Contra-Fact Sheet USAID, por Ricardo Vargas (Acción Andina / Transnational Institute), 18 de abril del 2002

Comentarios al Fact Sheet de USAID de abril 8 de 2002 [1]

El pasado 8 de abril la U.S. Agency for Internacional Development emitió una Fact Sheet sobre la evolución de su Programa de Desarrollo Alternativo en Colombia iniciado en mayo de 2001. Aquí se expresan algunos comentarios a dicho documento.

Background: El Programa USAID en Colombia, teniendo en cuenta los montos presupuestales asignados y la significación de la estrategia antidrogas del Plan Colombia, está focalizado en primer lugar en la reducción de los cultivos de coca y amapola. Subsidiariamente contiene recursos orientados al fortalecimiento de la Democracia y los Derechos Humanos y a la atención de desplazados.

Implementation Status: Contra los argumentos presentados en largas discusiones que tuvimos en la sede de AID en Washington, el desarrollo alternativo busca en Colombia jugar el papel de “zanahoria” a la erradicación forzosa o ser la base de transacciones con las comunidades implicadas en cultivos ilícitos, para que abandonen dicha actividad e ingresen a actividades legales.

Estas dos características del DA expresan un punto de partida equivocado. Mientras el objetivo es disminuir a toda costa los cultivos ilícitos, se desconoce una vez más que el punto de partida debe ser los temas del desarrollo regional, dentro del cual la economía de la pasta básica de coca (pbc) y del látex de amapola son un obstáculo y deben ser tratados como tal.

Si se aceptase esta segunda opción el punto de arranque debería ser la estructuración de un plan de desarrollo regional que identifique las potencialidades y limitaciones del territorio, de la población hoy asentada y de los recursos existentes. Así mismo un conocimiento riguroso sobre el estado de la administración regional y local.

Como conclusión, si bien es cierto que la situación de seguridad es un obstáculo a la implementación del programa, se puede decir que esta es una característica por la que atraviesa todo el país y no sólo las áreas productoras de coca y amapola.

En segundo lugar, si el requisito de la seguridad y el control soberano del Estado de las zonas productoras se reiteró como la conditio sine qua non en las fases preliminares del Plan Colombia, no se entiende como se escogió una zona como el Putumayo como punto de partida de los programas. Y aún aceptando que fuese el Putumayo y en primer lugar el municipio de Puerto Asís, no se entiende cómo existiendo en ese municipio una brigada antinarcóticos del ejército, un batallón de las fuerzas armadas, una sede de la policía nacional, un gobierno local democráticamente elegido, se plantee entonces que hay un problema de seguridad. Y más aún, asociando inseguridad con presencia de la guerrilla.

Bajo las anteriores condiciones debería precisarse a qué exactamente se refiere la afirmación en el caso de Puerto Asís, cuando se asevera que “ the security situation remains the largest obstacle to succesful and timely implementation of the program” [2] .

Y si se sustenta ese hecho adecuadamente entonces debería aclararse por qué, contra todo sentido común y evidencia, se inició el programa e DA en el Putumayo. De cualquier manera pareciera haber una alta responsabilidad política de quienes diseñaron el programa.

Progress in 2001: Consecuente con el punto de partida arriba ya cuestionado, se señalan como los primeros síntomas de acciones exitosas el apoyo a los siguientes cultivos:

Cultivo	Area (hectáreas) alcanzada a abril de 2002
Palmito	260 .
Caucho	2499
Agroforestería	2648

Estos cultivos no hacen parte de un programa sólido de largo plazo en función de una propuesta macro que integre un ejercicio de ordenamiento territorial. Adicionalmente su impacto en la región es inseguro y de muy baja capacidad, con una incidencia mínima frente a las dimensiones del problema de la monodependencia de los cultivos ilícitos y sobre todo frente al tamaño de la economía de servicios, empleo directo e indirecto, que sustenta la coca en la región.

En realidad, no hay proyectos identificados en dirección al largo plazo más allá de la planta procesadora de palmito, proyecto inconcluso de la administración Samper que generó grandes sobrecostos para ser terminada.

La planta procesadora tiene capacidad para atender una producción de 1300 hectáreas de cinco municipios. Actualmente existen tan sólo 180 hectáreas en producción y 260 sembradas. Los requerimientos para atender la demanda de palmito para ser procesado se están cubriendo a través de compras al Ecuador. [3] De acuerdo con el total de producción de 1300 hectáreas, a un promedio de dos hectáreas por familia, podrían beneficiar 650 esto es un 1.75% del total de familias firmantes de los pactos.

Development Challenge: La elaboración de propuestas de intercomunicación terrestre bajo la idea de garantizar un desplazamiento de la producción alternativa, sin el diseño de un mapa sobre el potencial biofísico y agroecológico y sobre él redefiniendo la utilización del territorio y resolviendo los conflictos por su uso, termina consolidando toda la irracionalidad en el poblamiento (ocupación) que generó la coca sobre un territorio que tiene su potencial en actividades de protección y uso del bosque. Esta es una consecuencia clara del punto de partida arriba señalado del DA. Adicionalmente, la gran irracionalidad con que se manejó la llamada autosuficiencia alimentaria, (suministro de semovientes hoy sin programas de manejo) termina acentuando la improvisación que ha caracterizado el papel de las instituciones de orden nacional en la región.

Adjustments to the Program: En general los ajustes del programa deberían partir de un balance a fondo del rol jugado por las instituciones colombianas del orden nacional en la implementación de los proyectos, comenzando por el programa Plante y siguiendo con la serie de entidades que hacen un verdadero paralelismo institucional en lo cual se diluye la responsabilidad política del mismo. Se puede afirmar que hoy la parte institucional del programa es caótica y que esto dificulta la cooperación pretendida por USAID.

En segundo lugar, ese balance debería hacerse con las comunidades que han sido parte del proceso sin el chantaje – tan característico del sistema político colombiano - de que quien formule críticas pueda verse afectado en el apoyo a sus proyectos. [4]

Si el punto de partida de los ajustes del programa va a ser, como lo dice la Fact Sheet, [5] reconocer como válido que las comunidades están dispuestas a cambiar coca por una vía y acceso a agua potable, el resultado será sin lugar a duda otro estruendoso fracaso como evidencia cierta del profundo desconocimiento del problema y de sus soluciones realmente eficaces. Esta es, una vez más, otra consecuencia de una política pobre que busca cambiar coca por satisfacción de necesidades básicas sin pensar en la verdadera sostenibilidad del largo plazo ni en el desarrollo regional, tal vez el aspecto más débil del programa de desarrollo alternativo en Colombia.

Vacíos del Fact Sheet

Finalmente USAID que empieza a tener una experiencia sobre el terreno en Colombia, debería pronunciarse acerca de la relación entre fumigaciones y desarrollo alternativo y sobre qué tipo de obstáculos genera la erradicación forzosa implementada, a los programas alternativos. Si hay quejas de inseguridad, las fumigaciones junto con la guerra, conforman los dos mayores obstáculos a la seguridad en la región y a la confianza entre las comunidades y el Estado y por consiguiente con respecto a las entidades cooperantes. Entonces la inseguridad es también responsabilidad del Estado colombiano y de la administración de Estados Unidos.

Así mismo la conversión de la ayuda antidrogas en guerra contrainsurgente manda una señal problemática en las regiones envolviendo gravemente a quienes, como USAID, buscan alternativas de vida a los productores. De esta manera y muy rápidamente, una entidad dedicada al desarrollo termina, sin quererlo, haciendo parte de una imagen contradictoria en el sentido de ser la parte limpia de una estrategia de guerra, que cada día se degrada más en Colombia. Es decir USAID estaría lamentablemente implicada en una guerra que tiene los costos humanitarios más graves del hemisferio.

[1] Por Ricardo Vargas Meza, Acción Andina-TNI.

[2] USAID, Alternative development Program in Colombia, Fact Sheet, April 8 2002, Washington.

[3] La baja producción de hoy se explica por la serie de errores cometidos por el Estado al convocar a la siembra sin haber asegurado el funcionamiento de la planta. Muchos cultivadores se quedaron con la producción y sin su compra.

[4] Para dar un solo ejemplo: la persona que más conoce sobre impactos de salud del round up en Colombia, fue castigada con la exigencia de su renuncia del Ministerio de Salud por el sólo hecho de haber emitido un concepto técnico que no defendía el uso del round up en una diligencia judicial que auscultaba los argumentos alrededor del tema de los impactos del salud de las fumigaciones de cultivos ilícitos. Esto quiere decir que la “ democracia” colombiana tiene una amplia tradición en el uso de sistemas persecutorios de quien disienta de las políticas de Bogotá.