Resolución del Parlamento Europeo sobre el Plan Colombia y el apoyo al proceso de paz en Colombia, 1 de febrero de 2001

Resolución del Parlamento Europeo sobre el Plan Colombia y el apoyo al proceso de paz en Colombia, 1 de febrero de 2001

12. Plan Colombia B5-0087/2001

Resolución del Parlamento Europeo sobre el Plan Colombia y el apoyo al proceso de paz en Colombia

El Parlamento Europeo, - Vistas sus resoluciones anteriores sobre Colombia, - Vistas las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales de 9 de octubre de 2000, - Vista la declaración de la Presidencia de la Unión Europea de 25 de octubre de 2000,

A. Considerando que, a pesar de los esfuerzos concertados de diálogo con la guerrilla y del proceso de negociaciones de paz, las partes no han logrado hasta hoy poner fin a un conflicto de más de tres décadas de duración,

B. Recordando que, en septiembre 1999, la administración Clinton y el Presidente Pastrana se comprometieron a poner en práctica conjuntamente un "plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado", conocido como Plan Colombia,

C. Considerando que el Plan Colombia no ha sido el producto de un proceso de concertación entre los distintos actores sociales y que la aceptación de la estrategia para la paz por parte de todas las instituciones del país sería muy bien acogida y que debe comprender no sólo acciones para combatir la producción y el tráfico de drogas sino también una estrategia para la recuperación social y económica, el fortalecimiento de las instituciones y el desarrollo social, todo lo cual es necesario apoyar,

D. Considerando que uno de los objetivos del Plan Colombia es erradicar el narcotráfico y la expansión de los cultivos ilegales mediante una estrategia que da prioridad a las fumigaciones aéreas y a la utilización de agentes biológicos, métodos que provocan el desplazamiento forzoso de familias y comunidades y afectan gravemente a la rica biodiversidad colombiana,

E. Considerando la Declaración del Grupo consultivo y de Apoyo al proceso de Paz en Colombia (Madrid, 7 de julio de 2000), en la que los participantes manifestaron su pleno apoyo político al proceso de paz emprendido, y la declaración de la Unión Europea en la que se pide que el Gobierno colombiano incremente sus esfuerzos para desmantelar los grupos paramilitares,

F. Considerando la Declaración del Consejo de Asuntos Generales de 9 de octubre de 2000 por la que la Unión Europea reafirma su apoyo a los esfuerzos de paz emprendidos y su voluntad de acompañar activamente el proceso de negociaciones que, en el marco de una consulta de la sociedad civil y con el acuerdo de todas las partes, deberá conducir a una paz fundada sobre el respeto de los derechos humanos, el derecho humanitario y las libertades fundamentales,
G. Considerando que el problema del narcotráfico y de los delitos con él relacionados requiere un enfoque global basado en los principios de responsabilidad compartida y de cooperación internacional entre los países productores y consumidores de drogas, especialmente con vistas a incrementar la represión del blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico,

H. Considerando la concertación establecida en la reunión celebrada en Costa Rica a mediados de octubre pasado y el diálogo cada vez mayor entre la sociedad civil y los grupos armados; considerando asimismo la reunión del Grupo de Apoyo al proceso de Paz (Bogotá, 24 y 25 de octubre de 2000) a la que asistieron representantes de la Comisión y la Presidencia de la Unión Europea,

I. Considerando que durante la celebración de las conversaciones de paz se han incrementado los actos de violencia y terrorismo así como los asesinatos, secuestros y matanzas dirigidos, en particular, contra la población civil, y habida cuenta de la impunidad de que disfrutan los autores materiales de estos crímenes y, sobre todo, quienes dan las órdenes de cometerlos,

J. Considerando la reciente visita de la Sra. Mary Robinson a Colombia y el énfasis que ésta puso en la inadecuación de las medidas represivas tomadas contra los grupos paramilitares y la impunidad en general; recordando que no solamente decenas de miles de colombianos, sino también ciudadanos europeos, como el cooperante español Iñigo Eguiluz, el belga Daniel Gillard, el italiano Giacomo Turra, la suiza Hildegard Feldmann y muchos otros, han sido víctimas de crímenes que han quedado impunes,

1. Reitera su firme apoyo al proceso de paz iniciado por el Presidente Pastrana e insta a las partes a perseverar en su esfuerzo a pesar de todas las dificultades; pide a las FARC que vuelvan a la mesa de diálogo y que prosigan las negociaciones de paz;

2. Opina que la situación y el conflicto actuales en Colombia no son sólo de carácter armado, sino que también tienen una dimensión social y política cuyo trasfondo es la exclusión económica, política, cultural y social;

3. Considera que un mayor grado de militarización de la lucha contra la droga acarrea el riesgo de una escalada del conflicto en la región, y que las soluciones militares no pueden conducir a una paz duradera;

4. Advierte que el Plan Colombia contiene aspectos que son contrarios a las estrategias de cooperación y proyectos ya comprometidos por la Unión Europea, y que ponen en peligro sus programas de cooperación; expresa en particular su preocupación por la situación actual en la región del Putumayo;

5. Considera que la Unión Europea debe apoyar aquellos aspectos del proceso de paz que propugnan el fortalecimiento institucional, el desarrollo alternativo, la ayuda humanitaria y el desarrollo social, por ser los más acordes con su estrategia de cooperación;

6. Estima que el movimiento social, golpeado muy duramente por la represión, las ONG y las colectividades locales deben desempeñar un papel activo en el proceso de paz en curso; se felicita por que la función que desempeñan se haya confirmado especialmente en la reunión de Costa Rica y entiende que dicha función debe coordinarse con los esfuerzos que se hagan en la mesa de negociaciones;

7. Considera que el país no podrá alcanzar una paz duradera a no ser que se introduzcan profundos cambios en el modelo de distribución de la riqueza, ya que el origen de muchos de los problemas que se dan en Colombia radica en el hecho de que los campesinos no poseen la tierra;

8. Señala la importancia de estimular un verdadero proceso de reforma agraria, para el cual se utilicen, en particular, las tierras confiscadas a los barones de la droga y que proporcione alternativas económicas a los campesinos, e insta por ello al Gobierno colombiano a aplicar políticas de reforma ambiciosas tendentes a frenar la creciente concentración de tierras y a mejorar las condiciones sociales;

9. Insiste en que la intervención de la Unión Europea siga una estrategia propia, no militarista, que conjugue neutralidad, transparencia, participación de la sociedad civil y compromisos de los participantes en la mesa de negociación;

10. Se felicita por las conclusiones del Consejo de 9 de octubre de 2000, en las que se anuncia la aplicación de un "programa europeo sustancial de apoyo socioeconómico institucional al proceso de paz en Colombia, encaminado a promover y salvaguardar el respeto de los derechos humanos, el derecho humanitario y las libertades fundamentales, a mejorar las condiciones de vida de la población local, a fomentar los cultivos de sustitución y la protección de la biodiversidad, y a acompañar la ejecución de reformas estructurales en los ámbitos que alimentan el conflicto armado";

11. Manifiesta su máxima indignación por las masacres masivas de campesinos cometidas recientemente por grupos paramilitares en las regiones del Magdalena, Magdalena Medio, Cauca y Putumayo, así como por las amenazas a campesinos de la zona de Tumaco, entre otras; opina que la obtención de resultados significativos en la lucha contra la impunidad y contra los grupos armados que violan los derechos humanos y el Derecho internacional humanitario constituye una condición previa para la credibilidad del Estado de Derecho; anima al Gobierno colombiano a proseguir su combate contra los grupos paramilitares y a continuar sus esfuerzos para fortalecer las bases del Estado de Derecho y aplicar, en su totalidad e inmediatamente, las recomendaciones de las Naciones Unidas sobre derechos humanos;

12. Considera que la Unión Europea debe comprometerse de forma más decidida en la protección y financiación de aquellas organizaciones (especialmente las organizaciones de familiares de víctimas) que luchan por el esclarecimiento y contra la impunidad de los crímenes contra la humanidad y por la preservación de la memoria de las víctimas de dichos crímenes;

13. Acoge con satisfacción la propuesta de los Comisarios Patten y Nielson de conceder un apoyo sustancial a los esfuerzos de paz en Colombia, propuesta que se eleva a 105 millones de euros para el período 2000-2006, e insiste en que, para dar credibilidad a la intervención de la Unión, las primeras acciones para contribuir al proceso de paz deben iniciarse lo antes posible y tener como objetivo fomentar el respeto de los derechos humanos, las leyes humanitarias y las libertades fundamentales y mejorar las condiciones de vida de la población local, a través de organizaciones de la sociedad civil y de movimientos sociales, y teniendo particularmente en cuenta el desplazamiento forzoso de una parte de la población rural, en su gran mayoría mujeres y niños;

14. Acoge con satisfacción la decisión del Consejo de Ministros de verificar cada seis meses la situación del proceso de paz, el avance en la ejecución de los programas y el cumplimiento de los compromisos y obligaciones contraídos por el Gobierno colombiano y por los grupos participantes en las negociaciones para el fortalecimiento de la paz; pide al Consejo y a la Comisión que tengan puntualmente informado al respecto al Parlamento;

15. Expresa su convencimiento de que, en materia de lucha contra los cultivos ilegales, se debe dar preferencia a las soluciones negociadas y concertadas, la reforma agraria y los cultivos de sustitución, así como a las acciones penales contra los traficantes y los blanqueadores de capitales, en detrimento de las campañas de fumigación; opina, en este sentido, que la Unión Europea debe hacer lo necesario para que se abandone la utilización masiva de herbicidas químicos y se impida la introducción de agentes biológicos como el Fusarium oxysporum, dados los riesgos que su uso entraña tanto para la salud humana como para el medio ambiente;

16. Destaca la importancia de reforzar la cooperación y concertación regionales sobre la base del principio de la corresponsabilidad internacional, ya que la experiencia adquirida en la lucha contra los cultivos ilegales demuestra que con atacar el problema en un solo país lo único que se consigue es traspasarlo a los países limítrofes;

17. Insiste en la necesidad de intensificar la cooperación interregional en materia de control y represión del tráfico de estupefacientes, así como en la lucha contra el blanqueo de capitales; señala, en este sentido, que la Unión Europea debería apoyar la solicitud de Colombia de firmar la Convención de Estrasburgo;

18. Pide al Gobierno venezolano que coopere con el Gobierno de Colombia a fin de establecer conjuntamente los mecanismos que permitan resolver los problemas fronterizos ligados a la lucha contra la producción y tráfico de drogas;

19. Insta al Gobierno colombiano a que, siguiendo el modelo de las mesas de negociaciones con las FARC, instaure un espacio de diálogo con los demás grupos de la guerrilla, a fin de promover los principios de neutralidad y transparencia, y así obtener el apoyo de los diferentes actores armados a los programas y proyectos previstos;

20. Insta a todos los grupos armados a que suscriban un acuerdo humanitario por el que se comprometan a acabar con los secuestros, a liberar a los rehenes que mantienen en su poder, a dejar de cometer actos terroristas, reclutar a menores de edad y atentar contra la población civil, y a concluir un acuerdo serio de alto el fuego;

21. Reitera su apoyo a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a su iniciativa en favor de la conclusión de un acuerdo humanitario en Colombia;

22. Encarga a su Presidenta que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos de Colombia, de Venezuela y de los países mediadores.