Gen. Barry McCaffrey, director, White House Office of National Drug Control Policy, statement, January 11, 2000

Gen. Barry McCaffrey, director, White House Office of National Drug Control Policy, statement, January 11, 2000

Declaración del director Barry R. McCaffrey

Anuncio de propuesta de emergencia y aumento de financiamiento para Colombia y la región andina.

11 de enero de 2000

La propuesta de la administración de aumentar el financiamiento en apoyo de Colombia y otros países de la región andina es una de las iniciativas más importantes contra las drogas jamás propuestas por nuestro gobierno. La producción de cocaína y heroína que se expande rápidamente en Colombia constituye una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y el bienestar de nuestros ciudadanos. Ochenta por ciento de la cocaína que entra a Estados Unidos se origina en Colombia o pasa por allí. También se envían a las calles de Estados Unidos cantidades cada vez mayores de heroína colombiana de gran pureza. El tráfico de drogas y la violencia y corrupción que genera socavan también la democracia y la estabilidad de la región.

Esta propuesta es un conjunto de medidas equilibrado y abarcador que costará 1.300 millones de dólares en el curso de dos años y apoyará las actividades contra las drogas, las alternativas de desarrollo económico, el imperio de la ley, los derechos humanos, el buen gobierno y el reasentamiento de las personas desplazadas en el interior. La administración ha iniciado consultas con miembros del Congreso. Al pedir el apoyo congresional planteamos directamente a la rama legislativa la cuestión del compromiso de Estados Unidos de reducir la oferta de drogas y ayudar a los aliados democráticos en una región donde la estabilidad, la democracia y el imperio de la ley se ven desafiados. Esta propuesta aborda un asunto de importancia crítica para los intereses de Estados Unidos y merece apoyo bipartidista.

La producción de drogas en Colombia ha aumentado drásticamente. A pesar de una agresiva campaña de erradicación desde el aire, el cultivo de coca colombiana, la materia prima de la cocaína, casi se ha triplicado desde 1992. La nueva información sobre la potencia de la coca colombiana, el tiempo que se requiere para que la cosecha madure y la eficiencia del proceso de conversión a cocaína indica que el potencial de producción de cocaína podría ser hasta dos o tres veces mayor que los estimados anteriores. Los aumentos masivos en la producción y el tráfico de drogas en Colombia volverán del revés los logros alcanzados en los últimos cuatro años en Perú y Bolivia, y la continua expansión de la producción de drogas en Colombia probablemente dará como resultado una mayor cantidad de drogas que se envían a Estados Unidos. Se necesitan medidas inmediatas y significativas para prevenir que cantidades significativamente mayores de cocaína y heroína fluyan hacia Estados Unidos.

Los problemas de Colombia afectan las vidas de los norteamericanos en el país y en el extranjero. Las drogas ilegales le cuestan cada año a nuestra sociedad casi 110.000 millones de dólares debido a costos de salud, accidentes y productividad perdida. Estados Unidos ha tenido éxito en reducir la demanda de cocaína más de 70 por ciento desde los niveles máximos de 1985. Si no se la controla, la rápida expansión de la producción de drogas en Colombia, amenaza con aumentar significativamente la oferta mundial de cocaína y heroína. Sin programas efectivos de reducción de la oferta, las drogas baratas y fáciles de obtener pueden debilitar la efectividad de nuestros programas exitosos de reducción de la demanda y aumentar la amenaza de las drogas a nuestras comunidades. En Colombia, los terroristas financiados por los narcóticos secuestran y asesinan a ciudadanos norteamericanos y atacan y extorsionan a las compañías norteamericanas que operan allí.

El problema de la producción de drogas en la región andina ha cambiado radicalmente durante la década pasada, en gran parte debido a los exitosos programas antidrogas en Perú y Bolivia. Hasta hace poco, la mayor parte de la coca se cultivaba en Perú y Bolivia, y la base de coca se despachaba a Colombia para su procesamiento y distribución. La erradicación decidida de los cultivos de drogas y las operaciones de interceptación combinadas con programas de desarrollo económico alternativo en Perú y Bolivia han reducido el cultivo de coca en esos países 66% y 55%, respectivamente, desde 1995. Desafortunadamente, los traficantes hallaron condiciones favorables para trasladar la producción a Colombia, convirtiéndola en el mayor productor de coca del mundo. El control en Colombia de amplias regiones de cultivo de la coca por la guerrilla o grupos paramilitares, otro fenómeno relativamente reciente, ha perjudicado enormemente la capacidad del presidente colombiano Pastrana de reducir la producción de droga o aplicar las leyes nacionales colombianas. Estas nuevas circunstancias requieren un cambio de estrategia, de política y de recursos si queremos proteger a nuestra nación de convertirse en blanco de cantidades radicalmente crecientes de cocaína y heroína y evitar posibles aumentos en la adicción a las drogas, la violencia y el crimen.

La inmensa cantidad de dinero generada por el comercio de las drogas también atiza la violencia, la ilegalidad y el prolongado conflicto interno de Colombia. Colombia carece de recursos para desarticular a los terroristas organizados y los ejércitos privados que proveen refugios a la economía basada en la droga. Estos grupos armados ilegales tienen una presencia dominante en casi la mitad del territorio nacional de Colombia y son causa de más del 90 por ciento de las violaciones de los derechos humanos cometidas en Colombia. Los elevados niveles de violencia e inseguridad desplazan grandes cantidades de habitantes rurales y desaniman tanto las inversiones colombianas como las extranjeras, con lo que agravan la peor recesión económica de Colombia desde la década de 1930. El narcofinanciamiento de los grupos guerrilleros ha resultado en una situación paradójica en la que las guerrillas son militarmente fuertes pero políticamente débiles. Todos estos factores entorpecen los esfuerzos de buena fe de los gobiernos colombianos para negociar la paz y acabar con décadas de violencia.

El gobierno de Pastrana presentó una estrategia, el "Plan Colombia", que admite que la solución de los problemas interrelacionados de Colombia requiere medidas importantes en una variedad de frentes. El plan formula un conjunto de políticas de largo alcance relacionadas entre sí, destinadas a favorecer la paz, fortalecer la democracia, combatir el tráfico de drogas, mejorar el clima de derechos humanos y reactivar la economía. El gobierno de Colombia estima que la aplicación del Plan Colombia costará cerca de 7.500 millones de dólares en los próximos tres años, y Colombia se propone aportar 4.000 millones de dólares de sus propios recursos y de préstamos de instituciones financieras internacionales para poner en práctica el plan. El gobierno de Pastrana solicitó a la comunidad internacional que aporte los restantes 3.500 millones de dólares en ayuda bilateral exterior. La propuesta de la administración responde a los requerimientos delineados en el Plan Colombia.

El momento no puede ser mejor para un esfuerzo importante en apoyo de los esfuerzos antidrogas de los gobiernos de la Región Andina. Hay una fuerte voluntad política en Colombia, Perú y Bolivia para atacar el comercio de las drogas, erradicar la corrupción, acabar con la violencia y establecer la paz y la seguridad en el marco de la democracia y el respeto a los derechos humanos. También hay fuerte voluntad en los gobiernos de Ecuador, Venezuela y Brasil para conseguir que los exitosos esfuerzos antidrogas en los países que actualmente son fuentes no desplace el comercio de las drogas al interior de sus naciones.

Mientras que Colombia se ha convertido en centro de la producción ilegal de drogas en nuestro hemisferio, la dedicación del gobierno de Colombia a atacar la producción y tráfico de drogas es indiscutible. El gobierno de Colombia lleva a cabo actualmente un vigoroso esfuerzo contra las drogas que incluye la erradicación de cultivos de drogas; la destrucción de laboratorios; el desarrollo alternativo; el ataque a las mafias de la droga; y operaciones de interceptación aéreas, marítimas, fluviales y terrestres para incautar y destruir drogas y precursores químicos. Cientos de policías y personal militar, jueces, fiscales, funcionarios de gobierno y civiles inocentes han perdido la vida debido a la violencia de la guerrilla, los paramilitares y los traficantes de drogas. Así como compartimos con Colombia la amenaza a la seguridad nacional y al bienestar social que plantean las drogas ilegales, compartimos la responsabilidad de actuar contra ellas. Es imperativo que el gobierno de Estados Unidos aporte la cuota justa que le toca para combatir la producción y el tráfico de drogas en Colombia y en la región y respalde a nuestros aliados democráticos.

(fin del texto)

(Distribuido por la Oficina de Programas de Información Internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos)

As of March 13, 2000, this document is also available at http://www.usia.gov/regional/ar/colombia/spmacc12.htm