“Nosotros manejamos una hipótesis”, han dicho varias veces los oficiales del gobierno de Estados Unidos. “Si el mismo campesino es fumigado tres veces, dejará de sembrar la coca.”

Si esta hipótesis es cierta y el campesino deja la coca, ¿qué hará entonces, dado el abandono del Estado? ¿Qué hará si sus cultivos legales resultan fumigados por equivocación? ¿Qué hará si vive por fuera de los cascos urbanos y las carreteras cobijados por la estrategia de “Seguridad Democrática”, si tiene que sobrevivir entre bandas de izquierda y derecha que ven a su región como un “cajero automático” de recursos ilícitos?

Traté de encontrar respuestas a estas y otras preguntas durante una visita a los departamentos de Putumayo y Nariño, dos zonas en donde, desde el inicio del Plan Colombia, los campesinos han sido fumigados tres veces o más. En un recorrido auspiciado por las organizaciones colombianas Minga y Codhes, y acompañado por líderes de gobiernos locales, la Iglesia y varios sectores sociales, visité lugares que me afectaron mucho.

Volví a La Hormiga, Putumayo, cuyo casco urbano ofrece varias discotecas pero carece de un sistema de agua. Visité Ricaurte, en Nariño, donde los resguardos indígenas están sufriendo golpes espantosos a manos de todos los grupos armados, mientras las avionetas de fumigación los sobrevuelan. Pasé por el Río Mejicano en Tumaco, donde comunidades arraigadas de afrocolombianos ven sus cultivos de coca, coco y cacao destruidos por los aviones de aspersión, la presencia estatal más constante que jamás hayan visto.

Concluí, entonces, que la hipótesis de Washington tiene poca razón. En el Putumayo, es cierto que muchos campesinos dejaron de sembrar coca, al menos en el mismo sitio. Sin embargo, si se había erradicado el 97% de la coca –como testificó un oficial del Departamento de Estado ante el Congreso en Washington– ha habido mucha resiembra. Vi menos coca en el valle del Río Guamués de la que había visto hace tres años. Pero también vi muchos cultivos pequeños de matas bajas, a la altura de mis rodillas. Los campesinos indicaron que, a pesar de la fumigación, el negocio de viveros de coca va muy bien. El precio de un kilo de pasta básica de coca –alrededor de $2 millones– no ha subido desde antes del Plan Colombia, lo que indica que la oferta sigue estable.

En el Putumayo algunos sembradores de coca han dejado el cultivo para aprovecharse de las oportunidades de desarrollo alternativo que el gobierno de Estados Unidos ofrece. Hay proyectos que están teniendo éxito. Otros se ven atrasados por cuestiones de seguridad y la lenta entrega de servicios por parte de las ONG contratadas para manejarlos. Escuché y observé proyectos financiados por EU, dañados por las fumigaciones de los últimos meses.

Otros cultivadores de coca se han reubicado en otros sitios. Líderes de las comunidades afrocolombianas e indígenas en Nariño se quejan de la llegada a sus territorios de muchos “putumayenses” después del inicio del Plan Colombia. Hasta hace cinco años, el litoral nariñense casi no tenía coca; hoy está en muchas partes. Así como los grupos armados, la violencia y las avionetas de fumigación.

Mi visita reveló algo que todos ya sabemos: sea fumigación, “Seguridad Democrática,” o planes patrióticos, una estrategia incompleta sólo rendirá resultados limitados. La fumigación únicamente da una prueba parcial a la hipótesis de Washington: en la práctica, el hecho de fumigar sin ofrecer suficientes alternativas, no hace más que reducir la coca en una zona específica, por un plazo específico.

Y plantea otro resultado de esta estrategia parcial: fortalecer lo militar sin hacerlo en otros frentes del Estado –maestros, jueces o inversión social– no lleva a la seguridad. Los paramilitares son capaces de matar diariamente con impunidad. La guerrilla se muestra capaz de seguir destruyendo infraestructura vial y petrolera, y mantiene el control en zonas estratégicas. Y en síntesis, en el Putumayo, el Plan Colombia ha mejorado las condiciones de seguridad para las avionetas de fumigación, pero no la seguridad de los putumayenses.

* Adam Isacson es oficial de programas en el Centro para las Políticas Internacionales, un grupo de investigación en Washington.

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