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Updated:9/17/03 |
| Statement
of the International Human Rights Federation (FIDH) and World Organization
Against Torture (OMCT),
September 12, 2003 La FIDH y la OMCT, en el marco de su programa conjunto para la protección de los Defensores de los Derechos Humanos protestan enérgicamente contra las declaraciones expresadas por el Presidente de la República de Colombia, el día 8 de septiembre de 2003, cuando comparó a las ONG defensoras de los derechos humanos con los grupos terroristas. Dichas declaraciones tienen la clara intención de desacreditar el trabajo de los defensores de los derechos humanos. En efecto, en un discurso pronunciado, durante la semana de los derechos humanos, con ocasión de la posesión del nuevo comandante de la fuerza aérea, el presidente Alvaro Uribe dividió de manera perniciosa las ONG de defensa de los derechos humanos en tres categorías. De una parte, las " ONG teóricas ", y de otra parte las ONG llamadas " respetables " que deben ser protegidas por el Estado. El tercer grupo fue presentado de la siguiente forma : las ONG de los " escritores y politiqueros, que finalmente le sirven al terrorismo y que se escudan cobardemente en la bandera de los derechos humanos " y que por lo tanto no deberían recibir la protección del Estado. Y continúa diciendo : : " Cada vez que en Colombia aparece una política de seguridad para derrotar el terrorismo, cuando los terroristas empiezan a sentirse débiles, inmediatamente envían a sus voceros a que hablen de derechos humanos. No tienen vergüenza ni limitaciones. Sacan libros en Europa sobre rumores y calumnias. Ellos saben
que su única arma es la calumnia que hipócritamente se
esconde detrás de los derechos humanos ". " Es necesario
que estos señores sepan nuestra determinación de derrotar
al terrorismo y a sus La FIDH y la OMCT denuncian el escandaloso paso en falso del Presidente Alvaro Uribe y el peligro que constituyen las amalgamas mencionadas en su discurso. En el contexto actual, dichas declaraciones equivalen a un llamado a la violencia. Este discurso se produce cuando el Presidente es objeto de críticas sobre su primer año de mandato, formuladas tanto por las 80 ONG colombianas de " la plataforma colombiana democracia y desarrollo " en el libro (El embrujo autoritario) lanzado el 8 de septiembre, como también en un informe del PNUD. Al parecer el Presidente considera que estas 80 ONG forman parte de su tercer grupo (" escritores y politiqueros, que finalmente le sirven al terrorismo y que se escudan cobardemente en la bandera de los derechos humanos") y que ellas son las portavoces de los terroristas. Consideramos que esta reacción va en contra de la libertad de expresión y forma parte de un rechazo de las autoridades colombianas a escuchar toda voz divergente. Estas expresiones que denigran el trabajo de los defensores de derechos humanos se inscriben dentro de una política más amplia, en la cual, a nombre de la lucha antiterrorista, los poderes públicos se despreocupan del respeto de los derechos humanos. El 8 de septiembre, la más alta autoridad del Estado ha dado un nuevo paso hacia la arbitrariedad asimilando a los defensores de los derechos humanos con los terroristas. El presidente Alvaro Uribe Vélez concluyó su discurso incitando al nuevo comandante de las fuerzas aéreas a no tener en cuenta el respeto de los derechos humanos para vencer el terrorismo : " General Lesmez: Asume usted el Comando de la Fuerza Aérea para derrotar el terrorismo. Que los traficantes de los Derechos Humanos no lo detengan, no lo equivoquen, que toda la Fuerza Aérea Colombiana le preste a esta gran Nación el servicio de ayudar a que nos liberemos de una vez por todas de esa pesadilla.". La FIDH y la OMCT no ignoran la situación dramática en que se encuentra la población colombiana. Ellas reiteran su condena a los crímenes perpetrados por la guerrilla y por los paramilitares y reconocen la necesidad de luchar contra el terrorismo. Sin embargo esta lucha se debe llevar a cabo dentro de un estricto respeto de las reglas de un Estado de derecho. Por ello, las palabras expresadas por el Presidente de la República están en total contradicción con sus mismos principios y son de una extrema gravedad. La FIDH y la OMCT exhortan al gobierno colombiano a rectificar públicamente un discurso que constituye una grave amenaza para el Estado de derecho. Es en efecto el Estado quien tiene la obligación de proteger a todos los defensores de los derechos humanos así como a la totalidad de los conciudadanos. Esta obligación respecto a todos quienes están comprometidos en la promoción y en la defensa de las libertades fundamentales está consagrada por el artículo 12(2) de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los Derechos Humanos, adoptada el 9 de diciembre de 1998. Contactos
de prensa: As of September 17, 2003, this document was also available online at http://www.fidh.org/communiq/2003/co1109f.htm |
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