Response from Colombian President Álvaro Uribe to letter from 23 U.S. Senators, August 3, 2004

Bogotá, D.C., Agosto 3 de 2004

Honorable Senador
JOHN KERRY
Washington, D.C. 20510

Distinguido Senador:

Con gran atención leí su carta del pasado 27 de julio, que contiene importantes consideraciones acerca de los DDHH y DIH en Colombia. En nuestra Patria, tan afectada por la violencia y el terrorismo, valoramos el interés de gobiernos, dirigentes y organizaciones de países amigos por los derechos, la seguridad y la justicia en Colombia. Su mensaje es positivo para la esperanza colectiva de los colombianos.

La transformación de la realidad colombiana tiene como requisito el concurso de la comunidad internacional. Compartimos plenamente los ideales de libertad, democracia, solidaridad, respeto por las leyes, tolerancia con la diferencia, espíritu emprendedor y convivencia pacífica que usted expresa. Ese es precisamente el fundamento de la política de Seguridad Democrática a través de la cual mi Gobierno defiende y protege a la población de los constantes y crueles ataques del terrorismo. Nos estimula el reconocimiento que expresa en su carta sobre el particular. La reducción del homicidio, del desplazamiento forzado, de las masacres, del asesinato de sindicalistas, del secuestro y los ataques indiscriminados, entre otros, demuestra un mejoramiento de la situación de derechos humanos. Sin embargo, nuestro país padece con intensidad y acritud el terrorismo, financiado por el narcotráfico. Aun falta mucho por hacer.

Los resultados logrados hasta ahora han sido posibles en buena parte gracias a la cooperación del gobierno norteamericano y en virtud del apoyo del Congreso de los Estados Unidos. Fue precisamente en el Gobierno del presidente Bill Clinton cuando comenzó el Plan Colombia. Apreciamos y agradecemos esta ayuda y esperamos seguir contando con su solidaridad para consolidar los resultados de esta política.

Cada día recibimos más apoyo y comprensión de los Estados Unidos y de la comunidad internacional en temas fundamentales como exigir a los terroristas la liberación incondicional de los secuestrados, el cese de hostilidades y de las agresiones y atropellos contra la población, así como un diálogo sincero que el Gobierno está dispuesto a emprender con seriedad y generosidad.

Quiero reiterarle con toda claridad que mi administración valora altamente la tarea que adelantan en bien de nuestro país los individuos y organizaciones que promueven y defienden los DDHH. Ellos cuentan con todas las garantías por parte del Estado para realizar su labor, sean amigos o contradictores del Gobierno. Valoramos y respetamos su trabajo pero, como corresponde a un gobierno democrático y pluralista, nos reservamos el derecho de disentir cuando sus informes son inexactos o no se basan en hechos ciertos.

En relación con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quiero destacar que extendimos por cuatro años la presencia de un delegado de esa oficina en nuestro país. Desde el inicio del Gobierno, el delegado mantiene un diálogo permanente y sin restricciones a través de la Vicepresidencia de la República -ente rector de la política de DDHH y DIH-, respecto de las recomendaciones. Con la participación de los Embajadores de Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, España, Suecia, Suiza y Países Bajos se les hace permanente seguimiento.

Sobre el particular encuentro pertinente comentarle:

Buena parte de las recomendaciones del Alto Comisionado de la ONU son parte integral de la política del Gobierno y están contenidas en el Plan de Desarrollo que aprobó el Congreso de la República. Adjunto con la presente encontrarán un informe detallado de los avances en cada una de las recomendaciones.
Este gobierno tiene plena determinación para combatir a todos los grupos armados ilegales. Pasamos de 3,763 subversivos capturados en 2002 a 6,967 en 2003. Y de 1,356 integrantes de las autodefensas capturados en 2002 a 3,166 en 2003, y a 2,296 en el primer semestre de 2004. Junto a los 346 que fueron dados de baja en 2003 y 304 en el primer semestre de 2004, constituye la acción más contundente contra ese grupo en la historia del país. Esta tarea la realizan nuestras Fuerzas Armadas con estricta observancia y respeto por los DDHH y el DIH.
La nuestra es una política firme para combatir a los violentos pero a la vez generosa con quienes dejan las armas. Desde agosto de 2002, más de 5.800 miembros de las FARC, ELN y AUC se han desmovilizado, en su mayoría atendidos bajo el Programa de Reincorporación.
En el caso de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil que se menciona en la carta, se fortaleció la protección. En los otros dos casos la Fiscalía, como órgano independiente, adelanta las investigaciones.
La impunidad y las deficiencias del sistema judicial constituyen una de las principales preocupaciones del Gobierno. Se deriva en buena parte de la altísima criminalidad que se registra en el país -más de 20 mil homicidios en promedio durante los últimos años, para citar tan sólo un índice-. Pero desde el Estado trabajamos activamente para remediar este grave problema. A partir de enero de 2005 entrará en vigencia el sistema acusatorio y la oralidad en los procesos, en virtud de las reformas aprobadas por el Congreso en la pasada legislatura.
Respecto de casos de connivencia de personal de las Fuerzas Armadas con los grupos de autodefensa, se trata de una conducta atípica que va en contra de la voluntad del Gobierno y de la conducta de la gran mayoría de integrantes de las FFMM. El Gobierno trabaja activamente para fortalecer los mecanismos de prevención y control, así como para sancionar estos comportamientos inaceptables para el Estado y la sociedad. Está a su disposición en los informes presentados en 2003 al Congreso de los Estados Unidos la información precisa de cuántos integrantes de las FFMM han sido sancionados e incluso retirados de las filas por este motivo.
La política del Gobierno es dar protección a todos los colombianos sin excepción. Pese a nuestras graves dificultades económicas estamos dedicando atención y grandes recursos al Programa de Protección de población vulnerable que ha contado desde 1999 hasta marzo 31 de 2004 con un presupuesto total de 51.261.324 de dólares, de los cuales 13.780.610 corresponden al año 2004, lo cual representa un aumento del 9% con relación al año 2003. Mas de 5.200 personas recibieron protección en 2003 y 3.640 en lo que va corrido de este año; de ellos 871 son sindicalistas y 380 miembros de ONGs.

Agradezco una vez más su interés por Colombia. Lo invito a mantener y profundizar su interlocución con nosotros acerca de éstos y otros temas y a visitar nuestro país para que pueda tener una visión directa de las realidades, avances y desafíos de nuestra democracia.
Me valgo de la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración y aprecio,

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
Presidente de la República de Colombia

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