Declaración de la Delegación Latinoamericana, Congreso Nacional de Paz y País, 10 de mayo del 2002

Declaración de la Delegación Latinoamericana, Congreso Nacional de Paz y País, 10 de mayo del 2002
POR LA VÍA DE LA VIDA Y LA PAZ EN COLOMBIA Y EL CONTINENTE LATINOAMERICANO:

MANIFIESTO DE LA DELEGACIÓN LATINOAMERICANA AL "CONGRESO NACIONAL DE PAZ Y PAÍS", CNPP

Versión inicial leída en la sesión plenaria del CNPP por tres representantes (Ecuador, Venezuela y Perú) del bloque de delegadas/os de América Latina

10-V-2002 , salón rojo, hotel Tequendama, Bogotá, Colombia

Estamos convencidos que la violencia en Colombia no solo obedece a la dinámica militarista de todos los actores del conflicto, sino a causas estructurales en los ámbitos político, económico y social que son comunes al resto de la región. Además, tenemos la certeza de que la paz solo se construye con la profundización de la democracia participativa, los derechos humanos, la equidad social y el respeto al medio ambiente.

Rechazamos el diseño y la aplicación de planes y programas gubernamentales e intergubernamentales alentados por el gobierno norteamericano y sus aliados en la región, que no responden a las demandas e intereses de nuestros pueblos y, en su lugar, se convierten en instrumentos de una estrategia de control político, social, económico y militar, en Colombia, la Región Andina y el Continente, tales como Plan Colombia, Iniciativa Regional Andina, ALCA, Plan Dignidad, Plan Puebla-Panamá y las Fuerzas Multinacionales de Paz.

Sostenemos que la deliberada estrategia de injerencia de EE.UU. en la Región Andina, no solamente se manifiesta en la escalada de violencia en Colombia, sino además en el atentado contra el Estado Social de Derecho y de Justicia, y la institucionalidad democrática en Venezuela, así como en la deslegitimación del movimiento indígena del Ecuador. Por lo tanto, exigimos respeto a la voluntad popular.

Reafirmamos nuestra preocupación por las consecuencias que en Colombia, los países de la Región Andina y el continente latinoamericano, acarrean la decisión del Gobierno del Dr. Andrés Pastrana Arango, de poner término al proceso de negociaciones de paz con la insurgencia.

Expresamos nuestro pesar que en Colombia se imponga el escenario de la guerra, cuya víctima primera ha sido y es la población civil, a pesar de los permanentes esfuerzos de la sociedad civil colombiana en plantear alternativas para la paz a todos los actores del conflicto.

Alentamos las iniciativas internacionales por generar condiciones que posibiliten el diálogo, como el esfuerzo de algunos sectores de la comunidad internacional por alejarse de los enfoques y calificativos maniqueístas que responden a los intereses hegemónicos posteriores al 11 de septiembre del 2001.

Sostenemos que todo proceso de negociación exige que las partes en conflicto acepten y cumplan los compromisos y propuestas. No obstante, en el caso colombiano, creemos que, por un lado, la persistencia gubernamental en implementar el Plan Colombia, evadir en la mesa de negociación las reformas estructurales y el desmantelamiento del paramilitarismo; y, por otro, las violaciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por todos los actores armados, evidencian su corresponsabilidad en el fracaso y ruptura de este proceso.

Exhortamos a todos los actores del conflicto colombiano, a que demuestren a la comunidad nacional e internacional la aplicación efectiva de medidas emergentes para el respeto a las normas del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, con énfasis en la sanción a los responsables de masacres, asesinatos, amenazas y secuestros de defensores de DDHH, periodistas, líderes sindicales, comunitarios y demás sectores de la sociedad civil.

Respaldamos la decisión del Sistema de las Naciones Unidas, en especial de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, de investigar el acto de barbarie y terror ocurrido en Boyajá y Vigía del Fuerte, en el Chocó; e instamos al Gobierno colombiano a juzgar y sancionar a los culpables.

Exteriorizamos nuestra preocupación por la creciente intervención político-militar del Gobierno de los EE.UU. en esta crisis y su tesis militarista que pone fin a las alternativas basadas en el diálogo y la negociación en Colombia, razón por la cual instamos a la comunidad internacional a coadyuvar esfuerzos para que Colombia reabra las negociaciones de paz como único camino para asegurar un futuro democrático y de convivencia civilizada para el pueblo colombiano.

En ese contexto nos permitimos exhortar a los Gobiernos del continente latinoamericano y el Caribe a:

1.- Sumar sus esfuerzos políticos y diplomáticos para reabrir la iniciativa del Grupo de países amigos y facilitadores del diálogo en Colombia, y solicitar formalmente la inclusión de los países fronterizos en ese importante esfuerzo de la comunidad internacional en la búsqueda de la paz;

2.- Implementar las acciones pertinentes con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), e instruir a la Fuerza Pública (FF.AA. y Policía) sobre sus obligaciones y compromisos a fin de garantizar los derechos humanos de los solicitantes y refugiados colombianos, en especial mujeres, niños y niñas, contemplados en las normas y estándares internacionales del Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos;

3.- Respetar y garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales de la población civil en las fronteras con Colombia, en particular de los pueblos indígenas y afrodescendientes, con el fin de asegurar el respeto a la vida e integridad, y garantizar a la sociedad civil y los gobiernos locales, condiciones de paz, democracia, desarrollo, seguridad y justicia;

4.- Demandar la salida de las fuerzas militares norteamericanas asentadas en puertos y aeropuertos, de uso civil y militar, en Aruba, Colombia, Curazao, Ecuador, El Salvador, Honduras y Vieques, por considerar que atentan contra la soberanía de nuestros pueblos, violan normas expresas del Derecho Internacional, y contribuyen a la regionalización del conflicto colombiano y a la militarización del continente.

5.- Respaldar las iniciativas en favor de la paz propuestas por las sociedades civiles de Colombia y Latinoamérica comprometidas con la solución política y negociada del conflicto social y armado, como por ejemplo la realización periódica del "Congreso Nacional de Paz y País" y su extensión a la Región Andina y al Continente, así como su inclusión en el plano global a través del Foro Social Mundial.

6.- La construcción del tejido social para la paz requiere de una mayor sensibilidad de la comunidad internacional que debe traducirse tanto en una oportuna y sustancial movilización de recursos y una ampliación de la cooperación internacional para la región, como en un acompañamiento político firme y permanente a la preocupante realidad colombiana, latinoamericana y caribeña.

7.- Finalmente, felicitamos los esfuerzos organizativos y las iniciativas que, aún en condiciones adversas, la sociedad civil de Colombia ha llevado adelante en la búsqueda de la paz y resaltamos nuestro compromiso de acompañamiento a este proceso social que viene fortaleciéndose en Colombia.

Bogotá, mayo 9, 10 y 11 del 2002

Delegaciones Latinoamericanas: Ecuador, Venezuela, Perú, Chile, Brasil, Uruguay y Puerto Rico.