Statement
of Colombian non-governmental organizations, January 13, 2002
¡La
guerra no es el camino!
La responsabilidad
por la ruptura definitiva de este proceso es del gobierno y de las Farc
por no comprender esta oportunidad para el diálogo y la negociación
y por persistir en opciones de guerra en medio de una profunda crisis
social y económica.
Ni el establecimiento
permitió una negociación a partir de cambios estructurales
en la economía, en la política y en la sociedad, ni las
Farc comprendieron la exigencia nacional e internacional de una solución
negociada en la que también hay que ceder, sobre todo en beneficio
de la mayoría de una población hastiada de la guerra.
Frente a la peor
crisis de un proceso en el que la confianza entre las partes y de las
partes con el conjunto de la sociedad estuvo ausente, reafirmamos que
en Colombia hay un pueblo dispuesto a resistir a la guerra y convencido
del diálogo y la solución política del conflicto
armado interno.
Hemos hecho propuestas
diversas para salvar el proceso y hemos advertido que su rompimiento traerá
nefastas consecuencias para un país que no ha conocido la paz pero
que tampoco ha asumido la guerra.
Insistimos en que
el gobierno y las Farc deben permitir la facilitación permanente
de las Naciones Unidas en los aspectos procedimentales del proceso y las
comisiones y subcomisiones que se proponen deben ser integradas a esta
nueva metodología.
Insistimos en que
el gobierno y las Farc deben iniciar las negociaciones sobre los temas
sustanciales asumiendo como prioridades el subsidio para los desempleados,
el cese del fuego y de hostilidades, el secuestro, el desplazamiento forzado,
las elecciones y definiciones en la lucha contra el paramilitarismo.
Insistimos que el
gobierno debe reafirmar las garantías para que la zona de distensión
sea el espacio seguro para las negociaciones y las Farc deben permitir
la verificación nacional e internacional para que este propósito
se cumpla.
Nos hemos movilizado
una y otra vez para reclamar el diálogo y la paz negociada y hemos
cuestionado el carácter excluyente del proceso por parte del gobierno,
que poco consultó al país y de las Farc que poco comprendió
al país. En consecuencia, apoyamos la propuesta de llamar a Monseñor
Alberto Giraldo como testigo de honor en la Mesa de Diálogo y Negociación
y urgimos a las partes para que amplíen la participación
de la sociedad colombiana en el esfuerzo común de la paz.
Coincidimos en la
ruta crítica que propone la Comisión de Notables para disminuir
la intensidad del conflicto y avanzar hacia acuerdos verificables en tiempos
definidos.
Estos esfuerzos y
la labor del asesor especial de las Naciones Unidas y de los países
amigos de la paz no fructificaron, pero es nuestra obligación seguir
adelante en la búsqueda de la paz.
Ahora reafirmamos
la exigencia a las partes de respetar por los derechos humanos y el pleno
acatamiento del derecho internacional humanitario, porque seguir actuando
contra la población civil no sólo degrada este crónico
conflicto sino que mina aún más la legitimidad y la credibilidad
que las partes se abrogan cuando intentan justificar su estéril
lucha.