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Updated:6/26/03 |
| Letter
to President Uribe from 25 Colombian Non-Governmental Organizations, June
11, 2003 Bogotá,
11 de junio de 2003 Doctor De nuestra consideración: Permítanos
agradecer su amable invitación a reunirnos con usted y expresarle
que aceptamos acudir a esta reunión por cuanto siempre hemos
considerado necesario desarrollar el diálogo entre la sociedad
civil y el Gobierno, con el fin de contribuir a identificar medidas
que apunten a superar la grave crisis de derechos humanos y derecho
humanitario que afecta a Colombia. Esperamos
que el diálogo de hoy se realice dentro de un marco de respeto
y con la mayor sinceridad, pues consideramos que la sinceridad es una
de las condiciones esenciales y mínimas para tener un intercambio
de opiniones que pueda luego dar frutos duraderos. Por consiguiente,
expondremos algunas preocupaciones que pueden causar molestias pero
que resulta necesario mencionarlas, de manera respetuosa, porque las
respuestas que el Gobierno dé a esas inquietudes son las que
nos permitirán avanzar hacia la superación de la crisis
de derechos humanos y humanitaria. Nuestro propósito no es más
que el de incidir en un mejoramiento de la situación de derechos
humanos que hoy tenemos que calificar como trágica y nuestro
mejor deseo es que en el futuro las organizaciones no gubernamentales
podamos calificarla de excelente y divulgar y resaltar los avances que
en esa materia se hayan logrado. Infortunadamente,
la situación que vive el país y la polarización
que se ha venido presentando hacen parecer que esa opción se
encuentra muy lejana. Por una parte, como lo mostraremos a continuación,
la violación de los derechos humanos no solamente continúa,
sino que esta asumiendo nuevas modalidades que no se conocían
en el pasado o que se creía habían disminuido. Por otra
parte, la legítima labor que desarrollamos las organizaciones
no gubernamentales dentro del Estado social y democrático de
derecho está siendo crecientemente atacada, nuestras organizaciones
son estigmatizadas y puestas en una situación de riesgo por las
funciones que cumplimos. Valoramos que Usted considere que la labor
de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos se debe
observar con "tolerancia", pero le instamos a dar un paso
más allá en el sentido de considerar nuestro trabajo como
central en el fortalecimiento del Estado social y democrático
de derecho y reconocernos como interlocutores válidos de las
diferentes instancias gubernamentales. Por eso lamentamos su insistencia
en mostrarle a la opinión pública que ejercemos una injustificada
contraposición a las políticas del Gobierno, lo que hace
que la situación de riesgo de las organizaciones y sus integrantes
se incremente. A esta situación se suman las diferentes declaraciones
realizadas por parte de altos dignatarios que descalifican como subversivo
el papel de nuestras organizaciones, sin que el Presidente de la República
haga nada por evitarlo, lo que hace entrever que las relaciones de su
Gobierno con las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos,
las organizaciones de paz y los sectores sociales, son deplorables.
En efecto,
en septiembre del año pasado le solicitamos una reunión
para discutir con Usted la política de derechos humanos de su
Gobierno. Esa cita no nos fue concedida y se nos informó que
la persona competente para hablar con las organizaciones era el vicepresidente
de la República, doctor Francisco Santos, encargado del manejo
de las políticas del Gobierno en materia de derechos humanos.
Así lo hicimos y por ello el 25 de noviembre de 2002 entregamos
una carta al Vicepresidente Santos en la que propusimos un diálogo
sobre los elementos que, a nuestro juicio, constituyen los temas medulares
de una política seria en derechos humanos y en derecho humanitario. Pese a
la buena voluntad de los miembros del Programa Presidencial para los
Derechos Humanos, el espacio de la interlocución con la Vicepresidencia
ha sido muy precario. Por diferentes circunstancias, especialmente por
la orientación de la política de seguridad del Gobierno,
los temas propuestos y acordados con el Gobierno no se han discutido
de manera adecuada y muchas de las inquietudes que le hemos planteado
a la vicepresidencia, hasta el día de hoy, no han sido resueltas.
Entre otras podríamos citar la situación de defensores
y defensoras de derechos humanos y el desconocimiento de las obligaciones
internacionales. En esta reunión esperamos poder resolver algunas
de nuestras dudas y dialogar sobre los temas mencionados y algunos otros
que se pretendían abordar en la interlocución con la vicepresidencia
y que no lo fueron. Los temas siguen aún vigentes y la dilación
en resolverlos hace temer que el Gobierno no tenga la disposición
de realizar un sincero intercambio de opiniones con las organizaciones
no gubernamentales de derechos humanos. En la actualidad
parece predominar en el Gobierno una concepción generalizada
de que el problema de Colombia es esencialmente militar. Eso ha conducido,
entre otras cosas, a considerar como sospechosas y a perseguir militarmente
a las personas que piensan distinto. Las organizaciones no gubernamentales
de derechos humanos, los sindicalistas y otros sectores humildes de
la población, especialmente quienes viven en zonas de actividad
guerrillera, han sido los principales afectados por esa forma de ver
el conflicto colombiano. Se vienen realizando detenciones arbitrarias,
persecuciones judiciales y allanamientos a domicilios de personas y
a sedes de organizaciones sociales y de derechos humanos. No podemos
detenernos a estudiar todos los abusos que se han cometido en contra
de los grupos de personas mencionados pero podemos relatar algunos casos
ejemplificantes. El 6 de
diciembre de 2002, Julio Avella, defensor de derechos humanos perteneciente
a la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (Andas), fue detenido
en Bucaramanga por miembros de la Policía Nacional luego de que
su casa hubiera sido allanada. La Fiscalía 26 seccional de Bucaramanga
adelantó una investigación penal por el delito de rebelión
que terminó con la preclusión de la misma seis meses después,
en mayo de 2003. Durante ese tiempo, Julio Avella estuvo privado de
su libertad sin justificación en la cárcel Modelo de Bucaramanga.
Otro reconocido líder sindical y defensor de derechos humanos,
Alfredo Porras Rueda, fue detenido el 31 de diciembre del 2002 por miembros
de la V Brigada en la ciudad de Bucaramanga, acusado de ser el responsable
de las finanzas de un grupo guerrillero y de haber incurrido en otros
delitos, como homicidio y secuestro. Luego de permanecer cuatro meses
en la cárcel Modelo de Bucaramanga, el fiscal precluyó
la investigación y ordenó su libertad inmediata el 31
de abril de 2003. En lo transcurrido de este año las violaciones
no han cesado . El 15 de
enero de 2003, la Fiscalía General de la Nación, seccional
de Bucaramanga, dictó medida de aseguramiento contra Hernando
Hernández, ex presidente del Sindicato de la Unión Sindical
Obrera de la Industria del Petróleo (USO), por el delito de rebelión
. Hernando Hernández ha denunciado públicamente las irregularidades
que se han cometido dentro del proceso y ha señalado, entre otras,
que los testigos son personas previamente preparadas por el DAS . Además,
resulta sospechoso que la captura se haya realizado y el proceso iniciado
justo cuando se estaban llevando a cabo conversaciones entre el sindicato
y ECOPETROL para una nueva convención colectiva . La Fiscalía
General de la Nación dictó resolución de acusación,
no obstante la defensa demostró que las versiones de los testigos
no corresponden a la realidad. En la actualidad, la fiscal pretende
vincular a Hernando Hernández a un proceso por terrorismo y por
homicidio múltiple. En los
casos mencionados las autoridades realizaron las capturas con base en
información contenida en archivos de inteligencia militar y en
testimonios de personas que colaboran con los servicios de inteligencia.
Aparte de los mencionados, desde agosto de 2002 muchos otros defensores,
líderes sociales y sindicales han sido detenidos de forma arbitraria
o se les ha iniciado un proceso judicial sin justificación alguna
por desarrollar una legítima labor, como es la de defender los
derechos humanos . No obstante lo anterior, notamos con preocupación
que Usted, señor Presidente, ha manifestado públicamente
que la situación de los defensores de derechos humanos y de los
líderes sociales y sindicales ha mejorado notablemente, y que
muestra de ello es que en lo transcurrido de su Gobierno sólo
han muerto nueve sindicalistas, pero ninguno por razones políticas.
Permítanos decirle que la realidad que hemos constatado las organizaciones
de derechos humanos es otra. Desde la
iniciación de su Gobierno y hasta el mes de mayo de 2003 en promedio,
por mes, cinco defensores de derechos humanos han sido objeto de ataques
y amenazas. Tal es el caso de José Roosvelt Lara, miembro del
Comité de Derechos Humanos Joel Sierra, quien fue asesinado el
8 de noviembre de 2002, en el municipio de Tame (Arauca), por miembros
de grupos paramilitares que actuaron con total libertad y anuencia de
la Fuerza Pública, pese a que era beneficiario de medidas cautelares
otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
el 29 de julio del 2002 . En el mismo
período, 92 sindicalistas han sido ejecutados de manera extrajudicial,
17 han sido desaparecidos forzadamente, 31 han sido detenidos de forma
arbitraria, 4 han sido víctimas de atentados y 87 han recibido
amenazas. En un total, por lo menos 231 sindicalistas han sufrido graves
violaciones a sus derechos por su condición de miembros de un
sindicato o en razón del ejercicio de su actividad . A su vez,
algunos sindicatos han sido objeto de allanamientos sin fundamento alguno.
El 10 de diciembre de 2002, en Bucaramanga, miembros de la policía,
con orden judicial de la Fiscalía, realizaron un allanamiento
a la sede de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) . Una situación
similar se presentó el 16 de agosto de 2002 en Cali, donde miembros
del Ejército Nacional allanaron la casa de Jesús Antonio
González Luna, director del departamento de Derechos Humanos
de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), argumentando la búsqueda
de propaganda subversiva y armamento . En ninguno de los casos se encontraron
pruebas que confirmaran dichos vínculos. Los ejemplos
de persecución señalados, así como otros casos
similares, obedecen a una idea que parece haberse extendido dentro de
su Gobierno, según la cual a las organizaciones no gubernamentales
de derechos humanos y a las organizaciones sociales y de paz hay que
considerarlas como sospechosas. Esa mentalidad ha sido revelada por
personas cercanas al Gobierno, como el señor Pedro Juan Moreno
Villa, quien se presenta y es reconocido como asesor suyo en materia
de seguridad e inteligencia, y quien fue secretario de Gobierno durante
el período en el cual usted ocupó la gobernación
del departamento de Antioquia . Usted se ha abstenido de actuar frente
a las declaraciones del señor Pedro Juan Moreno Villa y de las
expresadas en sentido similar por otras personas que hacen parte de
sus círculos más cercanos, lo cual resulta inadmisible,
pues esa clase de afirmaciones pueden incrementar el clima de estigmatización
existente contra las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos
y, por lo tanto, afectar aún más nuestra seguridad. Sin embargo,
los defensores y defensoras de derechos humanos y los líderes
sociales, no son los únicos afectados por la persecución
que se ve motivada por la misma estigmatización. Sectores de
la población civil, especialmente algunos de los más humildes,
también sufren las consecuencias de esa concepción militarista.
Así, las operaciones militares que se vienen llevando a cabo
se caracterizan por el desconocimiento de los derechos de esa población
civil . El 24 de septiembre de 2002, el Ejército nacional entró
a la casa de Florentino Castellares Gil en Cantagallo (Bolívar),
sin orden judicial previa, disparando de manera indiscriminada. En los
hechos murieron Florentino Castellares Gil y su hijastro de nueve años,
Nilson Hernández Jerez. Monguí Jerez Suárez, madre
del niño, resultó gravemente herida . El 24 de
febrero de 2003, unidades conjuntas de la Fuerza de Despliegue Rápido
y de la Fuerza Aérea Colombiana realizaron un operativo militar
en el área rural del municipio del Carmen (Norte de Santander)
contra una organización guerrillera. En las labores de planeación
del operativo militar, oficiales de la Fuerza Aérea identificaron
la presencia de residencias habitadas por pobladores civiles en los
lugares donde debía desarrollarse el operativo. Aun así
decidieron descargar sobre las casas bombas de 250 libras causando con
ello la muerte de la menor de edad Kelly Quintero y heridas de consideración
al niño Albert Quintero y a dos miembros más de una familia
campesina. Esta conducta constituye una grave infracción al derecho
internacional humanitario. Situaciones
como las que enunciamos no sólo afectan el goce y disfrute de
los derechos humanos sino que, además, violan obligaciones estatales
que en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario
ha adquirido el Estado colombiano. El Gobierno debe responderle también
a la comunidad internacional por esas obligaciones contraídas
en beneficio de la población colombiana y de la humanidad entera.
Entre tales
tratados se encuentra la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Es posible que Usted
no tenga conocimiento de las torturas que vienen realizando miembros
de la fuerza pública. El 11 de diciembre de 2002, en Bogotá,
miembros de la Policía Nacional allanaron la casa de habitación
de Juan Carlos Celis González, constructor de paz. Al entrar
no solicitaron su permiso para hacerlo, sino que, una vez dentro del
apartamento, lo insultaron y golpearon, lo tendieron bocabajo en el
suelo, lo esposaron, lo encañonaron y le taparon la cabeza con
una chaqueta mientras le gritaban que reconociera ser "Juan Carlos
Celis Gutiérrez", "el ingeniero", supuestamente
responsable del diseño y fabricación de carros bomba que
iban a ser utilizados en atentados en la ciudad de Bogotá. Ante
la negativa de Juan Carlos Celis González de autoincriminarse,
los Policías lo sometieron a choques eléctricos en todo
el cuerpo, mientras manipulaban una grabadora y le gritaban que confesara
que él era "el ingeniero". Actualmente Juan Carlos
Celis se encuentra detenido en la cárcel de Cómbita (Boyacá),
acusado de manera injustificada de rebelión, terrorismo, fabricación
y porte ilegal de armas, en la modalidad de almacenamiento. Al igual
que Juan Carlos Celis, muchas otras personas detenidas arbitrariamente
han sido torturados. Por otra
parte, algunas normas del derecho humanitario, en particular el principio
de distinción , se vienen vulnerando con la creación de
redes de informantes y soldados campesinos. Así lo advirtió
expresamente la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, la señora Mary Robinson, en carta dirigida a Usted el
26 de agosto de 2002. La violación del principio de distinción
genera, entre otras cosas, la inversión de las responsabilidades
en materia de derechos humanos, pues es a la fuerza pública y
no a los civiles a quien le corresponde la protección del orden
constitucional y por lo tanto la vida y la integridad de las personas
. Se debe agregar que las experiencias del país permiten afirmar
que estas formas de colaboración de los civiles con la fuerza
pública para la realización de acciones militares (de
inteligencia, de información o de combate) convierten a la población
civil en objetivo militar y han conducido, en no pocas ocasiones, al
paramilitarismo. A propósito
del paramilitarismo, uno de los principales objetivos suyos, señor
Presidente, ha sido el de iniciar un proceso de paz con esos grupos.
La búsqueda de la paz es sin duda uno de los fines más
loables dentro de un Estado en guerra como el nuestro, en especial,
teniendo en cuenta que ésta es un derecho que el Estado debe
garantizar . No obstante, no se debe permitir que en aras de la paz,
el país sucumba a la impunidad, mucho menos cuando se pretende
que esa impunidad cobije a personas que han cometido graves violaciones
a los derechos humanos. Lo anterior, entre otras razones, porque la
impunidad es una de las principales causas de fallidos procesos de paz
en otros países y también, en parte, de la incesante sucesión
de violaciones, un siglo tras otro, en nuestro propio país. Medidas
como la expedición del decreto 128 de 2003 no son demostraciones
de una lucha decidida contra la impunidad. Por el contrario, ese decreto
permite otorgar el derecho al indulto con la sola certificación
del Ministro del Interior y de Justicia, como Presidente de un Comité
de Dejación de Armas. Si la persona favorecida con la certificación
no ha sido previamente procesada, así haya cometido el peor de
los crímenes, el indulto se perfecciona, sin intervención
judicial de fondo, desconociendo así los derechos de las víctimas
a la verdad, la justicia y la reparación integral. Lo anterior
va unido al anuncio hecho por el Gobierno de promover un proyecto de
ley de libertad condicional para delitos atroces. Todo lo anterior es
contrario a precisas recomendaciones internacionales contenidas en el
último informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
derechos humanos en Colombia y en la Declaración de la Presidenta
de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptada
el 25 de abril de 2003 . El Gobierno
tampoco ha cumplido las recomendaciones que estos mismos organismos
y muchos otros le han hecho en el sentido de que se abstenga de otorgar
funciones de policía judicial a las fuerzas militares . La Ministra
de Defensa ha expresado públicamente ante el Congreso de la República
que si alguien se comprometió en Ginebra con esa Declaración
de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos lo hizo inconsultamente,
argumento que es francamente impresentable, desde todo punto de vista.
Nos causa extrañeza que, con sus manifestaciones, pareciera que
el Gobierno quisiera desconocer las obligaciones y los acuerdos que
ha adquirido en el ámbito internacional en materia de derechos
humanos. En particular nos sorprendió su declaración hecha
en la audiencia pública sobre el proyecto de referendo celebrada
en la Corte Constitucional el pasado 4 de junio, donde manifestó
su disposición a denunciar los tratados internacionales de derechos
humanos y a modificar, como si se tratara de una simple ley, las obligaciones
contenidas en los convenios de la OIT. Con esas afirmaciones, señor
Presidente, no sólo está desconociendo los mecanismos
internacionales mínimos de protección de los derechos
humanos sino que está retrocediendo en los avances normativos,
insuficientes pero valiosos, que nuestro país y las naciones
civilizadas han realizado en esta materia. Su propuesta haría
más grave la difícil situación de derechos humanos
en Colombia, que quedaría sin la protección de los mecanismos
desarrollados por la comunidad internacional frente a los abusos de
poder. Otros anuncios
hechos por su Gobierno sobre la reducción o eliminación
de recursos o instituciones de protección de derechos humanos
resultarían contrarios a las obligaciones internacionales y podrían
tener como consecuencia un deterioro en la situación de los derechos
humanos en Colombia. La eliminación de la acción de tutela
sobre sentencias y para los derechos económicos, sociales y culturales,
el propósito de reducir facultades a la Corte Constitucional,
la supresión de las personerías, entre otros proyectos,
pueden afectar de manera grave esa situación, pues las mencionadas
instituciones tienen por función la protección de esos
derechos . Su Gobierno ha justificado algunas de esas reformas con el
argumento de reducir los gastos del Estado, pero esa clase de medidas
menoscaban los derechos humanos de los colombianos y las colombianas,
y por esa razón los ahorros en las finanzas estatales deberían
buscarse en otra parte. Todas las
observaciones que hemos expuesto tienen como propósito que se
brinde mayor seguridad a la población colombiana, una población
que se encuentra agobiada por un cruel conflicto armado interno y por
una violencia múltiple. Urge superar todo ello con una decidida
acción del Estado que se aviente a hacer valer los derechos y
libertades de la población y cuya legitimidad se base en el respeto
a los derechos humanos, como lo hemos pedido durante décadas
desde nuestras organizaciones. Compartimos y destacamos que en sus declaraciones
el señor Presidente haya manifestado que las medidas que viene
tomando su Gobierno son para proteger a todos los colombianos y que
tales medidas no deben usarse para perseguir a opositores políticos.
Sin embargo, esos buenos propósitos deberían plasmarse
en acciones y hechos más acordes con los principios de una verdadera
seguridad democrática. Con las acciones que se vienen tomando
pareciera que su Gobierno estuviera conduciendo al país hacia
un régimen autoritario. Para evitar ese riesgo, una adecuada política de seguridad debería enfrentar a todos los actores violentos, incluidos aquellos funcionarios públicos que cometen graves violaciones a los derechos humanos, y debería proteger a todos los sectores de la población, empezando por los más afectados. Todo lo anterior, dentro de un escrupuloso respeto de los derechos humanos y de las obligaciones nacionales e internacionales en la materia. De lo contrario, paradójicamente, el resultado final será mayor inseguridad. Con el fin de que esa política de seguridad garantice la vigencia de los derechos humanos, respetuosamente le solicitamos a Usted: 1. Que
el Gobierno cumpla a cabalidad las recomendaciones internacionales en
materia de derechos humanos, de las cuales las más recientes
son las contenidas en el último Informe sobre Colombia del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y en la
Declaración de la Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos de Naciones Unidas del 25 de abril de 2003. En particular: 2. Específicamente
en relación con los defensores y defensoras de derechos humanos,
que se esclarezca la vigencia de la directiva presidencial 007 de 1998
y se haga efectivo su cumplimiento. Se debería además
dictar una nueva directiva en la que se respalde la labor que hacen
las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, las organizaciones
sociales y las organizaciones de paz, y se ordene a todos los servidores
públicos y a las personas cercanas a su Gobierno que se abstengan
de proferir ataques o amenazas contra dichas organizaciones. En dicha
directiva se debería también ordenar que se establezca
un control disciplinario efectivo, en concordancia con la recomendación
hecha en tal sentido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos . 3. Que
el Gobierno dé pronta respuesta a las solicitudes realizadas
por las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en la
carta entregada al Presidente de la República el día 4
de junio del 2003, en particular la de mantener los esquemas de protección
en las condiciones acordadas y la de reanudar, a la mayor brevedad,
el proceso de concertación para la implementación de las
recomendaciones de la Evaluación del Programa de Protección
del Ministerio del Interior y de Justicia, dando así cumplimiento
a la recomendación formulada en tal sentido por el Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos . 4. Que
se revisen y se depuren los archivos de inteligencia para que, en los
casos en que se encuentren motivos para iniciar una investigación
contra uno organización no gubernamental así se haga,
con plena observancia de las garantías judiciales, y cuando se
encuentre que no se justifica investigación alguna, el archivo
se deseche . 5. Que
en los procesos de cooperación multilateral el Gobierno garantice
la participación de la sociedad civil con el fin de que ésta
pueda fortalecer su capacidad de servirle al país en el mejoramiento
de la situación de los derechos humanos. 6. Que el Gobierno preste las garantías necesarias para hacer efectivo el derecho a recibir y brindar ayuda humanitaria. Somos conscientes, señor Presidente, de que los planteamientos y las propuestas que hemos expuesto en esta carta no son de fácil aceptación ni ejecución actualmente, pues no concuerdan con varias de las políticas centrales que con tanta decisión promueve su Gobierno. Pero tales planteamientos y propuestas están basados en las reiteradas recomendaciones que durante varios años han hecho al país autorizados órganos y expertos de Naciones Unidas y del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Por ello, con la debida consideración, permítanos invitar a su Gobierno a recapacitar y a tener en cuenta dichas recomendaciones, con la serenidad y el análisis que ellas se merecen, y a aplicarlas a fondo, con la seguridad de que contribuirán decisivamente a brindar bienestar y seguridad a la población colombiana. Para el efecto, es útil que el Gobierno adopte y mantenga un mecanismo eficaz de interlocución entre las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y los altos funcionarios del Estado colombiano, que tenga como propósito la superación de la grave crisis de derechos humanos y de derecho humanitario que agobia a Colombia. Del señor
Presidente, atentamente, -Asamblea
Permanente de la Sociedad Civil por la Paz |
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