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Updated:11/19/02 |
| ¿Contra
quién es la guerra? por el Banco de Datos de Derechos Humanos y
Violencia Política, 19 de noviembre del 2002 ¿CONTRA QUIEN ES LA GUERRA? CIEN DÍAS CRÍTICOS PARA LOS DERECHOS HUMANOS PRESENTACIÓNEl BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA de Cinep y Justicia & Paz, la CONSULTORÍA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESPLAZAMIENTO, Codhes y la ESCUELA NACIONAL SINDICAL, ENS, presentan a la opinión pública un balance de la situación de los derechos humanos, durante los primeros cien días de la administración del Presidente Uribe Vélez. El balance se realiza con la información registrada por las tres bases de datos, especializadas en el seguimiento a las violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario, desplazamiento forzado y violaciones a los derechos de los trabajadores sindicalizados, respectivamente. Debemos anotar que los datos aquí consignados son parciales debido a que varios hechos sucedidos (especialmente en algunas regiones) no han podido ser registrados por falta de condiciones y garantías para la investigación y la denuncia, que de paso sea dicho, constituye una de las características del actual estado de conmoción; es decir, que la información respecto de las violaciones a derechos humanos es filtrada y controlada por la fuerza pública, algunas autoridades de control y los medios masivos de comunicación. Debemos señalar que a la fecha, sólo conocemos anuncios de postulados axiológicos por parte del gobierno nacional respecto de la política global de derechos humanos. No se tiene información sobre el Plan de Acción Nacional para la promoción y garantía de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, ni la política pública para la atención integral a la población desplazada, ni los mecanismos para la protección de los líderes sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos. En cien días de gobierno ha quedado claro que el unanimismo logrado en torno al liderazgo de Uribe Vélez, y especialmente frente a las tesis de recuperación del orden público y la seguridad democrática, es asumido por el gobierno como un cheque en blanco para el ambiente autoritario de su gestión y para a imposición más que para la concertación, de sus políticas y modelo de Estado. De igual forma, y por lo observado en estos primeros cien días, amplios sectores de la sociedad parecen estar dispuestas a legitimar y participar en la construcción de un Estado autoritario y políticamente excluyente. Cada vez se reduce, más y más, la llamada "masa crítica" en la sociedad. El decreto 2002, expedido en el marco del estado de conmoción interior, contradice convenios internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario y limita derechos fundamentales de los colombianos relacionados con el debido proceso, la presunción de inocencia, la distinción entre combatientes y no combatientes y la no-discriminación. Creemos, junto con otras organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, que las medidas que el gobierno adopte para establecer sus políticas y estrategias de seguridad y control del orden público, deben estar basadas en el pleno e irrestricto respeto a los tratados internacionales vinculantes para Colombia. Las consideraciones y las medidas específicas del decreto 2002 incriminan a la población civil como la responsable del conflicto; se la señala como abierta colaboradora de los grupos al margen de la ley, y por tanto, es contra ella que se dirigen las medidas. Resulta clara la intencionalidad de estigmatizar y criminalizar a la población civil, de manera particular aquella que vive en zonas de presencia de los grupos insurgentes. El peso riguroso de la represión se está aplicando a los que no son y las medidas no apuntan específicamente a conjurar las causas que fueron señaladas como motivo de la perturbación. Durante el periodo comprendido entre el 7 de agosto y el 7 de octubre de 2002, el Banco de Datos registró un total de 690 casos (145 por violaciones a los derechos humanos; 232 infracciones al derecho internacional humanitario; 262 hechos de violencia político social y 226 acciones bélicas). Este universo de casos arrojó un total de 1.908 víctimas (620 por violaciones a los derechos humanos; 602 por infracciones al derecho internacional humanitario; 601 por violencia política social y 501 en acciones bélicas). No obstante importa
precisar, que tanto el número total de casos, así como el de víctimas
resulta superado por la sumatoria de cada una de las modalidades en que
se desagregan, lo cual se explica en la circunstancia de que en cada hecho
se pueden presentar registros de dos o más modalidades de violencia, al
igual que sucede con las víctimas, pues una misma persona puede ser victimizada
por violación a los derechos humanos y por infracción al derecho internacional
humanitario de manera simultanea. LÍNEAS BÁSICAS DE LA POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS DEL GOBIERNO DE URIBE VÉLEZ El Presidente ha expuesto en declaraciones públicas y en carta dirigida a las ONG de derechos Humanos, el 16 de octubre, los que parecen ser lineamientos básicos de su política en materia de derechos humanos, bajo los presupuestos de que "la mejor política, (de Estado) en materia de derechos humanos, es la política de seguridad", y que la población, además del deber de colaboración con la estrategia de seguridad, debe aceptar la restricción de algunos de sus derechos si quiere que "el Estado recupere el orden, presupuesto ineludible para la vigencia real de las libertades".
Respecto del tema del desplazamiento forzado, este es el planteamiento general del Gobierno:
La situación vivida
durante estos primeros cien días y los datos registrados a continuación
nos permiten advertir la brecha entre el discurso y los postulados axiológicos
con el cumplimiento y coherencia, en la práctica, del gobierno. Pero sobre
todo, nos lleva a ratificar nuestra preocupación, compartida por muchos,
de que el cumplimiento de los compromisos internacionales y nacionales
en materia de derechos humanos están quedando supeditados a una estrategia
de "seguridad democrática", que hasta el momento no es otra cosa distinta
que una estrategia de guerra y de represión contra la población civil. DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO El Banco de Datos de derechos humanos y violencia política, de Cinep y Justicia y Paz registró, entre el 7 de agosto y el 7 de octubre/2002, un total de: 699 hechos de violaciones a los derechos humanos de los cuales 626 correspondieron a la categoría de persecución política, 31 por razones de abuso de autoridad y 42 a motivaciones de intolerancia social; 670 hechos de infracciones graves al derecho internacional humanitario; 607 casos de violencia política social y 543 acciones bélicas. Estos datos desagregados nos reflejan el siguiente panorama: Respecto de violaciones a los derechos humanos, las modalidades en las que hubo mayores victimizaciones fueron: amenazas 256; detenciones arbitrarias 150; ejecuciones extrajudiciales 148, torturas 29, desapariciones 21 y violación sexual 5. Los departamentos de mayor ocurrencia de estos hechos fueron en su orden: Arauca 215, Antioquia 70, Guajira 62, Cauca 48 y Bogotá 42. Respecto de los supuestos responsables de estas violaciones tenemos: las Autodefensas Unidas de Colombia AUC y otros grupos paramilitares aparecen comprometidos en 504, la Policía Nacional en 94, el Ejército Nacional en 64, la Armada Nacional en 24 y otras entidades y agentes estatales en 13. TOTAL VICTIMIZACIONES EN DERECHOS HUMANOS
Fuente: Banco de Datos CINEP & JUSTICIA Y PAZ TABLA 2: TOTAL VICTIMIZACIONES SEGUN PRESUNTOS RESPONSABLES
Fuente: Banco de Datos CINEP & JUSTICIA Y PAZ TABLA 3: VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS POR PERSECUCIÓN POLÍTICA SEGÚN DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Fuente: Banco de Datos CINEP & JUSTICIA Y PAZ TABLA 4: VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS POR PERSECUCIÓN POLÍTICA SEGÚN PRESUNTOS RESPONSABLES
Fuente: Banco de Datos CINEP & JUSTICIA Y PAZ En cuanto a violaciones al derecho internacional humanitario, el panorama fue el siguiente: Se cometieron 670 hechos violatorios, distribuidos así: amenazas 287, homicidios intencionales de personas protegidas 216, heridos por el uso de métodos y medios ilícitos 47 y casos de torturas 29. En cuanto a las responsabilidades de estas infracciones: las AUC y otros grupos paramilitares aparecen comprometidas en 426, las FARC-EP en 152, la guerrilla (sin identificación de una organización específica) 22, el ELN 8, el EPL 4, el Ejército Nacional 33, la Policía Nacional 22 y la Fuerza Pública en un caso. TABLA 5: INFRACCIONES GRAVES AL DIH SEGÚN DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Fuente: Banco de Datos CINEP & JUSTICIA Y PAZ TABLA 6: INFRACCIONES GRAVES AL DIH SEGÚN PRESUNTOS RESPONSABLES
Fuente: Banco de Datos CINEP & JUSTICIA Y PAZ La Violencia Política, entendida como la ejercida por personas, organizaciones o grupos particulares no identificados pero en cuyos hechos hay una motivación política o los cometidos por actores armados no estatales pero cuyas acciones no se pueden tipificar como infracciones al derecho internacional humanitario, registró 607 victimizaciones. De ellas, 283 fueron asesinatos, 135 secuestros, 123 casos de heridos, 30 de torturas y 29 de desapariciones. Las acciones bélicas durante este período sumaron un número de 543, predominando en ellas los combates con 456 acciones, seguidos de los ataques a objetivos militares con 30 y los bloqueos a vías con 26. Los departamentos en los que se registraron mayores acciones bélicas, en su orden, fueron: Antioquia, Caquetá, cauca, Meta, Cundinamarca y Tolima. TABLA 7: ACCIONES BÉLICAS SEGÚN MODALIDAD Y DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA
Fuente: Banco de Datos CINEP & JUSTICIA Y PAZ TABLA 8: TOTAL ACCIONES BÉLICAS
Fuente: Banco de Datos CINEP & JUSTICIA Y PAZ Las cifras registradas por el banco de datos, respecto de violaciones a los derechos humanos, violencia política e infracciones al derecho internacional humanitario nos permiten plantear las siguientes conclusiones: Las violaciones a los derechos humanos en sus distintas modalidades, que podríamos llamar tradicionales y sistemáticas, se mantuvieron en su nivel, respecto de períodos anteriores. Las amenazas y los asesinatos selectivos predominan en el panorama y se registra un aumento preocupante de los casos de torturas. Las detenciones arbitrarias se dispararon escandalosamente en el período. Los cuadros anteriores registraron las detenciones arbitrarias, a las cuales el banco tuvo acceso con todos los datos de las víctimas. En el capítulo siguiente señalamos las cifras gruesas de detenciones realizadas en aplicación del decreto 2002, de conmoción interior y en las zonas de rehabilitación y consolidación, de las cuáles el Banco solo tiene información detallada de muy pocos casos, debido al control que de la información hace la Fuerza Pública. Se tuvo conocimiento de casos masivos de violaciones a los derechos humanos de gran preocupación: El 20 de septiembre, en Santander de Quilichao (Cauca), una Comisión Humanitaria conformada por varias organizaciones sociales, de derechos humanos y de la Defensoría del Pueblo, fue detenida y atropellada en sus derechos (intimidad, movilización, libertad, buen honra), por miembros del ejército y de la Policía Nacional cuando se movilizaba con el fin de comprobar denuncias hechas por campesinos e indígenas que participan en la movilización social y agraria iniciada el 16 de septiembre. El 23 de septiembre tropas del batallón antiaéreo Nueva Granada entraron en una vivienda campesina de la vereda Brisas de Yanacué, en Cantagallo, y ejecutaron a un adulto y un niño de nueve años, hirieron a dos personas más, a una de ellas se le tuvo que amputar una pierna y un brazo y detuvieron a cuatro personas más. Las autoridades militares presentaron el hecho como personas muertas en combate con guerrilleros del frente 24 de las FARC-EP y que la operación se había realizado por los reportes de un informante. Tanto los heridos como testigos afirmaron que en el caserío no hubo ningún combate y que la tropa entró a la madrugada a la humilde familia y los masacró mientras dormían. El 31 de agosto 19 indígenas Arzarios fueron mutilados y ejecutados por paramilitares de las AUC, en el caserío El Limón del corregimiento de Tomarrazón. Los paramilitares asesinaros a los indígenas delante de los demás miembros de su comunidad y les dieron plazo de una hora para que el resto abandonara el territorio. Los paramilitares quemaron los ranchos, mataron varios animales y saquearon los enseres de las familias de los caseríos y veredas de El Limón, la Palma y Tomarrazón, en la Sierra Nevada. ESTADO DE CONMOCIÓN Y ORGANISMOS DE CONTROLLas medidas adoptadas por el Gobierno de Uribe Vélez, en desarrollo de su denominada política de seguridad democrática, lo que plantean es una reedición de la vieja doctrina de seguridad nacional, en tanto parte de la base de la existencia de un enemigo interno colectivo; adopta medidas para la implementación de una estrategia de guerra total, vulnerando los principios esenciales de distinción y no involucramiento de la población dentro del conflicto. Adicionalmente, como parte de su concepción, genera mecanismos para el sometimiento del poder civil al militar. Dicha
concepción autoritaria para el manejo del orden público ha sido explícita
a través de las medidas adoptadas en el contexto de la conmoción interior,
tal es el caso de los considerandos del decreto 2002 de 2002, donde se
manifiesta que: "dentro de los principales soportes de la acción delincuencial
de tales organizaciones se encuentra por una parte, la mimetización de
sus integrantes dentro de la población civil". En tal sentido, las
medidas que se han puesto en marcha permiten señalar que el blanco de
las acciones resultan ser quienes residen en zonas de conflicto o bien
las organizaciones que desarrollan acciones reivindicativas, de oposición
política, la defensa de los derechos humanos, e inclusive quienes tienen
como eje central de su actividad, la búsqueda de la paz. La persecución del "enemigo interno colectivo" Diversos son los mecanismos, técnicas y estrategias implementadas en este periodo, donde el blanco del accionar ha sido, como inicialmente se preveía, la población civil y sectores sociales organizados. Uno de ellos, la política de "pescas milagrosas", denominada jurídicamente como capturas preventivas. Tomando como referencia los casos y reportes oficiales a que ha tenido acceso el Banco de Datos de derechos humanos y violencia política -difundidos en sus boletines de seguimiento al estado de conmoción- desde el 10 de septiembre han sido privadas, arbitrariamente, de la libertad 846 personas. Es decir, que diariamente 13 personas fueron objeto de detención arbitraria. Particularmente grave es lo ocurrido en el municipio de Saravena, donde miles de personas fueron concentradas en el coliseo del municipio y allí reseñadas y marcadas con un sello de tinta indeleble, imágenes que hacen recordar las acciones desarrolladas en los estadios durante la dictadura Chilena. A fin de dar apariencias de legalidad, por parte de la Fuerza Pública se ha recurrido a la implementación de mecanismos encubiertos, desprovistos de cualquier tipo de control, como los llamados "registros voluntarios", que en el solo departamento de Arauca ascienden a 335, actuación que va en abierta contravía de lo dispuesto en la Constitución Nacional, e inclusive en las propias normas de excepción. El diario El Tiempo publicó el pasado 5 de noviembre que "las autoridades realizaron 283 allanamientos, en los primeros 8 días, después de iniciadas las operaciones el 22 de octubre, minutos después del estallido del carro bomba a menos de 15 metros de la sede de la Policía Metropolitana". Igualmente, señaló que "algunas de estas operaciones, sin embargo, han desatado polémicas, especialmente la realizada el pasado 25 de octubre a la sede de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz". Días anteriores al
allanamiento a la sede de la Asamblea, la Ministra de Defensa, Martha
Lucía Ramírez, había dicho en relación con el papel de las ONG: "Hay
ONG que han sido muy valiosas para el desarrollo de Colombia. Lo que pasa
es que a veces hay gente que se parapeta en estas organizaciones para
desarrollar actividades que están fuera de la ley y que atentan contra
la seguridad pública". (El Tiempo 1/22 septiembre 19 de 2002). Guerra total La conversión de zonas urbanas, como la Comuna 13 de Medellín, en teatros o laboratorios de guerra, ha planteado la institucionalización de los mecanismos de facto, así como el abierto desconocimiento institucional la normatividad del derecho internacional humanitario, donde los principios esenciales de distinción y proporcionalidad en el uso de la fuerza, han sido echados por la borda. Pese a que desde su discurso de posesión el Presidente Uribe planteó una descalificación del paramilitarismo, así como la voluntad de su Gobierno en perseguirlos, las expresiones directas o las dadas a través de sus representantes en las zonas de rehabilitación y consolidación, plantean un abierto silencio y ausencia de acción en relación con la persecución a dichas organizaciones, o bien como en el caso de Tame (Arauca), municipio bajo abierto y público control paramilitar, exclusión de ser objeto de cualquier medida excepcional, lo que permite observar una tendencia a permitir la consolidación del paramilitarismo. Como parte de dicha decisión de Estado de avanzar en una guerra total, es notorio el papel de la Fiscalía General de la Nación, en primer lugar como fue denunciado abiertamente por el Representante a la Cámara, Gustavo Petro, por medio de la "infiltración paramilitar en gran escala, planificada, organizada con un exclusivo propósito: frenar procesos que afecten a los 'paras' y a sus aliados dentro del Estado", señalándose además que: "un informante que estuvo en una reunión de la cúpula de las Auc, en donde Vicente Castaño, 'El Profe', presenta una lista de 10 fiscales e investigadores del CTI que tienen casos de paramilitarismo ... El Profe' ordena asesinarlos y su hermano, Carlos, dice que no es conveniente y que lo mejor es hacerlos trasladar, bajarles el perfil, quitarles las investigaciones ... Todos fueron o despedidos por el Fiscal o les quitaron los casos de investigación con los 'paras' o se les presionó a renunciar y algunos están en el exilio". (El Tiempo, noviembre 14 de 2002). Sometimiento de la autoridad civil y órganos de control y de justicia a la autoridad militar Resulta claro que las medidas adoptadas buscan supeditar la autoridad civil a la militar. El decreto 2002 así lo expresa, respecto de las zonas de rehabilitación y consolidación. De la misma forma respecto de los órganos judiciales y de control del Estado, son vinculados a la estrategia de guerra, integrando y acompañando operaciones militares. Investigadores y agentes de control a órdenes de un comandante militar, en unos casos, porque en otros, los propios militares hacen las veces de investigadores y funcionarios del Ministerio Público. Como lo ha señalado el Defensor del Pueblo "el guerrero y el juez, fundidos en un solo cuerpo es el camino más breve que puede conducir a la disolución del Estado de derecho". En un período relativamente corto de vigencia de los decretos y de las zonas de rehabilitación y consolidación, existe una amplia gama de derechos vulnerados; la mayoría de ellos se han producido en el contexto de las movilizaciones y protestas legítimas de la población, que de antemano los medios de comunicación y algunas autoridades criminalizaron al asociarlas con grupos insurgentes; en una gran mayoría de los casos de detenciones se desconoce la situación actual en la que se encuentran quienes fueron victimizados debido a las dificultades de acceso directo a la información y a las investigaciones. Durante el desarrollo de las operaciones militares por parte de la Fuerza Pública y el Departamento Administrativo de Seguridad en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín, expresaba el Comandante del Ejército, General Carlos Alberto Ospina Ovalle: "Queremos que el ministerio público acompañe a nuestras unidades y certifique los procedimientos que estamos haciendo". En relación con el control sobre las acciones desarrolladas por parte de la Fuerza Pública en dicha zona de rehabilitación y consolidación de Sucre y Bolívar, el Procurador Regional de Sucre señaló que: "Hasta la fecha no han acompañado a la Fuerza Pública en ninguna operación por circunstancias que escapan a la voluntad de los (sic) nuestros funcionarios ya que la fuerza pública no ha informado de dichas diligencias". El más reciente informe de Human Rights Watch, hace un preocupante balance del papel de la Fiscalía General de la Nación: "... bajo la dirección del Fiscal Luis Camilo Osorio, la capacidad de la institución para investigar y procesar los abusos de los derechos humanos se ha deteriorado significativamente. Este deterioro es producto de varios factores bajo control del Fiscal General: una falta de apoyo a los fiscales encargados de casos difíciles de derechos humanos; una falta de adopción de medidas adecuadas y oportunas para proteger a los funcionarios cuyas vidas han sido amenazadas; y el despido y la renuncia forzada de experimentados fiscales e investigadores judiciales ... La actitud del Fiscal General en estos casos podría contribuir a alimentar la percepción, que aún subsiste entre los paramilitares y algunos miembros de las Fuerzas Armadas, de que los abusos a los derechos humanos son una forma aceptable de librar la guerra". De ello son indicativos los casos del General ® Rito Alejo del Río, el General Rodrigo Quiñonez y el ex embajador Carlos Arturo Marulanda. En la mencionada carta a las ONG de derechos humanos, el Presidente Uribe señaló: "Los eventuales riesgos... del sistema de colaboración civil con la Fuerza Pública, deben ser minimizados y conjurados mediante dispositivos de control y transparencia. El Gobierno está abierto a escuchar propuestas y a tramitar todas las quejas y denuncias fundadas". Que tan importante sería, que en cumplimiento de lo anterior, alguna autoridad explicara a la opinión pública los hechos sucedidos en el marco de la "Operación Escorpión" en el departamento de Sucre. En la segunda quincena de agosto y primeros días de septiembre, en desarrollo de la mencionada operación, tropas de los batallones de contraguerrilla de la Infantería de Marina, llegaron a la zona, allanaron viviendas, acompañados de una mujer encapuchada quien señalaba una a una a las personas que debían ser detenidas. De esta acción fueron capturadas 60 personas en Don Gabriel, Salitral, Chengue, Pijiguay y Desbarranco (Sucre), sindicadas de pertenecer al frente 35 de las FARC-EP; luego fueron trasladas al batallón de Corozal, donde permanecieron cinco días, incomunicados, amarrados en las noches a la interperie. El 4 de septiembre, cuando llegaron los Fiscales, señalaron que estas personas estaban siendo acusadas por un hombre-informante de pertenecer a grupos insurgentes; posteriormente fueron trasladados a la cárcel judicial La Vega, en Sincelejo donde permanecieron más de 45 días, al cabo de los cuales fueron dejados en libertad, paulatinamente haciéndoles firmar un documento en el que constaba haber recibido "buen trato". O que la Asamblea
Permanente de la Sociedad Civil recibiera alguna respuesta del gobierno,
pues según su secretario Ejecutivo: "Lo único que hemos recibido
es una carta de la Fiscalía General de la Nación y allí dice que la diligencia
fue dispuesta por Gloria Criales Vanegas, fiscal especializada delegada
ante la SIJIN MEBOG, mediante resolución judicial -sin número- de fecha
24 de octubre. Sin embargo, el teniente que firma el acta de allanamiento
menciona que no hay orden judicial". EL DESPLAZAMIENTO NO SE DETIENEEl gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez no ha terminado de definir una política para el desplazamiento forzado y ya se calcula que hay en Colombia otras 149.387 personas (entre el 1 de julio y 30 de septiembre) huyendo para sobrevivir a la degradación del conflicto armado y otras formas de violencia socio política que persisten en el territorio nacional, de acuerdo con la información procesada por Codhes. En el trimestre comprendido entre julio 1 y septiembre 30 de 2002 el desplazamiento forzado interno, ocasionado por factores de violencia, presenta un incremento significativo respecto de las estimaciones de los últimos 17 años. En efecto, en estos tres meses el número de personas obligadas a desplazarse alcanzó la cifra de 149.387, frente a las 90.179 y 113.554 de los dos primeros trimestres. Es decir, un promedio de 1623 personas cada día, 67 personas cada hora, -una familia cada 10 minutos. La magnitud del desplazamiento en este período refuerza la hipótesis según la cual esta estrategia de guerra se asocia con mecanismos de repoblamiento, que responden a intereses políticos y económicos de quienes promueven la guerra interna para controlar territorios y recursos con fines que trascienden la lógica militar. El hecho de que un promedio diario de 1.623 personas tenga que huir de la violencia impuesta por los actores armados, es tal vez la peor manifestación de la degradación de un conflicto que se ensañó contra la población civil sometida, cada vez más, a una condición de indefensión y a un estado de desprotección por la violación masiva y sistemática de sus derechos fundamentales. En este periodo continuó la diáspora del campo a la ciudad que suma a los migrantes producto del empobrecimiento rural, las personas desarraigadas por la violencia. Creció el desplazamiento entre ciudades y al interior de las mismas, en una dinámica ascendente de urbanización de las consecuencias del conflicto armado, especialmente en ciudades como Medellín, Cali, Barrancabermeja, Bogotá, Cartagena, Cúcuta y Bucaramanga. De igual manera, aumentó el desplazamiento como consecuencia de las fumigaciones de cultivos de uso ilícito que también han afectado cultivos básicos para la subsistencia humana. A su vez, continua una acción sistemática de ataques a pueblos indígenas y afro-colombianos en zonas de Cauca, Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía del Perijá y sectores de Antioquia, Tolima, Nariño, Putumayo, Córdoba y Chocó por parte de grupos paramilitares y guerrilleros. Centenares de funcionarios públicos fueron forzados a renunciar o a cambiar de lugar de residencia y trabajo como consecuencia de presiones armadas, los maestros, la misión médica, los estudiantes universitarios, los líderes sindicales, sacerdotes y monjas de la iglesia católica y pastores evangélicos, también ingresaron al flujo constante de población civil desplazada de los territorios de la guerra hacia los centros urbanos. Los departamentos de Antioquia, Bolívar, Meta, Caquetá, Putumayo, Huila, Tolima y Cundinamarca, registraron los mayores centros de llegada de población desplazada en este trimestre, en procesos migratorios unifamiliares e individuales que se asentaron en ciudades capitales e intermedias cuyo crecimiento sigue siendo caótico. Entre julio y septiembre se registraron algunos desplazamientos masivos (más de 50 personas en un sólo evento de desplazamiento) aunque en menor proporción que en periodos anteriores. Esto se explicaría en parte por la aplicación de una estrategia que se centra en homicidios selectivos de personas protegidas por el derecho internacional humanitario a cambio de las masacres, con la intención de invisibilizar el desplazamiento y las violaciones a los derechos humanos. El desplazamiento forzado en las zonas de frontera de Colombia, se enfrenta con una coyuntura cada vez más compleja para quienes buscan protección en los países vecinos. En primer lugar, es necesario mencionar la regionalización del conflicto y la política de seguridad hemisférica de Estados Unidos, lo que ha producido el fortalecimiento de la militarización y el incremento del pie de fuerza en las fronteras. Por ejemplo, en Brasil durante el mes de septiembre se movilizaron aproximadamente 28 mil hombres hacia el norte -territorio vecino a Colombia-, quienes se encuentran en estado de "alerta permanente". En el mes de agosto, el gobierno venezolano anunció el aumento de 7 mil soldados más hacia la frontera, que se sumaron a los 20 mil apostados en las bases militares de los estados limítrofes con Colombia. El gobierno de Perú ha reforzado su presencia a través de la militarización de la frontera -funcionan 17 puestos de vigilancia entre Puerto Asís, Putumayo y el Estrecho, Perú; 2 destacamentos militares y 9 comisarías de la Policía Nacional. En Ecuador, de acuerdo con información suministrada por el Centro de documentación "Segundo Montes Mozo S.J"., permanece un contingente militar de aproximadamente 15 mil hombres, tres veces más que el número de efectivos presentes en la última guerra entre Perú y Ecuador. En segundo lugar, las prácticas de protección de los gobiernos vecinos son cada vez más restrictivas. Por ejemplo, en Ecuador, según cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores de este país, durante el trimestre se presentaron 1563 solicitudes de refugio, de las cuales sólo 286 fueron aceptadas, aproximadamente el 18.3%, comparado con una proporción de reconocimiento del 30% a comienzos del año. La mayoría de los solicitantes de refugio y asilo se presentaron durante los meses de septiembre y octubre del presente año. Paralelo a esta dinámica, el gobierno ecuatoriano manifestó su disposición de revisar su política migratoria respecto de Colombia. Preocupan las declaraciones de los solicitantes de refugio relacionadas con las fumigaciones como uno de los motivos de desplazamiento. En el Putumayo de acuerdo con los datos suministrados por SISDES, durante el trimestre julio-septiembre, fueron desplazadas 2836 personas. En el caso de Panamá,
prosigue la indefinición del estatus jurídico de los colombianos(as) en
la región de Darién. En Venezuela, aún no se ha puesto en marcha la Comisión
de Elegibilidad encargada de aplicar la Ley de Asilados(as) y Refugiados(as)
promulgada en el año 2001. Tabla 9: Veinte principales municipios receptores de población desplazada
Fuente: Consultoría para los derechos humanos y Desplazamiento, Codhes Sistema de información
sobre desplazamiento y Derechos Humanos
|
|
Departamento |
No. Personas |
|
CESAR |
20294 |
|
SANTA FE DE BOGOTA D.C. |
17500 |
|
ANTIOQUIA |
15561 |
|
CORDOBA |
10063 |
|
CAUCA |
8472 |
|
MAGDALENA |
8266 |
|
NORTE DE SANTANDER |
7921 |
|
Tolima |
6418 |
|
META |
5039 |
|
NARIÑO |
5025 |
|
CAQUETA |
4779 |
|
ATLÁNTICO |
4702 |
|
HUILA |
4326 |
|
SANTANDER |
3836 |
|
BOLIVAR |
3604 |
|
Cundinamarca |
3323 |
|
SUCRE |
3278 |
|
PUTUMAYO |
2836 |
|
LA GUAJIRA |
2475 |
|
VALLE DEL CAUCA |
2097 |
|
QUINDÍO |
1704 |
|
CHOCO |
1617 |
|
CALDAS |
1541 |
|
Risaralda |
1125 |
|
BOYACA |
1101 |
|
ARAUCA |
940 |
|
Casanare |
776 |
|
Guaviare |
587 |
|
VICHADA |
141 |
|
AMAZONAS |
25 |
|
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES Y P |
15 |
|
TOTAL ESTIMATIVO NACIONAL |
149387 |
Fuente: Consultoría para los derechjos humanos y Desplazamiento, Codhes
Sistema de información sobre desplazamiento y Derechos Humanos
Una mirada a los factores, tendencias y características que han generado este incremento del desplazamiento forzado permite destacar los siguientes aspectos:
- El fracaso de los procesos de paz entre el gobierno del presidente Pastrana y las organizaciones insurgentes y el respaldo electoral a los principales críticos de esta política, ha llevado el país a un periodo indefinido de escalamiento, radicalización y redefinición del conflicto armado. En este contexto, se desarrolla la política gubernamental de "mano dura", la confianza en la "solución militar" en el menor tiempo posible, el desarrollo de políticas como las redes de informantes de la Fuerza Pública que rompen principios fundamentales del DIH, y la tendencia al recorte de las garantías y las instituciones democráticas. Por su parte las estrategias insurgentes apuntan a la desestructuración de las condiciones de gobernabilidad local a través de las amenazas y atentados contra autoridades locales; el ataque a la infraestructura económica y social; la intensificación de acciones urbanas y muchas acciones destinadas a demostrar su capacidad de desestabilización y a poner en tela de juicio la eficacia de las estrategias del nuevo gobierno. Los grupos paramilitares, por su parte, disputan territorios y poblaciones a las guerrillas, e intentan afianzar una propuesta de control político y social a través de confinamientos, amenazas, incursiones e incluso estrategias de "política social" y repoblamiento.
- En este escenario arrecian las agresiones contra la población civil y se hace cada vez más inviable el ejercicio de los derechos ciudadanos en las diferentes regiones del país. Los ataques a la misión médica, a docentes, sindicalistas, activistas sociales y defensores de los Derechos Humanos, la ampliación e intensificación de las fumigaciones, y la ya recurrente expulsión de campesinos, indígenas, afro-colombianos y colonos de territorios estratégicos, aparecen cada vez más como afinadas estrategias de los actores de la guerra, así como de los agentes interesados en la acumulación vertiginosa de capital por vías violentas.
- Las principales tendencias del desplazamiento reflejan los efectos de las estrategias de control y recuperación territorial y el repliegue o contraataque por parte de los distintos actores armados, y especialmente en sectores urbanos. Una característica de dicha tendencia es la visibilización del desplazamiento intra-urbano. Los hechos de la Comuna 13 en Medellín, o en el distrito de Aguablanca y Siloé en Cali, se suman a los procesos menos publicitados de expulsión en el marco del conflicto urbano, resultado de las estrategias de disputa y copamiento militar desplegadas en Barrancabermeja, Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga o Buenaventura, para solo citar algunos casos.
- Así mismo, se presentan intensos desplazamientos y reacomodamientos poblacionales en zonas rurales. Los desplazamientos interveredales, intermunicipales e interregionales muchas veces no registrados, surgen como mecanismos de autoprotección frente al incremento de las disputas entre los actores armados y al embate de proyectos basados en la expulsión de moradores ancestrales. Las restricciones, bloqueos y castigo a quienes se desplacen, completan el marco de crisis humanitaria en el que se debaten cada vez más sectores sociales. En particular, CODHES quiere llamar la atención del país, de los medios masivos de comunicación y de la comunidad internacional sobre la situación humanitaria en las zonas que fueron destinadas o señaladas como espacios para el desarrollo de los procesos de paz. El país parece haber olvidado estas zonas en las cuales concentró su atención critica durante los últimos años.
¿Habrá Política Pública?
Entre tanto, genera profunda preocupación el alto grado de indeterminación, ambigüedad y contradicciones de la propuesta gubernamental respecto del desplazamiento forzado. A la fecha, salvo algunas referencias esporádicas en medios masivos de comunicación o la presentación de propuestas esquemáticas en foros cerrados; ni el país ni la comunidad internacional conocen un plan específico que desarrolle una política pública concreta fundamentada en la prevención de las causas estructurales del desplazamiento forzado, cuyo criterio fundamental sea el cumplimiento del deber estatal de protección y la atención integral a las personas en riesgo o en situación de desplazamiento, ni mucho menos una política basada en la plena vigencia y realización de derechos. Nuevamente se hace caso omiso de las recomendaciones de organismos internacionales, los avances logrados en gobiernos anteriores y las propuestas de la sociedad civil y las personas y sectores afectados.
Por el momento no se conocen las estrategias del gobierno en la materia, pero sin lugar a dudas hay que llamar la atención sobre las consecuencias de la política de orden público para la viabilidad de los programas específicos sobre desplazamiento.
El esquema de retornos como eje fundamental de la política, en medio de uno de los momentos de mayor agudización y degradación de la guerra, ofrece serios cuestionamientos respecto de su viabilidad y pertinencia. Cuáles son las condiciones de voluntariedad -que implica que se escoge el retorno como la mejor opción entre otras, y no como la única elección frente al hambre, el hacinamiento o las infrahumanas condiciones en los lugares de asentamiento-. ¿Cuáles las condiciones de seguridad y protección, que incluyen inversión social?. ¿Cuáles las posibilidades de sostenibilidad que garanticen soluciones duraderas y el derecho a no repetición del desplazamiento forzado?. ¿Dónde quedan las políticas de prevención, atención humanitaria, restablecimiento, los derechos a la verdad, la justicia y la reparación en la propuesta gubernamental? ¿Cuáles son los criterios de selección de los beneficiarios de los procesos de retorno? ¿Cómo se van a garantizar los derechos de los poseedores y propietarios de buena fe que ocupan los predios y territorios objeto de los retornos? ¿Qué garantías de protección se van a establecer en zonas de disputa en el marco del conflicto armado o bajo dominio de actores armados irregulares? ¿Son retornos -regreso a los lugares de expulsión- o son reubicaciones, lo cual implicaría una propuesta muy distinta a la actual?
La propuesta de eliminación de las personerías en los municipios de más de 100.000 habitantes -entre otras del mismo tenor regresivo-, abre profundos interrogantes sobre la posibilidad real de acceso de la población en situación de desplazamiento, a la puerta de entrada más próxima en el ámbito municipal a la institucionalidad encargada de la defensa, promoción y realización de los derechos humanos. Precisamente estos 47 municipios, son a su vez los principales receptores de población en situación de desplazamiento. ¿Cómo y con cuál institucionalidad se va a suplir, e incluso cualificar, las funciones que las personerías desempeñan en la defensa de los derechos humanos a través del control y seguimiento a las políticas públicas?
Con
total certeza queda fuera del tintero temas centrales en el debate sobre
el desplazamiento forzado en Colombia. Sin embargo, el propósito de estas
líneas consiste en señalar la necesidad de establecer propuestas que consulten
con las dimensiones de la problemática compleja del conflicto armado interno,
del desplazamiento forzado, de las dinámicas de acelerado empobrecimiento,
del deterioro de las condiciones de subsistencia digna para cerca del
60% de la población colombiana, todo ello en un marco de democracia segura
que priorice y fortalezca las garantías democráticas, que posibilite plenas
libertades y la realización integral de los derechos.
NO PARA EL EXTERMINIO DE SINDICALISTAS COLOMBIANOS
La Escuela Nacional Sindical presenta su análisis, partir de la información registrada en su banco de datos de derechos humanos, sobre la grave situación de violación a los derechos humanos de los trabajadores sindicalizados colombianos, ocurrida entre el 7 de agosto y el 7 de noviembre de este año.
Una mirada panorámica a las violaciones del derecho a la vida, a la libertad y a la integridad de los trabajadores colombianos, muestra que durante este periodo se presenta un aumento en la violencia contra dirigentes sindicales, una ampliación de las violaciones a otras zonas del país y la persistencia de prácticas y lógicas de actores armados y de sectores sociales que siguen catalogando al sindicalismo colombiano como enemigo del bien común, como aliado de uno u otro actor armado o como un obstáculo para la ejecución de políticas y estrategias de dominio territorial o económico o como el impedimento para la implementación de nuevas formas de acción política.
En términos generales se puede decir que las violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas en estos tres meses del año, se inscriben y responden a las tendencias registradas en la última década y las pocas variaciones que existen no alteran, en lo sustancial, el grave panorama de los últimos años pues, entre el 7 de agosto y el 7 de noviembre de 2002, en Colombia fueron asesinados 19 sindicalistas, 80 fueron víctimas de amenazas de muerte, 6 fueron secuestrados, 3 sufrieron atentados contra su vida y uno fue desaparecido. De este panorama queremos resaltar lo siguiente:
- El 76%, es decir, 98 casos se cometieron contra dirigentes sindicales, miembros de juntas directivas y delegados sindicales. Este hecho permite constatar nuevamente que la violencia en el país contra los sindicalistas es discriminada y selectiva y que se encuentra dirigida fundamentalmente contra dirigentes y organizaciones sindicales que poseen gran capacidad de negociación y presión pública y política con el Estado e importantes sectores empresariales del país.
- Esta violencia selectiva y discriminada se manifiesta también en la dramática persecución que sufren los trabajadores y las organizaciones afiliados a la Central Unitaria de Trabajadores, CUT. Contra esta central que agrupa a 550.000 sindicalistas en Colombia, se cometieron el 74% del total de violaciones a la vida y a la integridad; el 84% de los homicidios (16 casos) y el 73% (59 casos) de las amenazas de muerte. Es importante señalar aquí que para el periodo agosto- noviembre de 2002, se registra un aumento significativo en las amenazas de muerte y los homicidios contra sindicalistas filiales de la Confederación General de Trabajadores Democráticos de Colombia -CGTD-.
- Entre agosto y noviembre, el departamento del Cauca fue la zona del país en donde ocurrieron el mayor número de violaciones a la vida y a la integridad de trabajadores sindicalizados. Sin embargo y manteniendo la tendencia de la última década el departamento de Antioquia reportó el mayor número de homicidios con un 25% del total nacional.
- En cuanto a la autoría de las violaciones, es necesario señalar que los grupos de autodefensas o paramilitares siguen siendo los principales responsables de los homicidios de trabajadores sindicalizados en el país y además, son responsables del 53% de total de violaciones contra la vida y la integridad en los casos en los cuales se conoce y se suministra la información acerca del autor del hecho. De otro lado, a las organizaciones guerrilleras se les atribuye la responsabilidad en 6 casos de secuestros de trabajadores y en dos homicidios cometidos contra sindicalistas afiliados a SINTRAEMDES.
- Contra la tesis que señala que la violación a los derechos humanos de los sindicalistas colombianos es una consecuencia del conflicto armado que vive el país y que invisibilice que la mayoría de las violaciones de los trabajadores colombianos son la consecuencia y la causa directa del ejercicio de su actividad, tenemos que señalar que en lo que se refiere al periodo agosto-noviembre de 2002, el 76% (86 casos) tuvieron como causa la actividad sindical.
TOTAL DE VIOLACIONES A LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA INTEGRIDAD
CONTRA TRABAJADORES SINDICALIZADOS
AGOSTO 7 - NOVIEMBRE 7 DE 2002
|
Tipo de violación |
Agosto-noviembre de 2002 |
|
Amenazas de muerte |
80 |
|
Homicidios |
19 |
|
Atentado con o sin lesiones |
3 |
|
Detención arbitraria |
4 |
|
Secuestro |
6 |
|
Otros |
1 |
|
Total |
113 |
Fuente: Escuela Nacional Sindical, área de derechos humanos y laborales
CAUSAS DE LAS VIOLACIONES A LOS SINDICALISTAS COLOMBIANOS
AGOSTO-NOVIEMBRE DE 2002
|
Causa |
No. casos |
% |
|
27 |
24 |
|
|
86 |
76 |
|
|
Total |
113 |
100 |
Fuente: Escuela Nacional Sindical, área de derechos humanos y laborales
Más allá de estas cifras, que en sí mismas son ilustrativas y alarmantes, lo que se evidencia es que en el país no existen garantías para el ejercicio de las libertades civiles y políticas, que no existen avances en materia de los derechos humanos de los trabajadores, que persiste la violencia discriminada y selectiva y, que las clásicas fórmulas de centralización del poder, estabilidad del orden y seguridad que son las características del nuevo régimen político no son un muro de contención a las practicas violatorias de los derechos humanos en el país.
Los 98 casos en donde se encuentran homicidios, amenazas, desplazamientos y atentados de dirigentes sindicales ponen en evidencia que lo político y la política no pueden ser reducidas, como se pretende, a un asunto de policía y que precisamente, el ejercicio de los derechos de libertad sindical y de sindicalización junto con el ejercicio de los derechos civiles y políticos son limites que cualquier Estado democrático deben respetar
Las nuevas lógicas políticas, económicas y laborales hacen incierto e imposible ese gran logro de la modernidad que fue definir un estado con poderes limitados y establecer claramente los derechos humanos como ese muro de contención a los intentos de imponer leviatanes o estados de excepción permanentes.
Este contexto nada alentador para el movimiento sindical colombiano se evidencia en cuatro casos que queremos resaltar:
- El allanamiento "legal" que la Tercera Brigada del Ejército realizó a la residencia del Director del Departamento de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, el 16 de agosto del presente año.
- La amenaza de muerte, el 9 de septiembre de 2002 contra Domingo Tovar Arrieta, Director del departamento de organización de la CUT.
- La amenaza contra las Juntas Directivas de cuatros sub directivas de la Central Unitaria de Trabajadores ubicadas en los departamentos de Cauca, Caldas, Valle y Bolívar.
- Los asesinatos entre otros de Cesar Gómez, Presidente de SINTRAUNICOL, Sub directiva Pamplona Norte de Santander, asesinado 5 de septiembre de 2002; Adolfo de Jesús Múnera López, Dirigente sindical de SINALTRAINAL, asesinado el 31 de agosto de 2002; Blanca Ludibia Hernández, dirigente sindical de SINDESS, Sub directiva Córdoba, secuestrada el 7 de agosto y encontrada asesinada el 15 del mismo mes; Carlos Peralta, Fiscal de SINDESENA asesinado el primero de noviembre y el asesinado de Miguel Lora Gómez dirigente sindical de la CTC.
Bogotá D.C. Noviembre 19, 2002
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