Español - Speech by Rep. Jim McGovern (D-Massachusetts), September 10, 2003

Español - Speech by Rep. Jim McGovern (D-Massachusetts), September 10, 2003

En los últimos tres años he hecho muchas preguntas sobre la Política de EEUU en Colombia.

En Julio, trabajando con mi colega de Missouri, el congresista Ike Skelton, miembro del Comité de las Fuerzas Armados De La Casa (House Armed Services Comittee), propuse cambios los cuales han logrado pequeñas reducciones en la ayuda militar a las Fuerzas Armadas de Colombia como señal de la grave situación sobre el deterioro rápido de la situación de los derechos humanos en Colombia y los continuos vínculos entre los Fuerzas Armadas de Colombia y los paramilitares.

Esta medida fue derrotada, parcialmente por el hecho de que miembros del Congreso fueron convencidos por el Secretario del Estado Colin Powell y el gobierno de Colombia de que el Presidente Uribe es un partidario de los derechos humanos y un aliado en el combate en contra del terrorismo.

Desafortunadamente, durante el mes de Agosto y los primeros diez días de Septiembre, la situación de los derechos humanos en Colombia se ha deteriorado aun más.

Numerosos sindicalistas y líderes de derechos humanos fueron detenidos por oficiales gubernamentales en Arauca – el departamento de muestra de Uribe donde hay aproximadamente 300 soldados estadounidadense activos en una guerra contrainsurgente. ¿Cual fue su crimen? Simplemente, denunciaron los vínculos entre fuerzas de seguridad gubernamentales y grupos paramilitares en la región.

De acuerdo con Amnistía Internacional, las detenciones “parecen ser parte de una continua campaña para debilitar el trabajo de los sindicalistas y activistas de derechos humanos y para exponer estos sectores a un aumento de ataques de paramilitares”.

Adicionalmente, en agosto, el comandante de los Fuerzas Armadas de Colombia, el General Jorge Enrique Mora Rancel, hizo una conferencia de prensa en la cual unos testigos se referían a un pueblo de desplazados reubicados, que se protegían de los actores armados con alambre de púas, como un campo de concentración controlado por las FARC. Estos comentarios aumentan el riesgo de estos refugiados y de las agencias humanitarias que trabajan con ellos, incluyendo al Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas.

Estos acusaciones fueron hechas poco después de la decisión de la Corte Constitucional de Colombia que permite a algunos de estas organizaciones proceder con la demanda en contra de General Rito Alejo del Rió, acusado por abusos de derechos humanos cuando fue Comandante de la Brigada 17 en el noroeste de Colombia.

Durante los últimos meses, hemos visto ataques en contra de defensores y organizaciones de derechos humanos, impulsados por altos miembros del gobierno y ejército colombiano una y otra vez, con la culminación durante esta semana con las declaraciones del Presidente Uribe.

El lunes, 8 de Septiembre y durante una declaración a los militares, el Presidente Uribe atacó a las organizaciones de derechos humanos como “politiqueros al servicio de terrorismo”. El Presidente Uribe declaró que las organizaciones de derechos humanos en Colombia son “agentes terroristas y cobardes quienes esconden sus ideas políticas detrás de los derechos humanos”.

Estos comentarios inflamatorios y peligrosos fueron hechos unos días después de que 80 grupos de derechos humanos publicaron un informe crítico de algunas medidas de la Política de seguridad del Presidente Uribe, las cuales, desde su punto de vista incrementaron la represión en contra de la población civil. El informe fue publicado por algunos de los más respetados grupos de derechos humanos, incluyendo la Comisión Colombiana de Juristas, el Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, y el Centro para Educación Popular e Investigación.

De igual manera molesta, en el discurso del Presidente Uribe, la palabra ‘terrorista’ fue usada con referencia a la guerrilla de izquierdas, mientras que se refirió a las paramilitares como ‘grupo de justicia privada’, esto, aunque son los paramilitares quienes son responsables de 70% de ataques contra sindicalistas y defensores de derechos humanos. Además, están en la lista de organizaciones terroristas del Departamento del Estado de los EEUU.

Todos en el Congreso hemos visto este modelo antes.

Sabemos que cuando oficiales gubernamentales de alto rango y oficiales militares empiezan categorizar lideres civiles y organizaciones como ‘terroristas’ y ‘simpatizantes’, sus muertes será lo siguiente.

Cuando el Presidente Uribe hizo estas declaraciones, puso deliberadamente en riesgo estos actores democráticos.

El derecho de criticar, y de estar en desacuerdo con la doctrina oficial es el pilar de cada democracia.

Me explico: Colombia no está amenazada por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, oficiales de Naciones Unidos, jueces, o oficiales del gobierno Colombiano, cuyas responsabilidades se encuentran en proteger y promover los derechos humanos.

De hecho, el paso mas importante del Presidente Uribe para terminar con terrorismo en Colombia es investigar, enjuiciar y castigar todos los responsables de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, incluso los paramilitares y sus aliados militares.

Es la impunidad, y no los defensores de los derechos humanos, lo que está socavando las perspectivas para la paz, la democracia y la ley en Colombia.

Desafortunadamente, la Política de los EEUU es cómplice en asistir e instigar las políticas de Colombia.

Gracias.

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