"Ni Siquiera Migajas," por Adam Isacson, El Espectador (Colombia), 26 de junio de 2005

La política estadounidense hacia Colombia refleja, aunque de forma desigual, las prioridades de ambos partidos. Los Republicanos –el partido mayoritario, y por tanto el partido cuyas prioridades predominan– buscan eliminar la droga por la vía más dura (aunque quizás no la vía más eficaz). Por su parte, los Demócratas de la minoría se preocupan mucho por los derechos humanos; por eso sigue fuertemente condicionada gran parte de la ayuda militar. Es obvio, entonces, que hay desacuerdo en Washington sobre cómo proceder en Colombia.

Pero hay muy poco desacuerdo sobre el tema de las negociaciones con el paramilitarismo, algo que tiene consternados a ambos lados. Los Demócratas critican un proceso que, al parecer, dará penas ligeras a los autores de crímenes de lesa humanidad, y legalizará muchos de sus bienes ilegalmente adquiridos. Los Republicanos veteranos de la “guerra antidrogas” están horrorizados por un proceso que, al parecer, indultará a algunos individuales que han enviado cientos de toneladas de droga a nuestro territorio.

Por un lado, hay disgusto sobre la posibilidad de que los autores de masacres como Chengue, Alto Naya y Mapiripán quedarán con su poder político y económico. Por el otro lado, hay revuelo sobre la posibilidad de que varios narcotraficantes pedidos en extradición –Don Berna, Jorge 40, Pablo Mejía, Pablo Sevillano, Gordolindo, el mismo Salvatore Mancuso– quedarán unos pocos años en sus “granjas agrícolas” para después seguir a cargo de alguna especie de mafias con proyecto político.

La detención y subsiguiente “desmovilización” de Don Berna ha dejado un muy mal olor aquí en Washington. Aquí este episodio no es visto como “el inicio de la recta final” del proceso. Sólo se ve a un hombre pedido en extradición, acusado de violar el cese al fuego ordenando un asesinato político, recluido en su propio “Catedral” en Valencia y, gracias a pasar varias semanas “en proceso de desmovilización,” con grandes posibilidades de beneficiar de las penas ligeras del nuevo mal llamada “Ley de Justicia y Paz.”

La aprobación de esta ley el miércoles ha incrementado aún más el pesimismo en Washington. La caracterización de la ley que aparece en The New York Times —de que “otorga generosas concesiones a comandantes paramilitares acusados de atrocidades y tráfico de cocaína”– refleja el punto de vista del consenso bipartidista aquí.

Hace un mes, cuando pareció inevitable que una ley débil íba a aprobarse, empezaron las críticas de ambos partidos. “Le escribo para expresar mi preocupación sobre informes recientes que indican que el Congreso Colombiano está al borde de aprobar legislación que dejaría intacto las complejas estructuras mafiosas, y la riqueza, de organizaciones terroristas como las AUC,” empezó una carta al Presidente Uribe escrita hace un mes por el Senador Richard Lugar, el Republicano quien encabeza la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. “Los términos de esta desmovilización pueden tener un impacto muy negativo sobre la paz, la justicia y el estado de derecho en Colombia, al igual que sobre la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo,” advirtió una carta a Uribe escrito por varios prominentes senadores Demócratas.

De estos mensajes, se nota que el tema de más preocupación no es el número de años que deben quedar en el cárcel los líderes “paras.” Es la falta de mecanismos creíbles para lograr el verdadero desmantelamiento del paramilitarismo, la falta de garantías de que las AUC no siguieran manejando, por estructuras mafiosas, un imperio de poder local y control de la economía y la criminalidad en varias partes del país.

Uno pensaría que el Presidente Uribe, el doctor Restrepo y su bloque en el Congreso Colombiano hubiera tomado en cuenta estas dudas y preocupaciones, especialmente porque dependerán de los recursos de los países donantes para financiar las desmovilizaciones. Pero ni siquiera les tiraron unas migajas para apaciguar estas dudas.

Dado el ambiente en Washington, es poco probable que vendrá mucha plata estadounidense para apoyar el proceso con las AUC. Aunque al parecer el Embajador Wood está suavizando su posición sobre el proyecto, insistiendo la semana pasada que “no se debe arriesgar la paz para lograr estándares de justicia más estrictas,” está lejos de una posición de consenso.

Enfrentando un gran déficit presupuestario después de dos fuertes recortes de impuestos y el muy costosa guerra en Iraq, el Congreso estadounidense tiene poca plata disponible para ayuda al exterior. Cuando tiene que escoger entre sus prioridades internacionales, sólo prosperarán las iniciativas que cuentan con el fuerte apoyo de al menos un partido.

Si la Ley de Justicia y Paz fuera más dura –aproximándose al proyecto que propusieron el Senador Pardo y la muy mal tratada Gina Parody– este apoyo sí tendría luz verde. Pero como las propuestas de ese proyecto alternativo se vieron allanadas por el bulldozer de Uribe y Restrepo, es difícil imaginar al gobierno estadounidense ofreciendo mucha ayuda, más alla de la retórica.

* Director de programas del Centro de Política Internacional de Washington