"Peaceful alternatives to the drug war," II Encuentro Nacional de Mesas Ciudadanas para una Agenda de Paz, March 2001 (Spanish)

"Peaceful alternatives to the drug war," II Encuentro Nacional de Mesas Ciudadanas para una Agenda de Paz, March 2001 (Spanish)

II ENCUENTRO NACIONAL DE MESAS CIUDADANAS PARA UNA AGENDA DE PAZ

Mesa: Cultivos ‘Ilícitos’ y Agenda de Paz [1]

SOLUCIONES PACÍFICAS ALTERNATIVAS A LA ‘GUERRA A LAS DROGAS’

Bogotá, Marzo de 2001

Con el inicio del Plan Colombia, el tema de los cultivos de uso ilícito comenzó a ocupar el centro de la política colombiana. Así será durante los próximos años. Si el futuro de la paz y de la guerra depende de las determinaciones que se tomen al respecto, resulta imperioso para la sociedad civil proponer alternativas pacíficas orientadas a promover el desarrollo sostenible, la justicia social y el respeto de los derechos individuales y colectivos de la población asentada en las regiones productoras de plantas de coca, amapola o marihuana. Para los amigos de la paz es una obligación política y moral impedir que a nombre de la “guerra contra el narcotráfico y la violencia” se desate una ofensiva militar contra el campesinado colombiano, mientras la mafia de las drogas mantiene su poder de amparo internacional y acrecienta sus ganancias a merced de los precios altos, la violencia y la corrupción que acompañan el prohibicionismo.

A la sociedad civil colombiana, a sus partidos políticos, a la insurgencia, al gobierno colombiano y a la comunidad internacional presentamos las siguientes propuestas programáticas sobre la relación "Cultivos ilícitos - Agenda de Paz".

I. ¡Cese inmediato a las fumigaciones!

- Parar las fumigaciones contra los campesinos, colonos e indígenas constituye hoy una prioridad en defensa de los derechos humanos, la integridad de las comunidades y las familias, la salud, la seguridad alimentaria y la protección de los ecosistemas y la biodiversidad, vulnerados por las políticas represivas contra los llamados cultivos con fines ilícitos.

- Un caso reciente es la fumigación aérea intensiva contra los cultivos de coca en el departamento del Putumayo. Según la Defensoría del Pueblo, se fumigaron incluso proyectos de Desarrollo Alternativo y de cooperación internacional y hasta cultivos lícitos de comunidades indígenas y campesinas que ya habían firmado “cartas de intención o de compromiso” para la erradicación manual voluntaria. La aspersión del herbicida ‘glifosato’ –señala el informe oficial- aumentó la deforestación del piedemonte amazónico, destruyó cultivos de alimentos y plantas medicinales, afectó estanques piscícolas, incrementó migraciones de animales silvestres, produjo daños sobre los cuerpos de agua, redujo la seguridad alimentaria, incrementó el costo de la vida y produjo desplazamiento forzoso de la población hacia otros departamentos y hacia el Ecuador [2] .

- Se debe descartar también cualquier proyecto de investigación o uso de armas biológicas para erradicar cultivos de coca, amapola o marihuana. Con este fin se solicitará a la Comisión de Estupefacientes de la ONU y a la Conferencia de las Partes del Convenio de Armas Biológicas y Tóxicas, la prohibición global del uso de agentes biológicos contra cultivos.

II. Nuevo enfoque de corresponsabilidad internacional

- Es urgente un nuevo concepto de responsabilidad internacional compartida, que repare no solo los efectos negativos que la demanda de drogas tiene sobre los países productores, sino también los que se generan por las políticas punitivas que se imponen para su control.

- Una práctica justa de la corresponsabilidad no puede consistir, entonces, en el envío de "ayuda" militar para la "lucha antinarcóticos" en los países de la oferta, ni en recursos exiguos para un ‘desarrollo alternativo’ entendido como complemento de las acciones de fuerza contra los campesinos, sino en la promoción de soluciones pacíficas y reformas estructurales con los aportes suficientes de los países que consumen, proveen los insumos químicos y/o encubren los capitales producto del narcotráfico.

III. Evaluar la ‘política antidrogas’

- Las leyes antidroga y el prohibicionismo crearon el problema que padecen países productores como Colombia. Por ello, conocidos intelectuales promueven el debate internacional sobre la legalización de la droga, argumentan sobre la despenalización e insisten en que las organizaciones criminales que actúan alrededor del fenómeno de las drogas sólo serán derrotadas cuando se desvertebre su estructura financiera, edificada sobre los inmensos rendimientos que produce el prohibicionismo [3] .

- Además de ineficaz, la ‘política antidrogas’ auspiciada por los Estados Unidos está acrecentando peligrosamente los niveles de ingobernabilidad interna, la militarización de la región y la internacionalización del conflicto colombiano.

- La sociedad civil colombiana puede cumplir un papel importante si hace oír su voz en los escenarios internacionales sobre la experiencia acumulada en décadas de aplicación de la ‘política antidrogas’. De allí que sea necesario impulsar la conformación de una Comisión mundial de alto nivel sobre el tema de las drogas “para que se pronuncie sobre la evaluación de veinte años de ‘guerra antidrogas’ y sobre las opciones de despenalización y legalización”, presentada en el Encuentro Internacional de Costa Rica realizado en octubre de 2000.

IV. Descriminalizar y despenalizar: los mínimos de la concertación

- Además de parar las fumigaciones, otra condición mínima para iniciar un diálogo justo con los productores de la materia prima de uso ilícito es el considerarlos interlocutores sociales válidos en la búsqueda de soluciones pacíficas, graduales y concertadas. Para lograr su descriminalización, la sociedad civil debe impulsar en el Congreso de la República la modificación del Estatuto Nacional de Estupefacientes o Ley 30 de 1986.

- Es necesario establecer mecanismos ágiles, eficaces e imparciales para la tramitación de demandas de reparación económica por daños causados a campesinos e indígenas por las ‘operaciones antinarcóticos’.

- Se requiere reconocer plenamente a los pueblos indígenas los usos tradicionales de la hoja de coca, y levantar la prohibición del cultivo para usos medicinales, alimenticios e industriales lícitos. Para que no llegue a manos de la mafia narcotraficante, el Estado y la comunidad internacional podría comprar a los campesinos la producción de coca, marihuana y látex de amapola, mientras se consolidan los proyectos de desarrollo regional y sustitución de cultivos de mediano y largo plazo.

- Aceptando que es imposible eliminar las drogas, se debe incentivar una cultura de educación y autoregulación social entre la juventud, y tratar la drogodependencia como asunto de salud pública, tal y como sucede con el alcohol y el tabaco. Los países de la demanda deben tener en cuenta que la despenalización del consumo es una política incompleta si se mantiene la guerra en el polo de la ‘oferta’.

- Concentrar la “represión legítima” -Law Enforcement- en los eslabones de la cadena financiera de los ilícitos, de suministro de insumos y de narcotráfico, eliminando las facilidades jurídicas y fiscales para repatriar y legalizar las ganancias ilícitas, con base en acuerdos internacionales de corresponsabilidad.

V. Gradualidad, concertación y equidad

- Según el tipo de cultivo con fin ilícito se aplicarán estrategias diferenciadas por parte del Estado y la Comunidad Internacional: sustitución concertada, gradual, manual, limpia y compensada económicamente para los cultivos campesinos, y erradicación sin compensación y por medios manuales o mecánicos no contaminantes para las grandes extensiones comerciales. Ello implica la abolición de los artículos 3 y 4 de la Resolución 005 de agosto 11 del 2000, donde se autoriza por el Consejo Nacional de Estupefacientes las fumigaciones sobre cultivos ‘ilícitos’ fraccionados y/o cultivos ilícitos mezclados, cualquiera sea su extensión.

- La experiencia demuestra que los campesinos no pueden esperar mucho de los subsidios que ofrezca el Estado. Dentro de una concepción global de gradualidad, la menor importancia de la economía ilícita, incluido el número de hectáreas sembradas, debe considerarse un resultado del desarrollo y no un prerrequisito forzoso para la inversión social.

- Por ello no son justas ni viables las propuestas de erradicación manual, que nacidas de las comunidades o impuestas por el Estado, son consecuencia directa del peso disuasivo de las fumigaciones, la pérdida de la seguridad alimentaria o la amenaza de la guerra. Los problemas estructurales del campo colombiano requieren soluciones de largo aliento que nada tienen que ver con los plazos perentorios de 10 meses fijados por el gobierno. La pregunta es: ¿en el desarrollo alternativo, quien tiene que demostrar eficacia?; ¿el campesino, con todos los factores económicos adversos, o el Estado propiciador de la inequidad rural y el descalabro económico del agro?

- Un pacto es un acto de voluntad entre partes que en condiciones de igualdad definen contenidos, procesos y resultados. La sociedad civil debe propugnar porque los pactos de erradicación manual hagan honor a su nombre, impidiendo que acciones de fuerza debiliten la capacidad de campesinos, indígenas y colonos para una real concertación con el Estado. Dentro de la óptica de la defensa de los derechos humanos, debe vigilarse para que los actores más fuertes de la política antidrogas no violenten los derechos de la población más vulnerable.

VI. ¿Políticas de ‘sustitución’ o de competencia?

- Sustituir cultivos declarados ‘ilícitos’ por cultivos lícitos en ecosistemas frágiles, no constituye una reconversión productiva sostenible. Allí donde la vocación de los suelos lo permita, en lugar cultivos sustitutivos es recomendable derivar hacia complejos de actividades en competencia con la economía agrícola de los narcóticos, que sin buscar necesariamente recursos iguales logre la autosuficiencia alimentaria regional y el bienestar de la población. Se propone para ello el mejoramiento de las explotaciones agrícolas y pecuarias mediante prácticas sostenibles como el potrero arborizado, la ganadería estabulada, la silvicultura, la acuicultura, la zoocría controlada, la agroforestería y otros modelos agrícolas alternativos y biodiversos.

- La sustitución, no de la planta, sino del uso, para destinarla a la alimentación, la medicina y otros fines, es otra propuesta viable en lo social, económico y ambiental.

VII. Autogestión, solidaridad y sostenibilidad ambiental.

- Son condiciones esenciales para la implementación de modelos sociales sostenibles y competitivos, el desarrollo del poder local, la democracia participativa y la autogestión de las comunidades.

- Este enfoque redundará en el fortalecimiento de la solidaridad veredal y la convivencia entre vecinos, además de una relación más armónica con el entorno natural. Las experiencias de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y afroamericanas sobre sistemas productivos exitosos, tradiciones organizativas y planes de vida deben incorporarse en las políticas y planes de desarrollo local y regional que se formulen.

VIII. Reforma Agraria, Ordenamiento Territorial y Empleo

- Es necesario un nuevo modelo de desarrollo que amplíe las oportunidades a los más pobres. Esto incluye reforma agraria, que en un período no mayor de cinco años democratice la tenencia de la tierra en los suelos de vocación agrícola, y una política de recomposición de la economía campesina que fortalezca la soberanía alimentaria del país, estabilice los procesos de colonización, revierta los flujos migratorios y contribuya a superar el desplazamiento forzado en el país.

- Estimular procesos de ordenamiento ambiental territorial que delimite áreas ocupadas y áreas protegidas, sustraiga los territorios de colonización situados sobre ecosistemas frágiles o sin perspectivas para una reconversión productiva sostenible. Los programas de reubicación de población que de allí se deriven deben ser voluntarios y graduales, con garantías para una vida digna y segura en los sitios de llegada.

- La política de redistribución de la propiedad territorial se puede iniciar con la extinción de dominio a las propiedades rurales de los narcotraficantes [4] , la expropiación de tierras privadas subutilizadas y el desarrollo de la figura de Zonas de Reserva Campesina en áreas de vocación agrícola y no solo de colonización.

- Es necesario diseñar políticas de desarrollo social, reactivación económica, empleo y capacitación de carácter preventivo, que desestimulen la migración de los jóvenes de las barriadas urbanas más pobres hacia el trabajo de siembra, cosecha o provisión de servicios varios en las regiones productoras de hoja de coca o amapola.

IX. Reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas

- La defensa de la diversidad biológica y cultural también requiere un régimen especial de protección de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y afroamericanas; de conformidad con su derecho consuetudinario y con los instrumentos del derecho internacional como el Convenio 169 de la OIT, la ley 21 de 1991, y el Convenio sobre Diversidad Biológica.

- Es indispensable reconocer y respetar la autonomía de los pueblos indígenas, sus derechos territoriales y el carácter colectivo de los conocimientos tradicionales. Con este fin, es necesaria una moratoria sobre la bioprospección mientras la herencia cultural de los pueblos y comunidades no esté protegida a cabalidad por leyes nacionales e internacionales [5] .

X. Acciones desde las mesas de diálogo y negociación

- Cese multilateral del fuego y defensa de una solución política negociada al conflicto armado en Colombia, con el fin de ambientar los diálogos y las negociaciones con la participación de la sociedad civil y el apoyo de la comunidad internacional.

- Fondo Estatal de Promoción de la Paz de Colombia, coordinado por el Gobierno nacional, la insurgencia y las organizaciones sociales, para estimular proyectos de desarrollo social con recursos de cooperación internacional y los del actual Fondo de Inversión para la Paz.

- “Laboratorios de desarrollo alternativo, paz y protección ambiental”, con base en acuerdos tripartitos, entre el gobierno, la insurgencia y las comunidades, con tregua armada multilateral, compensación de los recursos económicos para el sostenimiento de la fuerza insurgente y sustitución de cultivos en áreas delimitadas. Una Comisión Internacional de Veeduría y Verificación acompañara dicho proceso.

- Comisión Latinoamericana de Paz que evalúe los impactos del Plan Colombia sobre la región andino amazónica, apoye el proceso de paz y busque alternativas a la fumigación química y contra las amenazas de guerra biológica por parte de gobiernos extranjeros u organismos multilaterales.

XI. Movilización social, apoyo a procesos regionales y veedurías

- Para fortalecer el proceso de paz y las soluciones pacíficas a los cultivos de uso ilícito, urge una movilización nacional e internacional contra la política de fumigación con herbicidas, por el respeto a la soberanía nacional y en defensa de los derechos fundamentales de la población colombiana a la vida, la seguridad alimentaria, la salud y el medio ambiente sano.

- Asimismo, se requiere apoyar activamente procesos políticos de integración regional alternativos al Plan Colombia, como la Alianza de los Gobernadores del sur del país, e impulsar veedurías locales, regionales, nacionales e internacional sobre los impactos de la política de fumigaciones contra los cultivos de uso ilícito, y para ejercer control y seguimiento a los pactos de erradicación manual que se suscriban con el gobierno.

[1] Este resumen de propuestas es resultado de un proceso de discusión en diversos eventos realizados en el último año. Entre los días 22, 29 y 30 de marzo de 2001 participaron en esta Mesa representantes de: CINEP, Observatorio de Drogas, Unidad Legislativa Senador Rafael Orduz, Unidad Legislativa Representante Gustavo Petro, ILSA, Centro Debate, INDEPAZ, CEUDES, ANDAS, Corporación Telar de Agua, Crisoles, ICANH, Resguardo Calderas, CIDER, Fundepublico, Conferencia Episcopal, USO, Siempreviva, Red de Cultivos Ilícitos de la Universidad de los Andes, Semilla Mejorana e investigadores independientes. Para ampliar y continuar el debate se propone organizar Mesas regionales y grupos de discusión.

[2] Defensoría del Pueblo, Informe Defensorial # 1, 9 feb/01; Resolución # 4, 12 feb/01. www.defensoria.org.co

[3] “La coca, que solía masticar una minoría indígena en nuestras montañas aisladas, se convirtió en un artículo de lujo gracias a la política del gobierno norteamericano. Poco tuvimos que ver con ella, ni en sus orígenes, ni en sus fatales resultados. Pero ahora somos ‘The Colombian Connection’”, dijo Alberto Lleras Camargo (EL TIEMPO, Bogotá febrero de 1979).

[4] Ley 333 de 1996

[5] La bioprospección busca acortar el camino y los costos en la identificación de recursos genéticos, o de principios activos en los organismos vivos para transformarlos, por ejemplo, en fármacos. Para ello utiliza el conocimiento colectivo de las comunidades locales y pueblos indígenas. El problema surge cuando estos conocimientos y recursos genéticos, que deberían ser respetados como inalienables, son expropiados mediante patentes, inclusive sobre organismos vivos, y dudosas “retribuciones económicas”, transformándose la bioprospección en piratería.