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El “Punto Cero” del Plan Colombia
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El
“Punto Cero” del Plan Colombia
Reporte
del viaje de CIP al Putumayo, Colombia, Marzo 9-12, 2001
Por
Adam Isacson e Ingrid Vaicius
Pregúntele
a los habitantes del Putumayo cómo era esta región hace
mas de veinte años, antes de la llegada de la coca, y le describirán
un sitio idílico – de esos que ya no existen. Un lugar
selvático, lleno de micos y mariposas; ríos con pescados
y delfines rosados de agua dulce; y loros y guacamayas volando por
encima de los árboles en tal cantidad que parecían nubes
de colores.
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Dos
meses después de las fumigaciones nada crece en donde
antes existían platanales entre algunas matas de coca.
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El Departamento
de Putumayo, al sur de Colombia, es un terreno aproximadamente del
tamaño del Estado de Maryland que comparte su frontera con
Ecuador y Perú. Tiene variada topografía y clima: el
Alto Putumayo al noroeste en el piedemonte de los Andes con su clima
templado; el Putumayo Medio, donde se encuentran las grandes sabanas
y el Bajo Putumayo, con su tórrida y húmeda selva. Los
habitantes de este departamento utilizan los ríos para hablar
de “hacia arriba” y “hacia abajo” para dar direcciones,
en vez de utilizar los puntos del compás. Aunque el “achocolatado”
Río Putumayo nace a solo unas ciento y pico de millas del Océano
Pacífico, al poner un bote en el río serpentearía
por las fronteras de Ecuador y Perú, hasta encontrarse con
el Río Amazonas, y eventualmente llegar al Atlántico.
Aun queda
mucho del antiguo Putumayo y esto lo vimos durante el viaje de CIP
del 9 al 12 de marzo. Todavía es un lugar bellísimo
y arrollador en todo su esplendor. Sin embargo, también vimos
mucha selva destruida para sembrar cultivos no tradicionales, grupos
armados operando a sus anchas, campos arrasados por herbicidas, pobreza,
y miedo por doquier. Quedamos consternados con el papel de los Estados
Unidos en esta región, pues el Putumayo es el destino principal
del controversial plan de Washington de fumigar los cultivos de coca,
con el apoyo de miles de dólares, la gran mayoría en
ayuda militar.
Vinimos
al Putumayo a evaluar la primera fase de dicho programa - ocho semanas
de fumigación aérea – la cual había cesado
hace un mes. Quienes apoyan esta política dicen que el programa
de los Estados Unidos tiene un “enfoque balanceado”. Sin
embargo, hasta ahora ha sido totalmente militar, sin que se haya gastado
un centavo para los programas de asistencia económica, los
cuales podrían evitar que los campesinos continúen sembrando
coca, la planta que se utiliza para hacer cocaína. Encontramos
que la zona donde se han llevado a cabo las fumigaciones no es donde
supuestamente se encuentran las plantaciones de coca “industriales”,
sino donde hay muchas familias que en este momento se están
quedando sin comida. Encontramos cierta verdad en las afirmaciones
que dichas fumigaciones han afectado la salud de los habitantes y
han destruido los cultivos lícitos, incluidos algunos proyectos
de desarrollo alternativo. Así mismo nos inquieta ver que las
fumigaciones se llevan a cabo sin problema debido a una ofensiva paramilitar
en las áreas a fumigar. Encontramos que los habitantes del
Putumayo sí quieren dejar de cultivar coca y, a la vez, tienen
propuestas claras acerca de cómo la asistencia de los Estados
Unidos les puede ayudar a ganarse la vida legalmente.
La Capital
Colombiana de la Coca
El Putumayo
empezó su descenso alrededor de 1979, cuando primero apareció
la coca. En ese entonces la población era un tercio de los
aproximadamente 300.000 habitantes que tiene hoy en día.
Aunque hay una gran población indígena con firmes raíces,
la mayoría de los habitantes del Putumayo son descendientes
de primera o segunda generación de gente llegada de otras partes
de Colombia.
Miles
han emigrado en los últimos cuarenta años de los centros
históricos de población en los Andes y la Costa, empujados
por la violencia y atraídos por las promesas de tierra para
todos. Unos llegaron bajo programas de “colonización directa”
del Gobierno, los cuales nunca llegaron a fruición. Unas “bonanzas”
de corta duración y basadas en un solo producto atrajeron a
miles de personas en busca de empleo. En la década de los sesenta
con el caucho y en los setenta con el petróleo, hasta que se
desplomaron o saturaron los mercados. (El Putumayo tiene grandes reservas
de petróleo, aunque la producción hoy dista mucho de
lo que era en la década de los sesenta).
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A pesar
de la explosión demográfica del Putumayo, el Gobierno
Central no hizo sentir su presencia. Es muy raro ver policías,
jueces, hospitales, colegios, bancos o carreteras transitables. Donde
hay agua y luz es porque se instaló recientemente. El abandono
del Gobierno no solo contribuyó al ambiente de “lejano
oeste” sino a la dificultad de ganarse la vida honradamente una
vez se acabaron las “bonanzas”. Sin crédito, sin
carreteras, y sin estar integrados a los mercados nacionales, era
muy costoso sembrar cualquier producto agrícola y ninguno producía
ganancias. Hoy en día aún ocurre esto. Un campesino
nos dijo: “Sembrar una hectárea (2.5 acres) de maíz
y llevarla al mercado nos cuesta Col$300,000 (aprox. US$150). Ni siquiera
podemos venderla por ese precio”.
Una nueva
“bonanza” tuvo su comienzo a finales de los años
70, cuando algunos narcotraficantes emprendedores, aprovechando la
demanda de cocaína de los Estados Unidos, estimularon a algunos
de los campesinos locales a que sembraran coca. El cultivo ilícito
progresó rápidamente. Crece como la mala hierba en la
tierra infértil del Bajo Putumayo, dando cuatro o cinco cosechas
al año. A través de un proceso en el cual utilizan gasolina,
cemento y algunos otros químicos, los productores fabrican
una “pasta” blanca en sus “laboratorios” –
los cuales realmente son solamente un kiosco con piso de cemento y
unas canecas de 55 galones. Las hojas que se recogen de una hectárea
de coca dan aproximadamente dos kilos (4.4 libras) de pasta. Estas
cantidades son fáciles de transportar en una zona donde las
pocas carreteras existentes son difíciles de transitar para
una camioneta 4 x 4 y mucho más para un camión. “Para
cualquier campesino, un morral lleno de coca, representa más
ganancias que un camionado de papas”, nos explicó uno
de los dirigentes locales. Es más, el mercado de la coca está
garantizado. Los comisionistas o intermediarios pagan un buen precio,
en efectivo – aproximadamente Col$2 millones (US$1,000) por kilo
– cifra que aumenta después de los esfuerzos de erradicación
del Gobierno, ya que se reduce la oferta.
Aunque
no haya ninguna cosecha en el Putumayo que produzca las ganancias
de la coca, el campesino que la cultiva es el eslabón más
pobre de una cadena muy larga. El kilo de pasta de coca que le produce
al campesino US$1.000 se convierte en cocaína que se vende
por mas de US$100.000 en las calles de los Estados Unidos o Europa.
Además, los US$1.000 del campesino no son todo ganancia. Hay
que quitarle el costo de la semilla, fertilizantes, pesticidas, procesamiento
e “impuestos”, cobrados por los guerrilleros de las FARC
o por los paramilitares (quienes muchas veces compran la pasta de
coca directamente a precios artificialmente bajos). Lo que le queda
al campesino con una o dos hectáreas de coca, es poco más
que el sueldo mínimo mensual de Col$286.000 (US$140).
Esto
concuerda con las condiciones de los campesinos productores de coca
que visitamos en el Putumayo. Familias con una o dos hectáreas
generalmente viven en una sola habitación, hecha de madera
con tejado de zinc – mal se le podría llamar casa. No
tienen ni agua ni luz, ni medios de transporte cercanos. Aquellos
con cuatro o cinco hectáreas (según las autoridades
locales muy pocos sobrepasan esta cantidad) pueden ser considerados
como la clase media. Tienen pequeñas casas de bloque de cemento
y pintadas, una motoneta (se ven pocos vehículos en las carreteras
del Putumayo), posiblemente una TV y VCR, y una nevera.
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Putumayo: la última
parada en el errante tráfico de drogas de Sur América
Aunque
en el Putumayo la coca ha estado presente desde 1979, no era lugar
de cultivo hasta muy recientemente. Es más, hasta mediados
de los años noventa, Colombia ocupaba un distante tercer
lugar, detrás de Bolivia y Perú, dentro de los principales
productores mundiales de coca.
Los
carteles de la droga de Cali y Medellín no estimulaban
el cultivo de coca en territorio colombiano. Sus redes traían
la coca cultivada en el Perú y Bolivia, procesaban la base
de coca en Colombia y sacaban de contrabando el producto terminado.
Este sistema dejó de funcionar a mitad de la década
de los noventa. Los carteles habían sido aniquilados, los
Estados Unidos y el Perú habían interrumpido las
rutas aéreas entre los cultivos y los laboratorios de procesamiento
en Colombia, y algunos programas de desarrollo alternativo estaban
dando fruto en el Perú y Bolivia, logrando que los campesinos
no sembraran estos cultivos ilícitos.
Los
narcotraficantes colombianos, repartidos entre una multitud de
micro-carteles, no se daban por vencidos. Comenzaron a comprar
coca cultivada en Colombia, lo que conllevó a una rápida
expansión de dicho cultivo, especialmente entre 1994-1995.
El Putumayo, aunque era una fuente significativa, no se convirtió
en la capital de la coca colombiana unos años más
tarde.
La
producción de coca colombiana durante la mitad de la década
de los noventa se daba en su mayoría en los departamentos
del Guaviare y Caquetá. (Ver mapa en la página anterior).
En 1996, estos dos departamentos tenían sembradas 60.400
de las 69.200 hectáreas en Colombia, de estas solamente
7.000 estaban sembradas en el Putumayo.
Desde
finales de 1995, el Gobierno de los Estados Unidos y la Policía
Nacional Colombiana han llevado a cabo un programa de fumigación
área de los cultivos de coca en el Guaviare y el Caquetá
con glifosato (el ingrediente activo del herbicida “Round-Up”).
Durante años estas fumigaciones se hicieron sin ningun
tipo de asistencia de parte de los Estados Unidos para los campesinos
afectados. Las consecuencias lógicas y previsibles fueron
que los cultivadores simplemente se reubicaron fuera del alcance
de los aviones de fumigación. Así nacieron los nuevos
cultivos de coca a todo lo largo del Putumayo a finales de los
años noventa.
El
Gobierno Colombiano estimó que para el 2000, más
de 55.000 hectáreas en el Putumayo estaban sembradas con
coca – un incremento de ocho veces en cuatro años.
(En enero del 2001, la Embajada de los Estados Unidos dijo que
esta cifra “podría ser hasta de 90.000 hectáreas”).
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El alcalde
de Puerto Asís, la ciudad más grande del Putumayo, Manuel
Alzate es un hábil político, cuyas capacidades le serían
muy útiles en Washington. Alzate refutó el mito que
los campesinos del Putumayo se están enriqueciendo con el negocio
de la coca. “Si eso fuera cierto, se verían algunas mejoras
después de veinte años de cultivar coca aquí.
Pero las casas de los campesinos son igualitas a lo que eran hace
veinte años.” Efectivamente, el Ministerio de Planeación
ha encontrado que el 77% de los hogares en el Putumayo no tienen como
cubrir sus necesidades básicas.
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Una
plantación de coca en el valle del Guamués. Tomamos
esta foto desde la carretera.
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El Putumayo
está invadido de coca; sobre todo en el Valle del Río
Guamués. Al transitar por la carretera entre Puerto Asís
y La Hormiga, el pueblo más grande de dicho valle, los campos
de coca no se ven hasta pasar a la parte sur del Municipio de Orito,
donde se aprecian desde la carretera. En lo que anteriormente era
selva tupida, ahora se ven las hileras de matas de coca creciendo
entre los árboles caídos. Más al sur del Valle
del Guamués, los sembrados de coca llegan hasta el borde de
la carretera.
Aproximadamente el 90% de los campesinos en esta zona siembran coca.
Aunque la siembra se considera ilícita, ya es parte de la cultura
local. La coca les ha dado a ellos y a los recogedores migratorios
de la hoja de coca, o raspachines, una entrada fija. Esto, en un país
donde la cifra oficial de desempleo es de un 20%. Los intermediarios
y traficantes más arriba en la cadena de producción
se han enriquecido mucho más. Muchos dirigentes se quejaron
y comentaron que con este dinero fácil, ha aparecido una “cultura
degenerada”. La coca ha traído una dudosa ética
de trabajo y nadie ve la necesidad de educarse como la forma de obtener
movilidad social.
La violencia
es la esencia de la cultura, y hoy en día se ve por todas partes
en el Putumayo. “La vida en el Putumayo no vale ni mil quinientos
pesos (US$0.75)”, nos dijo un dirigente campesino. (El Alcalde
Alzate había comentado lo mismo, solamente que utilizó
cien pesos). Encontrar cuerpos al lado de la carretera por las mañanas
en La Hormiga es muy común, según comentarios recibidos.
La carretera hacia el pueblo está llena de bares donde los
recogedores de las cosechas van a beber. Aquí los bares tienen
cortinas en vez de puertas y afuera se encuentran prostitutas o “sardinitas”
muy jóvenes. Ocasionalmente se ve una patrulla del batallón
cercano, que consiste de tres o cuatro muchachos, no mayores de 18
años con cara de asustados, cargando armas automáticas
y granadas a propulsión. Un aviso en la recepción de
nuestro hotel decía: “Para su seguridad y la nuestra,
la reja de la entrada se cierra a las 11 P.M. No hay excepciones”.
Pasamos
una noche de sábado bastante tensa, de sueño liviano
- entre la competencia de vallenatos de cada uno de los bares de La
Hormiga, el ruido de las motocicletas y ocasionales tiroteos.
La
Guerrilla
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Una
voladura reciente.
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En las
afueras de Villagarzón paramos en un retén que el Batallón
del Ejército había instalado en las afueras de la base
(tan solo a dos o tres millas del que había instalado la Policía
Antinarcóticos en las afueras de su base). Un soldado muy amable
nos requisó y preguntó de dónde veníamos.
“La Hormiga” contestamos – a cien millas y cinco horas
de aquí. El soldado se sonrió y preguntó, “No
vieron ningún guerrillero?”
No vimos
ningún guerrillero de las FARC (Fuerzas Revolucionarias de
Colombia) durante nuestro recorrido. Sin embargo, mientras viajábamos
por las carreteras observamos las huellas de su presencia y la libertad
con que operan en las áreas rurales del Putumayo. Nuestro vehículo
patinó en el crudo derramado por las voladuras contra el oleoducto
que viene del Ecuador. Los rezagos de estos ataques son un espectáculo
común al lado de las carreteras. Pasamos por muchos derrames
de unos cincuentas pies de diámetro, en los cuales todo –
la carretera, la tierra, las plantas y los árboles – estaba
cubierto con una capa negra como resultado del derrame y el consiguiente
incendio. Había pozos de crudo al lado de la carretera, contaminando
lagos y arroyos. Pasamos por un sitio donde todavía salía
humo del crudo incendiado por la voladura.
Vimos
buses y carros que habían sido quemados por las FARC al atreverse
a desafiar sus restricciones de no transitar por las vías.
Pasamos muchos camiones pintados con letreros de las FARC, (tal como
“Plan Colombia = plan de guerra”) en los retenes que hacen
en las carreteras, advirtiéndole, además, a los camioneros
que no los pueden retirar. Al pasar por un sitio de selva tupida,
un compañero le preguntó al conductor, “éste
es el sitio donde están atracando, verdad?” “Si,
casi todos los días” contestó. Nadie viaja en las
carreteras del Putumayo entre las 6 P.M. y 6 A.M.
Las FARC
establecieron su presencia permanente en el Putumayo durante el comienzo
de la década de los ochenta. No era el primer grupo guerrillero
que operaba en el área; los izquierdistas del M-19 y Maoístas
del EPL fueron muy activos en el Putumayo a finales de la década
de los setenta y a principios de los ochenta. Cuando llegó
el Frente 32 de las FARC, ya los primeros grupos se habían
ido. Al comienzo de los años noventa se creó otro frente
en el Putumayo - el 48. Así mismo, varios frentes de los departamentos
vecinos pasan por aquí con frecuencia.
Hasta
muy recientemente, las FARC eran los dueños indiscutibles del
Putumayo y, a pesar de que han perdido algunos pueblos a los paramilitares,
la guerrilla continúa dominando las zonas rurales. Los frentes
de las FARC siguen reclutando nuevos miembros a la fuerza, incluyendo
jovencitos menores de edad, en los pueblos del Putumayo. A otros los
obligan a efectuar entrenamientos militares y amenazan con hacerle
daño a sus familiares si se van de la zona.
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Puerto
Asís.
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Las FARC
también mantienen una estrecha relación con el negocio
de la coca en el Putumayo. Cobran “impuestos” sobre la producción
de coca, como lo hacen sobre todas las actividades económicas
de las zonas que controlan. Los productores locales nos informaron
que van aun más allá del cobro de los impuestos –
están comprando las pasta de coca a precios fijos.
En 1996,
después del comienzo de los programas de fumigación
con el apoyo de los Estados Unidos en el Guaviare y el Caquetá,
las FARC organizaron protestas masivas de campesinos en el sur de
Colombia, incluyendo el Putumayo. Semanas de protestas y violencia
culminaron cuando el Gobierno en Bogotá se comprometió
a efectuar proyectos de infraestructura, programas de sustitución
de cultivos y asistencia para su desarrollo. El Gobierno no cumplió
con sus compromisos, y las protestas de 1996 se consideran, por lo
tanto, como un fracaso. Los campesinos locales, quienes perdieron
sus ingresos debido a las protestas, dirigieron su resentimiento y
desconfianza, no solo hacia Bogotá, sino también hacia
las FARC.
Las protestas,
el reclutamiento forzado y el incremento de impuestos sobre el negocio
de la coca ha debilitado seriamente el apoyo con que cuentan las FARC.
Algunas de las personas con quienes conversamos hablaban casi con
nostalgia de los líderes guerrilleros que manejaban el Putumayo
durante la década de los años ochenta y principios de
los noventa. Los describieron como personas justas y comprensivas
de los campesinos locales. Nos dijeron, “la coca cambió
a las FARC”. A medida que el Bloque Sur de las FARC incrementó
su capacidad económica y se afianzaba militarmente, sus jefes
en el Putumayo – incluyendo a Joaquín Gómez, quien
hoy es miembro del Comando Superior – se preocuparon menos por
mantener el apoyo de los campesinos y más por las contribuciones
de la coca hacía a sus finanzas.
Los
Paramilitares
En muchos
de los pueblos del Putumayo se ve abiertamente la presencia de otro
grupo armado por fuera de la ley, las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC), la principal organización derechista paramilitar del
país. En las zonas cocaleras del Bajo Putumayo, entrar a los
pueblos o caseríos es casi como entrar a otro país.
Este es territorio paramilitar, donde docenas de hombres, a quienes
los campesinos tildan de “Power Rangers” operan abiertamente,
vestidos generalmente de civil.
La Dorada,
una pueblo en el sur del Valle del Guamués muy cerca a la frontera
con Ecuador, tiene un parque muy lindo que el Gobierno Municipal terminó
a mediados del 2000, después de mucha insistencia ante las
FARC, quienes dominaban la ciudad. El parque estaba casi desierto
cuando visitamos La Dorada – no había niños jugando
sobre los columpios, nadie caminando sobre el pasto recién
cortado, ni nadie sentado sobre las nuevas bancas. Es más,
todo el centro estaba desocupado, a excepción de unos grupos
de hombres jóvenes, todos fuertemente armados.
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La
carretera principal del Putumayo.
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Los paramilitares
sacaron a las FARC de La Dorada en una incursión masiva que
comenzó el 21 de septiembre del 2000. No demoraron mucho en
instalarse permanentemente. Como en otras partes esta incursión
no se dio por la derrota militar de las FARC – aunque los tiroteos
en el centro de la ciudad ocurrían a diario durante meses –
sino asesinado y ahuyentando a aquellos civiles que ellos consideraban
como colaboradores de la guerrilla. Los paramilitares también
efectuaron lo que ellos llaman una “limpieza” de civiles
sospechosos en las áreas rurales alrededor de La Dorada. Aunque
no se conoce a ciencia cierta cuántas personas asesinaron,
a principios de octubre habían llegado a La Dorada más
de 800 personas desplazadas de los alrededores. Muchos se fueron para
otras partes, inclusive al Ecuador.
Después
de hablar con las autoridades locales, incluyendo el mediador del
Gobierno para Derechos Humanos (quien no ha podido salir de allí
desde agosto pasado), nos apresuramos a salir de La Dorada antes de
que comenzaran las restricciones sobre el tránsito vehicular
establecidas por la guerrilla. A la entrada del pueblo, al lado de
la carretera había dos guardias paramilitares armados y vestidos
de civil, uno de los cuales estaba hablando por radio. Media milla
mas adelante, y tal vez a unos quince minutos de la base militar de
La Hormiga, vimos una columna de unos diez hombres caminando por la
mitad de la carretera, vestidos con ropa de camuflaje, cargando rifles
Galil y con las letras “AUC” sobre sus espaldas. Desaceleramos
y nos dejaron pasar, sin quitarnos la mirada de encima. Aunque no
sostuvimos su mirada, no pudimos menos que darnos cuenta que todos
aparentaban tener más de treinta años - bien diferentes
a los jóvenes reclutas que el ejército manda a patrullar
y a los soldados niños que reclutan los guerrilleros. Posiblemente,
tenían experiencia militar previa dentro de alguna otra organización.
Aunque
La Dorada es una de las últimas conquistas de las AUC, la llegada
de los paramilitares como tal al Putumayo es reciente. El grupo, fundado
en el norte de Colombia y subvencionado por los terratenientes y narcotraficantes,
era desconocido en el Putumayo hasta cuando las protestas en contra
de las fumigaciones de 1996. En ese entonces, su líder, Carlos
Castaño, anunció la formación de un bloque de
“grupos de auto-defensas del sur”. Llegaron a la región
a finales de 1997 y principios de 1998, llevando a cabo una serie
de masacres y asesinatos selectivos. Desde ese entonces, se han movido
rápidamente. Para 1999 ya tenían el control de La Hormiga,
Orito y el caserío de El Placer, donde mantienen una base de
operaciones. Se tomaron La Dorada en septiembre del 2000; en diciembre
se establecieron en Puerto Caicedo con un ataque, que según
los dirigentes locales ya lleva más de 120 muertos.
Unos
pocos pueblos en el suroeste del Putumayo aun están bajo dominio
de las FARC; uno es El Tigre, situado al lado de la carretera principal
en el Municipio de Orito. Aunque las AUC no controlan El Tigre, sus
habitantes recuerdan bien cuando aparecieron por primera vez el 9
de enero de 1999. Fue unos pocos días después de que
el Gobierno empezó sus diálogos de paz con las FARC.
Apareció una columna de 150 paramilitares, asesinando a 26
personas en la plaza principal y desapareciendo a catorce más.
Los habitantes nos contaron que los primeros vehículos que
entraron al pueblo después de este ataque tenían que
esquivar los cadáveres sobre la carretera. Otros contaron de
gente que fue atacada a machetazos y tirada al río. Los paramilitares
posiblemente vuelvan pronto. Al pasar por el pueblo vimos graffiti
recién pintado sobre un muro que decía: “AUC –
venimos para quedarnos. El Tigre será borrado del mapa”.
Aunque
controlan primordialmente los cascos urbanos, los paramilitares también
se mueven en las áreas rurales, asesinando y desplazando a
miles de personas. Mantienen retenes permanentes y controlan el acceso
hacia los pueblos. Los líderes indígenas nos contaron
que no pueden viajar solos por los ríos, pues las AUC los paran
para cuestionarlos sobre sus negocios. Los paramilitares también
cobran “impuestos” sobre la producción de coca, y
muchos analistas especulan que su ofensiva en el Putumayo tiene más
que ver con incrementar sus ingresos por negocios de coca que con
una cruzada en contra de la guerrilla.
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El
Río Putumayo.
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Bajo
la condición de mantenerlos en el anonimato, muchos de los
que entrevistamos insistían que el éxito de los paramilitares
en el Putumayo se debía, en gran parte, a la colaboración
de las Fuerzas Militares. Los paramilitares operan abiertamente y
sin restricciones de ninguna clase – como lo apreciamos personalmente.
Poco se oye de combates entre el Ejército y las AUC. Algunas
fuentes nos confirmaron acciones conjuntas, así como la presencia
de los paramilitares en las bases militares. El jefe de la Brigada
24 (cuya base es en Mocoa, la capital del departamento) recientemente
confirmó que el Batallón 59 reemplazará al Batallón
31 en la base de La Hormiga debido a una serie de rumores sobre su
colaboración con las AUC.
En octubre
del 2000, un valiente policía denunció a las autoridades
civiles la cooperación entre los militares y paramilitares
en Puerto Asís. Según el diario El Tiempo de Bogotá,
el policía informó que los paramilitares se identifican
plenamente y se movilizan en vehículos claramente marcados.
El policía dijo que no comprendía “habilidades
y pericias que utilizan para burlar los retenes del Ejército,
por los cuales tienen que pasar obligatoriamente y alojarse al frente
de ellos mismos”. Agregó, que había oído
numerosas acusaciones en las que el Comando del Ejército se
reúne regularmente con los líderes paramilitares en
un sitio conocido como “Villa Sandra”. Dicha hacienda queda
en el pueblo de Santana, al norte de Puerto Asís, y a solo
unos pocos metros de la base del Ejército, donde en estos momentos
se encuentra el nuevo batallón anti-narcóticos, financiado
por los Estados Unidos. (No observamos ninguna persona en los terrenos
de Villa Sandra en las dos ocasiones que pasamos por ahí).
En su
informe publicado a mediados de Marzo del 2001, el Alto Comisionado
para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas comenta sobre la
existencia de un retén paramilitar permanente en El Placer,
la existencia de la base paramilitar en “Villa Sandra”,
incluyendo el hecho que se utiliza para reuniones entre los militares
y los paramilitares, y la prolongada toma de La Dorada por las AUC,
a pesar de la proximidad de la base del Ejército en La Hormiga.
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Extracto
del informe
de 2000 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos
(Publicado
el 8 de febrero del 2001 y emitido en marzo 2001)
[A]
la entrada de la vereda “El Placer” es notoria la
existencia de un retén paramilitar apenas a quince minutos
de La Hormiga (Putumayo), donde se asienta un Batallón
del ejército perteneciente a la Brigada XXIV. Ocho meses
después de que la Oficina reportara su observación
directa del mismo, el retén seguía operando. Las
autoridades militares negaron por escrito que esa posición
paramilitar existiera. También la Oficina observó
que en la hacienda “Villa Sandra”, entre Puerto Asís
y Santa Ana, del mismo departamento, los paramilitares se mantenían
operando a pocos minutos de las instalaciones de la Brigada
XXIV del ejército. Con posterioridad se informó
de dos allanamientos realizados por la fuerza pública
que, al parecer, no dieron resultados. Sin embargo, la existencia
y mantenimiento de dicha posición paramilitar es de pleno
conocimiento público, tanto así que fue visitada
en repetidas oportunidades por periodistas internacionales,
quienes publicaron sus entrevistas con el comandante paramilitar.
Testimonios recibidos por la Oficina dan cuenta, incluso, de
reuniones entre miembros de la fuerza pública y paramilitares
en la misma hacienda “Villa Sandra”. A fines de julio,
la Oficina alertó a las autoridades sobre la inminencia
de una incursión paramilitar en el casco urbano de La
Dorada, municipio de San Miguel (Putumayo), la cual efectivamente
tuvo lugar el 21 de septiembre. Los paramilitares permanecieron
varias semanas en la localidad, a pesar de que ésta se
encuentra a pocos minutos de la base del ejército en
La Hormiga.
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Otro
factor que contribuyó a la toma de los paramilitares, fue el
desencanto de la población local con la guerrilla. Aunque esto
se remonta a 1996, año de las fracasadas marchas campesinas,
las FARC se encargo de atarse “la soga al cuello” con su
respuesta de “mano dura” a las ofensivas de los paramilitares.
La guerrilla comenzó a adoptar políticas por medio de
las cuales le hizo más daño a la población civil
que a los paramilitares; simplemente matando indiscriminadamente y
activando carrobombas en las plazas centrales de los pueblos.
Después
de la toma de La Dorada por las AUC, las FARC perdió aun más
terreno, al llevar a cabo un “paro armado” con el fin de
aislar a los paramilitares en los pueblos. En septiembre del 2000
y durante ochenta días, la guerrilla prohibió todo tránsito
por las carreteras del Putumayo, incendiando todo vehículo
que no cumpliera esta orden. (Los bordes de las carreteras aun siguen
llenos de montones de hierros retorcidos y oxidados, que alguna vez
fueron vehículos). Los habitantes estaban presos en sus propios
pueblos, y los del campo estuvieron a punto de morir de hambre.
Los habitantes
de La Dorada nos comentaron sobre el trauma que fue pasar por esta
experiencia - primero la invasión de los paramilitares y luego
la del paro armado. Después que las FARC levantó la
restricción sobre el tránsito de vehículos en
las carreteras, hubo como siete días durante los cuáles
“la gente hasta se atrevió a utilizar el parque”.
Luego, el 19 de diciembre, comenzaron las fumigaciones.
La
Fumigación y el Paquete de Ayuda de los Estados Unidos
Entre
el 19 de diciembre y principios de febrero, una operación financiada
por los Estados Unidos y ejecutada por el Ejército y la Policía
colombiana, fumigó entre 25.000 y 29.000 hectáreas con
glifosato. La mayor parte de ésta fumigación se llevó
a cabo en el Valle del Río Guamués. Era la primera vez
que se fumigaba en el Putumayo con apoyo de los Estados Unidos, así
como el primer resultado visible del paquete de ayuda US$1.300 millones,
para Colombia y sus vecinos. Dicho apoyo fue convertido en ley por
el Presidente Clinton en julio del 2000.
Este
paquete de ayuda se conoce como una contribución al “Plan
Colombia”, un programa del Gobierno colombiano con un presupuesto
de US$7.500 millones destinado para la lucha contra las drogas, así
como el fortalecimiento del Estado. Los oficiales del gobierno colombiano
insisten que sólamente el 25% será para los militares
y la policía, y que el otro 75% será para programas
sociales y económicos. Con $860 millones de este paquete de
ayuda, los Estados Unidos le suministrará a Colombia $1,165
millones durante el 2000 y el 2001. De esta suma, $929 millones –
80% – se destinará a los militares, la policía
y el programa de fumigación, especialmente en El Putumayo.
El componente
central de este programa es “el empuje al sur de Colombia”
– una ofensiva militar diseñada para lograr la fumigación
del Putumayo. Los políticos en los Estado Unidos decidieron
no utilizar el modelo de fumigación que se utilizó durante
muchos años en los departamentos del Guaviare y el Caquetá
al norte, donde se contrataban pilotos americanos para llevar a cabo
las fumigaciones escoltados por helicópteros de la Policía.
Debido a la presencia de grupos armados quienes disparaban contra
los aviones de fumigación, se resolvió que era muy peligroso
fumigar sin la colaboración militar. Por lo tanto, el paquete
de ayuda del año pasado incluía fondos para crear tres
nuevos batallones dentro del Ejército colombiano, quienes recibirán
varios helicópteros Blackhawk y Huey, estos últimos
especialmente acondicionados.
La misión
de estos batallones es la de convertir al Putumayo en lugar seguro
para la fumigación vaciando las zonas a fumigar de los grupos
armados. Como le dijo a un Comité del Senado el anterior Comandante
del Comando Sur de los Estados Unidos, General Charles Wilhelm, con
2.300 hombres en tres batallones “Colombia puede dar ‘el
golpe de mano necesario’ al entrar las fuerzas armadas seguidas
por la policía a las áreas de cultivo y producción
de drogas y así asegurarlas para la fumigación y para
cualquier otro tipo de operaciones que quiera efectuar la Policía
Nacional Colombiana.” A los críticos de este programa
les preocupa que “lograr las condiciones de seguridad necesarias”
implique que unidades estadounidenses tengan que entrar en combate
con los insurgentes y los paramilitares, acercándose Washington
aun más a la guerra civil colombiana.
El dinero
entregado a los militares se está gastando rápidamente.
Dos de los tres batallones ya están listos para entrar en acción,
y el tercero lo estará en mayo del 2001. Originalmente el Departamento
de Estado había programado la primera entrega de helicópteros
para octubre del 2002; sin embargo, las quejas de algunos congresistas
de “línea dura” hicieron que se corriera la fecha
de entrega para julio del 2001. En diciembre del 2000, con dos batallones
listos y treinta helicópteros “temporales”, “clásicos”
de los años 70, los Estados Unidos dio la luz verde para fumigar
en El Putumayo.
Con los
batallones y la Policía en tierra, una flotilla de aviones
de fumigación ‘Turbo Thrush’, acompañados
por helicópteros de la Policía y el Ejército,
cumplían misiones diarias sobre el Valle del Guamués.
Fumigaron con “Round-Up Ultra”, una mezcla de glifosato
y dos aditivos (Cosmo Flux-411f y Cosmo-iN-D). Estos últimos
ayudan a que el veneno se pegue a las hojas de coca y evitan que las
boquillas de fumigación se tapen.
Miembros
del Gobierno de los Estados Unidos le han dicho al Congreso y a los
medios que esta primera etapa de fumigación ha sido un gran
éxito. “En general, las operaciones en el sur de Colombia
se han desarrollado mejor de lo esperado, con mínima oposición,
pocos problemas logísticos, y sin gran incremento en el número
de personas desplazadas”, comentó el Secretario de Estado
Asistente para Asuntos Internacionales de Narcóticos, Rand
Beers, a un sub-comité del Congreso a finales de febrero.
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Unos
arbustos de coca fumigados a las afueras de La Hormiga.
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Los aviones
de fumigación y los batallones encontraron poca oposición.
Durante las primeras siete semanas de las ocho que duraría
esta etapa, ocho aviones y helicópteros escolta fueron alcanzados
por fuego anti-aéreo, sin que hubiera heridos o daños
graves. Esto es mucho más seguro que el Guaviare y el Caquetá,
donde en el 2000 los aviones fueron alcanzados cincuenta y seis veces
mientras fumigaban 47,000 hectáreas – cuatro veces más
por hectárea fumigada. Mientras “aseguraban el área,”
las Fuerzas Armadas se vieron involucradas en solo cinco incidentes
de combates menores: tres con las FARC, uno con los paramilitares,
y uno con un atacante no identificado que lanzó una granada
a propulsión contra un carguero de combustible. (Algunos llegaron
hasta a especular que era un volador). La fumigación se llevó
a cabo bajo condiciones tan seguras, que casi se hubiera podido llevar
a cabo manualmente.
Le preguntamos
a varias personas por qué hubo tan poca oposición hacia
las fumigaciones. Algunos decían que el Ejército, incluyendo
los nuevos batallones, efectivamente lograron asegurar el área.
Gonzalo de Francisco, el oficial del Gobierno Colombiano encargado
de las operaciones anti-drogas en el Putumayo, indicó que la
falta de oposición se debió a la buena coordinación
entre el Ejército y la Policía y a la confianza de los
habitantes en la implantación de los programas de sustitución
de cultivos.
Estos
razonamientos, sin embargo, no explican cómo se pudieron efectuar
estas fumigaciones en un fortín de las FARC con tan pocos incidentes
de combate. La respuesta se encuentra en la explicación del
Departamento de Estado: “el área original de fumigación
estaba dominada, en su gran mayoría, por las AUC, la institución
paramilitar”.
Esto
es cierto, aunque las zonas “fueron dominadas por los paramilitares”
solamente poco tiempo antes que llegaran los aviones de fumigación.
Gran parte del área donde se fumigó entre diciembre
del 2000 y febrero del 2001 – La Dorada, La Hormiga, y los alrededores
de los Municipios de San Miguel y el Valle del Guamués –
fue víctima de las campañas de asesinatos y desplazamientos
forzados por parte de los paramilitares, reduciendo notablemente la
presencia de guerrilleros en los meses anteriores a la fumigación.
Con las FARC fuera del área, los paramilitares que se apoderaron
de la zona permitieron que las fumigaciones procedieran sin obstáculos.
Un líder paramilitar en el Putumayo, de nombre “Enrique”,
le comentó en enero a Juan Tamayo del Miami Herald que “sus
hombres tienen órdenes de no disparar a los aviones”.
También dijo en la entrevista que aunque cobra “impuestos”
a los negociantes de coca para financiar las operaciones de las AUC,
“estamos 100% a favor de la erradicación”.
Algunas
personas con las cuales hablamos en el Putumayo tenían sus
dudas sobre la existencia de una conexión entre la ofensiva
paramilitar a finales del 2000 y el comienzo de las fumigaciones.
A pesar de que encontramos evidencia abrumadora de la colaboración
entre los militares y los paramilitares en el área, no encontramos
evidencia clara de una estrategia consciente de utilizar específicamente
a los paramilitares para “suavizar” la primera fase de las
fumigaciones.
No obstante,
estamos convencidos que las unidades financiadas por los Estados Unidos
no deben obtener todo el crédito por la falta de oposición
contra los aviones de fumigación. Las fumigaciones efectuadas
entre diciembre del 2000 y febrero del 2001 se facilitaron porque
los paramilitares establecieron las condiciones de seguridad necesarias
en la zona en los meses anteriores, a través de sus brutales
actividades.
La Zona
“Industrial” del Cultivo de Coca
A medida
que penetramos al Valle del Guamués, el verde profundo del
Putumayo se convirtió en amarillo y café. Habíamos
entrado a la zona por donde habían pasado los aviones de fumigación
unas semanas antes. Los herbicidas claramente habían cumplido
su cometido. Al caminar a través de los sembrados de coca,
era posible saber hacia que lado soplaba el viento el día que
fumigaron. El árido paisaje está salpicado de maleza
muerta y adustos árboles muy maltratados. En un platanal donde
los plátanos se pudrían, vimos un tropel de micos buscando
comida.
Los funcionarios
americanos habían informado al Congreso, y al público
en general, desde mediados del 2000, que el Valle del Guamués
sería la primera zona de fumigación. Se refirieron al
área como una zona “industrial” de cultivo de coca,
con grandes plantaciones en manos de grandes “capos” del
negocio. Gran parte de la población, dijeron, es una “población
flotante” de jóvenes trabajadores migratorios o raspachines,
como también se les conoce.
El 12
de marzo del 2001, mientras aun estábamos en el Putumayo, el
Secretario Asistente para Asuntos del Hemisferio Occidental, Bill
Brownfield, explicó su posición en una rueda de prensa
en Washington. “En general, las áreas que se fumigaron,
entre diciembre y febrero en el Putumayo … eran, según
nuestros cálculos, plantaciones industriales de coca o áreas
cultivadas de coca. Cuando digo industrial, quiere decir que son cultivos
demasiado grandes para ser manejados por un solo campesino o su familia,
como parte de una presencia multi-generacional, a largo plazo sobre
una parcela específica de tierra. Estas eran bastante grandes”.
Aunque
todavía hay bullicio, los residentes de La Hormiga nos dijeron
que es un pueblo desierto, a comparación de lo que era hace
unos meses antes que comenzaran a fumigar. Como dijo los Estados Unidos
al entregar el paquete de ayuda, la gran mayoría de la ‘población
flotante” de la zona efectivamente se evaporó. Sin embargo,
se quedaron miles de familias campesinas y pequeños terratenientes
a quienes las fumigaciones dejaron sin manera de ganarse la vida.
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Niños
en el pueblo de La Isla, una de las denominadas zonas "industriales."
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En las
fotos de satélite y aquellas tomadas durante los reconocimientos
aéreos de la zona, los cultivos de coca del Valle del Guamués
pueden parecer plantaciones “industriales”. Ya sobre la
tierra, la realidad es otra. Caminamos a través de cultivos
de coca que parecían interminables; sin embargo, era obvio
que eran pequeñas parcelas que simplemente colindan y pertenecen,
cada una, a una persona distinta. Varias personas nos dijeron que
las parcelas individuales rara vez exceden las cuatro hectáreas,
con las más grandes llegando a las siete u ocho. El Municipio
de San Miguel, en todo el centro de la zona, tiene 18.000 hectáreas
de coca repartidas entre una población rural de 20.000.
Debido
a la creencia que esto es una zona “industrial”, el Gobierno
de los Estados Unidos no ha designado ninguna suma para ayuda humanitaria
ni para asistencia en el desarrollo de programas alternativos en la
zona que se fumigó en diciembre, enero y febrero. Todas aquellas
familias en la zona que perdieron tanto sus cultivos de coca como
sus cultivos alimenticios quedaron por fuera del componente económico
del programa de ayuda de los Estados Unidos en el Putumayo. Aunque
algunos funcionarios en Bogotá dijeron que se ha entregado
alguna ayuda con fondos del Gobierno Colombiano, no logramos hablar
con ninguna persona que hubiera recibido algo.
Paramos
en el pueblo de La Concordia al norte de La Hormiga, donde los aviones
fumigaron todo – cultivos de comida, las viviendas, el colegio,
el campo de fútbol y la misma carretera. Un campesino, Rigoberto,
nos mostró los campos destrozados. Los aviones no violaron
ningún procedimiento al fumigar todos sus cultivos; sin embargo,
lo dejaron a él y a su familia sin qué comer.
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Estos
proyectos de desarrollo alternativo en La Isla fueron destruidos:
un gallinero (arriba) y un lago artificial (abajo).
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Le preguntamos
a Rigoberto que estaban haciendo él y sus vecinos – ¿estaban
sembrando comida nuevamente, cómo se estaban alimentando? Dijo
que muchos en La Concordia estaban aguantando hambre. Como todos esperaban
que los aviones volvieran pronto, nadie estaba sembrando nada, lícito
o ilícito. “Pasamos el día con los brazos cruzados,
pensando qué hacer”. A pesar de que La Concordia queda
sobre la carretera principal – no hay ninguna necesidad de desviarse
– ninguna asistencia humanitaria ha llegado a sus habitantes.
El señor
Brownfield del Departamento de Estado explicó que no habrá
ayuda para familias como la de Rigoberto que sembraron coca y comida
en la misma parcela en la zona “industrial”. “Aquellos
campesinos que intencionalmente esconden o tratan de proteger los
cultivos ilícitos de coca o amapola, no recibirán ninguna
ayuda, apoyo o compasión si son fumigados”, comentó
en una rueda de prensa del 12 de marzo.
La Isla,
un pueblo no lejos de La Concordia, fue uno de los primeros en ser
fumigados. Los habitantes nos contaron que los aviones llegaron el
22 de diciembre. Pasaron por encima del pueblo, fumigando con ‘Round
Up Ultra” a través de las ventanas sin vidrio de sus chozas.
El herbicida destruyó todos los cultivos de comida; también
destruyó dos proyectos de desarrollo diseñados para
crear alternativas económicas lícitas. Uno de estos
era un laboratorio de pasta de coca que había sido transformado
en gallinero con fondos del PLANTE, la agencia del Gobierno Colombiano
para el desarrollo alternativo. El otro era un proyecto de piscicultura.
Tanto el gallinero como el lago artificial estaban desocupados. Los
residentes de La Isla nos informaron que tanto las gallinas como los
pescados se murieron a los pocos días de haber sido fumigados.
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Estas
matas de coca, podadas después de ser fumigadas, crecen
rapidamente.
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Aunque
el glifosato es un herbicida soluble que se debe descomponer a los
pocos días, los campesinos de La Isla nos dijeron que no han
podido lograr que crezca nada. “Las semillas germinan, crecen
un par de días, y luego se mueren”, nos contó un
habitante. Es más, el único cultivo que progresa es
el de la coca. Los cultivadores locales han notado que cuando podan
las matas de coca, bien sea unos días antes o unos días
después de la fumigación, vuelve y retoña rápidamente,
dando más hojas que antes. Caminamos a través de varios
cultivos de coca, donde las matas con sus hojas verdes brillantes
crecían entre matas de plátano que se pudrían
y la maleza muerta.
Los funcionarios
americanos niegan categóricamente que las fumigaciones puedan
ser la causa de los problemas de salud entre las poblaciones afectadas.
En una reunión que sostuvo el Alcalde Alzate con el Jefe Anti-Narcóticos
de la Embajada Americana, le informó que el glifosato es tan
inofensivo que se podría tomar. (El funcionario rechazó
la solicitud de Alzate de tomarse uno).
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La
madre de este bebé nos informó que las erupciones
y costras aparecieron después de que los aviones fumigaron
en La Isla en diciembre.
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Sin embargo,
ambos vimos y oímos evidencia que la fumigación incrementó
los casos de problemas dermatológicos, respiratorios y gastrointestinales,
tales como vómito y diarrea. Un médico en La Hormiga
nos informó que los más afectados han sido los niños,
notándose más sus efectos al comienzo de las fumigaciones
en diciembre. Se especula que los aditivos que utilizan puedan ser
los culpables. La mayoría de las personas ya no mostraban síntomas
cuando llegamos semanas más tarde; la mayoría de los
casos dermatológicos eran solamente pequeñas manchas.
En La Isla, sin embargo, encontramos una bebé de cinco meses
con la piel llena de pequeñas erupciones, costras y mucha razquiña.
Su madre nos indicó que le apareció inmediatamente después
de las fumigaciones en diciembre y, como se rasca, la inflamación
es aun peor.
Las comunidades
indígenas, especialmente los Cofán del Valle del Guamués,
han sido duramente afectados por las fumigaciones. Los líderes
indígenas nos informaron que aunque ellos siembran poca coca,
sus reservaciones han sido invadidas por colonos, quienes sí
cultivan apreciables cantidades, atrayendo a los aviones de fumigación.
La fumigación les destrozó sus cultivos de comida y
sus cultivos ceremoniales, tales como el yagé.
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Los
platanales muertos duemuestran claramente que los aviones pasaron
por encima de esta casa.
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Sin ayuda
humanitaria y sin asistencia para el desarrollo de cultivos alternativos,
las familias que no esperábamos encontrar dentro de la zona
“industrial” se verán muy pronto sin qué comer.
La otra posibilidad es que resuelvan radicarse en otra parte de la
selva colombiana (cuyo tamaño es similar al estado de California),
tumbar unos cuantas hectáreas de árboles y sembrar más
coca.
Un documento
emitido por la Embajada de los Estados Unidos, con fecha 28 de enero,
indica que “el desplazamiento ha sido mínimo – unas
20 o 30 personas – desde que empezaron las fumigaciones a mediados
de diciembre”. Todos aquellos en el Putumayo a quienes les leíamos
las estadísticas, nos miraban incrédulos. Desde que
empezaron las fumigaciones, los líderes de La Dorado nos informaron,
los campesinos han estado abandonando la zona por camionadas –
cuatro o cinco camiones al día.
Muchos
de los desplazados están sembrando coca en otras partes de
Colombia. Un destino común es el Departamento de Nariño,
al oeste, donde se está incrementando rápidamente el
cultivo de la coca. Otros se van para el Municipio de Puerto Leguízamo
en el sureste del Putumayo, otros al Departamento del Amazonas, y
algunos hasta cruzan la frontera al Ecuador. Según todos los
cálculos, las fumigaciones de diciembre a febrero incrementaron
el precio de la pasta de coca en un 25%, volviendo el cultivo aun
más atractivo. El Alcalde de Puerto Asís, Alzate, nos
dijo: “Cuando fumigan cuarenta hectáreas, aparecen ochenta
más”.
Los
Pactos Sociales
Los funcionarios
americanos y colombianos hacen énfasis en el hecho de que sus
planes en el Putumayo van más allá de las ofensivas
militares y la fumigación área. Nos indicaron que han
destinado dineros para una serie de “pactos sociales” con
los productores locales que estén dispuestos a dejar de cultivar
coca voluntariamente.
 Aquellos
campesinos que firman los pactos, se comprometen a erradicar sus cultivos
manualmente dentro de los próximos doce meses a cambio de dinero,
crédito y asistencia técnica para cultivos lícitos.
Estos acuerdos, firmados con cientos de campesinos en una sola comunidad,
son manejados por el PLANTE, la agencia del Gobierno Colombiano para
el desarrollo alternativo. La implementación de dichos programas
se hará por medio de un contrato firmado con una ONG. Cada
ONG manejará cinco pactos. Los campesinos que firman los pactos
recibirán asistencia en especie, valorada en aproximadamente
Col$2 millones (US$1.000) y tendrán acceso a créditos
y asistencia técnica (un técnico para cada 100 campesinos).
También se tiene previsto llevar a cabo proyectos de infraestructura,
tales como la construcción de carreteras. Aquellos campesinos
que no hayan erradicado los cultivos dentro de los doce meses acordados
se tendrán que someter a la fumigación.
Cuando
estuvimos en el Putumayo, el Gobierno Colombiano había firmado
cuatro pactos. El paquete de ayuda de los Estados Unidos ha patrocinado
a dos de estos: uno en Puerto Asís, firmado el 2 de diciembre
del 2000 y otro firmado el 15 de enero del 2001 en Santana, un pueblo
en el Municipio de Puerto Asís. Dentro de estos dos pactos
están incluidas 1,453 familias. Otros dos pactos se firmaron
con fondos colombianos: uno en febrero con una comunidad indígena
en el Municipio de San Miguel, y otro el 15 de marzo en Orito. Los
pactos con fondos americanos están fuera de la llamada “zona
industrial”, la cual no obtendrá ninguna ayuda económica
de parte de los Estados Unidos.
Los campesinos
de la zona, quienes agradecerían la oportunidad para dejar
de cultivar coca, están vigilando cautelosamente dichos pactos.
La desconfianza de los programas de desarrollo alternativo del Gobierno
se remonta al año de 1996 cuando se firmaron los acuerdos que
acabaron con las protestas contra la fumigación en esa época,
y que nunca se cumplieron. Esto se suma a otros fracasos mayúsculos.
Entre estos está una construcción a medio terminar y
abandonada en las afueras de Puerto Asís, destinada a ser una
planta para el procesamiento de palmitos. Esta quedó como un
monumento a un proyecto del PLANTE que nunca arrancó.
La Embajada
de los Estados Unidos informó en enero: “La firma de solo
dos pactos de erradicación de coca ha tenido efectos positivos,
en el sentido que más familias han expresado su interés,
pues lo perciben como una realidad. La firma de dichos pactos parece
haber disminuido la resistencia de algunos funcionarios locales hacia
la fumigación aérea también”.
 Cuando
llegamos al Putumayo a mediados de marzo, encontramos que los que
habían firmados los pactos meses atrás, aun no habían
recibido un centavo. En vez de un proyecto de desarrollo alternativo,
lo que encontramos fue unos campesinos enojados y desilusionados.
Debido a un largo proceso de negociación con Fundaempresa,
la ONG de Cali que debía administrar los primeros pactos, no
se había entregado la ayuda y nadie se había comunicado
con los signatarios para informarles sobre lo que estaba ocurriendo.
Las dudas
e incertidumbre crecieron aun más después de un incidente,
el cual nos comentaron varias veces durante nuestro recorrido. Según
los líderes locales y los campesinos afectados, a principios
de febrero un contingente de tropas del nuevo batallón anti-narcóticos
creado por los Estado Unidos, visitó a trece familias en los
pueblos de La Esperanza, La Planada, Bretania, Yarinal y Santa Elena
– todos en el Municipio de Puerto Asís. Las trece familias
habían firmado el primero pacto social en diciembre, y aun
estaban esperando los fondos.
Gustavo*,
uno de los campesinos visitados por el batallón, es uno de
los cultivadores que conocimos. Nos dio la bienvenida a su casa de
tres habitaciones, ventanas de vidrio, ventilador, televisión,
equipo de música y una repisa con libros. Nos contó
que los soldados del batallón llegaron una mañana, conversaron
con él y su esposa y luego le pidieron que firmara un papel
que decía básicamente que lo habían tratado bien.
Una vez firmó dicho papel, las tropas se metieron a sus cultivos,
arrancaron las matas y quemaron su laboratorio de fabricación
de pasta de coca.
Gustavo
protestó, pues como signatario del pacto social tenía
doce meses para erradicar los cultivos. Nos contó que los soldados
contestaron: “Que brutos e ingenuos ustedes los campesinos, le
creen a los políticos que dicen que les van a ayudar. No conocemos
ningún Señor de Francisco. (Gonzalo de Francisco es
el funcionario del Gobierno encargado de la campaña anti-narcóticos
en el Putumayo). Los Estados Unidos nos paga a nosotros directamente.”
 Cierto
o no, este incidente se regó por todo el Putumayo, debilitando
cualquier interés de los campesinos de participar en futuros
pactos. (Gonzalo de Francisco nos comentó que si el incidente
ocurrió, lo cual dudaba, fue una equivocación). Mientras
que De Francisco nos comentaba el 13 de marzo que el desembolso de
los fondos para los primeros pactos debería comenzar en unas
cuatro semanas, en el Putumayo hay una creciente sensación
que, una vez más, los han engañado. Un líder
campesino comentó: “Es pura burocracia; la van a desperdiciar
toda en viáticos. Ocurrirá como con la planta de procesamiento
de palmito.” En varias ocasiones, nos encontramos en la posición
de defender al Gobierno de los Estados Unidos ante el enojo de los
campesinos, asegurándoles que ésta vez la ayuda sí
iba a llegar porque estaba incluida dentro de una ley americana.
Es crucial
que los fondos de los pactos lleguen a su destino sin más demoras.
Todos los ojos del Putumayo están sobre estos proyectos iniciales
y si resultan exitosos, podrían tener un enorme efecto en la
población. Lograrían que la gente confiara en el Gobierno
Colombiano por primera vez, sembrando las bases para proyectos futuros
de erradicación de coca que no dependan de la fumigación.
Hasta
ahora los residentes del Putumayo han visto solamente el afán
de entregar helicópteros, entrenar batallones, y fumigar campesinos,
con un intento a medias de desarrollar alternativas económicas.
A la fecha de este escrito, el enfoque de los Estados Unidos hacia
el Putumayo – cuyos defensores lo han vendido “como un enfoque
balanceado” – ha sido 100% militar.
Un Mejor
Planteamiento
Todas
las personas con quienes hablamos en el Putumayo – desde los
alcaldes y miembros de los Consejos, hasta los campesinos al lado
de las carreteras – se oponen a la fumigación. Mientras
estuvimos en el Putumayo, el Gobernador estaba en Washington repitiendo
el mismo mensaje. “La fumigación no es la solución”,
dijo Iván Gerardo Guerrero en una conferencia de prensa el
12 de marzo. “Tiene un grave defecto. No toma realmente en cuenta
al ser humano. Lo único que le importa son unas fotos de satélite”.
Escuchamos
mucha oposición al incremento de ayuda militar. Aquellos que
viven la realidad del día-a-día en el Putumayo ven el
problema como social, percibiendo la respuesta militar como absurda.
El Alcalde Alzate nos comentó: “En vez de sesenta helicópteros,
los Estados Unidos nos debería estar mandando sesenta aplanadoras
o tractores”. El alcalde se reía ante el comentario, escuchado
muchas veces en Washington, que la erradicación de la droga
en el Putumayo podría debilitar a las FARC al quitarles sus
ingresos. “Los guerrilleros continuarán igual de poderosos
sin la coca. Pueden incrementar los secuestros y las extorsiones para
mantenerse. Ellos son poderosos en muchas partes del país donde
no hay coca”.
Por lo
general, los habitantes del Putumayo están de acuerdo en que
la estrategia para erradicar la coca debe ser manual, gradual y concertada
con las comunidades afectadas. Hasta cierto punto, el pacto social
incluye estos elementos, pero al final, falla en todos.
 Aunque
los pactos incluyen la erradicación manual, conllevan la amenaza
de la fumigación aérea si las matas de coca no se arrancan
dentro del período acordado. Los pactos permiten que los cultivadores
reduzcan el cultivo gradualmente a través de los doce meses,
pero la mayoría insiste que el período de transición
debería ser mayor. Mientras que la coca produce su primera
cosecha a los pocos meses, la mayoría de los otros cultivos
se demoran más, a veces más de un año, para generar
ingresos. Los cultivos que se dan en las malas tierras del Bajo Putumayo,
tales como el caucho, plátano, o palmito son de árbol,
que al cabo de un año todavía son árboles muy
jóvenes. Desde 1999, la Comisión Municipal de Desarrollo
Rural ha estado promoviendo un plan de sustitución de cultivos
con un período de reducción gradual de tres años.
Los pactos sociales corren el riesgo de fracasar al menos que el Gobierno
permita a los cultivadores un período más largo para
la reducción gradual, o les pague un sueldo básico mientras
puedan recoger sus primeras cosechas lícitas.
Aunque
los pactos aparentemente son de mutuo acuerdo, los términos
son definidos por el Gobierno de manera que “si le gusta bien;
si no, también”. Los productores locales se quejan que
los funcionarios del Gobierno en Bogotá imponen los pactos
sin haber consultado nunca con las comunidades afectadas. Un líder
indígena sugirió que Gonzalo de Francisco “debería
venir con mayor frecuencia al Putumayo y sostener discusiones públicas
y foros con la población afectada, en vez de reunirse únicamente
con los alcaldes y miembros del Consejo”. Los líderes
del sector agrícola y organizaciones indígenas encuentran
extraño que el Gobierno sienta la necesidad de contratar con
organizaciones ajenas a la región, tales como Fundaempresa,
la administración de dicha ayuda y el diseño de proyectos
alternativos. Algunos expresaron su preocupación en el sentido
que los pactos puedan estimular el cultivo de palma africana, una
planta no nativa que produce poco empleo por hectárea.
El desarrollo
alternativo, nos explicaron varias personas, es mas que la sustitución
de cultivos. El departamento necesita desesperadamente una infraestructura
básica, desde agua potable hasta carreteras, para poder llevar
los productos al mercado. Los productores agrícolas exigen
asistencia con el mercadeo de sus productos, acceso a créditos
y, por lo menos a corto plazo, un precio garantizado para sus cultivos
lícitos. La educación es otra necesidad con la cual
no se ha cumplido. El 85% de la población no tiene educación
más allá de cuarto de primaria.
Estas
iniciativas tendrían mayores posibilidades de éxito,
si los Estados Unidos hiciera más para reducir el consumo de
drogas en su propia casa, especialmente incrementando los programas
de tratamiento para los adictos consuetudinarios, quienes son los
que más componen el consumo doméstico. (Aunque los fondos
para dichos programas sí se han incrementado en un 41% desde
1994, la Oficina Para el Control Nacional de la Política de
Drogas de la Casa Blanca anotó que los fondos para la ayuda
anti-drogas internacional se incrementaron en un 175%, siendo la mayor
parte para asistencia militar).
Los campesinos
en Colombia no merecen una respuesta militar. Los esfuerzos del Ejército
y la Policía deberían estar enfocados más hacia
arriba en la cadena de producción, contra los capos de la droga,
los importadores de los precursores químicos, y las entidades
financieras que les ayudan a los narcotraficantes a lavar su dinero.
Tanto Washington como Bogotá probablemente ignorarán
las propuestas de la población local de efectuar la erradicación
manualmente y de forma gradual. Así mismo, solicitan que los
programas de fumigación y entrenamiento de batallones sean
de mutuo acuerdo. Esto podría lograr una gran reducción
en la cantidad de coca que se cultiva en el Putumayo; sin embargo,
la industria de la coca continuará prosperando, empujada por
un ejército de migrantes desempleados y sin educación,
quienes encontrarán la forma de satisfacer sus necesidades
básicas en alguna parte.
La estrategia
anti-drogas que los Estados Unidos está llevando a cabo en
el Putumayo – la rápida expansión de la fumigación
y la poca asistencia para el desarrollo de la región –
ya se ensayó en otras partes de Colombia. Hasta el momento,
lo único que se ha logrado es incomodar ligeramente al negocio
de la coca, forzando su reubicación cada par de años,
mientras los cultivos se incrementan cada vez más. Esta política
fue la que origino la invasión de coca en el Putumayo a finales
de los años noventa. Utilizando este método en el Putumayo,
lo único que se logrará es trasladar los cultivos a
otro sector de selva virgen en Colombia o al otro lado de la frontera
en Ecuador, Perú o Brasil.
La reubicación
de los cultivos de coca traerá consigo destrucción ambiental,
grupos armados y violencia, así como más planes de fumigación
para zonas que eran como el Putumayo hace veinte años. “Miren
como hemos destruido nuestra propia casa”, dijo un viejo residente
del Putumayo, lamentando la pérdida de la selva con toda su
belleza y tranquilidad. Si los Gobiernos de los Estados Unidos y Colombia
cambian de rumbo con el tiempo, tal vez se puedan salvar casas que
aun están intactas.
El Centro
para las Políticas Internacionales les agradece a la Fundación
CarEth, la Fundación Compton, la Fundación General Service,
el Stuart Mott Charitable Trust, y la Academy for Educational Development
por el apoyo financiero que hizo posible nuestra visita. También
les enviamos nuestras expresiones más profundas de gratitud a
los que sirvieron como nuestras guias y asesores durante nuestra estadía
en el Putumayo.
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for International Policy
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