FARC cease-fire proposal, February 2, 2002

FARC cease-fire proposal, February 2, 2002

Propuesta de las FARC-EP para la Disminución
de la intensidad del Conflicto.

El enfrentamiento armado en Colombia es consecuencia de los conflictos económicos, políticos y sociales, que a través de nuestra historia no han sido resueltos por la oligarquía bipartidista liberal-conservadora en el poder.

La existencia de un Régimen político antidemocrático y violento sobre el cual se ha edificado un sistema económico que privilegia a una minoría, mientras mantiene a la inmensa mayoría de colombianos privados de sus más elementales derechos, es la causa que ha generado las profundas diferencias sociales.

Es por ello que la Agenda Común hacia el Cambio por la Nueva Colombia se convierte en la guía fundamental en el proceso de diálogo y negociación entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.

Tal como lo afirmamos en el Acuerdo de San Francisco de la Sombra "...somos conscientes de la responsabilidad histórica ante el pueblo de Colombia, que en medio de las dificultades y sacrificios mantiene la fe y la esperanza de vivir en un país en paz con justicia social. que supere las grandes diferencias económicas, políticas y sociales que mantienen enfrentados a los colombianos."

En este orden de ideas presentamos a la consideración de la Mesa Nacional de Diálogo y Negociación y del pueblo colombiano, un conjunto de propuestas encaminadas a disminuir la intensidad del conflicto.

DOCTRINA DE SEGURIDAD NACIONAL Y PARAMILITARISMO ESTATAL
La aplicación sistemática y permanente de la foránea Doctrina de Seguridad Nacional, importada de las escuelas militares de los Estados Unidos, como concepción de Estado de la oligarquía en el poder, conforma el principal obstáculo para avanzar en la solución del conflicto social colombiano.

En desarrollo de esta Doctrina el Estado ha desatado una guerra no declarada contra el pueblo colombiano en la que gasta más de una tercera parte del presupuesto nacional. Intervienen en esta guerra no declarada asesores militares extranjeros, particularmente norteamericanos, en una indignante violación de la soberanía nacional.

El paramilitarismo de Estado, como expresión práctica de esta doctrina, se constituye en la mayor dificultad que impide llegar a acuerdos de una tregua con cese de fuegos y hostilidades.

El paramilitarismo provoca: asesinatos selectivos, masacres, desplazamiento forzado, desalojos, expropiación y repoblación con bandas de paramilitares de tierras rurales y urbanas de los desalojados, amenazas contra los dirigentes de organizaciones populares, desapariciones, sobornos, exilio, narcotráfico, inmovilidad de las fuerzas sociales que propugnan por cambios democráticos y terror generalizado.

Un acuerdo para la disminución del conflicto implica, necesariamente, el desmonte del paramilitarismo, el retiro del país de todos los asesores militares extranjeros, la reducción del gasto militar y la depuración de las Fuerzas Armadas de todos los oficiales y suboficiales comprometidos con estos grupos llevándolos ante los tribunales de la justicia ordinaria para que paguen por sus crímenes; igual suerte deben correr los civiles comprometidos en su financiamiento, promoción y patrocinio.

RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS , CIVILES Y POLÍTICOS DE LOS COLOMBIANOS
La violación a los Derechos Humanos por parte del Estado, aviva el conflicto. El exterminio físico de más de 4.500 dirigentes de la Unión Patriótica es fehaciente prueba de que en Colombia no existen estos derechos. Por eso proponemos que un acuerdo sobre la disminución de la intensidad del conflicto debe estar sustentado en garantizar los derechos a la vida, trabajo, vivienda, salud, educación, recreación y descanso, así como la libertad de organización, movilización y expresión de todos los colombianos.

CAMBIO DE LA POLÍTICA NEOLIBERAL
La antidemocrática política neoliberal impuesta por el Fondo Monetario Internacional, aplicada sumisamente en nuestro país a partir del gobierno de Barco y continuada por Gaviria, Samper y Pastrana, nos ha llevado a la peor crisis económica de los últimos tiempos: ruina del campo, quiebra de la pequeña y mediana industria nacional, progresivo aumento del costo de los servicios públicos, concentración de la riqueza y monopolización de los sectores financiero, industrial, comercial, agropecuario y minero, subió el número de desempleados, aumentó la inequidad social, los despidos de trabajadores y empleados de las empresas públicas y privadas. Se perdieron garantías del derecho al trabajo, se restringieron las libertades de sindicalización, movilización y huelga; se aumentaron los impuestos; se cerraron escuelas, colegios y universidades públicas, y hospitales. Se arruinó a los deudores del Upac, se incrementó la represión contra campesinos, destechados y trabajadores informales, y creció la explotación del trabajo infantil.

El neoliberalismo con su política privatizadora enajenó los bienes de las empresas del Estado y compromete el desarrollo, la soberanía e independencia de la patria al poner en manos de las empresas transnacionales los sectores estratégicos. Modificar dicha política, para beneficio de los colombianos, debe ser compromiso del Estado y el gobierno en el marco de un acuerdo para la disminución de la intensidad del conflicto.

PRISIONEROS DE GUERRA
En desarrollo de la confrontación han caído como prisioneros de guerra combatientes de ambas partes. La firma de un acuerdo sobre disminución de la intensidad del conflicto debe contemplar una fórmula que permita la libertad de los prisioneros.

SUSPENSIÓN DE LA EXTRADICIÓN DE NACIONALES
La extradición de nacionales lesiona la dignidad de los colombianos y viola la soberanía patria. Como parte del acuerdo sobre disminución de la intensidad del conflicto esta política debe ser revocada.

CASTIGO PARA LOS CORRUPTOS
La corrupción es un cáncer que padece la nación desde sus inicios. La lucha contra este fenómeno tiene entre sus primeros antecedentes el decreto del Libertador Simón Bolívar quien estableció severas penas a los funcionarios del Estado que robaran los dineros del erario público. Todavía hoy, mientras se deterioran aceleradamente las condiciones de vida de todos los colombianos, observamos diariamente escandalosos casos de corrupción cuyo denominador común es la impunidad y autoría de representantes de la clase politiquera administradora del Estado desde siempre. El acuerdo sobre disminución de la intensidad del conflicto debe incluir castigo ejemplar para los responsables y devolución de lo robado a los colombianos, tal como lo exige el conjunto de la sociedad.

PLAN COLOMBIA Y SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS
La agresión del Estado contra los campesinos con el pretexto de ser cultivadores de hoja de coca y amapola en desarrollo de la política intervensionista de los Estados Unidos no puede continuar.

Lo que queda de tan demencial acción es el asesinato de centenares de compatriotas, daños a la salud de los pobladores, principalmente niños, miles de hectáreas de cultivos de pancoger arrasadas, centenares de animales domésticos muertos, fuentes de agua contaminadas, daños inmensos al ecosistema y la biodiversidad, ruina económica de las regiones y desplazamiento de los campesinos. Ningún gobierno, ningún Estado, en nombre de ningún interés tiene el derecho de tratar de esa manera a sus conciudadanos, a menos que se haya propuesto convertirse en verdugo de su propio pueblo.

El acuerdo sobre disminución de la intensidad del conflicto debe contemplar la suspensión del Plan Colombia.

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Los grandes medios de comunicación se han convertido en uno de los principales instigadores del conflicto. Por lo tanto, en el marco del acuerdo sobre disminución de la intensidad del conflicto, deben parar las hostilidades contra el pueblo colombiano, sus organizaciones sociales, políticas y armadas. De continuar con su política de hacer apología de los grupos paramilitares deben ser sancionados cancelándoles las licencias de funcionamiento.

COMO PROPUESTA DE APLICACIÓN INMEDIATA EN LOS ACUERDOS PARA LA DISMINUCIÓN DE LA INTENSIDAD DEL CONFLICTO, ANEXAMOS NUESTRA PROPUESTA SOBRE SUBSIDIO PARA LOS DESEMPLEADOS.

Raúl Reyes
Joaquín Gómez
Carlos Antonio Lozada
Andrés París
Simón Trinidad

Montañas de Colombia, febrero 2 de 2002

ANEXO

PROPUESTA DE LAS FARC-EP A LA MESA NACIONAL DE DIALOGO Y NEGOCIACION SOBRE SUBSIDIO AL DESEMPLEO

Para aliviar transitoriamente las penurias económicas del pueblo colombiano, las FARC-EP proponen la adopción del subsidio al desempleo por un año, período en el cual la Mesa Nacional de Dialogo y Negociación busca acuerdos permanentes para solucionar el problema del desempleo.
Desempleados: 3 millones quinientos mil colombianos
Valor del subsidio por persona: $ 230.000 pesos que equivalen a U$ 100*, más seguridad social.
Monto del subsidio mensual total: $ 805.000.000.000 equivalentes a U$350´000.000 de dólares.
Total anual del subsidio: $ 9 billones 660 mil millones de pesos, que equivalen a U$ 4.200´000.000 de dólares.

Los recursos del subsidio de desempleo se obtendrán así:

Del Plan Colombia: $ 2 billones 990 mil millones de pesos.
Creación de un nuevo impuesto a través de Bonos para la Paz a capitales superiores a los 1.500 millones de pesos: $ 2 billones de pesos.
Empresarios del gran capital financiero : $ 3 billones de pesos.
Aportes de la comunidad internacional: $ 1 billón 670 mil millones de pesos.

La Mesa Nacional de Diálogo y Negociación convocará en Los Pozos a los dirigentes de las Centrales Obreras, sindicatos y organizaciones campesinas, indígenas y desempleados, para establecer el número total de desempleados del país en los distintos sectores de la producción, por regiones y por ramas de la producción.

Los recursos serán administrados y fiscalizados por una comisión de la Mesa Nacional de Dialogo y Negociación.

La Mesa Nacional de Dialogo y Negociación hará una gira internacional para explicar la propuesta y buscar aportes y financiación para concretar el acuerdo.

As of March 12, 2002, this document was also available online at http://www.farc-ep.org/dialogos/propuestaconflicto02feb02.html