Alerta Frente a las Cifras Gubernamentales Sobre Derechos Humanos en Colombia, por la Comisión Colombiana de Juristas

Alerta Frente a las Cifras Gubernamentales Sobre Derechos Humanos en Colombia, por la Comisión Colombiana de Juristas

ALERTA FRENTE A LAS CIFRAS GUBERNAMENTALES SOBRE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA

El Gobierno Nacional ha dicho que durante los últimos seis meses se ha registrado una significativa disminución de las violaciones a los derechos humanos en el país y que “durante el último semestre empezó una tendencia a la baja en la cantidad de homicidios, masacres, asesinatos de sindicalistas, secuestros, desapariciones forzadas y ataques a poblaciones, entre otros delitos” [1] . Lamentablemente eso no es cierto. Los homicidios y desapariciones por razones sociopolíticas se mantienen en el mismo nivel de los últimos tres años, que es escalofriante.

Este documento se orienta a demostrar que las afirmaciones sobre una tendencia a la baja son infundadas y que se basan en una tergiversación de la realidad. En el primer acápite se ilustra cómo las estadísticas sobre violaciones al derecho a la vida por violencia sociopolítica registradas para el período julio de 2002 a junio de 2003 son igual de graves a las de los dos años anteriores que, a su vez, son el doble de graves que hace cinco años [2] . En el segundo acápite se analiza un ejemplo que ilustra la forma como se elabora y divulga la información gubernamental sobre derechos humanos.

1. Siete mil homicidios políticos y desapariciones en primer año del Gobierno Uribe: peor que con Pastrana

En el último año (julio 1 de 2002 a junio 30 de 2003), más de 19 personas en promedio diario fueron asesinadas, desaparecidas o muertas en combate en razón de la violencia sociopolítica. Un año antes el promedio había sido superior a 20; y hace dos años había sido superior a 18. Es decir, el saldo de víctimas del último año se enmarca dentro del promedio de los últimos tres años. Ese promedio es casi el doble del que se registró entre 1998 y 1999 (11 personas diariamente) y superior al de 1999-2000 (15 personas diariamente).

Eso significa que en el último año, es decir entre el 1 de julio de 2002 y el 30 de junio de 2003, murieron o desaparecieron por violencia sociopolítica la misma cantidad de personas que en los dos años anteriores: 6.978, frente a 7.426 el año pasado y 6.621 el año antepasado [3] . La diferencia entre el último y el penúltimo no es significativa. Además de ser una reducción muy leve, contrasta con el aumento frente al número de víctimas de hace dos años (357 más este año). Es decir, tanto en el último año, como en el anterior y como en el precedente, el saldo total de personas muertas y desaparecidas por violencia sociopolítica ha estado alrededor de 7.000. No ha habido cambios significativos ni hacia arriba, ni hacia abajo. Las diferencias que se presentan de un año a otro son normales, y no puede hablarse de tendencia a un cambio en ningún sentido.

Respecto de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho humanitario ocurridas por fuera de combate en el último año (julio de 2002 a junio de 2003), en las cuales se conoce el autor genérico, el 69,58% se atribuyó presuntamente a agentes estatales: por perpetración directa, el 7,71% (152 víctimas); por omisión, tolerancia, aquiescencia o apoyo a las violaciones cometidas por grupos paramilitares, el 61,87% (1.220 víctimas). A las guerrillas se les atribuyó la presunta autoría del 30,43% de los casos, con 600 víctimas [4] .

En relación con el período inmediatamente anterior, lo que sí se percibe es una relativa disminución de los hechos directamente atribuibles a grupos paramilitares, quienes habían sido presuntamente autores de 1.882 de las violaciones registradas un año antes, frente a 1.220 este último año [5] . En contraste con esta reducción, se observa un aumento de las violaciones perpetradas contra líderes, activistas sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos, personas tradicionalmente perseguidas por los grupos paramilitares, en las cuales se desconoce la presunta autoría de los hechos. Entre julio de 2001 y junio de 2002, estos casos representaban el 10,55% del total de las violaciones al derecho a la vida por causas sociopolíticas (467 víctimas), mientras que para el último año representan el 17,11% del total de las violaciones registradas (677 víctimas).

Teniendo en cuenta que el Gobierno está llevando a cabo conversaciones de paz con los grupos paramilitares, cabe preguntarse si este aumento en el número de casos atribuidos a un grupo armado sin identificar corresponde a acciones realizadas por ellos y no reivindicadas, con el fin de dar la apariencia de haber reducido sus crímenes, pues uno de los compromisos adquiridos por estos grupos con el Gobierno es abstenerse de cometer asesinatos contra personas civiles. El propio Gobierno se plantea esta hipótesis cuando señala que “Las cifras (incluidas las atribuibles a las autodefensas) en ningún momento brindan un panorama sobre las actuaciones de esta clase de agrupaciones. Se debe tener en cuenta que en las víctimas atribuidas a desconocidos se pueden concentrar la mayoría de las que se pueden asociar con autodefensas” [6] . Por lo demás, el compromiso de abstenerse de asesinar civiles no se ha cumplido, a pesar de la reducción en el número de muertes y desapariciones atribuidas a grupos paramilitares, a quienes se atribuyó en todo caso la presunta autoría de 1.220 este último año.

Por otra parte, resulta muy preocupante el inusitado aumento de los casos de muertes en combate y en fuego cruzado, hecho que se viene registrando desde hace dos años. De 1.691 víctimas entre julio de 2000 y junio de 2001, se pasó a 3.000 víctimas entre julio de 2001 y junio de 2002. Una cifra semejante se produjo el último año, en el que se registraron 3.022 muertes en combate y en fuego cruzado. Esto obedece al aumento de los casos de personas muertas en combate reportadas por la Fuerza Pública: 851 hace dos años y 1.955 en el último año.

Frente a los informes emitidos por la Fuerza Pública se presentan varios problemas. Algunos de los reportes sobre muertes en combate son inconsistentes y poco claros, por lo cual a veces resulta dudosa incluso la efectiva realización de un combate [7] . En otros casos, la Fuerza Pública ha reportado como combatientes muertos en combate a personas civiles que realmente habían sido ejecutadas extrajudicialmente [8] . También ha pretendido encubrir ejecuciones extrajudiciales de personas civiles, presentándolas en sus reportes como muertes ocurridas en medio del fuego cruzado por enfrentamientos con grupos guerrilleros [9] .

En conclusión, no es cierto que durante el último año se haya presentado una reducción en el número de violaciones al derecho al vida dentro del contexto de violencia sociopolítica [10] . Por el contrario, lamentablemente este se ha mantenido en el promedio de los tres últimos años y se ha duplicado con respecto al de hace cinco años. Se presentó dentro del período analizado una relativa disminución de los hechos atribuibles a los grupos paramilitares. Sin embargo, en contraste con esa reducción se observó un aumento de las violaciones contra líderes sociales, sindicales y defensoras y defensores de los derechos humanos, en las cuales se desconoce la presunta autoría. Fuentes gubernamentales han señalado que la autoría de muchos de esos casos podría ser atribuida a grupos paramilitares. Por último, se observó que ha continuado aumentando el número de casos de muertes en combate y en fuego cruzado, hecho que se viene registrando desde hace dos años, lo cual obedece al incremento de casos de personas muertas en combate reportadas por la Fuerza Pública, sobre cuya veracidad hay serias razones para dudar [11] .

2. Propaganda oficial y tergiversación de la situación de derechos humanos

En marzo de 2003, la Vicepresidencia de la República presentó el informe “Indicadores sobre la situación de los derechos humanos con énfasis en los últimos seis meses” [12] . A partir de ese informe, el Centro Nacional de Noticias del Estado, perteneciente a la Presidencia de la República, emitió un comunicado de prensa titulado “Significativa reducción en Colombia de violaciones a los derechos humanos” [13] . Un análisis somero del documento permite ver que hay un contraste notorio con el mensaje transmitido en el comunicado. Sin embargo, ese mensaje es el que luego se difunde a través de los medios de comunicación. Este episodio es ilustrativo de una de las formas como se tergiversa actualmente la realidad sobre la situación de derechos humanos en Colombia.

El documento de la Vicepresidencia tiene muchas inconsistencias. Una de ellas es la confusión que genera con respecto a la actualidad de los datos estadísticos en él suministrados. El título de dicho informe indica que este tiene un “énfasis en los últimos seis meses”. Es decir que, si el informe fue publicado en el mes de marzo de 2003, la información en él contenida debería estar actualizada a dicho mes. Sin embargo, el documento contiene datos que van en su mayoría solo hasta el mes de diciembre de 2002 y en algunos items hasta enero de 2003. Por lo tanto, no resulta adecuado que el comunicado indique una mejoría de la situación de derechos humanos en un período que el informe realmente no cubre.

De otra parte, el informe de la Vicepresidencia habla de tendencias a la baja a partir de pequeñas oscilaciones en los datos estadísticos entre un mes y otro, dentro de un mismo año (el 2002). Esto revela una notoria falta de rigor. No es correcto afirmar que un pequeño cambio en el comportamiento de las cifras en un período de cuatro meses signifique una tendencia.

Pero, aparte de lo anterior, el informe describe un agravamiento en la situación de derechos humanos, que no es mencionado en el comunicado, el cual se concentra en potenciar la idea de que hay una tendencia al mejoramiento de la situación. El documento de la Vicepresidencia dice que la “degradación del conflicto amenaza la vigencia de los derechos humanos en Colombia” y que “las acciones contra los ciudadanos indefensos marcan el acontecer de la disputa por el territorio”. Señala también que “cada vez más y como recurso estratégico, los grupos armados al margen de la ley utilizan el terror en sus acciones contra la población civil, por medio de homicidios selectivos, masacres, secuestros y desapariciones forzadas, los cuales se ejercen de manera indiscriminada”.

Los términos “degradación” y “cada vez más”, usados por la Vicepresidencia en la introducción de su documento no indican que haya una mejoría en la situación de derechos humanos. Sin embargo, inexplicablemente, el comunicado de prensa plantea una “significativa reducción en Colombia de las violaciones a los derechos humanos”. Para lograr que los destinatarios de la información puedan sacar tal conclusión, dado que el informe no la saca, para el comunicado se adaptó la información de la Vicepresidencia, cambiando algunas de sus afirmaciones y ocultando o dejando de nombrar todos aquellos datos que no eran funcionales para sustentar su planteamiento.

El comunicado señala, por ejemplo, que durante el año 2002 se registraron las cifras de homicidios más bajas en los últimos cinco años. Lo que en realidad dice la Vicepresidencia es que la tasa de homicidios bajó durante los últimos meses de 2002, pero que el año 2002 mostró la tasa de homicidios más elevada desde 1997, “manteniéndose un incremento permanente en los últimos cinco años al pasar de 56,6 por cada cien mil habitantes en 1998, a 58,6 en 1999, a 62,7 en 2000, a 64,6 en 2001 y a 65,6 en 2002”.

Mientras el comunicado señala que en los asesinatos selectivos se presentó una “tendencia a la baja”, el informe de la Vicepresidencia indica que “es muy factible” que estos hayan aumentado. La Vicepresidencia señala que hubo municipios en los cuales el aumento fue significativo, indicando, por ejemplo, que en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander) en el año 2002 hubo 405 homicidios más que en el 2001; en Valledupar (Cesar) hubo un incremento de 133 homicidios y en la ciudad de Medellín se incrementó en 133 homicidios selectivos. La Vicepresidencia señala también que los homicidios selectivos se incrementaron en Manizales, en Cartagena y en Barranquilla.

Aquellos aspectos sobre los cuales el documento de la Vicepresidencia señala que hubo un deterioro significativo de la situación no son mencionados en el comunicado, entre ellos los siguientes:

El documento de la Vicepresidencia indica que en el año 2002 “se desplazaron 269.693 personas que significan alrededor de 61.406 hogares; 31,8% más que en el 2001 (183.748) y 53,7% más que en el 2000 (124.695)”. Dice la Vicepresidencia que “Respecto a la distribución geográfica del desplazamiento forzado, en 2002, 890 municipios fueron afectados, es decir, más que en 2001 y 410 más que en 2000. Estas cifras indican que no solo el número de desplazados aumenta sino que también es mayor el conjunto de poblaciones afectadas, doblando lo que se presentó en el año 2000”.

El documento plantea que los desplazamientos se generaron la mayoría de las veces por amenazas y acciones directas contra la población civil y otras veces por enfrentamientos entre “subversivos y paramilitares”. Sobre la situación de los dos primeros meses del año 2003, la Vicepresidencia dice: “En los dos primeros meses del año 2003, esta dinámica se ha seguido presentando como una constante, incrementándose cada vez más, no sólo como una consecuencia de las acciones de los grupos armados sino también como una estrategia directa hacia la población civil”.

El documento de la Vicepresidencia muestra un incremento en las violaciones a los derechos humanos de algunos sectores de la población. Indica, por ejemplo, que “La situación de derechos humanos de los Concejales se deterioró significativamente durante el 2002. (...) este año se disparó el número de Concejales asesinados en el país”. Afirma también que los ataques a los miembros de la Iglesia Católica aumentaron de una manera alarmante y destaca que “durante 2002 el aumento ha sido de más del 100%”.

Es evidente que el Gobierno en el comunicado de prensa sólo mostró lo que le interesó mostrar, evitando presentar públicamente aquellos aspectos que el informe de la Vicepresidencia, a pesar de sus grandes debilidades, deja entrever. Consecuencia de esto es que la información sobre el tema divulgada por los medios de comunicación nacionales reproduce casi textualmente el comunicado y excluye la mención de aquellos aspectos no convenientes para el propósito gubernamental, contenidos en el informe de la Vicepresidencia [14] .

La información presentada por el Gobierno contrasta además con las múltiples preocupaciones expresadas por la Defensoría del Pueblo sobre la situación de derechos humanos en el país. Por ejemplo, durante el mes de mayo de 2003, la Defensoría del Pueblo presentó un informe sobre la situación en el departamento de Arauca. Dicho informe evalúa los efectos de la declaratoria de varios municipios de este departamento como zonas de rehabilitación y consolidación, y concluye que “la estrategia de seguridad del Gobierno no muestra resultados alentadores, especialmente en Arauca, ya que se continúa en una escalada de violencia, en donde las muertes selectivas y otras actividades vulneratorias de los derechos humanos y el derecho humanitario muestran un sostenido aumento. Esta situación ha traído como consecuencia la zozobra de la población civil” [15] .

Sería muy importante que el Gobierno conociera y divulgara la real situación de derechos humanos en el país. Para ello podría recurrir, entre otras fuentes, a la información suministrada por la Defensoría del Pueblo, dado que esta es la entidad estatal a la cual la Constitución ha encomendado velar por el respeto de los derechos humanos. El acatamiento de sus recomendaciones y de las instancias internacionales de protección de los derechos humanos seguramente contribuiría a que algún día fuera verdad la “significativa reducción de violaciones a los derechos humanos”.

Conclusiones y recomendaciones

1. Las estadísticas presentadas en este informe indican que durante el último año ( julio de 2002 a junio de 2003) se mantiene la tendencia a la degradación de la situación de derechos humanos y del derecho humanitario en Colombia a lo largo de los últimos cinco años.

2. El Gobierno ha tergiversado la información emitida por las mismas dependencias estatales. Esto puede conducir a la comunidad nacional e internacional a creer equivocadamente que la política de “seguridad democrática” ha dado resultados satisfactorios en materia de derechos humanos.

3. Para remover de la realidad colombiana las violaciones a los derechos humanos es indispensable partir de un reconocimiento, por parte del Gobierno, de la comunidad internacional y de la sociedad en general, de la gravedad de la situación y de cuáles son sus causas.

4. Resulta muy importante que la comunidad internacional, especialmente las instancias de protección de los derechos humanos, verifiquen la situación de derechos humanos en el país, utilizando para ello, entre otros mecanismos, visitas in loco, y que la Unión Europea y otros países amigos de Colombia desarrollen actividades de cooperación en ese sentido.

Bogotá, julio 4 de 2003

[1] “Significativa reducción de violaciones a los derechos humanos”, Sistema de Información de la Defensa Nacional, 17 de marzo de 2003, en www.mindefensa.gov.co/derechos_humanos/documentos/20030317

[2] Por violencia sociopolítica entendemos hechos que configuran atentados contra la vida, la integridad física y la libertad personal producidos por abuso de autoridad de agentes del Estado, los originados en motivaciones políticas, los derivados de la discriminación hacia personas socialmente marginadas, o los causados por el conflicto armado interno. El presente documento analiza exclusivamente los datos sobre violencia sociopolítica, sobre los cuales la Comisión Colombiana de Juristas dispone de información creíble. Sin embargo, como se verá más adelante, este análisis permite extraer conclusiones también sobre la posible evolución de la violencia común y del total de homicidios en el país durante el último año.

[3] Ver cuadro 2 col.8, filas A a G.

[4] Ver cuadro 1 col. 4, filas A a C.

[5] Ver cuadro 3 col. 2, filas F y G.

[6] Indicadores sobre la situación de los derechos humanos con énfasis en los últimos seis meses, Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, marzo de 2003, en www.derechoshumanos.gov.co

[7] Ver anexo, caso 1, bombardeos de la Fuerza Aérea.

[8] Ver anexo, caso 2, ejecución extrajudicial de los jóvenes indígenas Evelio Sanapi Sintua y Fernando Antibia, Tadó (Chocó).

[9] Ver anexo, casos 3 y 4, ejecución extrajudicial de la niña Mileidy Dayana David Tuberquía y de la señora Julia Rodríguez de Reyes.

[10] Teniendo en cuenta que no hay reducción en los niveles de violaciones al derecho a la vida por razones sociopolíticas, no es creible que pueda haberse presentado tampoco una reducción en el número total de homicidos en el país.

[11] El presente documento no analiza el secuestro ni los ataques a poblaciones, por falta de información suficiente en el momento. Sin embargo, las conclusiones de este estudio sobre homicidios y desapariciones por razones sociopolíticas en el último año muestran que no hay un cambio significativo en el comportamiento de las guerrillas en materia de homicidios, por lo cual no es muy probable que los grupos guerrilleros, a los que en los últimos años se atribuye aproximadamente el 55% de los secuestros, hayan disminuido esa práctica. Puede que sí la hayan reducido (aunque no suprimido) los grupos paramilitares, interesados en preservar el proceso de conversaciones de paz iniciado con el Gobierno. A ellos se atribuía en promedio, aproximadamente, el 10% de los secuestros. El 35% restante ha sido atribuido en años anteriores a la delincuencia común. En cuanto a los ataques a poblaciones, si bien pueden haber disminuido, es posible que en parte se deba a la relativa disminución de masacres por grupos paramilitares. Sería prudente, en todo caso, no concluir apresuradamente que ello se deba a una neutralización de las guerrillas.

[12] Ver en: www.derechoshumanos.gov.co

[13] Ver en: www.mindefensa.gov.co

[14] Ver al respecto: “Bajan violaciones a los derechos humanos”, Revista Cambio, Bogotá, 17 de marzo de 2003, www.revistacambio.com.co; “Colombia redujo sus violaciones a derechos humanos, según Vicepresidencia”, periódico El Espectador, Bogotá, 18 de marzo de 2003, www.elespectador.com; y “Disminuyen las violaciones a los derechos humanos, dice el Gobierno”, periódico El Colombiano, Medellín, 17 de marzo de 2003, pág. 12 A.

[15] Defensoría del Pueblo, Informe de derechos humanos, sobre la zona de rehabilitación y consolidación en el departamento de Arauca, Bogotá, mimeo, pág. 7.