización, organización comunitaria, legislación indígena y cultura.

Igualmente, en el año 2000 se adelantó el proyecto “Apoyo a los indígenas artesanos Siona y Cofán en la capacitación, producción y comercialización”.

Los Cofanes, grupo étnico fuertemente afectado por las fumigaciones de finales de diciembre y comienzos del presente año, han adelantado en los últimos años una valiosa labor de unificación y fortalecimiento de su pueblo y han tenido un interés siempre manifiesto de acercamiento al Estado.

Desde la celebración del Primer Congreso Cofán Colombo-Ecuatoriano, llevado a cabo en Jardines de Sucumbíos del 13 al 16 de marzo de 1.998, se ha iniciado un proceso de fortalecimiento de la organización comunitaria del Pueblo Cofán.

En el marco de dicho Congreso se conformó la Mesa Permanente de Trabajo por el Pueblo Cofán, como organización del Pueblo Cofán e interlocutora ante el Estado y demás instituciones. Igualmente, se nombró la Fundación ZIO A’I, Unión de Sabiduría, como asesora de la Mesa Permanente.

Desde entonces se adelanta un proceso de concertación y trabajo conjunto de las comunidades y el Estado, liderado por la Mesa Permanente y la Fundación ZIO A’I, al cual se han sumado los cabildos indígenas del Valle del Guamuéz y San Miguel.

Desde mayo de 1.998, se han celebrado varias reuniones interinstitucionales con la participación del Ministerio del Interior, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Relaciones Exteriores, Instituto Nacional de la Reforma Agraria – Incora -, Plante, Instituto Nacional de Vías – INVIAS -, Corpoamazonía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, autoridades municipales, entre otras, de las cuales han surgido acuerdos y compromisos de apoyo, reconocimiento y respeto a los derechos de las comunidades indígenas.

En este marco de concertación y acompañamiento entre el Estado y las comunidades, éstas formularon el “Plan de Vida del Pueblo Cofán y Cabildos Indígenas del Valle del Guamuéz y San Miguel”.

Este Plan, que refleja al mismo tiempo las aspiraciones y necesidades de todas las comunidades de la región, tiene el propósito de orientar la solución de los problemas sociales, culturales y ambientales que las aquejan, e incrementar las posibilidades de supervivencia de las mismas.

Para el impulso y gestión de dicho Plan, existe en la actualidad una coordinación entre las autoridades indígenas y un Comité Interinstitucional del orden nacional.

En desarrollo de los Programas de Desarrollo Alternativo, el Plante adelanta diferentes proyectos con los Cofanes, como son los estanques piscícolas con las comunidades de Nueva Isla, Bocanas de Luzón, Villa Nueva, Santa Rosa de Guamuéz y Afilador Campoalegre, desde 1.999, y el apoyo en capacitación, producción y comercialización a los indígenas artesanos Siona- Cofán, en el 2000.

Desde julio de 2000 el Plante se comprometió a apoyar el “Plan de Vida del Pueblo Cofán y Cabildos Indígenas del Valle del Guamuéz y San Miguel”, inicialmente con el componente de Economía y Producción.

En el mes de diciembre de 2000, el Comité Técnico del Plante aprobó el proyecto “Programa para el Desarrollo del Componente de Economía y Producción del Plan de Vida del Pueblo Cofán y Cabildos Indígenas del Valle del Guamuéz y San Miguel, Putumayo”, el cual será financiado y ejecutado a partir de 2001.

El 12 de enero pasado, los representantes de las comunidades indígenas Cofán, Awa, Embera, Páez, Quechua y Pastos involucrados dentro del Plan de Vida suscribieron, junto con los representantes del gobierno nacional, un “Pacto Social de Desarrollo Alternativo y Erradicación Voluntaria”, [2] . En éste las comunidades “manifiestan su voluntad de erradicar, en forma voluntaria, las áreas de cultivos ilícitos existentes en sus resguardos y territorios indígenas, en un plazo máximo de 12 meses, contados a partir de la entrega de los recursos para iniciar la ejecución del proyecto señalado en el punto anterior”. Texto éste que se refiere a los componentes de economía y producción ya citados.

Por su parte, “el gobierno nacional se compromete a través del Comité Interinstitucional a apoyar y gestionar la ejecución de los demás componentes del Plan de Vida” y “a restablecer aquellos proyectos productivos afectados por la fumigación”.

Simultáneamente, otras entidades nacionales e internacionales, han concertado y están desarrollado proyectos con las comunidades indígenas o de campesinos, bien sea como apoyo al Plante o en forma independiente. Estos pueden ser complementarios a la búsqueda de la erradicación manual y voluntaria de los cultivos y a la preservación del medio ambiente (Proyectos Corporación Ambiental, Alcaldías, Umatas), o tener como objeto generar condiciones económicas y sociales, que mejoren el nivel de vida de regiones con precaria atención del Estado (Proyectos Red de Solidaridad Social, Corpoamazonía). Otros proyectos son también resultado de los acuerdos en torno a la exploración del petróleo (Proyectos Ecopetrol).

Sin importar su naturaleza, se trata de iniciativas en las que se involucran recursos públicos en el marco de la acción estatal. Por otra parte, se cuenta con proyectos financiados por organismos internacionales, como los que promueve y financia la Organización de las Naciones Unidas, fruto de compromisos del Estado con esas instituciones.

3.2. Pactos de Erradicación Voluntaria en el marco del Plan Colombia

Además de los esfuerzos desplegados, desde años atrás, por las comunidades campesinas y étnicas y el Estado para consolidar acuerdos de erradicación de cultivos ilícitos y alternativas de desarrollo, existen una serie de iniciativas gestionadas en el marco del Plan Colombia. Estas, que son lideradas por el Plante, la Consejería para la Convivencia y Seguridad Ciudadana y la Gerencia del Plan Colombia en el Sur, se han concretado en los llamados Pactos de Erradicación Voluntaria y Desarrollo Alternativo [3] .

Según estos pactos, la comunidad se compromete a erradicar la totalidad de los cultivos ilícitos en el término de un año contado a partir del desembolso de los primeros recursos por parte del Estado y éste, por su parte, se compromete al establecimiento de actividades productivas, comenzando por aquellas de corto plazo y baja complejidad en su diseño, como son las que hacen parte del componente de seguridad alimentaria, y luego con el inicio de proyectos para la generación de ingresos en el mediano y largo plazo.

Los principios rectores de los pactos son corresponsabilidad, compromisos colectivos, construcción participativa, soportes metodológicos y responsabilidades indelegables del Estado.

El proceso previsto para la construcción de los pactos, que se realiza simultáneamente en cada uno de los nueve municipios incluidos dentro del Plan Putumayo, consiste en las siguientes fases: i) convocatoria general, ii) difusión, iii) inscripción, iv) priorización, v) diagnóstico, vi) formulación de proyectos de corto plazo, vii) ajuste y suscripción de los pactos, viii) giro y ejecución de los recursos, ix) ajustes de proyectos de mediano y largo plazo y x) constitución de fondos locales de desarrollo alternativo.

Hasta la fecha se han firmado los pactos que se indican a continuación. Los demás están en proceso de concertación. En varios de ellos, los campesinos interesados han suscrito, entre las fases i) y vii), las denominadas “Cartas de Intención o de Compromiso”.

3.2.1. Santana

El 2 de diciembre de 2000, los representantes del gobierno nacional, del gobierno municipal de Puerto Asís y de la comunidad del Corregimiento de Santana firmaron el “Pacto Social de Erradicación Voluntaria y Desarrollo Alternativo”.

Este pacto cobija a 540 familias y cubre 918 hectáreas por erradicar (promedio 1.7 hectáreas por familia).

3.2.2. Inspecciones El Danubio y Puerto Asis

El 15 de enero del 2001, en Puerto Asís – Putumayo, se suscribió el “Pacto Social por el Desarrollo Alternativo” entre representantes del Gobierno nacional y municipal y las comunidades de las Inspecciones de El Danubio y Puerto Asís.

Este pacto cobija a la comunidad de las veredas de Ancura, Brisas del Hong Kong, Carmen del Picuña, Cocaya, El Aguila, Jerusalén, Canacas, Las Acacias, Mansoya, Nariño-Nariño, Peneya, Salónica, Santa Isabel, Sinaí, Peña-Sorá, La Danta, Danubio, La Diana, Las Minas, Marmato, Nuevo Diamante, Paraíso, San José, Sardinas, entre otras. Tiene una cobertura de aproximadamente 900 familias y 1620 hectáreas por erradicar.

3.2.3. Procesos de concertación en curso

Los procesos de concertación se adelantan en el municipio de Puerto Asís tendentes a la firma de pactos de erradicación voluntaria y desarrollo alternativo con 2000 familias de Teteye, La Carmilita, La Libertad y Puerto Vega; con 800 familias de Comandante y Bocanas del Cuembi; 490 familias de Piñuña Blanco y 531 familias de Villa Victoria.

También existen procesos de concertación en curso con comunidades de otros municipios: con 700 familias de la Inspección Bloque San Juan del municipio de Villa Garzón; 150 familias de la Inspección de Puerto Limón del municipio de Mocoa; 1500 familias de las Inspecciones de Mayoyoque, Galilea, Gallinazo y El Mandur en el municipio de Puerto Guzmán; 5000 familias de todo el municipio de Orito, un número aún por definir de familias en el Valle del Guamuéz y 6000 familias de todas las Inspecciones del municipio de Puerto Caicedo.

4. ACCIÓN DEFENSORIAL

4.1. Conformación de una Misión Interinstitucional que visitó el Putumayo

A raíz de las quejas presentadas - fumigaciones indiscriminadas, daños a proyectos Plante y de otras entidades, efectos ambientales, en la salud y en las condiciones socioeconómicas - la Defensoría del Pueblo promovió la conformación de una Comisión Interinstitucional, integrada con funcionarios de esta entidad, el Plante, Corpoamazonía, las Umatas y las Personerías de los municipios visitados. En algunos de los recorridos se contó además con la participación de funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR - y de periodistas de varios medios de comunicación internacionales.

En desarrollo de esta misión que, entre el 15 y el 25 de enero, visitó diferentes veredas de los municipios de Puerto Asís, Valle del Guamuéz, San Miguel y Orito, se recibieron declaraciones de las diferentes autoridades municipales, comunidades y líderes de campesinos e indígenas. Asimismo, se visitaron resguardos y cabildos indígenas, fincas y veredas de campesinos y colonos. Adicionalmente, se recibieron pruebas documentales sobre los daños ocasionados y se recopiló información por las entidades integrantes de la comisión. De los lugares visitados se tomaron fotografías, se realizaron filmaciones y se levantaron muestras.

A continuación se indican las actividades realizadas por la Comisión:

4.1.1. Evaluación General de los Efectos de las Fumigaciones.

La Comisión Interinstitucional comprobó los impactos que están causando las fumigaciones aéreas utilizadas para erradicar las plantaciones de coca, en las áreas detalladas en los mapas No. 1 y 2 y en la relación georeferenciada de los lugares en que se realizó el seguimiento de las fumigaciones en los municipios del Valle de Guamuéz, San Miguel y Orito.

Estos impactos, que han sido descritos en anteriores investigaciones elaboradas por parte de la Defensoría del Pueblo y otros organismos, pueden resumirse así:

4.1.1.1. Impactos Ambientales

- Aumento de la deforestación del piedemonte putumayense. Se observa mayores efectos de necrosamiento y muerte, dejando un panorama desolador en vastas zonas de terreno.

- Destrucción indiscriminada de la poca selva que aún subsiste, de los cultivos de pancoger y de plantas medicinales, así como de potreros y estanques piscícolas, entre otros.

- Migraciones de los animales silvestres, principalmente, aves, reptiles y anfibios, ocasionadas por la fragmentación de los bosques. Incluso se recibieron quejas sobre la muerte de algunas aves, hecho que no se pudo corroborar en el trabajo de campo realizado.

- Daños sobre los cuerpos de agua.

- Formación de diques en las quebradas a causa de la gran cantidad de hojas caídas de los árboles y otras plantas que obstruyen el libre flujo de las aguas y ocasionan su descomposición y contaminación. Muchos de estos cuerpos de agua o manantiales son la fuente para consumo humano y vegetal. Este fenómeno se evidenció en varias partes, como en el resguardo de Santa Rosa del Guamuéz, en donde el agua cambia de color por los taninos liberados por las hojas.

4.1.1.2 Impactos Sociales

- Perjuicios en las condiciones alimenticias de los habitantes de la región. Como se ha mencionado anteriormente, las aspersiones aéreas afectaron indistintamente los cultivos ilícitos, los cultivos de pancoger (yuca, caña, pida, chontaduro, plátano, arroz, maíz, vota, borojó y naranjos, aguacate, fríjol, zapote, papaya), las plantas medicinales (Yagé principalmente, sábila, descansel, mata de ratón, paico, yerbabuena), los potreros, estanques piscícolas, galpones de gallinas, la salud de los campesinos e indígenas y, en general, trastornaron la economía de la región. La Defensoría en algunos casos, pudo observar daños en sitios ubicados a más de 150 metros de las plantaciones de coca.

- Disminución de la actividad productiva. Algunos de los habitantes no han vuelto a sembrar en las zonas afectadas, bien sea por temor a nuevas fumigaciones y o por falta de recursos para los insumos.

- Incrementos en el costo de vida y pérdida de poder adquisitivo. Lo anterior se desprende, tanto de las consecuencias del reciente paro armado, como por problemas en la comercialización de los productos. Varios de éstos, a pesar de no demostrar mayores síntomas de deterioro, corren el riesgo de no ser vendidos porque no hay mercado para los mismos. Es así como en la cabecera municipal de Valle del Guamuéz se informó a la Comisión que no tienen mercado los chontaduros provenientes de las zonas que fueron fumigadas. Es el caso de los procedentes del resguardo de Santa Rosa del Guamuéz.

- Fenómenos de desplazamiento hacia otras zonas de los mismos municipios o hacia otros departamentos o incluso, de forma muy marcada, hacia el Ecuador.

Aunque el fenómeno es muy reciente y no existen estadísticas que puedan determinar la magnitud de la situación, ya es posible constatar la existencia de personas desplazadas de una vereda a otra, dentro de un mismo municipio (vgr, de la inspección Jordán Güisia hacia El Venado, las dos localizadas en el Municipio del Valle del Guamuéz).

De acuerdo con el registro de población indígena desplazada, coordinado por la Red de Solidaridad Social, en Bogotá se encuentran tres familias conformadas por diez personas del pueblo Cofan provenientes del Valle del Guaméz. Neiva y Pasto han recibido población indígena expulsada del Putumayo. Otra población sin registro estadístico se ha desplazado al vecino país del Ecuador.

También se encuentran caseríos casi abandonados (veredas el Maizal, Jordán Ortiz, San Carlos) cuya población ha migrado, principalmente, a los departamentos de Nariño y Cauca.

En el Consulado de Colombia en la ciudad de Lago Agrio, Ecuador, se ha atendido a varias familias desplazadas desde el Putumayo a causa de las fumigaciones aéreas. Según la Cónsul, hace dos semanas se reportaron 750 personas como refugiadas. En la tercera semana de enero, llegaron 11 familias (50 personas). La situación obligó a construir o adecuar albergues, los cuales iniciarán su funcionamiento en febrero. Al respecto, las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR -, están consolidando los datos. Algunas de las autoridades municipales, señalan que entre el 70% y 80% de la población se ha desplazado a Ecuador.

La situación de refugiados colombianos en Ecuador generó un incremento de la violencia en la ciudad de Lago Agrio. En El Coca, otra población cercana, se impide el ingreso de colombianos.

En las veredas visitadas por la Comisión, algunos de los campesinos afectados manifestaron que de no ofrecerse opciones por parte del Gobierno para volver a "sembrar comida", ellos también tendrán que abandonar sus fincas e ir a buscar refugio y comida a otra parte.

En la vereda San Carlos del municipio de San Miguel, se cerró el colegio por falta de estudiantes y se corre el riesgo de que las juntas de acción comunal pierdan la personería jurídica por falta de socios. La profesora será reubicada en un colegio de la cabecera municipal, en La Dorada.

- Reclutamientos. Varias personas manifiestan que la falta de opciones de subsistencia conducirá a que muchos jóvenes sean reclutados por los grupos armados al margen de la ley.

- Daños en la salud de las personas. Las quejas sobre la afectación a la salud tienen que ver con problemas gastrointestinales, dérmicos, dolores de cabeza y mareos, como las dolencias más comunes. En el hospital de la Hormiga se han atendido varios casos diagnosticados bajo el cuadro de “intoxicaciones exógenas”.

4.1.2. Visitas a resguardos, cabildos indígenas, fincas y veredas de campesinos y colonos y evaluación general de los efectos de las fumigaciones

Atendiendo las quejas presentadas por las comunidades indígenas, se pudo constatar que las aspersiones aéreas afectaron, de diferentes maneras, los proyectos que realizan dichas comunidades y algunos campesinos con el apoyo del PLANTE y de otras entidades estatales.

A continuación se citan algunos de los proyectos que evidencian daños por causa de las fumigaciones, los cuales se resumen en el cuadro No. 1.

4.1.2.1. Proyectos Plante, directos o con otras entidades

Resguardo de Santa Rosa del Guamuéz. Se adelanta el programa Plante-Banco Interamericano de Desarrollo – BID - (ficha No. 027 de julio 27 de 1999) el cual tiene los siguientes componentes: jardín medicinal, encuentro de sabedores, un taller cultural, casa de medicina tradicional y un galpón para 200 gallinas ponedoras. En la visita no se evidenciaron mayores afectaciones a los estanques, pero dos presentaban la vegetación quemada a su alrededor. Los peces no se han muerto, pero según los indígenas, no estaban comiendo y temían que se murieran. Los jardines medicinales (bosque donde crecen plantas naturales, entre ellas, lianas de yagé, planta básica dentro de la cultura Cofán,) resultaron afectados en las zonas más próximas a las casas y a los cocales. Para poder utilizar el yagé, hay que esperar más de cuatro años para que la planta crezca.

En algunas fincas de este resguardo se habían sembrado semillas de chontaduro, suministradas por Corpoamazonía, cuyo cultivo se inició hace varios años. En el momento de la visita, algunas palmas presentaban clorosis progresiva (amarillamiento en las puntas de las hojas).

Parcialidad de Nueva Isla, Cabildo Indígena de Nueva Isla, del Pueblo Cofán. Se desarrolla un proyecto Plante similar al de Santa Rosa del Guamuéz, el cual incluye jardín medicinal, infraestructura de salud, estanques piscícolas y montaje de galpón. Las afectaciones constatadas son similares a las señaladas en el resguardo de Santa Rosa, pero en los bordes de los estanques el daño es más severo, con pérdida total de más de dos mil peces. Los estanques están por tal motivo desocupados. Del galpón avícola, según los indígenas, se sacaron las gallinas para evitar su pérdida. No obstante, algunas murieron posteriormente.

Parcialidad de Nuevo Horizonte (indígenas Pastos). El Plante otorgó créditos para ganadería, los cuales ya le fueron cancelados. Sin embargo, se fumigaron los potreros. Allí, también se afectaron gran cantidad de cultivos de pancoger y estanques piscícolas donde murieron algunas cachamas. Eventos semejantes ocurrieron en los proyectos de chontaduro y siembra de bosque, que financia Corpoamazonía. En éstos se observó amarillamiento y pérdida de las hojas. Adicionalmente, la comunidad reportó la muerte de varios cuyes del proyecto de cría que adelantan.

Vereda Miravalle. El Plante financia un proyecto de piscicultura (cachama y carpa) que se realiza con la Asociación de Piscicultores – Asopez, a la cual pertenecen 35 socios, 5 de los cuales ya han recibido recursos de esa entidad. La Comisión visitó la finca de una mujer viuda, beneficiaria del proyecto, quien denunció la muerte de cerca de 800 peces.

Valle del Guamuéz. Ecopetrol, la Red de Solidaridad, el Plante y la Alcaldía, desde hace tres años, financian la asociación de Yuqueros del Valle del Guamuéz, Asoyug, que agrupa 46 socios. Algunas de las fincas de los miembros de esta organización fueron fumigadas.

Vereda los Olivos, municipio de San Miguel. La instalación de un trapiche, proyecto del Plante, deberá someterse a revisión ante la fumigación de algunas de las fincas en las que se siembra la caña.

Municipio de Orito La comunidad de la vereda Batería Churuyaco I, recibió un cuarto frío por parte del Plante y una planta de energía por parte de la Alcaldía. El cuarto frío no está en uso pues su destino era conservar el pescado de los estanques afectados por las fumigaciones en esta vereda. En esta misma vereda funciona la Asociación de Arroceros de Orito, quienes recibieron de la Alcaldía un molino de arroz (inaugurado en enero 28 del 2001), sin embargo, varias hectáreas sembradas de arroz resultaron afectadas por las fumigaciones.

4.1.2.2. Proyectos Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria – Umata - y de las comunidades

Vereda la Pradera. Se afectaron proyectos que se llevan a cabo con el apoyo de la Umata del municipio, así como sembrados de palmitos y de yucas.

En la misma vereda, La Pradera, la Asociación de Productores Campesinos, que cuenta con 23 socios, ha aportado recursos y comprado tierras para poner en marcha un proyecto en el que se producirán insumos (cultivos de yuca, plátano, arroz, etc) para la elaboración de concentrados, que permitan sustituir gradualmente las plantas de coca. A pesar de que el proyecto se encuentra en evaluación del Plante, para su aprobación y financiamiento, los cultivos base para la futura elaboración de concentrado fueron objeto de las fumigaciones aéreas.

4.1.2.3. Proyectos Naciones Unidas

Jordán Guisia. Tres personas de la Inspección, quienes habían sido favorecidos hace 8 años por proyectos de Naciones Unidas, tenían cerca de 10 hectáreas de caucho, las cuales resultaron afectadas por las fumigaciones.

Vereda Nueva Esperanza, del municipio de San Miguel. Con el apoyo de Naciones Unidas se viene realizando un proyecto de chontaduro, el cual, también se vió afectado.

San Miguel. Los proyectos de la Asociación de Pimenteros de San Miguel, apoyados por el Programa Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria – Pronata - y por la Gobernación del Putumayo, también resultaron afectados por las fumigaciones. Aunque los efectos vistos hacia mediados de enero no son mayores, es posible que con el transcurrir de los días, los mismos se incrementen.

4.1.3. Recepción de Denuncias en torno a los Pactos de Erradicación Voluntaria en el marco del Plan Colombia

Durante la visita realizada al Putumayo, esta Defensoría recibió denuncias de fumigaciones efectuadas sobre zonas en las que las comunidades habían suscrito actas de intención o de compromiso de erradicación manual. Según los denunciantes, el Gobierno nacional había manifestado, que con la suscripción de estas actas, ya no procedían las fumigaciones y se iniciaba el proceso que culminaría con la firma de los Pactos de Erradicación y Desarrollo Alternativo.

A manera de ejemplo, en la inspección de Albania, municipio de Villa Garzón, el 20 de diciembre, se firmaron actas de compromiso por parte de la comunidad para erradicar los cultivos de coca, pero el 8 de enero se realizaron fumigaciones aéreas afectando no sólo las plantas de coca, sino también los cultivos de pancoger. Similares situaciones, indicaron los voceros de las comunidades, se presentaron en las veredas de Miravalle y Laureles.

Los representantes de las comunidades manifestaron que están recibiendo mensajes y tratamientos contradictorios por parte del Estado en la formulación y ejecución del “Plan Nacional de Lucha contra las Drogas. Colombia 1998-2002” y en la puesta en marcha del Plan Colombia.

En comunicación dirigida al Señor Presidente de la República, los miembros del Concejo del Municipio del Valle del Guamuéz, manifiestan su preocupación por los efectos de las fumigaciones y le informan que las comunidades “han suscrito Actas de Intención y buena voluntad para erradicar manualmente lo que queda de esos cultivos, las que ya están radicadas en el Despacho del Doctor Gonzalo de Francisco, pero se requiere de una respuesta inmediata y eficaz del Gobierno Nacional que nos oriente los pasos a seguir, para lograr la suspensión de la fumigación....”. (Resaltado fuera de texto)

Sobre el particular, esta Defensoría considera y recomienda que la firma de actas de intención o de compromiso deben constituirse en instrumento suficiente para la no procedibilidad de las operaciones de erradicación forzosa mediante aspersión de químicos.

4.2. Reunión con la Dirección Nacional de Estupefacientes – DNE -, el Plante y la Consejería Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana

Con el fin de analizar y revisar las situaciones expuestas, el Defensor del Pueblo convocó a los Directores de la DNE y del Plante a una reunión el pasado 2 de febrero. En esta se contó con la presencia del Director Nacional de Estupefacientes y el Subdirector Ejecutivo del Plante. Infortunadamente a la misma no asistió el Consejero Presidencial y Gerente del Plan Colombia – Putumayo.

La Defensoría planteó los siguientes temas:

- A pesar de los compromisos del Gobierno nacional con las comunidades indígenas y de campesinos, anteriores al 22 de diciembre, a partir de esa fecha se iniciaron en forma indiscriminada las fumigaciones en el Putumayo.

- Esto, sin perjuicio, de que mediante Oficio No. 0-4691 del día 22 de diciembre de 2000, el Plante envió oficialmente a la Dirección Nacional de Estupefacientes “17 mapas con ubicación a mano alzada de 41 proyectos productivos financiados por el Plante y el listado de los mencionados proyectos”.

- El 29 de diciembre del 2000, la Subdirección de Ejecución de Proyectos y Unidad de Gestión del Plante dirigió una comunicación a la Dirección Nacional de Estupefacientes y al Consejero Presidencial para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, en la cual pone en su conocimiento los perjuicios ocasionados por las fumigaciones del 22 de diciembre a las comunidades indígenas Cofán y a otros pueblos asentados en los municipios del Valle del Guamuéz, Orito y San Miguel, con las cuales “viene adelantando proyectos de erradicación voluntaria”. Solicita “que en lo sucesivo estas situaciones no se vuelvan a presentar”.

- Por otra parte, del 11 al 13 de enero, la Policía Antinarcóticos acompañada por funcionarios del Plante y de la Red de Solidaridad Social, realizó reconocimientos aéreos en los que se identificaron los proyectos productivos y de sustitución que estas y otras entidades vienen impulsando y apoyando, con recursos nacionales y de cooperación internacional. Lo anterior, en desarrollo de la reunión realizada el 11 de enero, como consta en el Acta No. 106.

- De otro lado y como ya se mencionó, el 12 de enero se suscribió el Pacto entre las autoridades Cofanes, Awa, Embera, Páez, Quechua y Pastos y el gobierno nacional.

- El 14 de enero, el jefe del área de Erradicación de Cultivos Ilícitos de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional remitió al Comandante Zona Sur-Florencia Caquetá, las coordenadas de los proyectos productivos y de Sustitución en el Departamento del Putumayo que llevan a cabo el Plante y la Red de Solidaridad Social [4] .

- Sin perjuicio de lo señalado, el 18 de enero se efectuaron nuevas fumigaciones que continuaron ocasionando daños a los proyectos Plante en territorios indígenas, afectando entre otros a los resguardos Cofan y Yarimal y a la comunidad indígena de Palestina. Igualmente se ocasionaron perjuicios a campesinos y colonos de la región.

Con base en lo expuesto, el Defensor del Pueblo le pidió al Director de Estupefacientes, transmitir al Ministro de Justicia y al Director Antinarcóticos de la Policía Nacional, las inquietudes y denuncias presentadas, así como la solicitud al Consejo Nacional de Estupefacientes, para que suspendiera las actividades de aspersión aérea de químicos, hasta tanto no se georeferenciaran los proyectos Plante y los gestionados por otras instituciones nacionales e internacionales [5] .

Igualmente, la Defensoría llamó la atención sobre la necesidad de coordinar y articular los esfuerzos de las diferentes entidades comprometidas en la lucha contra las drogas y demás entidades del Estado, para lo cual resulta indispensable compartir la información. De lo contrario, señaló se vulnerarían los derechos de las comunidades, se perdería la confianza en el Estado y se desperdiciarían esfuerzos y recursos del presupuesto del país.

El Director Antinarcóticos de la Policía Nacional informó en Oficio No. 0192 DIRAN-DIREC del 2 de los corrientes, lo siguiente: “... Que luego de una evaluación de la situación de orden público presentada en las regiones, motivo de fumigación de los cultivos ilícitos, de las peticiones de los señores Alcaldes y del señor Gobernador del departamento del Putumayo, hechas al Doctor Gonzalo de Francisco, en su calidad de Consejero Presidencial para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana, del análisis de publicaciones de prensa que se viene dando sobre la afectación de algunas comunidades que están comprometidas con la erradicación voluntaria de los cultivos ilícitos y de las comunidades indígenas, de común acuerdo se ha tomado la decisión de reorientar los operativos hacia otras zonas del país mientras se llega a conclusiones de estos temas anteriormente anotados por las autoridades competentes.

Por otra parte, desde el punto de vista técnico, se ha recibido la recomendación de realizar mantenimiento a las aeronaves, someter a reparaciones las aeronaves que han sido impactadas y atender el problema de cultivos ilícitos y las operaciones de interdicción en otras regiones del país, (SIC) han generado la decisión de levantar el dispositivo operativo en el sur del país.” (Resaltado fuera de texto).

Mediante oficio sin fecha, el Director Nacional de Estupefacientes remite copia del acta No. 106 del 11 de enero y los documentos “Informe sobre el proceso para localizar geográficamente las zonas en las cuales se adelantan programas y proyectos de sustitución de cultivos ilícitos con recursos nacionales y de cooperación internacional” y “Consideraciones a determinar para el desarrollo del Programa de Erradicación y de las zonas de exclusión”.

En el primero se informa que el Consejo Nacional de Estupefacientes, en su sesión del 5 de diciembre de 2000, “acordó un procedimiento para georeferenciar las zonas del país donde se vienen ejecutando los proyectos” de sustitución de cultivos ilícitos, el cual se inició el 11 de diciembre pasado. Para el 7 de febrero del año en curso estaba previsto contar con los mapas para efectos de evaluar la información recolectada y programar el “procedimiento y cronograma a seguir con las zonas por georeferenciar”. (SIC)

En el segundo, se indica el procedimiento a seguir para efectos de definir una zona como “objeto de exclusión del Programa de Erradicación Forzosa”. [6] . Esta tarea exige una labor de coordinación interinstitucional entre las diferentes entidades responsables de coordinar y ejecutar las políticas contra los cultivos ilícitos.

5. CONCLUSIONES

Con fundamento en los hechos y antecedentes expuestos y en la competencia de la Defensoría del Pueblo, se concluye:

1. Desde el mes de diciembre pasado, el Consejo Nacional de Estupefacientes definió el procedimiento para dar un tratamiento diferencial a los proyectos y programas de sustitución de cultivos con fines ilícitos, que se adelantan con recursos nacionales e internacionales, frente a la estrategia de erradicación forzosa.

2. A pesar de lo anterior, las fumigaciones realizadas desde el 22 de diciembre en el Putumayo se adelantaron de manera indiscriminada sobre cultivos ilícitos y lícitos, afectando proyectos financiados por el Estado a través de entidades como el Plante, la Red de Solidaridad Social, ECOPETROL, Corpoamazonía, Pronata, Gobernación del Putumayo, Alcaldías Municipales y Umatas.

Varios de esos proyectos son el resultado de procesos de concertación del Estado con comunidades indígenas y con campesinos y colonos.

En algunos casos (Jordán Guisia, Vereda Nueva Esperanza y San Miguel) se ocasionaron perjuicios a proyectos financiados con recursos de cooperación internacional.

3. Pese a lo señalado en el Plan Nacional de Lucha contra las Drogas [7] , no parece existir una oportuna, efectiva y eficaz coordinación entre las diversas instancias del Estado. Las aspersiones aéreas no guardan consonancia con las acciones de los organismos estatales que tienen como fin promover el desarrollo de las regiones, preservar y conservar el medio ambiente y llevar a cabo las políticas de desarrollo alternativo (ECOPETROL, Red de Solidaridad, Ministerio del Medio Ambiente, Corpoamazonía y Plante).

Por otra parte, la relación entre la Policía Antinarcóticos – ejecutor de la política contra las Drogas - y las demás entidades involucradas en la misma, revela vacíos de información. Esto a pesar de que, tanto en el Plan como en el Procedimiento de esa institución, se establecen dentro de las actividades de la denominada fase “Detección Global e Identificación de Cultivos Ilícitos”, la de “unificar criterios” con funcionarios de la Dirección Nacional de Estupefacientes, el Plante, los Ministerios del Medio Ambiente y de Salud, entre otros. Evidencia de ello es la falta de una información georeferenciada que permita identificar claramente los lugares en donde se encuentran localizados los proyectos promovidos o financiados con recursos del Estado .

4. Tampoco parece existir una clara articulación entre las instancias que tienen a su cargo el Plan citado, con las que ejecutan las estrategias del Plan Colombia, particularmente las que se refieren a la lucha contra el narcotráfico y al fortalecimiento institucional y desarrollo alternativo. Lo anterior se evidencia en los mensajes contradictorios que confunden a los interesados en erradicar los cultivos en forma manual.

5. No hay claridad sobre la coherencia entre las fases previstas para la suscripción y puesta en marcha de los pactos de erradicación voluntaria – documento del Plante – y las directrices y lineamientos dictados por el Consejo Nacional de Estupefacientes [8] , en torno a las fumigaciones, tal y como lo dispone el Estatuto Nacional de Estupefacientes (Ley 30 de 1986) y la Resolución del CNE No. 005 de 2000.

6. No se observa por parte del Gobierno nacional, una voluntad expresa para indemnizar, en forma inmediata, a las comunidades indígenas o de campesinos, que se ven afectados como consecuencia de las operaciones de erradicación forzosa. Se requiere, a la mayor brevedad, el establecimiento de un procedimiento expedito que permita revisar las quejas, verificar el impacto de las aspersiones y valorar las indemnizaciones a que hubiere lugar. Este procedimiento debe discutirse dentro del Comité Técnico Interinstitucional, creado por la Resolución del CNE, No. 005 de 2000. [9]

7. El Gobierno Nacional debe atender de manera inmediata a las poblaciones que se ven perjudicadas por las fumigaciones, en especial, cuando éstas ponen en peligro su salud y su seguridad alimentaria. Lo anterior para garantizar sus derechos fundamentales.

8. No obstante que el Director de la Policía Antinarcóticos ha informado al Defensor del Pueblo, mediante Oficio No. 0192 DIRAN – DIREC del 2 de febrero de 2001, la decisión de “levantar el dispositivo operativo en el sur del país”, ésta determinación sólo puede ser adoptada por el Consejo Nacional de Estupefacientes, de conformidad con la normatividad vigente.

9. Por lo expuesto, resulta procedente la expedición de una Resolución Defensorial que formule recomendaciones al gobierno nacional, y evitar la vulneración de los derechos de poblaciones de escasos recursos, que, además, se encuentran en buen grado marginadas de la acción del Estado.

[1] Ver Documentos Conpes Nos. 2734 de octubre de 1994, 2799 de agosto de 1995, 2835 de febrero de 1996, 2896 de diciembre de 1996 y 2905 de febrero de 1997.

[2] Ver “Pacto Social de Desarrollo Alternativo y Erradicación Voluntaria con las comunidades indígenas Kofan, Awa, Embera, Páez, Quechua y Pastos que forma parte del Plan de Vida del Pueblo COFAN y Cabildos Indígenas del Valle del Guamuéz, San Miguel, Departamento del Putumayo, 12 de enero de 2001”.

[3] Ver Documento Plante “Proyecto Construcción de Pactos Sociales de Desarrollo Alternativo, en nueve municipios del Departamento del Putumayo”.

[4] Ver Documento Policía Antinarcóticos “Coordenadas de Proyectos Productivos y Sustitución según Información Plante y RSS Departamento del Putumayo”.

[5] Se entiende por georeferenciación la delimitación de áreas a través de imágenes satelitales, aerofotografías, cartografía y otros sistemas.

[6] En el documento citado se establece que debe ser previamente delimitada y que “debe ser beneficiaria de proyectos alternativos a los cultivos ilícitos, bajo programas de gobierno y/o de cooperación internacional, ...”

[7] En el documento en comento se definen entre las estrategias del Plan, la armonización de los esfuerzos nacionales, como la unidad de acción que permitirá “unificar y optimizar los esfuerzos estatales y dar sostenibilidad a las acciones ...”, y la organización gerencial, la cual “no sólo depende de la acertada acción de cada una de las instituciones, sino de la articulación de las mismas para que el logro de los objetivos tenga un sentido conjunto y articulado”.

[8] Está integrado por el Ministro de Justicia y del Derecho, quien lo preside, los Ministros de Defensa Nacional, de Educación Nacional, de Salud, de Relaciones Exteriores y del Medio Ambiente, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, los Directores del Departamento Administrativo de Seguridad, de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Esta última ejerce las funciones de Secretaría Técnica.

[9] De conformidad con el Artículo 7º, dicho Comité está integrado por el Director Nacional de Estupefacientes, quien lo preside, por representantes de la Policía Nacional- Dirección Antinarcóticos, del Ministerio del Medio Ambiente, del Instituto Colombiano Agropecuario, del Ministerio de Salud, del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo, de la Auditoría Técnica, del Instituto Nacional de Salud, del Instituto de Hidrología y Meteorología y Estudios Ambientales, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y un representante de las Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción en las áreas donde se desarrolla el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos.