"Una derrota en Washington," por Adam Isacson, El Espectador (Colombia), 6 de noviembre de 2005

Por fin el Congreso estadounidense aprobó el proyecto de ley de ayuda al exterior para 2006. Y los del gobierno de Uribe deben estar infelices.

Ellos están acostumbrados a ganar sus batallas legislativas en Washington, y en la nueva ley de ayuda, ganaron casi todo lo que pidieron. Pero su victoria estuvo muy lejos de ser total. Esta vez, los críticos de la política actual sí hicieron mella.

La ayuda no sufrió grandes cambios en su monto total: US$483,5 millones irán a Colombia por medio del programa “Iniciativa Antidrogas Andina,” más otros US$250 millones en ayuda militar por otros rubros presupuestales. Pero esta vez el monto incluye un nivel récord de ayuda económica y social, unos US$158,6 millones –US$6 millones más que en 2005–.

Por supuesto, sólo es un incremento de 4 por ciento, pero este incremento requiere una reducción similar de la ayuda militar, algo que nunca había pasado. Aunque esto no puede considerarse un cambio de rumbo, sí es un freno al momentum militarista de los últimos años.

Pero la derrota más grande tuvo que ver con la ayuda al proceso paramilitar, que sigue bastante cuestionado entre miembros de ambos partidos en Washington. Se sabía que el gobierno de Uribe esperaba una contribución de hasta US$80 millones para la desmovilización y la reinserción; según el Ministerio de Interior y Justicia, estos esfuerzos costarán US$180 millones (400 mil millones de pesos) en 2006.

El gobierno de Bush no quería negar una solicitud hecha por su mejor aliado en Suramérica. Pero es aparente que no gastaron mucho capital político en un esfuerzo de lobby. El Congreso resultó aprobando una suma casi simbólica de US$20 millones. Aunque ese monto suena grande, no lo es: iguala el costo de un medio helicóptero Black Hawk (los Estados Unidos le ha dado a Colombia más de 25 Black Hawk desde 1999).

Probablemente iguala las ganancias de Don Berna o Vicente Castaño en un trimestre típico. Mientras es posible que más ayuda al proceso viniera en 2006 por medio de una solicitud de presupuesto adicional, pocos ven ahora esa posibilidad.

La derrota del gobierno Uribe se pone de relieve cuando uno lee el texto de las condiciones que rigen sobre estos US$20 millones. Aunque estas condiciones están más suaves que las que aprobó el Senado en su versión de la ley en julio, siguen bastante fuertes. El Senado cedió ante la Cámara –cuya versión de la ley no incluía condiciones– en el tema de los derechos humanos, abandonando una prohibición de ayuda al proceso si no hubiera “castigo proporcional” de crímenes de lesa humanidad. Pero quedó firme en lo que tenía que ver con el desmonte del paramilitarismo y la extradición de los altos mandos.

La ley especifica que los US$20 millones no pueden gastarse en la desmovilización de individuos hasta que se certifique que ellos “(a). han renunciado y terminado cualquier afiliación con grupos terroristas u otros grupos armados ilegales; y (b). están cumpliendo los requisitos del Programa Colombiano de Desmovilización, incluso el haber revelado su participación en crímenes pasados, su conocimiento de la estructura del grupo, sus fuentes de financiamiento y sus bienes ilegales”. Entonces la ayuda al proceso se pondrá en jaque si surgieran evidencias de que los ex paramilitares están participando en nuevas estructuras violentas.

Las condiciones también requerirán que los desmovilizados den una versión libre mucho más completa que la contemplada por la Ley de Justicia y Paz. La ley también prohíbe el uso de estos US$20 millones hasta cuando el Departamento de Estado certifique que el Gobierno colombiano “está cooperando plenamente con el gobierno de los Estados Unidos en la extradición de los líderes o miembros de grupos terroristas, quienes están pedidos por la justicia de los Estados Unidos”. Sí, este lenguaje es vago. Pero es difícil imaginar al Departamento de Estado certificando que la presencia de Don Berna en una suite de Itagüí es un ejemplo de “cooperación plena”.

Estas condiciones serán difíciles de satisfacer, y hacerlo sólo liberará un monto relativamente pequeño de dinero. Este proyecto de ley, entonces, no puede verse como un espaldarazo al proceso con los ‘paras’. Es un apoyo nominal a un proceso que sigue sin credibilidad.

* Director de programas del Centro de Política Internacional de Washington