Qué
está pasando en Washington, 21 de marzo - 10 de mayo del 2002
21
de marzo:
El 21 de marzo, el
gobierno del Presidente George W. Bush sometió al Congreso una adición
presupuestal que incluía dinero para la financiación de sus políticas
en Colombia. Esta adición presupuestal representa fondos que podrán ser
expedidos y gastados en el 2002 desde el momento de que dicha propuesta
sea aprobada por el Congreso. La propuesta permitirá que toda la ayuda
que ha sido otorgada y será otorgada en el futuro a la policía y las fuerzas
armadas, por medio del programa anti-narcóticos del Departamento del Estado,
sea utilizada “para apoyar una campaña unificada contra el tráfico de
narcóticos, actividades terroristas, y otras amenazas a la seguridad nacional.”
16 de abril:
Como respuesta a
la adición presupuestal propuesta por al administración Bush, 38 organizaciones
no-gubernamentales en los EEUU hicieron entrega de una carta
a todos los miembros del Congreso. Dicha carta solicitaba su rechazó
al cambio de política de EE.UU. en relación con Colombia. La principal
preocupación de estas organizaciones es que la propuesta buscaba eliminar
los controles establecidos años pasados. Elimina el requerimiento de
que la ayuda entregada en el pasado sea limitada a las actividades anti-narcóticos,
así mismo busca descartar las condiciones de derechos humanos y las condiciones
de fumigaciones que el Congreso había incorporado en años anteriores.
Esta propuesta también
contiene fondos para un nuevo programa que proveería seis millones de
dólares por adelantado, que hacen parte de la propuesta del presupuesto
para el 2003. Estos 6 millones estarían dirigidos específicamente para
el entrenamiento y dotación de un batallón encargado de la protección
del oleoducto Caño-Limón- Covenas. En su carta las ONGs mantienen que
el gobierno de Colombia no ha cumplido con las condiciones de derechos
humanos anteriormente impuestas, en especial resaltan los nexos estrechos
de las Fuerzas Militares con las organizaciones paramilitares y el estancamiento
de los procesos judiciales en contra de oficiales acusados por sus relaciones
con estos grupos. La carta le recomienda a los Congresistas mantener
los controles en la ayuda a Colombia, rechazar las propuestas para expandir
la misión de los EEUU en estos momentos, y renovar el compromiso de los
EE.UU. con respecto a la ayuda humanitaria, judicial y desarrollo alternativo
hacia Colombia.
1 de mayo:
El Secretario de
Estado, Colin Powell, tomó la decisión de certificar a Colombia
en las tres condiciones en donde se afirma que: “(A) el Comandante General
de las Fuerzas Armadas colombianas está suspendiendo a todos aquellos
miembros, independientemente de su rango, quienes hayan sido creíblemente
acusados de haber cometido graves violaciones de derechos humanos, incluyendo
asesinatos extra-judiciales, o haber ayudado a grupos paramilitares; (B)
que las Fuerzas Armadas colombianas están cooperando con fiscales civiles
y autoridades judiciales en enjuiciar y castigar en cortes civiles a esos
miembros, independientemente de su rangos, que hayan sido creíblemente
acusados de haber cometidos grave violaciones de derechos humanos, incluyendo
asesinatos extra-judiciales, o haber ayudado a grupos paramilitares; y
(C) las Fuerzas Armadas colombianas están tomando medidas efectivas para
cortar lazos a los niveles de comando, batallón y brigada, con grupos
paramilitares y a ejecutar ordenes de captura para miembros de tales grupos.”
Esto significa que
las Fuerzas Militares colombianas comenzaran a recibirán el 60% de los
fondos de ayuda de EE.UU. aprobados en el presupuesto del 2002. Para
que estas puedan recibir el 40% restante se llevara acabo una segunda
certificación. Esta certificación probablemente ocurrirá después de la
inauguración del nuevo presidente.
10 de mayo
El sub-comité de
operaciones en el exterior de la Cámara de Representantes hizo su “mark-up”
o acto de asignación de la adición presupuestal propuesta por la administración
del presidente Bush. En gran medida el debate giro alrededor de la política
hacia Colombia. Durante este proceso se logró que las condiciones
de derechos humanos y fumigación se mantuvieran.
Así mismo, debido
a las preocupaciones de varios miembros de que el cambio de misión (de
una estrategia anti-narcóticos a una estrategia anti-terrorista) involucraría
a los EE.UU. aun más en el conflicto Colombiano, la versión del proyecto
de ley escrita por el comité delimita claramente que los fondos apropiados
por los EE.UU. hacia una campaña anti-terrorista solo podrán ser utilizados
con este propósito hasta el FINAL DEL ANO FISCAL 2002. Esto significa
que si se quiere continuar con este tipo de misión en Colombia el próximo
año, el Congreso tendrá que debatir el tema una vez mas en el verano como
parte del proyecto de ley para ayuda en el exterior.
La versión del Comité
aun incluye US $35 millones—incluyendo US $6 millones como pago inicial
para el programa de protección al oleoducto Cano Limo- Convenas del cual
es parte propietario Occidental Petroleum.
El Representante
Farr (D-CA) iba a ofrecer una enmienda que cortaría los $6 millones para
el oleoducto, sin embargo al ultimo minuto decidió no hacerlo. En su
lugar la Representante Kaptur (D-OH) ofreció una versión un poco mas complicada
de la propuesta del Representante Farr en la que se buscaba canalizar
los $6 millones a programas de asistencia alimentaría. Esta enmienda
no paso, pero seguramente veremos propuestas de este tipo cuando el debate
llegue al pleno de la Cámara.
El Representante
Obey (D-WI) por su parte ofreció una enmienda que hubiera cortado toda
la ayuda a Colombia y la hubiera transferido a programas para el tratamiento
y la prevención en los EE.UU. Esta enmienda perdió con una votación de
25-33, una votación muy cercana considerando la magnitud de lo que se
estaba proponiendo.