Comisión Colombiana de Juristas: Preocupaciones y compromisos en difícil reunión con ONG, 13 de junio de 2003

Comisión Colombiana de Juristas: Preocupaciones y compromisos en difícil reunión con ONG, 13 de junio de 2003

EL PRESIDENTE URIBE REVELA SU INCLINACIÓN A DESCONOCER COMPROMISOS INTERNACIONALES BÁSICOS EN DERECHOS HUMANOS

La primera reunión entre las organizaciones de derechos humanos, las iniciativas de paz y el Presidente Álvaro Uribe Vélez para discutir los planteamientos del Gobierno en materia de derechos humanos y de paz, realizada el 11 de junio de 2003, dejó como resultado compromisos del Gobierno en algunos temas y preocupación de las organizaciones en muchos otros. Entre las principales preocupaciones merecen señalarse la reiterada convicción del Presidente de que no hay diferencias entre combatientes y no combatientes, la reafirmación de que se encuentra dispuesto a denunciar tratados internacionales de derechos humanos y el desconocimiento de compromisos internacionales asumidos por su propio Gobierno en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

La justificación del Presidente para que no exista el principio de distinción es que, a su juicio, los grupos guerrilleros no son combatientes porque son terroristas. Esa actitud es contraria al derecho internacional humanitario desde cualquier punto de vista. El Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra señala que éste se aplica a situaciones de conflicto interno "entre las fuerzas armadas y las fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados" . El Protocolo I define que "los miembros de las fuerzas armadas de una parte en conflicto son combatientes" . Con su postura, el Presidente niega la calidad de combatientes a quienes sí lo son y convierte en combatientes a quienes no lo son, es decir, a los civiles. Esa es una enorme puerta de regreso a la barbarie, pues significa la erosión de los cimientos básicos del derecho humanitario.

El Presidente intentó desmentir que estuviera dispuesto a denunciar los tratados internacionales de derechos humanos, afirmación que había hecho una semana antes en la Corte Constitucional. Sin embargo, al preguntarle sobre la posible denuncia de los convenios de la OIT, afirmó que esos sí estaba dispuesto a denunciarlos, si el pueblo así se lo pedía a través del referendo. Con esta afirmación el Presidente desconoce que los convenios de la OIT son tratados de derechos humanos. Ante tal confusión, las ONG le propusieron al Presidente que si existe de su parte una voluntad sincera de no denunciar los tratados de derechos humanos, así lo debería manifestar públicamente.

Otros anuncios hechos por el Presidente de la República muestran su intención de desconocer o incumplir compromisos internacionales adquiridos por el Estado. Cuando las ONG le preguntaron por qué había presentado un proyecto de reforma constitucional para otorgarles facultades de policía judicial a las fuerzas militares, contrariando la Declaración sobre Colombia adoptada por la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas del 25 de abril de este año, su respuesta fue que esa declaración se había aprobado sin su consentimiento. Con esa actitud, el Presidente desconoce no solamente las reiteradas recomendaciones de autorizados órganos y expertos de las Naciones Unidades y del sistema interamericano en esa materia, sino también los compromisos internacionales que su propio Gobierno ha adquirido. La Declaración de la Presidenta de la Comisión fue negociada cuidadosamente con el Gobierno colombiano, al igual que lo han sido todas las Declaraciones de la Comisión de Derechos Humanos adoptadas sobre Colombia cada año, desde 1995. Si fuera cierto que el Presidente de Colombia no fue consultado al respecto y no dio su aprobación a esa Declaración, eso revelaría una desorganización inaceptable en el manejo de las relaciones internacionales por parte del Estado colombiano. Si no es cierto, revelaría una preocupante falta de seriedad de este Gobierno, lo que conduciría a una pérdida de credibilidad y a una desconfianza de la comunidad internacional en relación con la palabra del Estado colombiano. En cualquier caso, es una excusa impresentable.

Quizá por su desconocimiento de los tratados y de las recomendaciones internacionales el Presidente insistió en continuar impulsando el proyecto de reforma constitucional para dar atribuciones de policía judicial a las fuerzas militares y que puede ser aprobado en cuarto debate en la Plenaria del Senado prevista para el 16 de junio de 2003. Tal vez por ese mismo desconocimiento de las obligaciones internacionales, manifestó que él prefiere que ese tipo de atribuciones sean de carácter permanente.

En medio de estas preocupaciones, en la reunión con las ONG el Presidente se comprometió a:

Solicitar al Vicepresidente y a su Programa presidencial de derechos humanos y derecho internacional humanitario que examine los archivos de inteligencia con la fuerza pública para verificar que no haya registros indebidos, especialmente, en relación con defensores y defensoras de derechos humanos.

Reiterar lo dispuesto en la directiva presidencial 007 de 1999 para avalar así la labor de los defensores de derechos humanos, con la posibilidad de estudiar la adopción de una nueva directiva que prevea mecanismos para su efectivo cumplimiento.

Reglamentar el mecanismo de búsqueda urgente contemplado en la ley 589 de 2000 sobre desaparición forzada, con el fin de garantizar su funcionamiento efectivo.

Considerar la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes para autorizar la actuación de un mecanismo internacional de visitas a los centros de detención.

Permitir que las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos revisen con el director de la oficina jurídica de la Presidencia los decretos de indulto que el Gobierno ha expedido en virtud del decreto 128 de 2003, con el fin de verificar que no se esté favoreciendo la impunidad de delitos atroces.
Convocar al Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada previsto en la ley 387 de 1997.

Solicitar al Vicepresidente, al director del Programa presidencial de derechos humanos y derecho internacional humanitario y al Consejero de Paz la elaboración de un memorando con los puntos que debería tener una política de derechos humanos del Gobierno, con la salvedad manifiesta de que hay diferencias con las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.

Las ONG manifestaron al Presidente que, a pesar de las contradicciones profundas que existen entre las principales políticas del Gobierno y las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos, están dispuestas a participar en los espacios de interlocución que el Gobierno adopte y mantenga entre las organizaciones no gubernamentales y los altos funcionarios del Estado colombiano, con el propósito de contribuir a la superación de la grave crisis de derechos humanos y de derecho humanitario que agobia a Colombia.

Comisión Colombiana de Juristas
Bogotá, 13 de junio de 2003